Servindi, 8 de enero, 2017
El Consejo de Gobierno del Pueblo Shuar Arutam emitió un primer comunicado desde los bosques de la Cordillera del Cóndor para expresar a nombre de mil familias originarias que no permitirán bajo ningún concepto ni argumento "que la violencia y fuerza del Gobierno termine por destruir nuestra casa, tú casa, la casa del mundo".
Mediante una Carta al país y al mundo señalan que el Presidente Rafael Correa "debe crear un clima de paz, retirando sus tropas, suspendiendo del Estado de excepción en nuestra Provincia y desechando las órdenes de captura de nuestros dirigentes y familiares".
Reafirman que "el único camino cierto para acabar con este camino de destrucción -que provoca incluso acciones individuales de resistencia que toman habitantes Shuar para recuperar su territorio- es a través de la conversación, el respeto y el entendimiento mutuo".
El comunicado invoca a todos los habitantes del Ecuador y de Morona a unirse a la demanda de paz, cese de la violencia y exigir al Gobierno un diálogo serio que respete la vida como pueblo originario.
Refutan que el Presidente Rafael Correa: diga que hace minería para sacar al pueblo Shuar de la pobreza, "porque nosotros, con nuestra forma de vivir, no nos sentimos pobres; diga más bien cómo nos va a proteger como pueblo y cultura".
Precisan que más de un 38 por ciento del territorio Shuar Arutam está concesionado a la minería de gran escala; todas las franjas de río de las cuencas Zamora y Santiago están concesionadas a la pequeña minería; y una gigantesca hidroeléctrica está a punto de ser construida. La pregunta es "¿a dónde quieren que nos vayamos a vivir?".
texto completo de la Carta al país y al mundo.
En algún lugar de la Cordillera del Cóndor 04-01-2017
A mis hermanos Shuar, a los indígenas Amazónicos y de los Andes, a los hombres y mujeres del Ecuador y del Mundo.
Cómo muchos de ustedes conocen, hemos pasado por días muy peligrosos para nuestro pueblo y esos días aún no han terminado y son probablemente solo el inicio de una gran disputa territorial que ha generado el Gobierno Nacional contra el Pueblo Shuar Arutam.
Nuestra selva se ha teñido con lágrimas, angustia y sangre y los senderos y caminos que antes transitábamos en paz ahora se han vuelto inseguros y peligrosos. Han pasado casi 30 años cuando los ecuatorianos hablaron de nosotros como los guerreros del Cenepa, defensores del Ecuador, al cual pertenecemos.
Pero ahora es necesario que por nuestra propia voz conozcan quienes somos nosotros, porque nadie nos ha preguntado sino que han hablado a nombre nuestro: el gobierno, dirigentes sociales y políticos mal o bien intencionados.
Nosotros nacimos aquí en esta inmensa selva de la Cordillera del Cóndor y las riberas de los ríos Zamora y el Santiago. No conocimos de alambre de púas ni de propiedad privada. El Estado declaró que eran tierras baldías y organizó la colonización de nuestras tierras, con la misma decisión y autolegitimidad de cualquier colonizador. Cuando los colonos llegaron a esta tierra, les recibimos bien, porque sabíamos que eran gente pobre y esforzada que buscaba una oportunidad en sus vidas. De un día a otro, grandes extensiones de tierras ya no nos pertenecían ya que habían sido escrituradas a nombre de personas que inclusive jamás conocimos.
Desde los años 60, tuvimos que crear la Federación Interprovincial de Centros Shuar (FICSH) que le decimos hasta ahora Nuestra Madre para que el Estado nos reconozca lo que siempre fue nuestro, el territorio, nuestros espacios de vida y nuestra cultura. Recién en los años ochenta se empezó a legalizar nuestras tierras como títulos globales y empezamos a ser reconocidos no solo por la guerra del Cenepa, sino porque hemos cuidado estos inmensos bosques milenarios en paz, protegiendo las fronteras.
En el año 2000, un grupo de líderes Shuar recorrió estas tierras y fundó la Circunscripción Territorial Shuar Arutam, como ordena la Constitución. Esto no fue así no más, fueron cientos de reuniones y discusiones que permitieron que 6 asociaciones se unieran con sus 48 centros (comunidades) abarcando un territorio continuo de 230.000 hectáreas en la Provincia de Morona Santiago en la frontera con Perú.
La FICSH nos declaró su plan piloto, para probar una nueva forma de gobierno indígena dentro del Estado ecuatoriano, como un gobierno de régimen especial en un territorio Shuar. En el año 2003 escribimos nuestro Plan de Vida que es el eje de nuestra organización, es el norte que nos dice por donde debemos caminar, porque ríos debemos navegar y por donde no debemos andar husmeando. En nuestro Plan de Vida se tratan temas fundamentales como la salud, la educación, el buen manejo y control del bosque y sus recursos, la economía y la conservación. Como no lo hace casi ningún grupo del país, ordenamos todo nuestro territorio en categorías de uso sustentable y dejamos más de 120.000 hectáreas bajo conservación estricta, de beneficio para todos los ecuatorianos.
En el año 2006 fuimos legalizados en el CODENPE como Pueblo Shuar Arutam y dos años más tarde firmamos un convenio con el Gobierno para mantener el bosque en perfecto estado durante 20 años y recibir aportes que nos permitan desarrollar e implementar nuestro Plan de Vida, esto se llamó Socio Bosque.
Como le dijimos al Presidente Correa: no diga que hace minería para sacarnos de la pobreza, porque nosotros, con nuestra forma de vivir, no nos sentimos pobres; diga más bien cómo nos va a proteger como pueblo y cultura
En el año 2014 actualizamos nuestro Plan de Vida y una vez más nuestra Asamblea General Ordinaria, se pronunció en contra de la mediana minería y de la megaminería dentro de nuestro territorio. Porque, como le dijimos al Presidente Correa: no diga que hace minería para sacarnos de la pobreza, porque nosotros, con nuestra forma de vivir, no nos sentimos pobres; diga más bien cómo nos va a proteger como pueblo y cultura.
En esta situación entra el conflicto de Nankints. Nosotros hemos planteado al gobierno nacional un diálogo institucionalizado desde el año 2008, pero a pesar de nuestros esfuerzos, no hemos logrado establecer un diálogo serio, sincero, honesto y del mismo nivel en el marco del Estado Plurinacional. Siendo ésta la razón para no lograr interpretar y comprender los requerimientos del pueblo Shuar.
A nombre del interés nacional y diciendo que lo que ha pasado en Nankints es un caso aislado, se pasan por encima de otros derechos y otras cosas que también son interés nacional, como dice la Constitución que con sus palabras y convicciones escribieron: la pluriculturalidad y la conservación. En Nankints el gobierno revolucionario actúa como cualquier gobierno colonizador, olvidando hasta los acuerdos internacionales que ha firmado; más de un 38 por ciento de nuestro territorio está concesionado a la minería de gran escala; todas las franjas de río de las cuencas Zamora y Santiago concesionadas a la pequeña minería; y una gigantesca hidroeléctrica que está a punto de ser construida. Y nuestra pregunta es ¿a dónde quieren que nos vayamos a vivir?
El problema no está en el pedazo de tierra de Nankints que compartimos con los colonos; La gente se cree que no ha sido de los Shuar. Nosotros jamás nos íbamos a imaginar que una empresa minera iba a comprar al Estado y a unos cuantos colonos lo que nos pertenece por ancestralidad. El gobierno olvida y como tiene muchos medios para hacerse oír, impone su verdad. En nuestro territorio no solo está Nankints, más de un 38 por ciento de nuestro territorio está concesionado a la minería de gran escala; todas las franjas de río de las cuencas Zamora y Santiago concesionadas a la pequeña minería; y una gigantesca hidroeléctrica que está a punto de ser construida. Y nuestra pregunta es ¿a dónde quieren que nos vayamos a vivir?
Por eso, hace 9 años les dijimos a la empresa que se vayan y recuperamos Nankints. Nueve años después, alguien le manipula al Presidente y le convence que antes de irse nos desaloje por la fuerza. Como no nos dejamos viene la violencia. Nos han culpado de la tragedia del compañero policía asesinado, pero nosotros no hemos dado ninguna orden de matar a nadie.
En cambio el Gobierno, en lugar de conversar, mete miles de policías y militares a nuestras casas, a nuestra tierra, aterroriza y amenazan a nuestros hijos. Hasta donde yo sé, ninguno de nuestra tierra es francotirador ni posee armas que perforen cascos de ese tipo. ¿Por qué no investigan a fondo antes de perseguirnos, poner orden de captura a todos los jefes de familia?
¿Por qué en lugar de conversar con nosotros para investigar, detener e impedir la violencia, cerrarle las puertas a manos oscuras, nos ponen en Estado de excepción como las terribles dictaduras del Plan Cóndor, que el Presidente dice se está planeando de nuevo?
¿Por qué se meten en nuestras casas? ¿Por qué no nos dejan vivir en paz?
Y la respuesta que tenemos es que a nombre del interés Nacional, pasamos a ser un puñado de indios folclóricos y terroristas que no entendemos lo que es el buen vivir, ni el Sumak Kawsay y peor aún el proyecto de la Revolución Ciudadana.
No quiero quedarme en los detalles que para eso están las noticias de los sábados, tratemos de ver el panorama en el que nos encontramos y no caigamos en la provocación ni en las discusiones primitivas que no nos llevan a ninguna parte.
Este primer comunicado, desde los bosques de la Cordillera del Cóndor, las mil familias les decimos que no vamos a permitir bajo ningún concepto ni argumento que la violencia y fuerza del Gobierno termine por destruir nuestra casa, tú casa, la casa del mundo.
El Presidente Rafael Correa, debe crear un clima de paz, retirando sus tropas, suspendiendo del Estado de excepción en nuestra Provincia y desechando las órdenes de captura de nuestros dirigentes y familiares. El único camino cierto para acabar con este camino de destrucción - que provoca incluso acciones individuales de resistencia que toman habitantes Shuar para recuperar su territorio- es a través de la conversación, el respeto y el entendimiento mutuo.
Todos los habitantes del Ecuador y de Morona deben unirse a nuestra demanda de paz, cese de la violencia y exigir al Gobierno por un diálogo serio que respete nuestra vida como pueblo originario.
Consejo de Gobierno DEL PUEBLO SHUAR ARUTAM
Acción ecológica: una organización popular ilegalizada en Ecuador
La ilegalización de la organización no gubernamental Acción Ecológica abre debates sobre la relación del progresismo ecuatoriano y las asociaciones de la sociedad civil.
Por Pablo Ospina Peralta
NUSO /Nueva Sociedad - Enero 2017
A fines de diciembre de 2016, el gobierno ecuatoriano inició el procedimiento de retiro de la personería jurídica a la organización no gubernamental ecologista Acción Ecológica. Ya en 2009 se había iniciado un procedimiento similar por la misma causa: haberse desviado de los fines para los que fue constituida. Hace ocho años el gobierno debió dar paso atrás por la presión internacional y porque el presidente Rafael Correa no controlaba plenamente a todos sus funcionarios. Pero desde entonces siguió presionando personalmente para continuar el procedimiento. Aun así, no encontraba una ocasión propicia para concretarlo.
Un ataque realizado presumiblemente por comunidades de la nacionalidad indígena Shuar en el sur de la Amazonía ecuatoriana contra un campamento minero en el que murió un policía y que marca el punto más alto de la conflictividad provocada por la obstinación gubernamental en promover la minería metálica a gran escala en el país, brindó la ocasión. Sin la menor prueba, se acusa a la organización de apoyar la violencia armada cuando Acción Ecológica, como casi todas las organizaciones sociales y de derechos humanos, apoya el derecho del pueblo Shuar a resistir la indeseada invasión extractivista en su territorio.
En sus 30 años de existencia Acción Ecológica ha mostrado un compromiso intachable con la no violencia activa y con las resistencias populares frente a la destrucción ambiental.
Está en la raíz del reconocimiento de los derechos de la naturaleza en la Constitución ecuatoriana de 2008, y ha acompañado las más generosas luchas que combinan el cuidado de la tierra y la justicia social. Con una radicalidad y valentía dignas de las mejores causas, las militantes de Acción Ecológica estuvieron presentes durante las últimas tres décadas en la denuncia de los transgénicos, los agro-combustibles, el capitalismo verde, los desastres petroleros, la tala de bosques y de manglares, y de los efectos destructivos de los tratados de libre comercio. Símbolo y estandarte del pensamiento y la acción crítica, el ecologismo popular y la desobediencia no violenta, nadie puede excluir a Acción Ecológica del recuento latinoamericano de la solidaridad con las luchas indígenas, campesinas, de trabajadores y pobladores suburbanos.
La supresión de la personería jurídica de esta organización no la borrará de la historia y la memoria del país. Tampoco dejará de existir. Ni su nombre ni su acción dejarán de acompañarnos, pero tendrán que enfrentar más obstáculos, estorbos, persecuciones y arbitrariedades. El objetivo coyuntural de esta medida no es eliminar lo ineliminable sino debilitar el apoyo social e internacional en el conflicto anti-minero en el territorio Shuar. Al obligar a Acción Ecológica a dedicarse a la defensa de su propia existencia, la organización no puede seguir ejerciendo su decisiva función en la movilización de la solidaridad con los pueblos amazónicos.
Pensada desde una perspectiva más amplia, esta ilegalización rebasa la coyuntura y expresa algo más profundo en la política del correísmo. Con pretextos igualmente banales e improbables, se retiró la personería jurídica a la Unión Nacional de Educadores, la más grande de las organizaciones de docentes del país, y se intentó quitarle el usufructo de su sede a la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador. Y a todas las demás organizaciones, les impuso requisitos cada vez más escabrosos y el cumplimiento de cientos de trámites inútiles como si la supervisión estatal consistiera en un océano de formularios.
La inundación tramitológica cumple un papel: brinda la ocasión para usar selectivamente el poder discrecional de la presión administrativa y la intimidación judicial. Es una forma indirecta de ahogar la participación indeseada, la fiscalización incómoda o la movilización social crítica. No se trata de una política de represión abierta e ilegalización dictatorial sino que requiere siempre el funcionamiento permanente de los pretextos legales y los controles burocráticos.
Es un proceso lento de disciplinamiento que se ejerce mediante una multitud de pequeños actos de acoso, amenazas veladas y vigilancia obsesiva. No se trata tanto de infundir terror, como se hace en el autoritarismo clásico, sino de provocar un agotamiento nervioso, un cansancio final y un hastío generalizado en los potenciales grupos movilizados. La presión ha sido sistemática y el resultado, hasta ahora, exitoso: buscaba debilitar la organización social independiente, cortarle sus capacidades de movilización y debilitar sus liderazgos.
Acción Ecológica ha sido a lo largo de varias décadas una de las marcas más activas y tercas de las principales resistencias y demandas radicales. Más allá de su papel decisivo en la lucha anti-minera y en la solidaridad con los Shuar, ha sido una animadora fundamental de las redes de acción colectiva en una sociedad, como la ecuatoriana, con tradiciones débiles de acción colectiva. La defensa de esta admirable organización no se impone solo por su oposición a un modelo económico y ambiental desastroso sino como garantía de la vitalidad de una sociedad civil movilizada sin la cual ningún cambio significativo y positivo será posible.