El enlace del ex primer ministro británico, cercano a Santos es a través de Guss O’Donnell y Frank Mackenna, influyentes miembros de la junta de Brookfield
Por: 2Orillas | enero 12, 2016
Sir Guss O’Donnell entró a formar parte del gobierno británico en el 2005 como secretario de gabinete de Tony Blair, alto cargo en el que permaneció hasta el 2011. Como cabeza de la firma consultora Frontier Economics mantiene estrecha relación con la empresa Tony Blair Asosociates quien ha participado en distintos negocios energéticos en el mundo. El peso de O’Donnell en la junta de Brookfield, la compañía canadiense que terminará quedándose con Isagén como única proponente en la subasta, es a través del canadiense Frank Mackenna. Este preside la junta desde hace varios años con un gran poder e influencia no solo en esta empresa sino en el mundo corporativo canadiense. Ambos están vinculados con el Toronto-Dominion Bank del que Mackenna es vicepresidente ejecutivo y O’Donnell y es asesor estratégico de la presidencia del banco canadiense para los negocios de TDB en el mundo.
Mackenna es también cercano a Tony Blair. Han compartido distintos escenarios en Toronto y Calgary para impulsar negocios energéticos de Canadá en el mundo y en especial en el Oriente Medio donde el ex primer ministro británico se desempeñaba como asesor de paz de la ONU. Recién salido de 10 Downing Street, Blair formalizo su relación con Canadá en un evento de 2000 personas con representantes de la industria petrolera y de gas en Calgary auspiciado por Mackenna y el TDB. Mackenna ha aprovechado su posición en el TDB: como amigo de Bill Clinton logró que el banco le pagara 1.8 millones de dólares por diez conferencias, el precio más alto reconocido al expresidente norteamericano por una intervención suya.
Desde que Tony Blair dejó el primer cargo en el Reino Unido en junio de 2007 creó la firma consultora Tony Blair Associates para ofrecerles asesoría a los gobiernos que derivan en grandes negocios. Paso la línea con su rol como enviado especial para la paz en el Oriente Medio y los escándalos por la mezcla indebida de política y negocios ventilados por el Daily Telegraph forzaron su renuncia al prestigioso rol en mayo del 2015.
El dúo Donnell-Mckenna es la clave en la compra de Isagén en la que sin duda la sombra de Blair está presente, un hombre de las entrañas del presidente Juan Manuel Santos, quien le abrió las puertas del país desde su llegada al gobierno en el 2010 a través de una relación de asesoría con el Departamento de Planeación Nacional, que le permitió acceder a información estratégica sobre Colombia que pudo haber aprovechado para abrirle el camino a clientes suyos para la inversión en negocios de minería y de hidrocarburos en Colombia
El precio de la paz
El día que Colombia entraba en vacaciones, el Gobierno y las Farc divulgaron el acuerdo crucial y decisivo para poner fin a su guerra brutal de medio siglo y donde han muerto más de nueve civiles indefensos por cada combatiente uniformado
Hernando Gómez Buendía *
Línea de Fuego
El acuerdo de la justicia es tan extenso y detallado como un código penal, porque en efecto reemplaza al Código Penal. Dicho en pocas palabras, habrá amnistía para la gran mayoría de los guerrilleros; sólo serán sancionados los autores principales y directos de crímenes de lesa humanidad, y estos no irán a la cárcel si confiesan sus delitos. Se creará un aparato judicial autónomo y distinto del actual para llevar a cabo los procesos. Y esta justicia “restaurativa” se aplicará también a los militares o a cualquier responsable de delitos en desarrollo del conflicto armado.
El acuerdo se anuncia como el eje de un “sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición” porque “las víctimas son la prioridad”. Y en efecto tendremos algunas confesiones de grandes criminales, comisión de verdad no judicial, desminado y ubicación de fosas, trabajo comunitario de algunos reos, unos años de cárcel para los remisos y —sobre todo— dejación de las armas.
Pero en sustancia se trata de un horror moral o, como tal vez diría el doctor Santos, de un “sapo” muy difícil de tragar. El sapo que su hermano pactó con Timochenko cuando le prometió que no habría cárcel y que unos abogados redactarían el Código por fuera de la mesa, con la sencilla añadidura de perdonar a todos los otros criminales. Fue un pacto entre las partes de esta guerra sucia, y por lo tanto el intercambio de sus impunidades.
De esta manera, un Estado siempre incapaz de administrar justicia sale a decirnos que unos jueces escogidos por algún mecanismo “de mutuo acuerdo” harán justicia para los causantes de la tragedia humanitaria que vivimos. Y acá debo notar que el “detalle” pendiente de quién escogerá los jueces será la clave y al mismo tiempo la gota más amarga de este pacto amargo.
Y sin embargo hay que tragarse el sapo. El cínico diría que habría tanta o más impunidad si aquellos criminales fueran sujetos a la patética justicia colombiana. El historiador recordaría que hemos tenido ya 25 amnistías, o que el perdón prematuro de Uribe a sus compañeros de viaje fue un horror que seguimos silenciando.
Y es porque un acuerdo de paz no refleja ideales sino fuerzas reales, y resulta que aquí la oposición tiene más interés en proteger a sus aliados que en la justicia para los guerrilleros. Por eso el uribismo pide que los militares no tengan ni siquiera que confesar sus crímenes. Por eso —al fin de cuentas— el proceso tenía que desembocar en un acuerdo entre los dos extremos, donde Santos sirvió de intermediario y donde vamos a tener el mínimo castigo para el menor número de criminales poderosos que sean compatibles con la sensibilidad de la opinión nacional y con los vientos del derecho internacional.
* Director de la revista digital Razón Pública. Fuente original del artículo: http://www.elespectador.com/opinion/el-precio-de-paz