MINERÍA POLÉMICA
“Por más balas de goma y gases que tiren, la gente en Famatina va a seguir defendiendo su tierra con dignidad”, sostuvo la diputada Victoria Donda, luego de que este jueves por la mañana, en la localidad de Angulos, departamento de Famatina, la policía de La Rioja reprimiera el corte que desde el viernes vienen realizando vecinos que se oponen a la minera Midais. Los vecinos intentaron avanzar marchando hasta el campamento de la empresa y la policía respondió con gases y balas de goma, con más de 15 heridos leves, entre otros, el diputado nacional Julio Martínez. Tras golpes y corridas, los asambleístas se reestablecieron en el campamento instalado al lado de la ruta
CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24). 15/10/15
La policía de La Rioja reprimió con gases y balas de goma a vecinos de Famatina y dirigentes políticos que intentaban avanzar hacia un emprendimiento minero para reclamar su desmantelamiento.
El yacimiento conocido como Midais es atribuido a Miguel Urtube (y no Urtubey, como se creía en un principio) a quien no le resultó difícil conseguir que la Justicia de Chilecito librase órdenes de restricción que prohíba la circulación de un listado de ambientalistas y líderes políticos opositores a menos de 3.000 metros de donde se encuentre el empresario.
Entre ellas, la asambleísta Marcela Crabbe, candidata a diputada para el Parlasur por la Fuerza Cívica Riojana; y el intendente de la localidad, Ismael Bordagaray, quien dijo que en el lugar “hay dos postas policiales y sabemos que la infantería está más arriba. Los que subían antes hasta la toma (de agua) o iban a ver el río no se pueden acercar. Es como otro estado dentro de Famatina, que no sabemos de quién es”
El avance de las fuerzas de seguridad dejó como saldo 2 heridos leves, entre ellos el diputado nacional radical y ex candidato a gobernador Julio Martínez, de Fuerza Cívica Riojana, quien sufrió una lesión en una oreja; el otro afectado fue un empresario identificado como Paulo D Alessandro.
La diputada provincial y asambleísta contra la minería Lucía Ávila se encontraba en la mañana del jueves 15/10 en la localidad de Angulo, a 300 kilómetros de la capital provincial, donde había un corte de ruta que llevaba 5 días, en rechazo de la minera salteña Midais
En declaraciones radiales a FM América, la legisladora relató que "32 policías dispararon balas de goma y gases contra vecinos que intentaban llegar" al campamento de la minera salteña, situado a unos 2.000 metros de altura en el cordón del Famatina, desde la localidad de Angulo, que se encuentra en el cruce de la ruta nacional 78 y río Blanco.
Tras la represión los manifestantes ingresaron camionetas y un jeep al cauce del río Blanco para evacuar a los afectados. Al respecto, Ávila relató que se habían convocado decenas de vecinos decididos a ir hasta la minera, pese a que hay 25 personas de los asambleístas antiminería con orden judicial de no acercarse a menos de 3.000 metros del campamento
La diputada aseguró que algunos manifestantes, muchos de ellos mujeres y niños, lograron pasar "el primer grupo policial, pero recibieron balas de goma y gases". De todas formas, señaló, todas las personas permanecían en el corte de ruta
"El gobernador Luis Beder Herrera debe entender que la decisión es defender el agua y la vida. Por más que repriman, la gente no se va a ir", advirtió la diputada provincial.
Responde el Ejecutivo provincial
Tras el enfrentamiento ocurrido entre asambleístas y la policía en Angulos, el ministro de Gobierno de la provincia, Claudio Saúl acompañado por la plana mayor de la policía realizó una conferencia de prensa en donde afirmó que el conflicto tiene trasfondo político.
En conferencia de prensa el ministro, confirmó que el enfrentamiento entre asambleístas y la policía ocurrió luego de que los primeros no respetaran la orden judicial librada por el juez de Instrucción de Chilecito, Miguel Angel Carrizo, quien prohibió a los asambleístas acercarse a menos de tres kilómetros al Río Blanco y al establecimiento minero MIDAIS SH en la localidad de Angulos
Claudio Saúl, afirmo que "tenemos demostración fílmica y fotográfica sobre la provocación de los ambientalistas a la policía". Además, aseguró que poseen la confirmación de que hay heridos luego del enfrentamiento
En tanto, hizo incapié a que lo sucedido tiene un trasfondo político, de cara a las elecciones del 25 de octubre y con respecto a esto dijo que "nadie puede perturbar al pueblo de Famatina y Chilecito por fines electoralistas"
Un periodista uruguayo en el vientre del Cóndor
ENTREVISTA A ROGER RODRÍGUEZ
ESPECTADOR.COM| video
El periodista uruguayo Roger Rodríguez, conocido por sus investigaciones sobre violaciones a los DDHH durante la dictadura cívico-militar, testificó en el caso Cóndor que investiga el fiscal Gianncarlo Capaldo en el Tribunal de Roma por la desaparición del ítalo-uruguayo Andrés Bellizzi, desaparecido en 1977 en Buenos Aires. Bellizi estuvo en el centro clandestino de detención "Club Atlético" donde estuvo retenido con otros uruguayos traídos de Paraguay, explicó a Rompkbzas Rodríguez, quien declaró en Italia junto a la madre de Bellizzi, la italiana María Bellizzi.
En Roma se investiga la muerte y desaparición de ciudadanos italianos en el marco del Plan Cóndor a manos de 32 agentes de las dictaduras de Bolivia, Chile, Perú, y Uruguay. Hay 16 militares y civiles uruguayos acusados, entre ellos el ex marino del Cuerpo de Fusileros Navales (Fusna) Jorge Tróccoli, quien en 2007, cuando iba a ser detenido en Uruguay, viajó a Italia, país donde tiene la nacionalidad.
"Hace años que se viene reclamando que se allanen las casas de varios militares", dijo Rodríguez luego que la Justicia penal allanara la casa del ex director de Inteligencia del Estado, el coronel retirado Elmar Castiglioni, donde incautó decenas de cajas con documentación secreta de la dictadura
http://www.espectador.com/politica/325021/un-periodista-uruguayo-en-el-vientre-del-condor
otra comisión para que toda siga como hasta ahora ¿?
Sueño con serpientes
El MI “no pudo localizar” a 13 militares retirados que iban a ser indagados por el asesinato de Pascaretta.
Angelina De los Santos
la diaria – 15 10 15
Hay quienes desaparecen, y otros que son desaparecidos. Hay quienes ocultan o no ponen empeño en encontrar, y otros que no se cansan de buscar. Entre estos últimos está el Observatorio Luz Ibarburu, colectivo que realiza un seguimiento de las denuncias penales por violaciones a los derechos humanos, y que este martes comunicó que el Equipo Auxiliar de la Justicia en Crímenes del Terrorismo de Estado, dependiente del Ministerio del Interior (MI), “no pudo localizar” a 13 militares retirados que fueron citados el 17 de julio por la jueza Beatriz Larrieu por la causa de Humberto Pascaretta, asesinado el 4 de junio de 1977 después de haber sido torturado y secuestrado por AGENTES DE LA COMPAÑÍA DE CONTRAINFORMACIÓN DEL EJÉRCITO. Dónde están los indagados y por qué el MI no cumplió con la solicitud judicial son preguntas para las que el abogado del Observatorio Pablo Chargoñia, y la fiscal de la causa Ana María Tellechea, no tienen respuesta. Desde el MI, Asuntos Internos, el departamento que tiene en su órbita AL EQUIPO AUXILIAR, DIRIGIDO POR MARÍA STELLA GONZÁLEZ, tampoco da respuestas, porque no da notas a la prensa. Según Chargoñia, aunque es “relativamente frecuente” que no se localice a algún individuo requerido como testigo, el hecho de que para el MI haya sido imposible encontrar a por lo menos uno de los 13 y haya sido comunicado el mismo día de las audiencias -previstas para el martes y miércoles- DELATA LA “INEFICACIA”del Equipo, más aun si se consideran los casi tres meses que transcurrieron entre la citación y la fecha de la audiencia. El hecho también “HACE ILUSORIA A LA JUSTICIA”.“El resultado es que se perdió todo este tiempo, y debido a la agenda del juzgado, es probable que esta audiencia pase a diciembre”, agregó
En ese sentido, también dijo que es previsible que “los defensores de los violadores de los derechos humanos presenten sus habituales chicanas de defensa”: la solicitud de clausura de los expedientes por prescripción, el recurso de inconstitucionalidad de la ley interpretativa de la Ley de Caducidad (Nº 18.831); cuestiones que “demoran y dilatan aun más los procesos”, señaló
Desde la fiscalía, Tellechea aseguró no entender cómo los militares retirados“desaparecen de la faz de la Tierra”, porque evidentemente“EN ALGÚN LUGAR ESTÁN”. Explicó que habrá que reiterar las citaciones, “pero esta vez con conducción”, lo que implica que el MI los deberá ir a buscar a su casa y llevarlos a declarar ni bien los ubiquen.
Pascaretta, ex funcionario de UTE, fue denunciado por el directorio de la empresa papelera en la que trabajaba (Cicssa) y secuestrado, torturado y asesinado por militares, entre ellos Eduardo Ferro, quien debía declarar el martes, se afirma en el comunicado del Observatorio. A su vez, se añade que el soldado desertor Hugo García Rivas, quien escribió el libro Memorias de un ex-torturado, también responsabilizó a Armando Méndez, que ya declaró, y al fallecido Carlos Calcagno,lo que ratificó ante la entonces titular del Juzgado del 7º Turno, Mariana Mota. “Nadie ha sido procesado por este crimen”, concluye el comunicado.
Según explicó Chargoñia, la denuncia fue realizada en octubre de 2011 y desglosada del expediente del dictador Juan María Bordaberry. Luego se realizó otra denuncia en la Seccional 1ª de la Policía de Montevideo, que fue agregada a la primera.
El Equipo Auxiliar de la Justicia en Crímenes del Terrorismo de Estado fue creado por resolución del ministro Eduardo Bonomi el 27 de agosto de 2013 porque “la Institución Policial debe adoptar todas las medidas que correspondan dentro de su competencia, con el fin de auxiliar a la Justicia en lo que respecta a la investigación de los crímenes de referencia”
En la resolución se agrega que dentro de sus cometidos está “realizar todo tipo de trámite, parte de una investigación policial en la materia, efectuar todas las coordinaciones pertinentes dentro del MI para que las investigaciones se realicen en forma”. Tareas que en el marco de esta causa “no se cumplen”, aseguró Chargoñia