Pablo Chargoñia denuncia trabas y obstáculos del Estado y judiciales para las causas sobre DDHH. Habla del caso Barneix
Daniel Rodríguez / ECOS 10/04/2017
Cuarenta y siete casos patrocinados que engloban a 270 víctimas de crímenes de lesa humanidad como desapariciones, homicidios, tortura o delitos sexuales. El Observatorio Luz Ibarburu (OLI), formado por una red de organizaciones sociales, no solo lleva adelante las denuncias; también revisa el cumplimiento del Estado a la normativa sobre delitos de lesa humanidad y publica toda la información relacionada a estas causas.
Luz Ibarburu, una de las fundadoras de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos, falleció el 30 de junio de 2006 a los 84 años. Buscó 30 años a su hijo Juan Pablo Recagno, detenido el 2 de octubre de 1976 en Buenos Aires y desaparecido en el centro clandestino Automotores Orletti. La historia de Luz Ibarburu es uno de los tantos ejemplos de la lucha contra el tiempo que sostienen los familiares, para conocer la verdad sobre el paradero de los desaparecidos. Pablo Chargoñia, coordinador del Equipo Jurídico del OLI, narra que el trabajo de seguimiento de cada expediente también es una lucha contra el tiempo para lograr una respuesta de la justicia.
Chargoñia explica que el Equipo Jurídico del OLI se encarga de seguir cada causa, proponer pruebas, controlar la diligencia probatoria y asistir a las audiencias. La estrategia actual es reorganizar las causas por centro de represión: “Tratamos de apoyarnos en la lógica de la burocracia terrorista estatal, que tenía una distribución de roles, jerarquías, mandos medios, de modo de alimentar cada una de esas causas y hacer un cruzamiento de pruebas, que es lo que hasta ahora no se ha hecho”.
En tal sentido, Chargoñia destacó que las revelaciones hechas por un testigo militar en el caso de Elena Quinteros deberían ser derivadas a otras causas vinculadas al centro de detención “300 Carlos”, ya que constituye una prueba.
-¿Esperan definiciones en algunas de las causas abiertas?
-Hay 30 pedidos de procesamiento. Uno aspira a que haya alguna decisión en el correr de estos meses.
-¿Los pedidos de procesamiento son para militares ya encausados por otros hechos?
-Salvo Gavazzo y Silveira no. Hay otras personas, la mayoría del ejército. Hay un policía retirado, un civil… En su mayoría son por casos de homicidio. Hay una investigación sobre tortura en Inteligencia Policial: son dos individuos que torturaban, de los tantos que lo hacían allí y que fueron identificados por las víctimas. Pero se pide el procesamiento de dos y es muy frustrante para las víctimas. Después de haber denunciado esto en 2011, se encuentran que, después de padecer lo que padecieron y decir todo lo que dijeron, el Estado uruguayo a través de la fiscalía, apunta la responsabilidad en dos individuos. Dos individuos que también usan sus estrategias dilatorias.
Chargoñia agrega que hubo pocos avances en lo que va del año. La novedad fue el caso del homicidio del estudiante de Mercedes Joaquín Kluver, baleado en Montevideo y muerto en el Hospital Militar en 1972, donde el juez Gustavo Iribarne rechazó el pedido de archivo planteado por tres militares retirados, ya que al tratarse de un crimen de lesa humanidad es imprescriptible. Sin embargo el 70% de las audiencias previstas en febrero y marzo por otras causas fueron suspendidas por diversos motivos. Chargoñia pone señala por ejemplo que la semana pasada se presentaron en la cárcel de Domingo Arena, esperando a la jueza y al fiscal, quienes debían tomarle una declaración a Jorge "Pajarito" Silveira, por el caso de torturas en el Batallón 13. Finalmente la audiencia no se hizo porque la fiscalía tenía otra ese mismo día y no previó la participación de un fiscal adjunto. Finalmente la jueza Marcela Vargas decidió suspender la audiencia.
-El OLI trabaja en la sistematización de datos. ¿En el Estado hay un ordenamiento de estos datos?
-Ordenamiento no estamos viendo. Al revés, lo que estamos viendo es dispersión, desorganización y descoordinación. Buena voluntad y descoordinación. Pero con la buena voluntad no alcanza. Acabamos de recibir de un juzgado, la fiscalía y el equipo auxiliar un pedido de ayuda. Ellos nos piden a nosotros información sobre argentinos desaparecidos que habían estado en Uruguay. Estamos dispuestos a colaborar, pero esto es un ejemplo de un Estado que debería contar con la información y la certeza de contar con la misma, sin la necesidad de apoyarse en la sociedad civil. Nosotros colaboramos pero también decimos: el estado son ustedes, tienen que tener la información. El estado uruguayo expresa a través de sus dirigentes voluntad para atender estos temas, pero el problema es la desorganización. La falta de presupuesto y personal especializado para atender esto. Transformar los archivos de caos en orden, para facilitar el avance de las causas judiciales, sigue siendo un debe.
-¿Con la creación del Grupo por Verdad y Justicia o la Secretaría de DDHH para el pasado reciente no se avanzó?
-En algunos casos recibimos de la Secretaría trabajos que son importantes a los efectos de su judicialización. En otros no. Hemos preguntado sobre algunos nombres y nos han dado legajos que no tienen nada que ver con los agentes de la represión. Por ejemplo te envían un legajo de una persona que en la época de la represión tenía 12 años. Y eso se lo están diciendo a familiares de Detenidos-Desaparecidos. En algunos casos son respuestas muy pobres, lo que da cuenta de falta de trabajo en la sistematización de la información
En otros casos tenemos buenas respuestas. Hace poco, a pedido nuestro, una jueza le pidió a la Secretaría que le informe sobre el OCOA cuando operaba en La Tablada. Por algunos historiadores -seguramente vinculados al profesor Álvaro Rico- que trabajaron de modo sistemático, se pudieron aportar nombres de quienes operaban en La Tablada. Trascendiendo lo que había ocurrido pocos meses atrás, cuando el actual Comandante del Ejército le dijo a una jueza que en La Tablada, en efecto había operado la OCOA, pero que no podía decir que cosas hacían y quienes estaban a cargo. No daba nombres.
La justicia tampoco está especializada. Basta ver cómo está trabajando un juzgado, quien está leyendo los expedientes. En el mejor de los casos es un funcionario designado por el juez. En otros sospechamos que no los está analizando nadie. Con un Poder Judicial no organizado como para analizar la macroactividad del terrorismo de estado, ocurrido además hace 40 años, no se adoptó ninguna decisión en materia de personal, presupuesto y capacitación. Y si además el Poder Ejecutivo y el Ministerio de Defensa no informan adecuadamente, tenemos un problema severo. Por eso es importante que estos organismos creados especialmente den información de calidad. Sino las causas no avanzan o siguen dependiendo de los familiares, las víctimas y las organizaciones
-¿Hay avances?
-El avance es escaso. La característica es el estancamiento por efecto de estos defectos institucionales: un estado que no quiere tomarse en serio estas cosas y por la estrategia defensiva de los violadores de los DDHH, que se apoyan sobretodo en el trascurso del tiempo, alegando la prescripción. Lo que usan para escabullirse ante la justicia es el planteo de la prescripción. Y frente a esto también encontramos que el sistema judicial se queja. A veces lo escribe y advierte que son dilatorias que cuestionan la noción de justicia. Porque si las víctimas se mueren por el transcurrir del tiempo y los victimarios también, entonces no hay justicia. Pero aparte de advertirlo, no hay ninguna gestión por parte del sistema judicial para neutralizar esa evidente estrategia dilatoria de los represores.
¿Cuál es el recurso más usado por las defensas?
-La petición de prescripción, que se rechaza pero se recurre. Que se vuelve a rechazar, pero se casa ante la SCJ y esto suma mucho tiempo. Recién ahora vemos que la SCJ, en algunos casos y tardíamente en mi opinión, está tomando decisiones anticipadas, lo que acorta algunas de estas etapas. Lo otro es la inconstitucionalidad de la ley 18.831, interpretativa de la ley de caducidad. Aquí hay una posición más zigzagueante de la SCJ, pero en última instancia no implicó un archivo de las causas. Pero lo han usado para suspender los procesos y obtener la dilatoria en el tiempo.
-¿Cómo toma la forma de trabajar y la información que produce el Grupo por Verdad y Justicia?
-En mi opinión no es un instrumento eficaz. No alcanza con las buenas intenciones. La dimensión de la tarea designada exige una cantidad de personal capacitado que no veo que estén teniendo. Tiene que ver, otra vez, con la voluntad política de a quien pones y cuanto pones desde el punto de vista presupuestario.
-¿Es ingenuo pensar en ámbitos donde los militares aporten datos en reserva? ¿Está agotada esa posibilidad?
-Yo respeto la iniciativa de la asociación de familiares de apelar a un arrepentimiento. Pero también tenemos un dato de la realidad: se han recibido muchas informaciones que después no son de calidad. Si es ingenuo no podría asegurarlo. A veces es necesario seguir creyendo en algunas fórmulas, porque alguien puede entender que el paso del tiempo puede dar lugar a alguna reflexión. Lo cierto es que este tiempo pasado invita a ser escéptico. No hubo arrepentidos que dijesen donde están exactamente los Detenidos-Desaparecidos, salvo un caso puntual como fue el hallazgo del escribano Fernando Miranda. Yo creo que hay que poner el énfasis en la investigación, no en esperar el arrepentimiento.
Hay un caso como el de Roberto GOMENSORO Josman, a quien asesinan y después de forma ineficaz intentan hacer desaparecer el cuerpo. (N.R. En 1973 fue detenido y murió en un cuartel de Montevideo. Su cuerpo apareció flotando en el cuerpo del lago de Rincón del Bonete seis días después de su detención.) Todo eso está para investigar: el método de desaparición, la forma que se realiza todo para llevar su cuerpo a un destino para que no se lo encuentre. El ex Ministro de Defensa Fernández Huidobro, cuando abordó esto fue para defender al militar Juan Carlos Gómez, que él consideraba que estaba mal procesado y fue desprocesado. ¿Y? ¿Qué se hace con respecto a eso? Yo no encuentro que ni el Ministerio, ni el Poder Judicial, ni el Grupo estén investigando. Hace poco escuché a (Mario) Cayota decir que por suerte se descubrió quien fue el responsable. ¿Dónde se descubrió quien fue el responsable? Hay sospechas. ¿Pero a quien se procesó? ¿Cuál es el expediente? ¿A quiénes se está investigando en esta causa, después que el ex Ministro de Defensa hiciera, siguiendo el lobby de los militares, un buen favor en defensa de uno de los miliares aparentemente injustamente procesado?
-¿Los gobiernos del FA tuvieron avances y retrocesos en esta materia?
-Sí. Como la defensa de la corporación militar y llegar al punto de enfrentar al movimiento de DDHH, para que no los molesten con las causas de DDHH. El discurso de Fernández Huidobro en ese sentido era muy claro, El de Mujica también, pero con otra habilidad. Pero la posición de Fernández Huidobro fue más elocuente. Por eso mencioné este caso –el de GOMENSORO- que me evita explicarlo más. Un caso donde el Ministerio dice haber investigado unos hechos, que lo único que produce es la impunidad para un militar.
-¿Un cambio de signo político en el futuro puede entorpecer las investigaciones o el tema está instalado?
-Argentina suele ser un espejo donde a veces uno se ve mejor o peor. En el tema de DDHH, a partir de la impronta del Kirchnerismo, quedamos muy atrás y el tema parecía inexorable. Sin embargo el cambio de Kirchnerismo al Macrismo implicó desactivar muchas oficinas que apoyaban las causas de los DDHH. Esto lo ato a lo que decía recién. Sin un Poder Ejecutivo que asuma esto como política de estado y aporte personas y presupuesto, no va a caminar. Por tanto, cualquier modificación que afecte esos aspectos, esencialmente políticos, incide en estas causas.
Sin Pistas sobre la amenaza del “Comando Barneix”
A fines de enero un correo electrónico enviado por el denominado “Comando Barneix” amenazaba de muerte a un grupo de 13 personas integrado por jerarcas de gobierno, abogados e investigadores sobre las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. El correo, que fue dirigido al propio Pablo Chargoñia, también estuvo destinado al ministro de Defensa Jorge Menéndez; el Fiscal de Corte Jorge Díaz; la integrante de la Institución de DDHH Mirtha Guianze, la ex viceministra Belela Herrera, Juan Errandonea, Óscar López Goldaracena, Federico Álvarez Petraglia, Juan Fagúndez, Hebe Martínez Burlé, el francés Louis Joinet, el brasileño Jair Kirshke y la italiana Francesca Lessa. La mayoría de los nombrados en la lista tienen vinculación con el Observatorio Luz Ibarburu.
Según informó Chargoñia , la viuda del fallecido General Alberto Barneix se presentó ante una seccional policial para deslindarse de cualquier vinculación con el supuesto “Comando” y sus amenazas. Con respecto a la investigación judicial, a cargo de la Dra. Julia Staricco, aún se desconoce desde qué computadora fueron enviaron los correos.
Las personas incluidas en la lista fueron amenazadas en caso que hubiera otra muerte de un militar procesado por violaciones a los derechos humanos. Barneix se suicidio en setiembre de 2015 antes de ser detenido por decisión judicial. Barneix y José Puigvert habían sido procesados por la jueza Beatriz Larrieu por el homicidio de Aldo Perrini en el Batallón de Infantería N° 4 de Colonia en 1974.