Queridxs amigxs:
Agradecerles por sus adhesiones, es muy bueno que haya varias cartas desde diferentes espacios y no hay problema que nos sumemos a todas. Este 30 de diciembre el Gobierno debe pronunciarse. Los que aun no lo hicieron, les invitamos a enviarnos el nombre de su organización y país, o (nombre personal y país). La carta será entregada el día martes 28 de diciembre.
Abrazos
Coordinación Red Latinoamericana de Mujeres
AL GOBIERNO ECUATORIANO:
PEDIMOS SE REVOQUE LA ORDEN DE DISOLUCIÓN Y EXTINCIÓN DE ACCIÓN ECOLÓGICA Y SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO SHUAR
21/12/ 2016
La Red Latinoamericana de Mujeres por los Derechos Ambientales y Sociales y los abajo firmantes, reconocemos el compromiso de Acción Ecológica en la defensa de los derechos humanos y de la naturaleza, durante sus 30 años de trayectoria de trabajo y hacemos un llamado al gobierno Ecuatoriano, para que no se constituya en el principal cómplice de las empresa mineras, a través de estrategias de criminalización y persecución.
En los últimos meses, Acción Ecológica ha acompañado incansablemente al pueblo indígena Shuar, frente a los atropellos de la empresa ExplorCobres S.A (EXSA) una empresa minera china que con el respaldo del gobierno de Ecuador se han impuesto en este territorio, violentando el derecho a la consulta previa, libre e informada. El pueblo Shuar en su legítimo derecho de defensa ha presentado diferentes acciones legales, aún no escuchadas por su gobierno. En los últimos días los niveles de conflicto entre la empresa minera transnacional y el pueblo Shuar han aumentado, de tal manera que ya hay una persona muerta y varios heridos.
El acompañamiento de Acción Ecológica al pueblo Shuar ha desencadenado una serie de señalamientos a su trabajo y en el día de ayer, el gobierno Ecuatoriano ordenó su disolución, culpándolos de los conflictos que se vienen suscitando en los territorios indígenas. La Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Sociales y Ambientales de la que es miembra fundadora Acción Ecológica, condena ante la comunidad internacional esta decisión absurda.
Señalamos que se está cometiendo un atropello que es de alta gravedad y ataca directamente derechos consagrados en la propia constitución ecuatoriana, como lo es la libre expresión y la defensa del “buen vivir”, más un siendo que Acción Ecológica se caracteriza por un trabajo desde la No Violencia.
Queremos hacer un llamamiento a reconsiderar y revocar la orden de disolución y extinción de Acción Ecológica así también nuestra solidaridad con el pueblo Shuar, le pedimos encontrar una solución pacífica y negociada al conflicto en la cordillera del Cóndor con garantías para atender a los legítimos derechos ancestrales de la nacionalidad Shuar y los derechos de la naturaleza.
Atentamente:Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras de los Derechos Sociales y Ambientales
(siguen cientos de firmas)
Entre acá para firmar
www.redlatinoamericanademujeres.org
RED LATINOAMERICANA DE MUJERES DEFENSORAS DE LOS DERECHOS SOCIALES Y AMBIENTALES
Cuando las trasnacionales gobiernen Ecuador
Por Patricio Segura Ortiz/
El Divisadero, 28 de diciembre, 2016.
Aunque originalmente la experiencia de Ecuador fue ejemplar, la presión trasnacional ha mermado la confianza que se tiene en su proceso en términos de principios profundos. Luego de la asamblea constituyente de la cual en 2008 emergiera una Constitución señera en términos de derechos indígenas y el reconocimiento de tales pueblos, además de responsabilidad socioambiental intergeneracional (instituyó los derechos de la naturaleza), la práctica posterior ha mostrado un gobierno que sigue derroteros contradictorios con su ímpetu inicial.
Durante las últimas semanas, el Socialismo del Siglo XXI ha mostrado su faceta más compleja.
La ofensiva del presidente Rafael Correa en contra de la etnia Shuar, ciudadanos del país y la sociedad civil para permitir el extractivismo minero chino en la provincia de Morona Santiago, visibiliza la contradicción que impera en el seno del progresismo latinoamericano cuando impulsa transformaciones en que el moderno modelo productivo industrial tradicional sigue siendo su eje principal.
Aunque originalmente la experiencia de Ecuador fue ejemplar, la presión trasnacional ha mermado la confianza que se tiene en su proceso en términos de principios profundos. Luego de la asamblea constituyente de la cual en 2008 emergiera una Constitución señera en términos de derechos indígenas y el reconocimiento de tales pueblos, además de responsabilidad socioambiental intergeneracional (instituyó los derechos de la naturaleza), la práctica posterior ha mostrado un gobierno que sigue derroteros contradictorios con su ímpetu inicial.
Múltiples ejemplos hay de aquello, pero lo que hoy lo ha visibilizado es el interés de la minera china ExplorCobres S.A. (Exsa) de explotar una concesión de 41.600 hectáreas dentro de territorio indígena. Es tal una de las cinco alianzas mineras estratégicas del gobierno de Correa para enfrentar la crisis petrolera, uno de los recursos naturales que han financiado el ideario progresista que tanto ha llamado la atención en el mundo y América Latina.
El 11 de agosto el Estado desalojó la zona para construir el campamento chino de Exsa, a lo cual se sumó la ocupación en noviembre de los Shuar a dichas instalaciones, cuya respuesta fue la militarización del área por parte del gobierno ecuatoriano.
Las escaramuzas revivieron en los últimos días con la detención de múltiples líderes indígenas que se oponen a la actividad minera en suelo ancestral, incluido el presidente de la Federación Interprovincial de Pueblos Shuar, hecho duramente rechazado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador. Se agrega a ello la ofensiva gubernamental por disolver la ONG local Acción Ecológica, con más de tres décadas de trabajo en pro de los derechos indígenas y la biodiversidad ecuatoriana.
El establecimiento de joint venture entre estados y trasnacionales empresariales siempre será un tema complejo. El interés de este tipo de entidades privadas difícilmente alguna vez se enfocará prioritariamente al bien común, a la luz que su mandato principal será siempre la rentabilidad. Compatibilizar tales objetivos divergentes es tarea difícil, si no imposible, más allá de las palabras de buena crianza que cotidianamente se escucha sobre ello, incluido eso de las alianzas público privadas. Incorporar a todo evento la variable de utilidad económica mantendrá permanentemente la acción conjunta dentro de la lógica que fogonea los problemas socioambientales globales y locales hoy vigentes. Algo de aquello sabemos en Chile y, también, en la región de Aysén.
No entenderlo y seguir con el paradigma que imponen tales intereses (la mercantilización y artificialización de la naturaleza, el modelo productivo de crecimiento constante e infinito… aquella gran estafa piramidal intergeneracional de escala global) será siempre más de lo mismo con otro nombre. Bonito, progresista, pero siguiendo la misma ruta al fin y al cabo.
Por eso fue una buena noticia, que no ha sido lo suficientemente divulgada en nuestro país, el anuncio que el Tribunal Penal Internacional hiciera en septiembre de este año en el sentido de que será competente para tramitar causas sobre “destrucción del medioambiente, explotación ilegal de recursos naturales y la apropiación indebida de tierras”. Cuando los afectados consideren que sus derechos en estos ámbitos no han sido lo suficientemente cautelados por todas las instancias de determinado país, podrán recurrir criminalmente ante el TPI en contra de ejecutivos de empresas y autoridades políticas, quienes en demasiadas ocasiones son los responsables últimos de las decisiones que se adoptan.
A esta acción se suma la Campaña para Reivindicar la Soberanía de los Pueblos, Desmantelar el Poder de las Trasnacionales y Poner fin a la Impunidad, que sigue la línea de la Resolución 26/9 de 2014 del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que estableció la necesidad de elaborar un instrumento internacional jurídicamente vinculante sobre las empresas trasnacionales y otros tipos de compañías.
Sí, ambos anuncios forman parte de acciones globales, que alguien podría homologar a una transnacionalización. Es que el problema no es la internacionalización, es fundamentalmente el objetivo que esta tiene, en muchos casos en pos de ver los ecosistemas solo como una despensa o, luego de la transformación de la naturaleza, como un depósito de basura. Donde los seres humanos que a ello se oponen son simples números descartables. Y eso corre no solo para las compañías de escala mundial, también para muchas poderosas locales.
Lo que hoy ocurre en Ecuador debe reavivar la alerta en Chile, aunque ejemplos tenemos por doquier: Pascua Lama e HidroAysén, son algunas de ellas. Y entre las nuestras Antofagasta Minerals, Alto Maipo, Mininco, Arauco.
Donde los instrumentos mencionados pueden servir de herramienta ante toda ofensiva capitalista o socialista que atente contra los ecosistemas, que son la partitura donde se compone la sinfonía de la vida, y los derechos humanos de quienes de ellos dependen.