Uruguay / LOS GENERALES DE LA IMPUNIDAD
Que me venís a “lamentar” lo de Italia, si lo del Tribunal I. es solo una broma pesada en relaciona lo que han hecho LOS GENERALES DE LA IMPUNIDAD en Uruguay.
Que ha hecho el General Tabaré con tantas Comisiones en casi 2 gobiernos suyos, que han aportado? NADA, absolutamente nada porque son un florero para adornar a la Impunidad.
Como ha dicho MirthaGuianze “en Uruguay está todo FRENADO Y NO HAY NI UNA SOLA COSA NUEVA”!!!
Que ha hecho el General finado Huidobro (según periodista de canal 12 “el historiador del MLN”) sino defender a capa y espada a TODOS LOS TENIENTES asesinos de la Logia de Artigas y los sin Logia. A Radaelli a Casella a centenares de “pobres viejitos” .Este General cerró a cal y canto los cuarteles y echo a patadas a la vieja Luisa que ni fotos les dejó sacar, de ahí a encontrar o a permitir encontrar LOS CEMENTERIOS CLANDESTINOS solo UN HABITANTE DE MARTE puede esperar algo del AmodioN°1 del MLN (que no se apellida Pérez sino Fernández Huidobro)
Que ha hecho el General Mujica por los DDHH, sino todo el tiempo llamando a “superar el pasado”, que “olvidemos” que los generales asesinos, capitanes coroneles y alférez son “pobres viejitos” que deben quedar libres y que mueran en paz.
Así es como Mujica da carta BLANCA a los futuros Generales y FFAA para que hagan el tipo de GOLPE que se les antoje, que roben a mano llena y llenar nuevamente el país de cadáveres y cementerios clandestino, TOTAL serán “pobres viejitos”.
Los generales de la Impunidad del Gobierno del Frente Amplio también tienen su sequito de coroneles, capitanes, tenientes y cabos para mantener el REINO DE LA IMPUNIDAD, así como su CSI propio sus espíes infiltrados (CIA) y verdugos…
El general Mujica puso la milica Graciela “Petisa” Jorge de Fernández Huidobro de custodia de la documentación militar, ningún preso político de la dictadura puede acceder a su ficha PERSONAL sin antes esta milica CLAUSURADORA, tache ,borre a su antojo la documentación.
El coronel “Perro” Vázquez un don nadie, de titulo dudoso de enfermero por haber cuidado al secuestrado Molaguero fue puesto a puro y firme DEDO por el General Tabaré, y es el custodio de muchas cositas militares. Entre ellas en su computadora tiene el rollo 8 y mucho mas, donde está la Lista Completa incluido los sueldos mensuales (algunos de más de $50.000-1973- a la fecha) que recibían todos los civiles que espiaban para la dictadura, de todos los INFILTRADOS en TODAS LAS ORGANIZACIONES POLÍTICAS, de todos aquellos que durante años luego de ser detenidos pasaron a trabajar como INFORMANTES en los Servicios de Inteligencia Militar. SE darán cuenta de la IMPORTANCIA que tiene esto, Allí están todos los infiltrados desde el Partido Nacional al partido Comunista, pasando por el PVP, GAU, PCR, P.Colorado, Pachequistas y por supuesto casi un centenar de los que integran el actual GOBIERNO del Frente Amplio
El coronel Bayardi, ex -GAU y todos los ex GAU que trabajaron en “la Computadora “ ( una especie de pecera de la ESMA) luego de ser detenidos por el FUSNA, y ser torturados se pusieron a la orden del Capitán Tróccoli!!
Con el PCU llegaron los servicios de inteligencia a PUBLICAR “CARTA CLANDESTINA”… montar una red y legar a detener decenas de militantes realmente comunistas.
En el PCR mantenían cuadros intermedios en la clandestinidad simulando ser resistentes clandestino para realizar el espionaje a esta organización.
Ni hablemos lo más conocido cuando el General Huidobro capitaneaba la llamada tregua (rendición incondicional) donde decenas de presos del MLN trabajaron, incluido Huidobro colaborando directamente con Gavazzo para asesorar a la OCOA para la captura de compañeros no DETENIDOS AUN
Los Tenientes pertenecientes al G.A.U. que luego integran la IDI y Vertiente Artiguista son los artífices de la fuga de su exjefe militar Troccoli; Enrique Rubio (senador) Bayardi (ministro) y le otorgan la Impunidad a Troccoli Carlos Albín.
Además ni siquiera, junto a Brenta, cuando fueron al Juzgado citados por la fiscal Guianze y el Juez Charles se dignaron a aportar algo, todo los contrario NO APORTARON NADA SOBRE TROCCOLI, CALLARON TODO
Luego el segundo paso, Abin LLEGÓ TARDE con el pedido de extradición de Troccoli a las autoridades italianas correspondientes!
El GAU mantiene sus vínculos con los militares y no es como dice el dicho “hoy una promesa mañana una traición” los ex GAU NO TRAICIONAN SUS PACTOS CARCELEROS CON SUS MILITARES CAPTORES, SON HUIDOBRISTAS AL 100%.
QUE NO HAGAN LA DEL TERO
Pongan los huevitos y no vayan a gritar a Italia
Es aquí donde debemos gritar, patalear y hacer valer nuestros derechos exigiendo Verdad Justicia y Nunca Mas
Nunca más dictadura, dictadura militar con Cámaras de tortura con desaparecidos, secuestros de niños, violaciones de mujeres atadas y asesinatos en masa.
No se trata de poner los abogados y pataleo en Italia primer lugar y aquí ¿? Nada!
CUANDO EL GOBIERNO DEL FRENTE AMPLIO PUSO ABOGADOS A DISPOSICIÓN DE LOS DESAPARECIDOS?
Cuando hicieron aquí un TRIBUNAL para enjuiciar los asesinos de la Dictadura.
Todo lo contrario, desde intentos a cambiar huesitos por información del Dr. Fernández a guiarse por información (falsa) del General Bertolotti “aquí está tu mama, Macarena “lo que hicieron siempre fue cultivar, institucionalizar el Reino de la IMPUNIDAD
NUNCA: levantaron con éxito la mano para TACHAR la ley de Impunidad Siempre buscaron caminos para sacarle el culo a la jeringa, siempre inventaron CORRALES DE RAMAS para embaucar a familiares, desde Marchas por el Silencio, acuerdo de la Naval, pedidos de rodillas a Comandantes de las FFAA par que ellos mismos se auto-investigarán y ellos mismos buscaran los cementerios que ellos mismos escondieron…
TODAS LAS COMISIONES solo llevan agua al molino de las FFAA
--la del PASADO RECIENTE
--la de VERDAD Y JUSTICIA
--la ex COMIPAZ.
-- la INDDHH
EL SUB-MUNDO DE LOS DDHH
Existe toda una mafia que trafica con los DDHH, UN TODO VALE, desde codazos para conseguir figurar y puestitos a verdaderos hechos de corrupción. Desde los que posan de “investigadores” a representante de esto y de lo otro. Trafican con la documentación, con los testimonios y otros incluso con antecedentes de ladrones.
Corrían con mil pretextos tras los pasajes regalados para viajar a Italia Hay abogados que terminan senadores, ladrones en militantes, alcahuetes en investigadores, periodistas que negocian conferencias..
Ufa ¡! HAY DE TODO EN LA VIÑA DE DDHH
NO EMBARREN LA CANCHA
La IMPUNIDAD ESTÁ EN EL GOBIERNO FA, no está en Italia
Los familiares con hijos descendientes de italianos son Una cosa y allá ellos si quieren aplicar la ley Italia a los delitos de lesa humanidad
Los demás son otra cosa que el Frente Amplio se encargó de sabotear todo incluido un abogado pago por ellos Fabio Giliani que increpando a la testigo Rosa Barniex no se sabía si era defensor de los familiares o defensor de los militares asesinos!!!!
Cuanto testigos que ampliaron las denuncias sabían que iban a una ley y a tribunal donde NO EXISTE LA DESAPARICIÓN FORZADA Y LO QUE ES PEOR EL ASESINATO ESTA PERIMIDO?
CREO QUE NINGUNO FUE AVISADO DE ESTO Y TERCERO QUE DEBÍA FUNDAMENTAR SOBRE homicidio LLEVAR PRUEBAS ¿?¿?¿?
Creo que cualquier persona normal si le planteas este problema se daba cuenta que ir a Italia era una burla de Justicia que era una maniobra política que prácticamente te dice el gobierno del Frente Amplio..
NO ME ROMPAS LAS PELOTAS AQUÍ ANDA A JEDER A ITALIA”!!
TIRITO
PUESTA EN ESCENA
El juicio de Roma y la absolución de Jorge TRÓCCOLIy otros 12 terroristas de Estado uruguayos: crónica de una farsa prevista, con tufo a obediencia debida y coreografía de reality show
Samuel Blixen Brecha 20/1/17
La sentencia de absolución de 12 de los 13 uruguayos acusados de crímenes contra ciudadanos de origen italiano en el marco del Plan Cóndor, dictada por el Tribunal de Roma el martes 17, tenía nombre y apellido: Jorge Néstor TRÓCCOLI, el capitán de navío que en la segunda mitad de los setenta torturaba prisioneros en las instalaciones de Fusileros Navales e integraba el aparato del OCOA que secuestró a una veintena de uruguayos en Argentina, en diciembre y enero de 1977-78, todos desaparecidos hasta el día de hoy.
De hecho, TRÓCCOLI fue el único beneficiado directo de una sentencia que decepcionó al vicepresidente, Raúl Sendic, dejó atónita a la presidenta de la Institución Nacional de Derechos Humanos, Mirtha Guianze, y enfureció a los familiares de las víctimas que siguieron paso a paso la instancia final. Los restantes ya están condenados en Uruguay, algunos disfrutando de libertad condicional –como el ex canciller Juan Carlos Blanco, a quien el fallo italiano a cadena perpetua no modifica su situación, porque su proceso continúa–; alguno ya fallecido, como el general Gregorio Álvarez; otros, como José Gavazzo y Ernesto Ramas, en una cómoda prisión domiciliaria; y ocho –Ricardo Arab, Juan Carlos Larcebeau, Luis Maurente, Ricardo Medina, José Sande Lima, Jorge Silveira, Ernesto Soca y Gilberto Vázquez– cumplen reclusión en el penal de Domingo Arena. (Una situación especial es la del teniente naval Ricardo Eliseo Chávez Domínguez, cuyo nombre fue incluido por error en una lista de torturadores, pero a quien el tribunal ya había adelantado que le concedería la absolución.)
TRÓCCOLI era el único que, de haber sido condenado, debía pasar directamente a la cárcel; en el caso del coronel Pedro Mato, que confesó haber participado en los asesinatos de Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, el Tribunal de Roma, de haberlo condenado, difícilmente hubiera obtenido la extradición desde Brasil, donde el militar se refugió cuando fue requerido por el asesinato de Luis Batalla, ocurrido en 1972. El epiléptico brazo de la justicia uruguaya no ha logrado alcanzarlo, aunque fotos provocativas de su buen pasar en playas brasileñas son reiteradamente publicadas; ¿por qué iba a lograrlo la justicia italiana?
La absolución de TRÓCCOLI es un final a la medida de una historia de decepciones, broncas, incoherencias y complicidades; un final previsible, además. A diferencia de sus colegas terroristas, que se arman de desparpajo para mentir descaradamente ante los magistrados, las veleidades intelectuales del capitán de navío retirado, alumno añejo de la Facultad de Humanidades, lo indujeron a escribir un libro (cuyo título, La ira del Leviatán, propone adivinar quién es el monstruo marino), en el que, con displicencia, confiesa haber torturado, pero un poquito, nomás, en la credulidad de que la confesión, parcial, facilonga, lo eximía de culpa y encubría otras atrocidades inconfesas.
Cuando la justicia pretendió interrogarlo a fines de la primavera de 2007, el Leviatán puso en marcha un plan de escape cuyo primer paso consistió en la obtención, en setiembre de 2002, de la carta de ciudadanía italiana, concedida por el Ministerio della Giustizia, una vez confirmado el “derecho sanguíneo” por su ascendencia. El juzgado que lo reclamaba no tomó la provisión de cerrar fronteras en el momento de citarlo al juzgado. El que se presentó fue su abogado, quien adujo que TRÓCCOLI estaba en alta mar, trabajando a bordo de un barco. En realidad estaba en Brasil, en ruta hacia Italia, donde finalmente lo ubicó la Interpol.
Para entonces hacía dos años que el gobierno tenía en sus manos una información proporcionada por el comandante de la Armada, vicealmirante Tabaré Daners, que incriminaba a TRÓCCOLI y a otros oficiales del FUSNA en secuestros, desapariciones y torturas. Un anexo del informe brindado a la Presidencia por el comando de la Armada detallaba un siniestro mecanismo, denominado La Computadora, que obligaba a prisioneros a realizar análisis de inteligencia sobre las confesiones de otros prisioneros arrancadas bajo tortura. En La Computadora llegaron a analizarse las declaraciones de uruguayos que habían sido detenidos y desaparecidos en Buenos Aires. Los documentos de La Computadora no llegaron nunca a los juzgados, ni por iniciativa de la Presidencia ni de algunos militantes de derechos humanos que manejaban dichos documentos, los que recién aparecieron en ocasión del juicio de Roma.
El siguiente capítulo de la farsa se desplegó en la capital italiana, en la Navidad de 2007, cuando la policía detuvo a TRÓCCOLI, quien para entonces se había instalado en un exclusivo puerto turístico de la costa amalfitana, la Marina di Camerota, y a los efectos contrató a un costoso abogado, todo con la jubilación de un modesto capitán de navío. Cuarenta y ocho horas después comenzó a correr el plazo de tres meses para tramitar la extradición. Sin embargo, mientras la Suprema Corte de Justicia traducía el voluminoso exhorto con todos los antecedentes de TRÓCCOLI, funcionarios del gobierno y de la justicia fueron alertados respecto a que, muy probablemente, el capitán fugado había elegido Italia, entre todos los destinos posibles, porque su ciudadanía italiana le ofrecería ventajas judiciales, entre ellas la que deriva del Convenio de Extradición de Criminales entre Italia y Uruguay, que en su artículo XI establece que “la extradición no tendrá lugar cuando el reclamado sea ciudadano de la nación demandada”, en cuyo caso esa nación “se obliga a someterlo al juzgamiento y sentencia de sus propios tribunales”.
La condición de ciudadano italiano de TRÓCCOLI recién se conoció en mayo de 2008, cuando la Comune di Camerota certificó que desde octubre de 2007, “dicho ciudadano italiano es residente de la población por inmigración desde Montevideo”. Para entonces TRÓCCOLI, que había pasado tres meses en prisión preventiva, recuperó su libertad y se afincó definitivamente en Marina di Camerota, hasta el día de hoy.
Entre diciembre de 2007 y marzo de 2008 se desplegó el tercer acto. El expediente de la extradición llegó a la embajada uruguaya en Roma sobre el filo de la fecha límite, y el embajador, Carlos Abín, instruyó al cónsul para que presentara el documento en la cancillería, con una nota verbal; él viajaba a Barcelona para una consulta médica. La nota verbale de la embajada, fechada el 25 de marzo, exhibe un acuso de recibo con un sello: “Ministeri Affari Esteri – 27 mar 2008 – Azzettazione correspondenza”. Sin embargo, el oficio que la cancillería italiana remitió con el exhorto de extradición al juzgado correspondiente afirmaba que la documentación fue recibida el 31 de marzo, es decir, a fecha vencida. Inmediatamente TRÓCCOLI recuperó su libertad, gracias a una “mano amiga” que adulteró las fechas, y que el abogado que defendió los derechos de las víctimas en el juicio del Cóndor atribuyó a un posible esquema de apoyo de estructuras de inteligencia
Pero para entonces, en Montevideo, la indignación por la libertad de TRÓCCOLI descargó toda la responsabilidad en el embajador. El primer “empujoncito” lo dio el segundo jerarca de la embajada, el encargado de negocios Tabaré Bocalandro, quien susurró lo suficientemente fuerte que Abín se había trasladado en forma “clandestina” a Barcelona. Bocalandro, un diplomático del riñón del Foro Batllista (que había sido expulsado de Perú por haber puesto en riesgo la vida de 450 diplomáticos secuestrados por la guerrilla Tupac Amaru en la toma de la embajada de Japón, de la que se escapó), pretendía “recuperar” para su partido político la embajada de Roma, donde, entre otros, descolló otro forista, Julio César Lupinacci, vocero de la dictadura en los organismos internacionales y uno de los artífices de la patraña que permitió, mediante una foto trucada, suspender la investigación parlamentaria de la desaparición de Eugenio Berríos.
Bocalandro permaneció al frente de la embajada hasta que, producto de un sumario administrativo, fue relevado del cargo y sancionado con una suspensión de tres años por “el injustificado retraso constatado en la presentación a la cancillería italiana del exhorto, librado por la justicia uruguaya, solicitando la extradición de Jorge Tróccoli”. Para entonces Carlos Abin había sido cesado en su condición de embajador por la misma razón, pese a que el entonces canciller Gonzalo Fernández ordenó apelar la restitución de la libertad de TRÓCCOLI en virtud de la documentación que probaba la presentación en fecha del exhorto. La apelación fue desestimada porque “Uruguay no tenía legitimación para intervenir en un asunto interno entre la cancillería y la justicia”, lo que confirmaba la intencionalidad de la sustitución de fechas.
El siguiente embajador uruguayo en Roma, Alberto Breccia, intentó hasta que se produjo su fallecimiento que el capitán TRÓCCOLI, que no podía ser extraditado por su condición de ciudadano italiano, fuera juzgado por los tribunales de la península. El reclamo no prosperó pero TRÓCCOLI finalmente fue juzgado en la causa del Cóndor. Durante 13 años el fiscal Giancarlo Capaldo cruzó repetidamente el Atlántico recabando testimonios de víctimas y recopilando antecedentes judiciales, para terminar en una sentencia que no encontró pruebas de la responsabilidad de los participantes directos de los crímenes. ¿Qué hubiera ocurrido en Núremberg si los jueces y fiscales se tomaban 13 años para dictar justicia?
HOY RECORDÉ!
Un día un compañero me habló del Pacto del Club Naval del 84, y yo me enojé diciendo que era mentira.
No creía que había habido olvido y perdón a los militares y civiles responsables de crímenes durante dictadura, secuestros, homicidios, robo de niños, tortura física y psicológica, además de ser un gobierno responsable del hambre de nuestro pueblo. Sólo hay democracia si terminábamos con la impunidad, sin revisar el pasado no se puede construir el futuro.
Pero luego se votó la ley de caducidad. Y juntamos firmas, plebiscito.
La segunda vez fue peor porque en las calles cuando juntábamos firmas había gente del FA, con cargos en el gobierno, nos decían de todo. Especialmente me dijo Baraibar, y a mí que me importa la impunidad!
En ese congreso donde Hugo Cores planteó levantar el tema de la impunidad, se le respondió que no. Quienes hablaron fueron Tabaré y Huidobro. Decían que éramos "pianta votos".
Luego subió al gobierno Vázquez haciéndonos avergonzar con el Punto Final, abrazándose de Bordaberry, Ahí dijo que no había que tener rencores. Y equiparó la violencia de dos lados: la teoría de dos demonios. Pero también me acordé de Seregni diciendo en el 72, 73 que no quería más sangre entre hermanos. Y me pregunto cuándo somos hermanos de los asesinos del pueblo. Nunca.
Además que hizo todo lo posible por joder el Mercosur y llamó a Bush para hacer la guerra a Argentina. Impuso las pasteras, pero antes de invitado a Bush ya se había abrazado muy feliz. Era el mismo tiempo en que Chávez y Kirchner dignamente le dijeron de todo a Bush en Mar del Plata.
Estoy queriendo decir que hemos tratado de cerrar los ojos. Porque ya cuando las elecciones 2009 no se ensobró la papeleta contra la impunidad ya no se podía darles más crédito.
Y creíamos que todo estaba dicho. Pero no, Vino el cerdo Semproni a votar en contra, Y obvio, Nin Novoa, Huidobro y él en aquel entonces frentistas Saravia. Pero ayer escuché a Raulito, vice, licenciado, estafador, diciendo que es el final!
Ya no se puede esconder que el Frente Amplio promovió la impunidad. Son partícipes, pactaron. Siguen hoy los nazis dentro del ejército de Uruguay.
Hoy se promueve un Berger. Hoy está Manini.
Hoy el ministro socialista de Defensa teme enfrentar a los nazis.
Pero vamos a seguir: NI OLVIDO NI PERDÓN
Del Facebook de Sandra Álvarez
19 de enero
Para Mirtha Guianze, Uruguay es el país “más atrasado” de la región en materia de enjuiciamientos por crímenes de lesa humanidad
De los 14 uruguayos imputados, entre los que figuraba el ex dictador Gregorio Álvarez, fallecido recientemente, sólo fue condenado a cadena perpetua el ex canciller Juan Carlos Blanco
Nadia Angelucci desde Roma, Italia la diaria 19/1/17
Los demás fueron absueltos. Este martes se conoció la sentencia de la presidenta de la III Corte Penal de Roma, Evelina Canale, sobre las responsabilidades en torno al Plan Cóndor orquestado por las dictaduras del Cono Sur de América.
La sentencia sigue resonando en Uruguay. Hasta el más ajeno a la causa se pregunta cómo fueron condenados solamente los cabecillas de las dictaduras de la región, mientras que los mandos de jerarquía inferior fueron absueltos. Tal es el caso del militar Jorge Tróccoli, que actualmente reside en Italia y que, según testimonios, tuvo un rol claro en las operaciones para hacer desaparecer a integrantes de los Grupos de Acción Unificadora.
Luego de conocer el fallo, el vicepresidente Raúl Sendic dijo a la diaria que “si TRÓCCOLI estuviera en Uruguay, estaría preso”. Por su parte, Mirtha Guianze, directora de la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH), denunció que en Uruguay hay un sistema judicial politizado en base a acuerdos partidarios, lo que imposibilita que haya “enjuiciamientos nuevos”
“Aun en Perú se recibe el concepto de crimen de lesa humanidad, un país que se pensaba que podía estar más atrasado que Uruguay. Pero Uruguay es el que está más atrasado. Si bien tiene un número menor de procesados que el resto de los países, hace años que no hay enjuiciamientos nuevos”, manifestó Guianze, quien, al igual que Sendic, viajó a Roma en representación del Estado uruguayo. Para la ex fiscal, además, hay una “indefinición” en la Suprema Corte de Justicia, ya que están cambiando los integrantes por llegar al límite de edad, y la forma en que se los designa “está teñida” por “cuestiones políticas”. En definitiva, resumió Guianze, son ellos los que “terminan decidiendo si los juicios prosiguen o no”.
“Nosotros desde la INDDHH hemos hecho recomendaciones al gobierno para que tengan un tipo de política con respecto al sistema de justicia y que haya un lugar para investigar estos delitos. Porque este Grupo de Verdad y Justicia no es de investigación: recibe documentos; técnicamente, recibe testimonios, pero son las víctimas las que investigan. Son las organizaciones las que se mueven. Estamos viendo en Uruguay que la juventud está tomando esta bandera de memoria, verdad y justicia.
La cuestión es movilizar y empujar para que la gente pida y exija que haya justicia”, expresó Guianze. Y repasó el momento en el que se escuchó la absolución “en masa” para quienes no ocupaban cargos de la más alta jerarquía. “Nos pareció tremendo”, dijo. “Si no había homicidio, no había otra figura que se pudiera imputar en Italia. La desaparición forzada está prescripta”, explicó.
Algo de luz
“Hago un balance positivo, porque el Plan Cóndor fue reconocido como tal; se condenó a cadena perpetua a cuatro de las cabezas de distintos países. Después hay una interpretación, que no llego a comprender, de cuál es el papel de las personas que estaban en los grados jerárquicos inferiores a los condenados. En ese sentido, no se comprendió, o nosotros no logramos hacer comprender al Tribunal cómo operaban los grupos represivos en el Cono Sur, la independencia con que se movía cada uno de ellos, la posibilidad que tenían de decidir la muerte de las personas. Eso ocurrió en todos los países de igual manera: no se necesitaba una orden de un superior para matar, y si se mataba no había sanción para el que lo hacía. Ahí juegan algunos conceptos que son de orden jurídico, como la obediencia debida, que no sé si ellos lo manejaron. Yo no sé cómo se manejaron; es muy arriesgado hablar de todo eso si no tenemos los fundamentos del fallo”, finalizó la directora de la INDDHH.
Sendic, por su parte, recordó: “Siendo un niño de 11 años tuve que pararme abierto de piernas y de brazos para poder entrar a una visita, tuve que bancarme los allanamientos en mi casa a las dos y a las tres de la mañana, o que se llevaran presa a mi madre y nosotros quedáramos solos, a cargo de los vecinos. Fui un testigo de estas importantes violaciones de derechos humanos que, por suerte, no les toca vivir a los uruguayos de hoy. Pienso que tenemos que trabajar siempre para la consolidación de los derechos humanos, y que en este momento hay una nueva agenda de derechos humanos que se está consolidando”.
En la mañana del miércoles, Sendic se reunió con el papa Francisco para conversar sobre el compromiso del Vaticano de abrir y habilitar el análisis de los archivos de la época de la dictadura uruguaya (1973-1985) que tiene en su poder.
Justicia, justicia y más justicia
La decisión de la Tercera Corte Penal de Roma sorprendió a propios y extraños. Causó un gran dolor y disconformidad en los querellantes, familiares, militantes y activistas de DDHH. Fue la noticia inesperada del verano. Generó una enorme sorpresa a nivel gubernamental, en los medios políticos y periodísticos. También sorprendió, masivamente, a la ciudadanía en general: el que más o el que menos, en el país, todos saben que los absueltos, inocentes no son. Ni ahí. Algo anda mal en Italia.
Hubiera sido muy positivo y hasta necesaria una condena firme y tajante para todos los encausados de Uruguay. No habría modificado sustancialmente la situación procesal de la gran mayoría de ellos. Salvo el marino retirado y prófugo de la justicia Jorge TRÓCCOLI y el coronel Pedro Matto, también prófugo y refugiado en Brasil, el resto ya se encuentra procesado y condenado, en inmejorables condiciones de reclusión. Una sentencia acorde a la realidad de lo sucedido y probado, habría sido una gran caricia en el alma de quienes desde hace varias décadas mantienen bien en alto las banderas de Verdad y Justicia, en el país y fuera de fronteras.
Ha sido una nueva derrota. Ni la primera que sufrimos y tampoco la más importante. Hasta tanto no se conozcan los fundamentos de esta incomprensible sentencia es difícil pronunciarse a cabalidad. Pero no imposible. Incluso para esta Corte, que no condenó a quienes tienen las manos sucias de sangre por ser los sicarios estatales, ha quedado ampliamente comprobada la existencia de la diabólica Operación Cóndor. Existió y se llevó a cabo. Fue un plan macabro, alentado y promovido por los EEUU aunque el nombre del Gral. Pinochet figure como cerebro intelectual de ella. Cobró miles de víctimas que fueron salvajemente asesinadas en el Sur de América.
Los implicados y sus secuaces en los ámbitos políticos, económicos, periodísticos y judiciales, se sentirán alentados a redoblar sus esfuerzos y, sobre todo, sus presiones sobre una institucionalidad que, salvo honrosas excepciones, no ha asumido a cabalidad y con convicción profunda la investigación de los crímenes del pasado dictatorial.
A diferencia de lo ocurrido en Argentina y en Chile, en nuestro país solamente un pequeño grupo de involucrados en el terrorismo de Estado ha sido procesado y condenado, en base a una movilización constante y permanente de la sociedad que ha batallado de manera incesante.
Culpables con todas las garantías
Todos los condenados han sido juzgados disfrutando de las máximas garantías habidas y por haber. Se les ha permitido presentar todos los recursos que consideraron conveniente. Hicieron uso y abuso de ellos, con la máxima tolerancia por parte de la Suprema Corte de Justicia. Han contado con asistencia legal de primer nivel en forma permanente. Obviamente no han sido sometidos a apremios o torturas. Ni siquiera han sido molestados durante las audiencias. Hasta han sido tratados con un respeto y una deferencia que no merecen. Fueron procesados con abundancia de pruebas y evidencias. Abrumadoras. Se les dispensa, como prueba elocuente de la superioridad moral de la democracia, la mejor atención médica posible y condiciones de reclusión soñadas. Hasta disponen de jueces complacientes que excediendo sus atribuciones legales, tienen el gesto siempre dispuesto para concederles la prisión domiciliaria.
La caducidad no corre más
Durante décadas, la Ley de Caducidad de la pretensión punitiva del Estado, promovida por el gobierno del Dr. Julio María Sanguinetti y respaldada por la mayoría del Partido Nacional, los Lacalle incluidos, fue un verdadero obstáculo que impidió que el Poder Judicial cumpliera con su deber, a pesar de que el Artículo 4 de la misma excluyó expresamente de la misma la desaparición forzada de ciudadanos.
Desde octubre de 2011, la ley 18 831, devolvió al Poder Judicial su autonomía constitucional y restableció plenamente la pretensión punitiva del Estado. No existen más obstáculos legales que impidan investigar los delitos y sancionarlos. Varios tribunales se han expedido además en el sentido de que el tiempo en que estuvo vigente la ley de Caducidad no debe computarse a los efectos del cálculo prescripcional de los delitos. Por lo mismo, pueden ser investigados, identificados los responsables y castigados penal y administrativamente como corresponde.
La Justicia tiene que actuar
En el ordenamiento institucional uruguayo, en nuestro Estado de derecho, el Poder Judicial tiene el monopolio exclusivo de investigar los hechos con apariencia delictiva y de sancionarlos si así correspondiere. Son atribuciones que están en las disposiciones constitucionales y son ineludibles.
La dictadura cívico militar, que en el marco de una estrategia continental diseñada en EEUU se instrumentó también en nuestro país, fue realmente una tragedia nacional en todos los planos cuyas secuelas perduran hasta el día de hoy. Fue un proyecto de país al servicio de un reducido grupo de sectores económicos que crecieron y prosperaron al reparo de ella. Para que ella no vuelva a reiterarse, sus responsables, en todos los planos deben ser sancionados y castigados. Esa labor, inexcusable, corresponde al Poder Judicial y es responsabilidad también de quienes lo administran: la Suprema Corte.
Como víctimas directas sobrevivientes, hemos asumido el compromiso militante de contribuir activamente, en la medida de nuestras posibilidades, a crear las condiciones que impidan la repetición del terrorismo de Estado. La impunidad alienta y estimula siempre la repetición
Rechazamos enfáticamente el fallo de la Corte de Roma. Llamamos a todas y a todos los ex presos políticos a redoblar los esfuerzos y la militancia de todos los días por Verdad, Memoria, Justicia y Reparación de acuerdo a los estándares de la Resolución 60/147 de las Naciones Unidas. Convocamos a seguir apoyando al Observatorio Luz Ibarburu que promueve activamente las enlentecidas causas judiciales. Reclamamos una actitud más enérgica al Poder Ejecutivo, aplicando las disposiciones del Artículo 25 de la Constitución para que los condenados paguen económicamente con sus bienes los daños ocasionados entre otras medidas. Demandamos al Poder Judicial, a todos los operadores, que cumplan con sus cometidos, especialmente en las causas que involucran a los Detenidos Desaparecidos.
Opinando N° 1 – Año 6 – Viernes 20 de enero de 2017 CRYSOL
Seguir peleando
Algunos tenemos una enorme, incombustible capacidad de negación. Se le pueden dar nombres decorosos (confianza, optimismo, esperanza, fe), pero a fin de cuentas no es más que un recurso ingenuo y tirando a cobarde que nos facilita el tránsito por un mundo en el que cosas malas le pasan a la gente buena.
El último ejemplo de esa inclinación a esperar lo mejor contra viento y marea fue el de hace unos días, cuando quisimos creer que la justicia que no habíamos obtenido en Uruguay en más de 30 años se haría realidad, siquiera en parte, del otro lado del océano, en el Aula de la Corte de Asís, en Roma.
Habíamos visto escurrirse a Jorge TRÓCCOLI varias veces. Sabíamos que era un provocador, un tipo dispuesto a admitir sus crímenes sin sonrojarse, capaz de meterse en la casa de una mujer que había sido presa y torturada para conversar con ella sin darse a conocer y, finalmente, en una jugada perversa y aterradora, identificarse mediante una tarjeta de visita entregada como al descuido. Un impune, pero un impune sádico y exhibicionista, fatuo, ensoberbecido por la gloria miserable de los abusadores sin castigo.
Sabíamos que TRÓCCOLI se había escapado de la justicia una vez, cuando dejó el país y se afincó en Italia, y otra, cuando un descuido administrativo de la embajada uruguaya evitó su extradición.
Sabíamos -¿cómo no saberlo?- que nadie es impune solo. Que nadie se salva sin ayuda. Que si semejante personaje estaba, como tantos otros, haciendo su vida a cara descubierta y sin miedo a las consecuencias se debía, antes que nada, a que una eficaz red de protecciones y salvoconductos le cuidaban la tranquilidad. Pero quisimos creer que esta vez sí; que esta vez, con tantos testimonios, con tantos hechos probados, con tanta información que mostraba, sin género de duda, su participación en los crímenes de que se le acusa, no habría marcha atrás. Que la justicia a la que había escapado en Uruguay lo alcanzaría en Italia. Que finalmente alguien le diría que no, que la impunidad no es para siempre, que acá se hacen y acá se pagan.
Los que seguimos el juicio, los que leímos las acusaciones y los testimonios, los que prestamos atención al pedido de la fiscalía y a los argumentos de la defensa teníamos confianza en que habría justicia. Cierta justicia.
Lo cierto es que en Roma no pasó nada que no haya pasado antes en Uruguay, e incluso en otros países de la región en los que también el macabro Plan Cóndor se diluyó entre apelaciones a la cadena de mando, la obediencia debida y el estado de excepción. Muchas concesiones deben hacerse para que tantos criminales gocen del beneficio de la absolución en nombre de la disciplina y la sujeción a las jerarquías.
Por lo pronto, es imprescindible entorpecer el camino de la verdad. Es necesario confundir, minar la credibilidad de los testigos, cansar a los investigadores, dejar pasar las amenazas y las provocaciones. Es conveniente introducir la idea de que hay que pensar en la reconciliación porque nosotros, los de entonces, ya no somos los mismos, y porque nunca más debemos enfrentarnos uruguayos contra uruguayos. Es la hora de tomarnos de las manos y avanzar juntos, porque si no remamos todos para el mismo lado no nos vamos a mover, y no hay nada peor, ya se sabe, que estancarse.
Llegado este punto tal vez deberíamos, entonces, hacer un ejercicio crítico. Deberíamos considerar que si ese discurso reconciliado y milenarista es aceptado masivamente es porque todo este asunto de los crímenes de lesa humanidad, los derechos humanos y las consecuencias del terrorismo de Estado se ha desplazado convenientemente hacia el terreno de lo privado y lo subjetivo, hacia la dialéctica de las víctimas y los verdugos, de los hijos o madres o padres, dejando para siempre la cuestión política fuera de la ecuación.
Se vuelve más sencillo, así, apelar a cuestiones de índole moral y personal, como el perdón o la reparación, y escapar a lo que tiene de cosa pública todo este asunto. Los desaparecidos, los presos, los torturados, los asesinados, los muertos de la dictadura no son ángeles caídos bajo el hacha del mal, encarnado en botas y uniformes.
Son lo que fueron: luchadores que entregaron su vida a un proyecto que trascendía la esfera de lo íntimo y de lo inmediato. Tuvieron la voluntad y el coraje de proponerse cambiar una situación de injusticia y violencia estructurales que está lejos de haber cambiado para mejor. No fueron víctimas al azar (aunque haya habido, claro, víctimas casuales o colaterales): fueron elegidos como víctimas por su participación en la vida política, por su militancia del lado de los más débiles, por su lucha contra la explotación y el abuso, contra la desigualdad y contra la expoliación. Descafeinar su lucha, infantilizarlos en el lugar de hijos o hermanos de Fulano o Mengana, olvidar su compromiso adulto con la causa por la que combatieron es facilitar las cosas para el olvido. Honrarlos requiere tomar sus banderas, hablar en voz alta; exigir, además de memoria, verdad y justicia, que se respete y continúe su lucha.
Porque todo lo que los hizo salir a la calle sigue estando ahí, y es cada día más fuerte. Y tiene viento a favor.
Soledad Platero la diaria 20/1/17
SOBRE ESPIONAJE EN DEMOCRACIA
Cómo Nos Tratan
13 enero, 2017 Brecha SAMUEL BLIXEN
Documentos del espionaje militar en democracia revelan el interés de los aparatos de inteligencia, en los dos primeros años de la presidencia de Lacalle, por la opinión de dirigentes políticos sobre la relación con los militares.
Ajuste fiscal, privatización de las empresas públicas, reglamentación del derecho de huelga: las principales insignias de la política neoliberal que Luis Alberto Lacalle desplegó no bien asumió la presidencia en marzo de 1990 tuvieron coletazos explosivos cuando los recortes presupuestales afectaron a las Fuerzas Armadas, en la rendición de cuentas de 1992. Diez atentados con bomba, detonación de granadas y ametrallamientos, reivindicados por dos grupos paramilitares (la Guardia de Artigas y el Comando Lavalleja), una virtual insubordinación y acuartelamientos en distintos puntos del país, dieron cuenta a lo largo de ese año y el comienzo de 1993, de las profundas divisiones existentes en el Ejército y en la Armada Nacional.
Lacalle pretendió revertir los términos de una ecuación histórica, esto es, la preeminencia de altos mandos identificados con el Partido Colorado, con designación de oficiales “correligionarios”. Al mediar su primer año de mandato se propuso corregir la correlación heredada de su antecesor Julio María Sanguinetti: de los 12 generales en actividad sólo cuatro podían identificarse como simpatizantes del Partido Nacional. El ascenso a general del coronel Manuel Fernández, destinado a la Casa Militar, supuso pasar por encima de 44 coroneles; y la designación de su amigo James Coates en la comandancia de la Armada, apenas nueve horas después de ascenderlo a vicealmirante, implicó pasar por encima de 46 capitanes de navío. El esquema se completó con el general Yelton Bagnasco en la División de Ejército 1, el general Mario Aguerrondo al frente de la inteligencia militar, y la designación del general Juan Modesto Rebollo como comandante del Ejército, que obligó al general “de la derecha”, Juan Zerpa, a pasar a retiro.
La política militar de Lacalle, que el ex presidente Sanguinetti calificó de “desastre”, profundizó las fracciones en la interna militar, pero no alteró la “rutina” del anexo del Departamento III de la Dirección General de Información del Estado, que se encargaba de la organización del espionaje extendido a toda la sociedad. La siembra de micrófonos en los despachos del ministro de Defensa, Mariano Brito, del comandante de la Armada y del general Fernán Amado, debió ser ejecutada por otra repartición del Departamento III o por la Compañía de Contrainformación. El anexo se centraba por esos días turbulentos en el espionaje al Partido Comunista, al MLN, al Pit-Cnt y particularmente a los sindicatos de las empresas estatales, además de vigilar a las esposas de funcionarios policiales que preparaban las condiciones de la huelga policial de noviembre de 1992.
Los manipuladores de los infiltrados recomendaban recoger cualquier opinión de dirigentes políticos sobre las Fuerzas Armadas. Así, un oficial identificado con el seudónimo “Adrián”, informaba a fines de noviembre de 1991 las noticias proporcionadas por el agente 836 K-III sobre la interna del Partido Nacional durante una conversación en un café de las inmediaciones de Constituyente y Carlos Roxlo. El espía, a quien Adrián llamaba “Pingüino”, reveló que Enrique Martínez, dirigente juvenil del Herrerismo, había enviado a Libia a Guillermo Aishemberg (“cercano a la 504”) y a Gómez Brasil (“viejo militante del partido”) para sondear posibles transacciones comerciales con los libios. “Pingüino” detalló trascendidos sobre las reuniones que venían manteniendo algunas personalidades, entre ellas Rodolfo Nin Novoa, Irineu Riet y Alberto Zumarán para la formación de un grupo opositor dentro del partido. El senador Zumarán, dos veces candidato wilsonista a la Presidencia, había denunciado el programa económico y social que estaba aplicando Lacalle y había acusado a 14 jerarcas del gobierno por “implicancias” con la dictadura; era, según Pingüino, la cabeza principal de ese movimiento opositor.
Según el espía, Irineu Riet, “una figura bien vista dentro del partido”, era la persona clave para hablar con las Fuerzas Armadas, “siempre que Zumarán o el Ejército lo consideren necesario”. Habitualmente las reuniones con oficiales del Ejército se realizaban en las cabañas militares de Santa Teresa, “siendo muy asiduas y fructíferas”. El manipulador quiso saber los nombres de los oficiales: “la fuente no pudo precisar con qué militares se ha entrevistado Irineo (sic) Riet, pero sí aseveró las excelentes relaciones con el jefe del Batallón de Infantería N° 12 de Rocha y jefes que administran las cabañas militares de Santa Teresa”.
Por entonces, la llamada “agencia” que reclutaba y comandaba a los espías recibía en agosto de 1991 un pormenorizado informe del agente 951 B-I sobre una reunión del grupo de base 6, del Zonal III del MLN con dirigentes, entre los que se contaban José Mujica, Lucía Topolansky, Jorge Manera, Luis Puime y Omar Alaniz. Entre los asistentes que el espía identificó –y que consignó en su informe– estaba el “Zapa”, un ex preso político que el Departamento III tenía a sueldo como infiltrado en el MLN con el seudónimo “Fabricio”, lo que sugiere que el Zonal III albergaba a más de un espía.
El informe del agente 951 consignaba la opinión de José Mujica, quien proponía que el MLN debía dialogar con los militares. “A las Fuerzas Armadas hay que integrarlas ya que con el Mercosur ellos también se quedarán sin trabajo”, habría dicho Mujica según la síntesis del espía.
El documento del Departamento III confeccionado y archivado el 21 de agosto de 1991 afirmaba que según Mujica “en el Ejército hay caraspintadas, que son los menos malos porque son nacionalistas, y a diferencia de los aprovechadores, estos han tomado siempre las armas para defender el nacionalismo contra el imperialismo y con todos ellos tenemos que ir al diálogo”. El dirigente del MLN afirmaba que “en el Ejército hay sectores o grupos que tienen contradicciones entre sí, y que tratan de acomodarse”. El diálogo según Mujica debía tener como objetivo “solucionar todos los problemas y no dejarlos afuera”.
Las contradicciones que apuntaba Mujica se expresaron un año después en la serie de atentados de las bandas paramilitares y en la crisis de la huelga policial, que dejó al Ejército en estado de asamblea.
El presidente Lacalle se propuso utilizar al Ejército para reprimir a los policías. Quiso saber si los oficiales del Ejército acatarían la orden: “Supongo”, fue la respuesta del comandante Rebollo; el general Fernández consideró que era posible desalojar a los huelguistas, pero “habrá no menos de 30 muertos”. El presidente optó por encomendar al Ejército y a la Armada el patrullaje de la ciudad. En el momento en que firmaba el decreto respectivo, en una sesión del Consejo de Ministros, alguien cortó la luz y dejó a oscuras el Edificio Libertad porque tampoco funcionó el generador