CIDH | Relatoría Especial condena actos de censura e intimidación a medios de comunicación y periodistas internacionales en Venezuela
Washington D.C. – 17/2/17
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión condena las recientes acciones y decisiones de funcionarios, organismos y el aparato de seguridad del Estado de Venezuela dirigidas a censurar a la prensa y a medios de comunicación extranjeros que investigan hechos de interés público en suelo venezolano o difunden información sobre la gestión de gobierno. La Relatoría Especial manifiesta su alarma por la repetición y el impacto de estas medidas en la libertad de expresión y la vigencia del orden democrático en Venezuela.
El miércoles 15 de febrero el canal de noticias estadounidense CNN en Español fue suspendido y su transmisión retirada en todo el territorio venezolano. De acuerdo con un comunicado emitido por la Comisión Nacional de Televisión (Conatel), se inició un procedimiento administrativo sancionatorio y la aplicación de medidas cautelares como parte del mismo. Conatel añadió que el proceso se habría iniciado debido a que el contenido transmitido por el canal atenta contra la “paz y la estabilidad democrática” de Venezuela puesto que “difaman y distorsionan la verdad”. El 12 de febrero en una alocución pública, el Presidente de la República Nicolás Maduro habría advertido a la cadena internacional CNN que sería expulsada de Venezuela por entender que el canal internacional “manipula” información, en referencia a un reportaje que la cadena publicó sobre los reclamos públicos que una joven le hiciera al Presidente Maduro por las condiciones en las que se encontraba su escuela y la falta de alimentación para los estudiantes de la misma. Además de un reportaje sobre la presunta venta de pasaportes por parte de oficiales de la embajada venezolana en Iraq a personas con presuntos vínculos con terrorismo.
La Canciller Delcy Rodríguez justificó la salida del aire del canal en la supuesta existencia de una campaña mediática de propaganda de guerra contra Venezuela a raíz del reportaje de la venta de pasaportes y lo vinculó con una presentación del senador Marco Rubio en el Congreso de EEUU.
En un comunicado CNN defendió la veracidad del reportaje, aseguró que la investigación lleva más de un año y los documentos presentados no han sido refutados por el Estado, a cuyas autoridades se consultó para que dieran su versión.
El 11 de febrero los periodistas brasileños Leandro Stoliar y Gilzon Souza de Oliveira y los miembros de la organización anticorrupción Transparencia Venezuela, Jesús Urbina y María José Túa, fueron detenidos por efectivos del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) cuando se encontraban realizando fotografías y videos del Puente Nigale en la ciudad de Maracaibo, como parte de las investigaciones que adelantaban los periodistas sobre Odebrecht. Dicho puente habría sido una iniciativa del ex Presidente Hugo Chávez la cual se habría ejecutado con la empresa brasilera Odebrecht y que a la fecha se encontraría aún inconclusa.
De acuerdo con la información disponible, los computadores, cámaras y celulares de los comunicadores fueron confiscados por las autoridades. Los activistas habrían sido puestos en libertad en horas de la noche, sin embargo, los periodistas de nacionalidad brasileña habrían permanecido detenidos cerca de 36 horas y habrían sido obligados a abandonar el territorio venezolano el 12 de febrero. Los periodistas habrían sido interrogados e intimidados por los miembros del SEBIN durante el tiempo que estuvieron detenidos.
En el mes de enero, en tanto, altas autoridades del Estado y el Conatel criticaron la emisión de la serie de televisión ‘El Comandante’, una producción extranjera inspirada en la vida del ex Presidente Hugo Chávez transmitido por canales internacionales. Ante la presión gubernamental los operadores de cable optaron por no transmitirla en el territorio venezolano. Durante esos días, Conatel y el diputado Diosdado Cabello lideraron una campaña en redes sociales con las etiquetas #AquínosehablamaldeChávez y #NuestroChavezdeverdad para promover la memoria del fallecido ex Presidente. Si bien no se han establecido cuales serían las sanciones para las emisoras o cable operadoras que transmitan la serie, la misma no ha sido emitida en territorio venezolano.
El artículo 13 de la Convención Americana establece el derecho de toda persona a la libertad de expresión, y precisa que este derecho comprende, “la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección”.
El principio 5 de la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión consagra que “La censura previa, interferencia o presión directa o indirecta sobre cualquier expresión, opinión o información difundida a través de cualquier medio de comunicación oral, escrito, artístico, visual o electrónico, debe estar prohibida por la ley. Las restricciones en la circulación libre de ideas y opiniones, como así también la imposición arbitraria de información y la creación de obstáculos al libre flujo informativo, violan el derecho a la libertad de expresión”.
La Relatoría Especial reitera la importancia de “crear un clima de respeto y tolerancia hacia todas las ideas y opiniones”. La Relatoría Especial recuerda que: la diversidad, el pluralismo y el respeto por la difusión de todas las ideas y opiniones, son condiciones fundamentales en cualquier sociedad democrática. En consecuencia, las autoridades deben contribuir decisivamente a la construcción de un clima de tolerancia y respeto en el cual todas las personas puedan expresar su pensamiento y opiniones sin miedo a ser agredidas, sancionadas o estigmatizadas por ello.
La Relatoría Especial hace un llamado al Estado de Venezuela a apegarse a los más estrictos estándares internacionales en materia de libertad de expresión de forma tal que se les garantice a los periodistas y medios de comunicación ejercer, sin intervenciones indebidas, el derecho pleno a la libertad de expresión. De la misma manera, debe evitarse el uso de medios directos o indirectos para impedir la circulación de opiniones críticas o denuncias contra autoridades del gobierno.
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión es una oficina creada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con el fin de estimular la defensa hemisférica del derecho a la libertad de pensamiento y expresión, considerando su papel fundamental en la consolidación y el desarrollo del sistema democrático.
Los ataques contra el servidor de Aporrea continúan.
Estamos trabajando en restaurar el servicio y seguir garantizando la libre expresión
¡Aporrea bajo ataque!
Por: Carlos Carcione |
Desde el jueves 16 de febrero pasado al mediodía de Venezuela el sitio Aporrea.org está bajo un feroz ataque cibernético. Creada al calor de la defensa del Proceso Bolivariano en las jornadas del Golpe de Estado contra el presidente Chávez y el sabotaje petrolero, este portal se ha convertido en una referencia de las luchas populares. Se destaca además por su pluralidad para la expresión de las columnas de opinión donde decenas de articulistas opinamos libremente y con la simple condición del respeto.
Además de darle visibilidad a los movimientos sociales del proceso y al movimiento popular, además de visibilizar noticias que otros medios ocultan, Aporrea es el único portal que permite e impulsa el debate de ideas dentro del proceso bolivariano.
El ataque del que es objeto ha impedido hasta el día en que se escribe esta nota, lunes 20 de febrero, que vuelva a salir al aire, a pesar de los enormes esfuerzos que, nos consta, realiza su equipo técnico y publicador.
No es este el primer ataque que la página recibe. En el pasado fueron enfrentados y resueltos otros provenientes en su mayoría de China, Europa y Brasil, como el mismo equipo del sitio ha dado a conocer oportunamente. Aunque de ninguno de ellos se supo con certeza el punto de origen. Esperaremos la comunicación oficial de Aporrea sobre el que está en desarrollo, aunque es de suponer que los orígenes y los puntos de replique sean los mismos o similares.
Sin embargo, lo sorprendente de este caso es que sucedió el mismo día en que el Gobierno venezolano decidió sacar de todo el sistema de televisión paga en el país, al Canal CNNE. Eso ocurrió luego de que este último transmitiera una investigación sobre la supuesta venta de pasaportes venezolanos a ciudadanos extranjeros vinculados a organizaciones islámicas como Hezbollah, operación en la involucró a altos funcionarios del gobierno. Independientemente del rechazo que provoca la línea editorial de ese canal estadounidense, la situación es la misma que cuando Mauricio Macri, decidió retirar a Telesur del servicio de cable en Argentina. Merece repudio.
Si esta coincidencia pudiera despertar sospechas, lo que es un hecho en el país, es que hay un continuo avance autoritario que puede medirse en la limitación, eliminación y conculcación de derechos políticos, sociales y económicos consagrados en la Constitución Nacional.
Así por ejemplo, el presidente Maduro viene gobernando desde hace aproximadamente año y medio en el marco de un decreto de Estado de Excepción, que pone bajo control militar importantes franjas del territorio nacional bajo la figura no contemplada constitucionalmente de Zonas Especiales donde no rige la legislación laboral, ni fiscal y cuyo control político queda bajo la Fuerza Armada.
Pero esto no es lo único: Desde hace dos años se eliminado las elecciones sindicales, se ha violado el derecho a una institución fundamental de la Constitución como el Referendo Revocatorio; se han pospuesto indefinidamente las elecciones a gobernadores, y no se han realizado ningún otro tipo de consulta electoral. Por otra parte ha aumentado exponencialmente la práctica de detenciones arbitrarias por parte de la policía política, y se limitan los derechos políticos de los ciudadanos para inscribir partidos como el caso de Marea Socialista y otros. Mientras que últimamente se ha programado una relegitimación de los partidos políticos ya existentes, que todos los analistas consideran extemporánea e imposible de realizar, incluso los dirigentes de los pequeños partidos del GPP, dejando de hecho sólo dos partidos habilitados para hacerlo, el oficialista PSUV y la oposición de derecha MUD. Además de una importante proliferación de amenazas contra dirigentes y activistas políticos y sociales.
Es en este marco donde el ataque feroz contra Aporrea.org debe ser interpretado. Provenga de donde provenga, es de hecho un claro ataque a la libertad de expresión y a la pluralidad política en el país. Por eso merece todo el repudio, lo mismo que hay que expresar la más contundente solidaridad con ese sitio web de noticias y exigir que dejen tranquila a Aporrea.org, para que pueda seguir haciendo el trabajo de información autónoma y crítica que viene realizando hace ya 14 años.