El 22 de diciembre de 2016 el Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló un informe en el que se aseguraba que 12 países de la región habían recibido sobornos millonarios por parte de la constructora brasileña Odebrecht, a cambio de contratos. Según los datos una cantidad de 788 millones habían sido pagados, siendo las autoridades brasileras quienes más habían recibido dinero (394 millones de dólares), seguidas por Venezuela (98 millones de dólares)
Según el Departamento de Estado, dichos pagos habrían generado una ganancia a la compañía por más de 3.000 millones de dólares. Días después de la difusión de la noticia, Odebrecht admitió haber pagado los sobornos. Sergio Foguel, encargado de la política anticorrupción de la empresa, declaró que era un “desvío de conducta lamentable” y trabajarán para que “no vuelva a ocurrir”. La revelación generó escándalos y consecuencias en los diferentes países involucrados
Por ejemplo, el gobierno peruano rescindió un contrato firmado con Odebrecht en 2014 para la construcción de un gasoducto. No obstante, las autoridades venezolanas no han experimentado la indignación de sus pares regionales, tomando pocas iniciativas para investigar dichos actos de corrupción en el país. Según un reportaje de The Wall Street Journal Hugo Chávez habría otorgado a Odebrecht 11.000 millones de dólares en contratos para levantar complejos agroindustriales, puentes y diferentes obras de infraestructura. Según el reportaje por lo menos 7 de los proyectos nunca se finalizaron. La investigación cita una declaración de un asesor de Lula da Silva, afirmando que la empresa habría donado 35 millones de dólares a la campaña presidencial de Hugo Chávez en el 2012. Según el ejecutivo, la empresa habría realizado donaciones a partidos de todo el espectro político, dando dinero a través de terceros al gobierno del estado Miranda, controlado por la oposición. En el informe de gestión 2011 realizado por el Ministerio Público se afirma: “La corrupción es uno de los fenómenos que más afecta el desarrollo nacional, pues es considerable el monto millonario de recursos que ha perdido el país como consecuencia de irregularidades administrativas, cuyos efectos no sólo se traducen en extravío de bolívares, sino en el costo que implica en el aspecto social que por esas conductas punibles no se hayan ejecutado obras para el beneficio de los venezolanos.”
En un diagnóstico realizado por Provea sobre cómo la corrupción afecta a los derechos humanos se establece que las irregularidades en el sistema de administración de justicia generan un contexto favorable a la corrupción y un nivel de impunidad calificado como “estructural”. Como parte de estas irregularidades se encuentra la alta proporción de jueces provisionales, estimada en 66%, por lo que las decisiones sobre delitos y violaciones de derechos humanos se toman en base a criterios diferentes al debido proceso y la justicia. La ausencia de independencia del poder judicial es uno de los desafíos en cualquier proceso de reconstrucción de la democracia en nuestro país. La ausencia de institucionalidad también es evidente dentro de la Contraloría General de la República, el ente que debiera fiscalizar la transparencia en la gestión pública. Según reveló una investigación periodística el Contralor General Manuel Galindo tenía a 13 familiares directos trabajando en su despacho en cargos de variable importancia. Según sus propias declaraciones, Galindo estaría promoviendo un “nepotismo positivo”, pues sus familiares tienen las condiciones profesionales para ejercer los cargos. Otra situación que permite la cultura de la corrupción en el país es la ausencia de acceso a información que debería ser de manejo público
Venezuela no cuenta con una Ley de Acceso a la Información, lo cual limita el conocimiento sobre la ejecución y garantía de derechos. Por otra parte, en diferentes sentencias los tribunales del país, especialmente las Sala Constitucional y la Sala Político-Administrativo del TSJ ha emitido sentencias para limitar el acceso a la información
Al respecto, los principales argumentos esgrimidos han sido: Falta de legitimidad para pedir la información; Proporcionalidad del uso, pues el trámite atenta contra la eficiencia de la Administración Pública, “que tendría que dedicar tiempo y recursos humanos a los fines de dar explicaciones”; Falta de justificación de la petición sobre el uso de la información recibida; Amparo como vía no idónea y Agotamiento de mecanismos judiciales previos. Esta ausencia de información sobre la gestión de gobierno impide el ejercicio de la contraloría social. La opacidad en la ejecución de las políticas sociales afecta principalmente a sus beneficiarios y beneficiarias. Además, permite la difusión de cifras ficticias sobre los resultados por razones propagandísticas. Provea ha sugerido la promoción de una ley de protección de las personas denunciantes de corrupción, como se ha promovido en otros países de la región, que permita a los afectados señalar las irregularidades sin temor a represalias.
SEBIN detuvo a activistas de Transparencia Venezuela
en el estado Zulia
Caracas, 11 de febrero de 2017. Hoy a las 12 del mediodía fueron detenidos por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) los coordinadores y activistas del capítulo zuliano de Transparencia Venezuela: los periodistas Jesús Urbina y María José Túa. Así como los dos corresponsales brasileños Leandro Stoliar y Gilzon Souza de Oliveira, quienes se encontraban recopilando información en las instalaciones del segundo puente sobre el lago de Maracaibo o Puente Nigale, ubicados en Maracaibo, estado Zulia. Esta obra es ejecutada por la empresa brasileña Odebrecht y es responsabilidad del Ministerio del Poder Popular para Transporte Terrestre y Obras Públicas
Según informaciones, una comisión del SEBIN los detuvo y los escoltó hasta la sede del SEBIN, en Maracaibo, para tener una entrevista. Al llegar les quitaron los teléfonos celulares.
Transparencia Venezuela exige la liberación inmediata de los activistas y periodistas detenidos; y rechaza esta detención arbitraria por parte del SEBIN.
Hacemos un llamado a la Defensoría del Pueblo para que se presenten en el lugar de la detención y se garantice el derecho al trabajo, a la contraloría social, a la libre información.
Transparencia Venezuela
CNP | Comunicado Urgente ante la detención
de periodistas en el estado Zulia
Feb 11, 2017
SECCIONAL ZULIA
De acuerdo a información suministrada por la organización Transparencia Internacional, este sábado 11 de febrero a las 12:00m, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) procedió a detener a los periodistas zulianos: Jesús Urbina Serjant y María José Túa, coordinador y activista de Transparencia Venezuela capitulo zuliano, así como también resultaron detenidos dos periodistas de Brasil: Leandro Stoliar y Gilzon Souza de Oliveira. El equipo de periodistas se encontraba realizando una investigación en las cercanías a la obra del Puente Nigale ejecutada por la constructora brasileña Odebrecht, ubicada en la zona norte del estado Zulia.
De acuerdo a la información que se ha logrado recabar la comisión del SEBIN los detuvo y los escoltó hasta la sede del SEBIN en Maracaibo. Al llegar a la sede del órgano de inteligencia los despojaron de sus teléfonos celulares.
En razón de ello, el Colegio Nacional de Periodistas, seccional Zulia, expresa su contundente rechazo a la arbitrariedad cometida por funcionarios del SEBIN, al retener sin razón alguna y mantener incomunicados a los referidos periodistas y exigen su inmediata libertad, así como la devolución todos sus equipos y pertenencias personales. De igual forma el material objeto de la investigación debe ser restituido íntegramente.
Obstruir la labor de los periodistas, detenerlos y pretender ocultar el material periodístico obtenido no alterará ni tapará la verdad. Exigimos al SEBIN y a todos los cuerpos de seguridad del Estado respeto hacia la labor de los periodistas. Y de igual forma exhortamos al poder ciudadano y judicial a respetar el debido proceso de los ciudadanos detenidos.
Por la Junta Directiva del CNP Zulia
Leonardo Pérez Álvarez. Secretario General
Maracaibo, 11 de febrero de 2017
Colegio Nacional de Periodistas