Quiero agregar unas reflexiones sobre la ley 14.910 aprobada por la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires y promulgada —reitero— por la gobernadora Vidal.
Además de un señalamiento que es correcto (que el Proceso fue una dictadura cívico-militar), dice otras tres cosas que son enormidades.
Primero, la cifra que instituye. El portal infonews publicó hace poco una nota* con lo que llamó “la mejor explicación” del número que proclama la ley. Dice, entre otras cosas: “La cifra de 30.000 expresa que no sabemos exactamente cuántos fueron porque el Estado ilegal, que reprimió clandestinamente, no abre los archivos”. No: la cifra de 30.000 expresa que fueron 30.000. ¿Y cómo podemos decir que son 30.000, si a la vez reconocemos que no sabemos cuántos fueron, y además, obligar por ley que se reverencie esa confesa mentira?
Lo correcto, lo sano y lo revolucionario es decir la verdad:“Hubo miles de secuestrados, cuyo número exacto no se conoce porque el Estado es el que tiene que informar a cuántos asesinó y dónde están sus cuerpos, y no lo hace”. O mencionar la cifra comprobada —pongámosle 9.000— y aclarar que es incompleta porque no todos esos delitos fueron denunciados y porque el Estado..., etc.
¿Pero es que si las víctimas fueran 9.000, u 8.000, o 100, o 2, para los fetichistas de los “30.000” no sería suficientemente horroroso, cuando se trata de personas que la maquinaria del Estado ha secuestrado, ha mantenido en cautiverio clandestino, ha torturado de las más crueles maneras —quizás hasta matarlas—, o ha asesinado a mansalva después de un tiempo inmensurable de suplicio?
Lo que no debe hacer la izquierda es erigir mitos ni plantear formulaciones sagradas ni inamovibles, sino ajustar permanentemente la exactitud de sus caracterizaciones de la realidad para poder así entenderla y modificarla. De más está decir que los que medran con la derrota del pueblo siempre están prontos a atiborrarlo con fetiches y caricaturas de lo que es verdadero, para mantenerlo en permanente estado de minoridad.
La segunda aberración es la denominación de “Desaparecidos” [con mayúscula], como quería Videla, para las víctimas de la represión ilegal. Es cierto que los peronistas siempre los llamaron así: desde Bonafini a Scioli y desde Massa a Menem. Lo novedoso es que ahora en la provincia de Buenos Aires obligan a usar esa falsedad oficialmente. No tienen inhibiciones.
Y la tercera vileza es que limita el alcance de la ley “al accionar genocida en nuestro país, durante el 24 de marzo de 1976 al 9 de diciembre de 1983”. Por cierto el texto está tan pésimamente redactado que no dice eso, pero es indudablemente lo que querría haber enunciado. Así, extirpa de un plumazo los asesinatos y secuestros producidos durante el gobierno de Perón e Isabel. Nada nuevo, si se recuerda que en las elecciones del ’83 el peronismo proponía en su plataforma convalidar la autoamnistía de los militares, que era por extensión, la suya propia.
Lo importante de esto es ver cómo el peronismo, a despecho de sus disputas internas para decidir quién corta el bacalao, sigue consecuentemente sus directrices históricas. No así los organismos de derechos humanos, no así gran parte de la izquierda, que se suma —como en la representación del 2 x 1— a los simulacros del partido de Perón y Evita. Y por este camino, amigos, escribiremos un capítulo más de un “eterno retorno” fatto in casa.
* http://www.infonews.com/nota/306723/
por-que-los-desaparecidos-son-30-000-la
@juandelsur2