Este lunes se conmemora un nuevo aniversario, el 45º, del asesinato de los ocho militantes en el Seccional 20 del Partido Comunista
MONTEVIDEO (UyPress) — 17/4/17
"En la madrugada del domingo 16 se suceden casi simultáneamente, entre las 4.00 y las 4.30, once atentados con explosivos y ametrallamientos. Fueron atacadas las fincas de los Dres. Juan José Crottogini, Carlos Quijano, Carlos Martínez Moreno y otras personalidades políticas y culturales, además de una iglesia y el local del Seccional 18 y 24 del PCU", señalaba una crónica del diario El Popular de la época.
A la madrugada siguiente, un operativo militar acabó con la vida de Luis Alberto Mendiola, Raúl Gancio, Elman Fernández, Justo Sena, Ricardo González, José Abreu, Rubén López y Héctor Cervelli, los ocho comunistas de la 20.
El ataque al local comunista fue interpretado por muchos como un intento del gobierno de provocar una respuesta armada por parte de los comunistas, lo que hubiera justificado un baño de sangre sin precedentes y el aislamiento de la organización de las luchas que llevaba adelante en el movimiento de masas y el Frente Amplio.
"Primero fue una sensación de aturdimiento. Como si nos costara un siglo comprender lo ocurrido. En una operación que comenzó en la madrugada del 14 de abril los tupamaros ametrallaron a dos policías, un oficial naval y un ex subsecretario del Ministerio del Interior. Cuando logramos sobreponernos del shock inicial supimos que varios legisladores recibieron actas con las declaraciones de Bardesio, su foto y un casete grabado con su voz. Ahí acusaba a los ajusticiados de haber creado al Escuadrón de la Muerte. Ese mismo día las Fuerzas Conjuntas localizaron diversos locales clandestinos del MLN, los allanaron a sangre y fuego, y ultimaron a ocho guerrilleros." (Del libro José D'Elía: Memorias de la esperanza Tomo II pag. 87, 88, de Jorge Chagas y Gustavo Trullen).
El ataque a la seccional 20, fue precedido del asalto por parte de efectivos policiales y militares sin uniformes, identificados por brazaletes amarillos al local del Comité Central del PCU, en la calle Sierra 1720, donde se desarrollaba una actividad de los estudiantes universitarios comunistas, con 500 personas.
Los agresores entraron armados y disparando, tiraron al piso a los centenares de personas, la cantidad de gente que encontraron fue notoriamente una sorpresa. Mientras revisaban el amplio local, llegaron el presidente de la Cámara de Diputados Héctor Gutiérrez Ruíz del Partido Nacional y el diputado comunista Jaime Pérez, que tuvieron una dura conversación con los atacantes.
Los agresores ya habían seleccionado a una veintena de personas y las habían apartado del conjunto. Todos los consultados en ese momento coinciden que ese grupo estaba destinado a ser fusilado, como posteriormente sucedió en el Seccional 20.
Rodney Arismendi, secretario general del PCU y diputado por el Frente Amplio, dijo en la Asamblea General: "Han caído ocho obreros sin armas, siendo asesinados con tiros en la nuca, ejecutados, y, más todavía: algunos murieron desangrándose en la calle, donde los dejaron estar largo rato sin llevarlos al hospital y sin auxiliarlos, a pesar de que tenían las ambulancias a disposición".
Este lunes 17 de abril se cumplen 45 años del salvaje asesinato
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El viernes pasado, durante el Día de los Caídos en Defensa de las Instituciones, el general retirado Raúl Mermot dijo que (varios de) los procesamientos de militares acusados de violaciones a los derechos humanos en la última dictadura están motivados por un sentimiento de “venganza”
Mermot cuestionó que la Justicia impute a ex militares en base a un solo testimonio y en particular se mostró molesto por el procesamiento con prisión de Rodolfo Gregorio Álvarez Nieto, sobrino del exdictador Gregorio Álvarez, quien fue acusado de participar en una sesión de torturas al dirigente del Sunca, Gerardo Riet Bustamante.
Según Mermot, Álvarez Nieto está preso “infamemente” porque “solamente le cupo la actuación de juez sumariante de un interrogatorio que no hizo él”
El general retirado reconoció que durante la dictadura hubo “excesos” con detenidos, pero dijo que él jamás participó en una sesión de torturas ni las presenció.
“Hubieron excesos, sin duda. Pero me consta en lo personal de jamás haber estado en una sesión de tortura a nadie. No confundir tortura con apremio físico. Se puede dejar a una persona detenida un tiempo prudencial hasta que se canse y pueda hablar, pero eso es apremio físico. Torturas no hay” señaló Mermot.
El teniente general (r) Raúl Mermot dijo que en dictadura
hubo “apremio físico” y no “tortura”
la diaria 17/4/17
“No confundir tortura con apremio físico. Se puede dejar a una persona detenida un tiempo prudencial hasta que se canse y pueda hablar, pero eso es apremio físico”, dijo el viernes el presidente del Círculo Militar, teniente general (r) Raúl Mermot (quien fuera comandante en Jefe de 1996 a 1998), en el marco del tradicional acto en homenaje a “los caídos en defensa de las instituciones democráticas”. Mermot realizó declaraciones en una rueda de prensa, luego de finalizado el acto. Entre otras cosas, sobre las torturas infligidas por militares durante la dictadura, dijo: “Evidentemente que hubo excesos, pero me consta en lo personal de jamás haber estado en una sesión de tortura a nadie”, y subrayó que no vio torturas ni las cometió.
Además, se refirió al procesamiento del militar retirado Rodolfo Gregorio Álvarez Nieto, por “coautoría del delito de Torturas”: “Recordamos al personal nuestro que está detenido injustamente, muchos ya fallecidos en prisión. Ahora, en estos días, acaban de reflotar algo y procesaron con prisión a Rodolfo Álvarez, que es sobrino del ex comandante en Jefe Gregorio Álvarez, pero además es hijo de su hermano Artigas, a quien los tupamaros mataron cobardemente en la puerta de su casa frente a su pequeña hija, en el 72”.
El militar retirado expresó que recuerda esos hechos “tratando de que alguien lo escuche”, porque es “muy sintomático” que se procese con prisión a un hombre al “que le cupo sólo la actuación de juez sumariamente durante un interrogatorio”, y señaló que la jueza lo procesó por complicidad “infamemente”. “Tendrá que verse la forma de que esto no siga siendo así. Un hombre que hace un acta para hacer constar lo que dice un detenido no puede ser cómplice, coautor ni nada”, expresó Mermot, y aseguró que tiene varios antecedentes de “compañeros” procesados “por un solo testimonio” que al final tuvieron que ser liberados “porque era falso”. Además, dijo, como ejemplo, que no se puede creer que un juez procese “a un coronel de 80 años porque uno lo vio o dijo haberlo visto en tal lugar”.
Mermot consideró que en esos procesamientos hay “algo de venganza por los años que pasaron por el quiebre institucional”: “No olvidemos quién tiró el primer disparo, quién incitó las acciones en un gobierno democrático: los tupamaros, muchos de los cuales están dirigiendo al país”, señaló
Por otro lado, a propósito de las declaraciones del militar, Gastón Grisoni, presidente de la Asociación de ex presos políticos del Uruguay (CRYSOL), dijo a la diaria que está claro que en Uruguay la tortura fue la metodología “deliberadamente seleccionada” por las Fuerzas Armadas para mantenerse en el gobierno: “Él [Mermot] niega lo que en su momento reconoció el general [Hugo] Medina, que se enorgullecía de declarar que las Fuerzas Armadas habían torturado solamente lo indispensable”.
Grisoni señaló que en Uruguay hubo más de 7.000 condenados en dictadura, a los que no se podía llamar “procesados”, porque eso daría lugar a pensar que hubo un procedimiento jurídico, que no existió. “Fueron condenados por tribunales militares”, afirmó.
En cuanto a “dejar a una persona detenida un tiempo prudencial”, el presidente de CRYSOL subrayó que, por ley, una persona tiene que ser procesada dentro de las primeras 48 horas luego de su detención, y, según una investigación del Servicio Paz y Justicia de 1989, “las personas que fueron sometidas a la justicia militar demoraron 100 días, en promedio, en ser sometidas ante un juez sumariante”.
“Eso es lo significativo del procesamiento del coronel Rodolfo Álvarez, porque lo condenaron no solamente por torturas, sino también por complicidad en torturas, por ser juez sumariante; es decir, parte de la justicia militar, que no es justicia, porque es una fuerza auxiliar del Ejército en operaciones, o sea que de imparcial no tiene absolutamente nada”, concluyó Grisoni, quien agregó que le parece “asombroso” que se precisen más de 30 años de democracia para que un oficial del Ejército sea procesado por torturas.
Además, Grisoni señaló que el sábado se cumplieron 45 años de que el Parlamento estableciera el “estado de guerra interno”, eliminando así “la separación de poderes” y “transfiriendo al Ejército las potestades propias del Poder Judicial, que simplemente pasó a ser un órgano decorativo de una institucionalidad que ya tambaleaba”. Para el militante, la fecha no se suele recordar cómo se debería porque significa “asumir públicamente la participación que tuvieron en darle alimento a las Fuerzas Armadas para que actuaran fuera de la ley”: “Fue un acto soberano del Parlamento presionado por el Poder Ejecutivo liderado por [Juan María] Bordaberry, y salió con los votos del Partido Nacional y del Partido Colorado; el único que hizo autocrítica y pidió disculpas fue Wilson Ferreira Aldunate”, concluyó
Casi Solo Frente A Los Militares, Astori Corre A Mujica Por Izquierda
Leonardo Pereyra - Observador Abril 17, 2017
El Ministro de Economía quiere apurar la reforma de la caja
pero en el FA apenas lo escuchan
Danilo Astori, el economista liberal del que desconfían los sectores más radicales del Frente Amplio, el "tecnócrata" al que muchos de sus compañeros le achacan una sospechosa sensibilidad con el sistema bancario, el más moderado de los moderados de la coalición gobernante. Ese mismo Astori, está corriendo por izquierda al MPP mujiquista y a otros sectores del FA que se oponen, con diferentes argumentos, a la propuesta del ministro para terminar con el privilegio de las jubilaciones militares que le cuestan US$ 450 millones de dólares por año al Estado.
El freno a esta sangría de recursos es impulsado mayormente por el Movimiento de Participación Popular (MPP), un sector en el que la antigua convivencia cuartelera entre verdugos y verdugueados parece haber cultivado una ambigua relación amistosa y de confianza mutua.
Resulta extraño escuchar al moderado Astori tratando de explicarle a sus compañeros más radicales que las prerrogativas aprobadas para los jubilados durante la dictadura son injustas. Y que la plata que se llevan los uniformados podría ser repartida en salud y en educación.
El régimen jubilatorio vigente desde 1974 –pensado para amparar a los combatientes contra la por entonces ya extinguida guerrilla tupamara- permite a los uniformados pasar a retiro con 20 años de servicio y menos de 50 años de edad.
Además, cada año de trabajo en el exterior de los uniformados se les computa doble, cobran como jubilación el 100% de su sueldo, reciben aguinaldo y, cuando mueren, buena parte del cobro de sus haberes es heredado por su familia. También pueden jubilarse con un grado mayor al que ostentan en el momento de su retiro.
Pero pasaron 13 años de gobierno frenteamplista y nadie se animó a meterle mano a la caja militar. Ahora, el moderado Astori, el ministro al que la "izquierda-izquierda" le ha cobrado cada gesto conservador, se puso a la cabeza de esa pelea.Pero pasaron 13 años de gobierno frenteamplista y nadie se animó a meterle mano a la caja militar. Ahora, el moderado Astori, el ministro al que la "izquierda-izquierda" le ha cobrado cada gesto conservador, se puso a la cabeza de esa pelea.
Los de mayor rango, incluso aquellos presos por graves violaciones a los derechos humanos, se llevan más de $100 mil pesos cada mes. Con tantos beneficios, la caja es deficitaria y, por tanto, cada año los civiles tienen que compensarla con US$ 450 millones de dólares.
Los antecedentes ideológicos de las partes en pugna hacían presuponer que el Frente Amplio reaccionaría rápidamente ante los privilegios de un grupo de poder que se cebó con la izquierda en la violenta década de los 70.
Resulta extraño escuchar al moderado Astori tratando de explicarle a sus compañeros más radicales que las prerrogativas aprobadas para los jubilados durante la dictadura son injustas. Y que la plata que se llevan los uniformados podría ser repartida en salud y en educación.Resulta extraño escuchar al moderado Astori tratando de explicarle a sus compañeros más radicales que las prerrogativas aprobadas para los jubilados durante la dictadura son injustas. Y que la plata que se llevan los uniformados podría ser repartida en salud y en educación.
Pero pasaron 13 años de gobierno frenteamplista y nadie se animó a meterle mano a la caja militar. Ahora, el moderado Astori, el ministro al que la "izquierda-izquierda" le ha cobrado cada gesto conservador, se puso a la cabeza de esa pelea.
Los que, cada vez que pueden, proclaman que lo político está por encima de los jurídico dicen que la reforma puede tener visos de inconstitucionalidad. Aquellos a los que le costó muy poco aprobar un aumento del IRPF para los trabajadores que ganan $35 mil pesos, dicen que está mal meterse con los derechos jubilatorios que se están generando dentro de los cuarteles.
Se estima en unos 23 mil los uniformados que revisten en las Fuerzas Armadas. Los que perciben jubilaciones rondan los 49 mil. Las cifras, además de exhibir el motivo del déficit, revelan que la familiar militar es un botín electoral nada desdeñable.
Cuando la "izquierda-izquierda" se le venga arriba para exigirle impuestos al patrimonio, a las herencias o a las inversiones, Astori les podrá señalar el cofre de recursos que, por motivos que suenan a excusa, no se están animando a abrir
CIUDAD EN CRISIS LABORAL
Juan Lacaze no ve nuevas opciones
Los trabajadores de FANAPEL firman mañana las liquidaciones y cobrarán los despidos
JUAN PABLO CORREA El País abr. 2017
Los alrededor de 300 trabajadores de la cerrada FANAPEL firmarán el próximo martes sus liquidaciones y el 22 de mayo comenzará a correr el cronograma para el cobro de las cuotas de sus despidos que terminará el 22 de agosto. El grupo argentino propietario de FANAPEL ya retiró miles de kilos de papel que habían quedado adentro de la fábrica y se llevará la maquinaria una vez que termine el pago de los despidos. Las máquinas son mantenidas con personal jerárquico. Los trabajadores dicen que nada hace pensar que FANAPEL no vaya a cumplir sus obligaciones con los ex obreros. Los trabajadores percibirán en promedio US$10.000 cada uno.
Luego de esa fecha, y más allá de que el gobierno anunció distintas iniciativas para Juan Lacaze, todo es incertidumbre ya que no aparecen opciones laborales para la deprimida localidad coloniense, que es un bastión electoral del Frente Amplio y que tenía en 2011, cuando se hizo el último censo, 12.816 habitantes.
Marcelo Olaverry, quien presidió el sindicato de la emblemática papelera fundada en 1898, lo resume así: "medidas de laburo inmediatas poco y nada". "Vos mirás para adelante y viene complicada la mano", dice.
El próximo 26 de abril comenzarán en Juan Lacaze los cursos de capacitación del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop). Olaverry y otras treinta personas ya realizaron cursos en instituciones privadas. Además, él, al igual que otros 60 lacazinos, se anotaron para hacer trabajos mecánicos durante el par de semanas de mayo durante las cuales se realizará el mantenimiento de la planta de celulosa Montes del Plata, en Conchillas, a unos 110 kilómetros de Juan Lacaze. Luego volverán a percibir el seguro especial por un año que el Poder Ejecutivo dispuso para los trabajadores de FANAPEL.
"Se nota en el consumo que la gente se retrajo mucho. Es un efecto contagioso. En invierno siempre hay más gastos. Algunos se han ido a vivir con los padres para no pagar alquiler", contó Olaverry.
El también ex trabajador papelero Alberto Grimoldi contó que algunos ex trabajadores de FANAPEL se fueron a Maldonado y Montevideo y varios consiguieron trabajos en el frigorífico Tarariras aunque con sueldos más bajos que los que percibían en la papelera. "Hay mucha gente tirando currículum", dijo.
Ya se realizaron dos reuniones en Montevideo de la comisión que busca soluciones para Juan Lacaze y próximamente se hará otra en la ciudad pero Grimoldi reconoce que todo lo que se planifica "es de largo aliento".
Un proyecto que el gobierno planea impulsar con una inversión de US$2 millones es la extensión y repavimentación del muelle del puerto de Juan Lacaze para que pueda recibir un ferry con unos 70 camiones que llegaría desde Argentina como hace años hizo la embarcación "Platense". Un grupo inversor busca financiamiento del Banco República para construir la embarcación en China. Juan Domínguez, vicepresidente de la Administración Nacional de Puertos, dijo a El País que el proyecto no será de rápida concreción porque debe licitarse. A menos que aparezca la posibilidad de que Juan Lacaze capte alguna carga granelera funcionaría con los 5 metros de calado que tiene en la actualidad, señaló. La posibilidad de captar más cargas no parece demasiado viable en la medida en que está cerca Nueva Palmira, puerto granelero por excelencia.
Un puerto casi paralizado
Las obras del puerto de Juan Lacaze ya están presupuestadas por la ANP. El puerto no tiene casi actividad y solamente recibe al buque "Ancap IX" que transporta combustible. Su muelle tiene 100 metros y es considerado corto. En 2008 el puerto movilizó 340.000 toneladas y en 2016 solamente 150.0000. Para captar cargas más importantes necesitaría ser dragado.
La textil continúa como puede
La principal fuente de trabajo que le queda a Juan Lacaze es Granja Pocha que fabrica el dulce de leche Colonial y que emplea a unas 100 personas
Con intermitencia, sigue funcionando la cooperativa textil Puerto Sauce, que es la sucesora de Agolan, cerrada en 2013. La cooperativa recibió recursos del Fondo de Desarrollo (FONDES) y están vinculadas a ella 114 personas. Johnny Solahegui, directivo de la cooperativa, reconoció a El País que "tenemos problemas financieros enormes para cubrir los costos nuestros". Los trabajadores de la cooperativa estarán este mes y el próximo en el seguro de desempleo porque es la temporada baja pero en junio volverían a producir
"Para prender la luz ya tenemos $34.000 de gastos diarios, $700.000 por mes. Por eso queremos cambiar de franja tarifaria", señaló. Según Solahegui, hay demanda por los productos de lana y cáñamo de la cooperativa en particular en Brasil. " Pero los productos demoran tres o cuatro meses en fabricarse y dos para cobrarse y tenemos pagos fijos por mes Los precios subieron porque Brasil está mejor. Puede haber márgenes buenos ", asegura