El Gobierno de Felipe González sobornó a policías uruguayos para perseguir a miembros de ETA

 Comisión Interamericana de Derechos Humanos

DEL DIARIO ESPAÑOL PÚBLICO 07/01/2017

Un periodista de Uruguay revela documentos sobre las “donaciones” en armas y en dólares que realizó el exsecretario de Estado de Seguridad, Rafael Vera. También hubo acuerdos millonarios en materia de cooperación. El objetivo: controlar, espiar y detener a la comunidad vasca en el país sudamericano, entre los que figuraban amenazados por el GAL

DANILO ALBIN

BILBAO.- “Ya me enteré de su accidente. Espero que tanto usted como sus amigos estén bien. Hay que tener cuidado. Mucho cuidado”. Hace algunos años un informante de la Policía uruguaya se dirigía de esa forma a un periodista de ese país que había vivido una temporada en Donostia. Una noche, el coche en el que viajaba junto a personas del ámbito abertzale se dio de frente contra otro vehículo en una carretera del interior de Gipuzkoa. Pocos meses después, cuando el accidentado se encontraba de regreso en Uruguay, aquel tipo misterioso le hizo saber que conocía todos sus movimientos. Algunos no se sorprendieron: en la Casa Vasca de Montevideo ya habían visto a ese individuo en varias ocasiones.

Esta anécdota –confirmada a Público por su protagonista- es apenas un ejemplo de lo que ocurría en el entorno de las instituciones y colectivos vascos de Uruguay. Desde finales de los años ochenta, una larga lista de individuos “curiosos” desfilaron por sus instalaciones, se hicieron amigos de sus directivos… y obtuvieron datos que acababan en Madrid. Así funcionaba unanutrida red de “colaboradores” de la Policía española que se dedicaba a “monitorear” las actividades de la diáspora vasca en el país del ex presidente José “Pepe” Mujica, quien también tiene raíces familiares en Euskadi.

“Vera hizo entrega a la Policía uruguaya de una donación de 4 mil revólveres, pero no solicitó la captura de los vascos”

Las anécdotas –y sospechas- de los últimos años acaban de ser confirmadas por el semanario Brecha, una veterana publicación de la izquierda uruguaya. Según relata el prestigioso periodista Samuel Blixen, el Gobierno deFelipe González pagó “generosos sobornos a los principales jerarcas de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia (DNII) de la Policía” de ese país sudamericano. Su denuncia está amparada por documentos de la Inteligencia militar de Uruguay hasta ahora desconocidos. De acuerdo al artículo escrito por Blixen, el ex secretario de Estado de Seguridad en el Gobierno de González, Rafael Vera –quien posteriormente fue condenado por su pertenencia al GAL-, estuvo al frente de esa trama.

“En la cúspide de su arbitrariedad prepotente, hija de una actitud que después lo llevaría a la cárcel, Rafael Vera, niño mimado del Partido Socialista Obrero Español, desembarcó su arrogancia en Montevideo, un día de julio de 1989, en su calidad de secretario de Estado de seguridad del gobierno de España. Traía unos videos y muchas pesetas”, señala el periodista en su crónica. Por entonces, el objetivo de Felipe González era perseguir a un grupo de 15 refugiados vascos que vivían en Uruguay y que tenían diferentes grados de vinculación con el movimiento abertzale. Algunos habían pertenecido a ETA. Otros no. Lo que sí les unía era el miedo a ser atrapados por el GAL, que ya había mostrado sus virtudes asesinas.

De acuerdo a la documentación recogida por la publicación uruguaya, la Dirección General de Información de Defensa de ese país había llegado a un acuerdo con los exiliados: “mientras no intervinieran en asuntos internos de Uruguay, y se dedicaran exclusivamente a trabajar para vivir, se haría la vista gorda sobre la documentación que habían obtenido mediante una ‘inscripción tardía’”. “De hecho, tenían documentos auténticos, pero sus nombres y apellidos eran falsos, inventados; la documentación falsa-real incluía a hombres, mujeres y niños –apunta Blixen-. El acuerdo entre la Inteligencia militar uruguaya y los refugiados vascos funcionó hasta mayo de 1992, pero éstos estuvieron sometidos a una estricta vigilancia”.

“Hay bastante dinero”

Según esos documentos, “Vera hizo entrega a la Policía uruguaya de una donación de 4 mil revólveres, pero no solicitó la captura de los vascos”. “A Uruguay le llegaría el turno después que México expulsara a un etarra y Venezuela hiciera lo propio”, señala el semanario. Para conseguirlo, el gobierno de González tiró de cartera:“De acuerdo a lo expresado, hay bastante dinero para volcar en la operación de ETA”, señalaba un informante policial apodado “Diego” en un informe fechado el 21 de agosto de 1989. Allí consta que uno de los policías que trabajaban para los servicios secretos españoles llegó a recibir el ofrecimiento de un sueldo de 300 euros al mes a cambio de vigilar a un exiliado vasco.

“Se volcaron todos los medios a esta operación, porque hay un importante aliciente económico de parte de los españoles. Esto ha creado discusiones a nivel del personal ya que no hay acuerdo entre quienes se reparte las cantidades disponibles”, señalaba el agente identificado como “Fabián” en uno de los documentos divulgados por Blixen. “Fabián explicó que todo aquel dinero era ‘guita extra’ y que hubo un ‘gran puterío’ por el reparto, ‘son 13 sueldos y agrégale un viaje de tanto en tanto para un jefe de grupo’”, subrayaba.

Créditos millonarios

Además de pagar a policías, el Gobierno del PSOE también supo conquistar al por entonces presidente de Uruguay, el conservador Luis Alberto Lacalle. “El 8 de abril de 1992, el presidente Luis Alberto Lacalle llegó de visita a España donde firmó un acuerdo por el cual el Gobierno de Felipe González le concedía a Uruguay un crédito superior a los 30 mil millones de pesetas, unos 300 millones de dólares. Cinco semanas después, el 15 de mayo, la policía irrumpió en el local del restaurante La Trainera y en sucesivos allanamientos en siete viviendas detuvo a 30 personas, entre ellos cuatro menores de edad”. “Dos días después, 13 ciudadanos vascos eran procesados, y en los calabozos de la DNII eran interrogados por el comisario antiterrorista español Carlos Fuentes”, recuerda el artículo publicado por Brecha.

Según consta en otros documentos recogidos por Público, el Gobierno español consiguió que policías de este país participasen en los interrogatorios realizados a los vascos capturados en Montevideo. En un acta de la DNII uruguaya del 15 de mayo de 1992, consta que al menos uno de los agentes que interrogó a Josu Lariz –uno de los detenidos en aquella operación- utilizaba un lenguaje propio del castellano que se habla en España. “No conozco policías (uruguayos) tan castizos que hablen en segunda persona del plural. Eso demuestra que había policías españoles”, denunció algunos años después el parlamentario del Frente Amplio –coalición de izquierdas que hoy está en el Gobierno- Guillermo Chifflet.

Dos años después, el presidente Lacalle volvió a mostrar su “compromiso” con el ejecutivo de Felipe González: a pesar de lo estipulado por la normativa uruguaya en materia de asilo, el mandatario de aquel país aceptó el pedido de extradición que Madrid había formulado contra ocho refugiados vascos. Tres de ellos se pusieron en huelga de hambre y tuvieron que ser hospitalizados, lo que despertó una amplia movilización popular. El 24 de agosto de 1994, la Policía al mando del entonces ministro de Interior, Ángel María Gianola, cargó contra la multitud que protestaba fuera del Hospital Filtro y mató a dos jóvenes de 18 y 24 años de edad. Ocho años más tarde, el Gobierno de José María Aznar condecoró a Gianola con la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica. Era una cuestión de gratitud

El gobierno de Felipe González ocultó sus pactos

con la dictadura argentina

A pesar de las graves denuncias que llegaban desde su embajada en Buenos Aires, el Ejecutivo del PSOE intercambió apoyos diplomáticos con el régimen de ese país para acceder a organismos internacionales. Según consta en distintos documentos, se beneficiaron ambas partes.

BILBAO 16/02/2017 DANILO ALBIN-PÚBLICO

¿Cuántas personas puede torturar, violar y asesinar un régimen cívico-militar en aproximadamente siete años? La dictadura argentina demostró que podía hacerlo con 30 mil almas. Lo consiguió a fuerza de tirar gente viva al mar, humillar sexualmente a mujeres y hombres o fusilar a jóvenes indefensos con un disparo en la nuca. Eso sí, después de obligarles a cavar su propia tumba. A comienzos de 1983, los gobiernos europeos eran plenamente conscientes de esas atrocidades. Pese a ello, hubo un presidente que permitió que se llegaran a acuerdos diplomáticos con los golpistas de Buenos Aires. Su nombre: Felipe González.

Según ha podido comprobar Público mediante distintos documentos, el gobierno que encabezó el socialista sevillano intercambió apoyos con la dictadura argentina en distintos organismos internacionales. Siguiendo la misma lógica que había aplicado su antecesor Adolfo Suárez, González no tuvo ningún reparo a la hora de recurrir al Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país para conseguir sillones en diferentes entidades. Las continuas denuncias que llegaban desde la embajada española en Buenos Aires no afectaron a este capítulo de las relaciones entre La Moncloa y la Casa Rosada, ocupada desde el 24 de marzo de 1976 por uno de los regímenes más sanguinarios que la historia de América Latina recuerde.

“Bien se puede hablar de denegación de justicia en Argentina y de demolición de los derechos humanos básicos de los detenidos y desaparecidos”, escribió el cónsul español en Buenos Aires, Mariano Vidal Tornes, en un informe catalogado como “secreto” que fue redactado el 28 de enero de 1983, casi dos meses después de que González asumiera como presidente en Madrid. “La justicia argentina, como en todos los regímenes dictatoriales, no es independiente: el nombramiento, promoción, fijación de haberes y hasta la misma seguridad física de los jueces, depende del Poder Ejecutivo que condiciona evidentemente la actuación de los mismos, que llegan por esta vía a altas cuotas de corrupción”, destacaba el funcionario.

En realidad, el entonces presidente González no necesitaba leer esos informes para confirmar lo que ya era una dramática evidencia: la dictadura había cometido atroces crímenes contra la población civil. Antes de acceder a La Moncloa, el líder del PSOE había apoyado distintos manifiestos en defensa de las libertades en Argentina. Cuando llegó a la Presidencia, prometió a las víctimas de origen español que seguiría dándoles su total apoyo, ahora desde el ámbito institucional.

“Ustedes saben que el Gobierno se ha solidarizado en todo momento con las familias de las víctimas de estos secuestros y estamos haciendo todo lo que está en nuestra mano para llegar al total esclarecimiento de los hechos. Tengan la seguridad de que seguiremos luchando en el mismo sentido, porque para los socialistas la defensa de los derechos humanos, ya sean individuales o colectivos, supone un objetivo universal”, respondió González a la presidenta de la Comisión de Españoles con Hijos Secuestrados en Argentina, Carmen Vidal de Fernández, en una carta fechada el 27 de abril de 1983.

Hoy por ti, mañana por mí

Un día antes, el Ministerio de Exteriores español había hecho llegar una carta a la embajada argentina en Madrid, aunque no precisamente para reclamar por los desaparecidos. Según consta en un documento obtenido por este periódico, el gobierno solicitó a la dictadura de ese país que respaldase la nominación española a la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI). La respuesta del régimen argentino llegaría tres meses después: el 22 de julio de 1983, la embajada del país sudamericano informó que sus diplomáticos apoyarían la postulación española, aunque no le resultaría gratuito: a cambio, Madrid tendría que apoyar “la candidatura argentina para el mismo cargo”.

De acuerdo a la documentación obtenida por Público, el gobierno del PSOE volvería a pactar respaldos diplomáticos con la dictadura argentina en al menos otras cinco ocasiones. De nada valieron los continuos informes que llegaban desde la embajada en Buenos Aires, advirtiendo sobre la decisión del moribundo régimen -el 10 de diciembre de 1983 entregaría el poder al presidente Raúl Alfonsín, elegido en las urnas- de ocultar la información relativa a los cerca de 30 mil desaparecidos, incluyendo los alrededor de 700 de origen español.

Mientras la Junta Militar daba los últimos pasos para garantizar la impunidad de los asesinos y torturadores, el Ejecutivo liderado por González alcanzaba nuevos pactos en organismos internacionales. El 23 de abril de 1983 –cuatro días antes de que González le escribiese a la presidenta de la Comisión de Españoles con Hijos Secuestrados en Argentina- el ministerio de Exteriores había solicitado el voto favorable de la dictadura para acceder “a uno de los puestos del Comité Ejecutivo de la Organización Mundial de Meteorología” (OMM) de cara a las elecciones que se iban a realizar en ese organismo al mes siguiente en Ginebra.

Según consta en el correspondiente documento, el candidato era Pedro González-Haba González, quien por entonces se desempeñaba como director del Instituto Español de Meteorología. “El gobierno español apreciará en alto grado el apoyo que ese gobierno conceda a dicha candidatura”, subrayaba la nota de Exteriores. Algunas semanas después, González-Haba conseguía acceder a ese cargo con el apoyo de 90 de los 146 países integrantes de la OMM.

España también recurrió a la dictadura argentina para postularse como sede del Centro Internacional de Ingeniería Genética y Biotecnología, auspiciado por la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI). Sin embargo, la puesta en marcha de ese centro estaría repleta de dificultades y no se concretaría hasta 1987. Finalmente, la ciudad elegida para albergar sus instalaciones fue Trieste (Italia).

Del mismo modo, la diplomacia argentina también recurrió al gobierno de González para tratar de conquistar asientos en entidades internacionales. Para entonces, la Junta Militar sufría un amplio descrédito a nivel mundial, por lo que carecía de los suficientes aliados para lavar su imagen. Así y todo, las autoridades españolas –tal como ya había ocurrido durante el periodo de Suárez en La Moncloa- se mostraron extremadamente receptivas ante cada pedido de respaldo que se formulaba desde Buenos Aires.

“Guerra Antisubversión”

Siguiendo la lógica del apoyo mutuo, el 23 de agosto de 1983 la dictadura se dirigió al ministerio de Exteriores español para hacerle saber que estaba dispuesta a canjear votos. En una nota identificada con el número 422, la embajada argentina ofrecía “el apoyo solicitado para la candidatura española en UNIDROIT (Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado) en el entendimiento de que el Gobierno español apoye la candidatura argentina para ocupar la vacante en la Junta de Desarrollo Industrial durante la XXXVIII Asamblea de la ONU”.

Una semana después, el ministro de Exteriores en el gobierno del PSOE, Fernando Morán, recibía una nota de su embajador en Argentina, Manuel Alabart. En ese cable cifrado, el diplomático daba detalles sobre la reunión que había mantenido ese mismo día con el presidente del Tribunal de las Fuerzas Armadas de ese país, el brigadier Augusto Jorge Hughes. “Ha señalado que la Ley de Pacificación es imprescindible y que la totalidad de las Fuerzas Armadas, monolíticamente, se sienten solidarias con lo actuado en la guerra antisubversión”, relataba el embajador. La impunidad ya estaba consagrada.