La Revuelta Democrática Catalana y la Reacción de Rajoy
Daniel Raventós / Gustavo Buster -SinPermiso 08/10/2017
Cuarenta y ocho horas después de la jornada del referéndum del 1 de octubre, Catalunya vivió lo que unos llamaron huelga general y otros paro cívico, pero que en cualquier caso movilizó a centenares de miles de personas y en algunas ciudades las concentraciones fueron de una masividad desconocida hasta ahora. El referéndum del 1 de octubre, pase lo que pase en los próximos días y semanas, será recordado, y no sólo en Catalunya, como una de las jornadas más espectaculares de lucha pacífica de la población por el derecho a la autodeterminación, y en contrapartida, también como una de las más contundentes represiones de las fuerzas policiales contra los derechos de reunión, expresión y voto. Incluso en medios políticamente tan moderados como The Economist podía leerse en un reciente editorial: “Si el señor Rajoy pensaba que rompiendo cabezas pondrían fin al secesionismo, no podía estar más equivocado.”
Si bien la participación en el referéndum no llegó al 50%, lo que resulta memorable es que precisamente votaran más de 2 millones de personas en las condiciones de represión que hubo. Hacer especulaciones sobre la gente que hubiera votado en condiciones normales es inútil, pero nadie puede dudar que el número de participantes hubiera sido mucho mayor. Aventurar que todas las personas que no votaron eran contrarias al referéndum no puede ser mantenido con la más mínima plausibilidad. Es más, cuando después de una intensa campaña los partidos contrarios al referéndum han conseguido movilizar en Barcelona a la resucitada “mayoría silenciosa” –con autocares traídos de todo el Reino- las cifras, sin dejar de ser importantes, son las que son: 350.000 personas. La propia “Sociedad Civil Catalana”, la organización instrumental que ha organizado la manifestación habla continuamente de los catalanes contrarios a la autodeterminación como de una minoría “acosada”.
Lo hemos dicho muchas veces en Sin Permiso: un referéndum legal en Catalunya sobre cómo quiere vivir políticamente y cómo quiere relacionarse con los demás Estados sería el final técnico del régimen de 1978. Solamente así puede entenderse la intransigente y violenta oposición del gobierno y partidos dinásticos a la autodeterminación catalana legal y pactada
La reacción del gobierno Rajoy
A las enormes movilizaciones soberanistas catalanas del 1 y el 3 de octubre, que arrinconaron políticamente al gobierno -hasta el punto de que el grupo parlamentario socialista pidió un pleno para recusar a la vicepresidenta Sainz de Santamaría- Rajoy respondió desvelando la verdadera naturaleza del régimen del 78. Felipe VI intervino como portavoz de los “poderes fácticos” para exigir la inmediata actuación de los poderes públicos contra el Govern de la Generalitat, “inadmisiblemente desleal” por cumplir el mandato del Parlament de Catalunya, y restaurar el pleno funcionamiento de la Constitución de 1978.
Es la cuarta vez en la historia del régimen que esta amenaza se hace patente: en el momento de su constitución, en el 23-F, en el referéndum de la OTAN y ahora tras el 1 de octubre catalán.
No es necesario insistir demasiado sobre lo que comentaristas de distinto signo han dicho sobre el discurso de Felipe VI la misma noche de la gran jornada de movilización del 3 de octubre. Bastaba con saber que el responsable del mensaje constitucional es el propio Rajoy: repitió sus mismos argumentos. Ningún asomo de “conciliación” o algo parecido: ni mención de las casi 900 personas heridas por la Guardia Civil y la Policía Nacional española el 1 de octubre, ni la menor alusión a una cierta conciliación entre las partes, ni diálogo.
En palabras de Javier Pérez Royo escritas poco después del mencionado discurso al referirse a la ausencia absoluta de neutralidad respecto a los partidos políticos: “En su discurso del martes dejó de serlo [neutral]. Y además se notó. Y mucho. Por lo que dijo y por cómo lo dijo. Su lenguaje, también el corporal, fue de una agresividad extraordinaria, con expresiones no solo contundentes sino hirientes.” Su alineamiento con el PP y Ciudadanos, dejó incómodo hasta al otro puntal del régimen del 78, el PSOE. Que fuera, como el mismo constitucionalista aseguraba, un gran error, es algo que aquí no importa. Fue un aviso de cómo entiende y piensa tratar la monarquía la lucha del pueblo catalán por su soberanía. Monarquía que solo puede vivir si el régimen del 78 se mantiene y que es su principal cortocircuito institucional en caso de crisis.
Rajoy respondió al desbordamiento de su gobierno por los acontecimientos, y a las críticas que llovían desde Aznar a Felipe González por no aplicar el artículo 155 y detener a Puigdemont y Junqueras, con una escalada cuya “proporcionalidad” se mide ya en la exigencia de salvar su propia carrera política.
La campaña de prensa del “nacionalismo constitucionalista”
Así puede entenderse también la reacción de la mayor parte de la prensa española después del 1 de octubre y de los acontecimientos que se han ido sucediendo a lo largo de la semana. Resulta muy llamativo el contraste con el tratamiento de los mismos hechos por parte de la prensa extranjera. No puede hablarse de una posición unánime sobre la solución para la cuestión nacional catalana, pero la reacción ante las cargas policiales sí lo ha sido: inadmisible. Los observadores internacionales tampoco han dudado un instante. En el informe preliminar de los observadores internacionales presentes para verificar la limpieza del referéndum del 1 de octubre, puede leerse: “Fue una operación de estilo militar orquestada de forma centralizada y cuidadosamente planificada. Nos dejó anonadados que mandos policiales armados y enmascarados entrasen en los colegios electorales con el objetivo de impedir un proceso democrático pacífico”
Por claro contraste, gran parte de la prensa española, en todo caso la más influyente, ha sido unánime en rebajar, matizar, “poner en contexto”… la brutalidad policial. Hay quien incluso ha llegado a afirmar que la represión estaba justificada ante la desobediencia de leyes. ¡Cómo suenan estas palabras o de parecido tenor en lugares donde ha habido dictaduras, como es el caso de la de Franco! Pero llegar a rebajar o “proporcionar” la represión policial que todo el mundo pudo (y puede) ver en centenares de vídeos, se acerca a la charlatanería.
Son charlatanes en un sentido muy preciso, el que le da Harry Frankfurt en su maravilloso estudio On Bullshit: el charlatán no es necesariamente un mentiroso (que miente sabiendo que miente porque sabe la verdad, pero pretende engañar), simplemente no le interesa si lo que dice o insinúa es verdad o mentira, sólo persigue la impresión. Lo que menos le importa al charlatán es la verdad. Frankfurt asegura que “una actitud displicente hacia la verdad es más o menos endémica entre el colectivo de publicistas y políticos, especies cuyos miembros suelen destacar en la producción de charlatanería, mentiras y cualquier otro tipo de fraudulencia e impostura que puedan imaginarse”.
Puigdemont, las citaciones por sedición y la movilización de la “mayoría silenciosa”
Veinticuatro horas más tarde, el aludido president de la Generalitat respondió al discurso real: “no así, Majestad”. Y reiteró la existencia de un mandato soberano del Parlament de Catalunya que le obliga democráticamente.
Un día después estaban citados a declarar a Madrid el Major (Mayor) de los Mossos, Josep Lluís Trapero, y los presidentes de las dos principales organizaciones sociales soberanistas, Jordi Sánchez de la ANC y Jordi Cuixart de Òmnium Cultural, investigados por sedición. Su arresto provisional, que exigía una parte importante de la derecha española, hubiera desencadenado una nueva movilización popular masiva en Catalunya durante el fin de semana. Pero el gobierno decidió darse tiempo y espacio para movilizar a su propia base social, en Madrid el sábado y en Barcelona el domingo, y hacer patente a su “mayoría silenciosa”
Con lo que no contaba es con el éxito de una iniciativa ciudadana, “Parlem, Hablemos”, que a través de las redes sociales convocaron concentraciones ante los ayuntamientos de todo el Reino con banderas blancas exigiendo el diálogo entre los gobiernos de Madrid y Barcelona frente a las amenazas de la escalada represiva.
Pedro Sánchez, sometido a la presión de los “poderes fácticos” de su propio partido -los mismos que impusieron su dimisión en el comité federal del 1 de octubre de 2016 para forzar la abstención del grupo socialista que hizo posible el actual gobierno minoritario de Rajoy-, envió un Twitter de apoyo: “Diálogo y convivencia. La calle nos los pide. Estemos a la altura, estamos a tiempo”. Y lo mismo hizo el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias: “La gente es mejor que sus gobernantes. Siento orgullo y esperanza viendo Madrid así”.
La posición de la dirección del PSOE quedó fijada: solo en el caso de una declaración unilateral de independencia apoyaría incondicionalmente a Rajoy. Mientras tanto, PSOE y Podemos coincidían en un espacio común definido por la petición de diálogo y convivencia, respaldado por la mayoría de las declaraciones de gobiernos e instituciones internacionales.
La “huida” empresarial
Desde el jueves, el gobierno Rajoy recurrió a un “poder fáctico” más importante que la “mayoría silenciosa”: la (supuesta) “mano invisible del mercado”. A golpe de llamada de las organizaciones empresariales y los ministerios de Hacienda y Economía, empresarios y financieros catalanes contrarios o muy hostiles al derecho de autodeterminación por no decir a la independencia (Miquel Valls, Juan Rosell, Joaquim Gay de Montellà, Isidre Fainé, Josep Lluís Bonet, Josep Oliu…) comenzaron a anunciar el traslado de las sedes sociales de sus empresas fuera de Catalunya. Poco importó que la decisión exigiera la convocatoria de las juntas de accionistas: el gobierno Rajoy aprobó el viernes un decreto autorizando a los comités de dirección de las empresas a tomar la decisión por sí mismas. En una nueva demostración de que con “legalidad” (dudosa) no hace falta democracia (al menos en el espacio social regulado por el derecho mercantil), en Madrid o en Beijing, CaixaBank y su matriz, Banco de Sabadell, Gas Natural, Grupo Agbar, Oryzon, Dogi…desfilaron denunciando la inseguridad jurídica del procés, las consecuencias de la salida de la UE de materializarse la independencia de Catalunya… y su apoyo al gobierno Rajoy.
El impacto mediático ha sido enorme. El económico se puede medir por la subida en bolsa de las acciones de las empresas que deslocalizaban sus sedes sociales. Y el político ha desvelado cual sería la naturaleza social de una República catalana, que no cuenta con el apoyo del entramado del 3% que articulaba el capitalismo de amiguetes del régimen del 78 en la Catalunya autonómica gobernada por Pujol.
La motivación que hay detrás de esta deslocalización, además de otros factores políticos como los explicados, es defender el valor de las acciones y, en el caso de los bancos, que la posible salida de la eurozona por una hipotética independencia efectiva de Catalunya, los deje sin el acceso al recurso del Banco Central Europeo como prestamista de última instancia.
Si algo ha fraccionado el “bloque independentista” ha sido este encuentro con la realidad entre la base social que ha sostenido a CDC y la orientación política del nuevo PDdCAT más allá de la vaporosa “inquietud empresarial por la inseguridad económica”. Si el 1 de octubre importantes sectores del movimiento popular soberanista superaron sus ilusiones sobre la naturaleza del estado con la intervención represiva policial contra las urnas y los votantes; tras la huelga del día 3 y el lockout patronal que supone los traslados de sedes sociales, la dirección de Junts pel Sí está descubriendo las limitaciones sociales de su interclasismo soberanista.
El primero en reconocerlo fue Artur Mas en una entrevista en el Financial Times: “Para ser independientes aun hay algunas cosas que no tenemos”. Y lo mismo vino a decir el Conseller Santi Vila, que auguró la tautología de que la declaración unilateral de independencia conllevaría la suspensión del gobierno autonómico, por lo que era necesario más tiempo para el diálogo.
Una “sociedad fracturada” y entre la DUI y el “diálogo”
El gobierno del PP, Ciudadanos, los sectores más autoritarios y derechistas del PSOE (una vez más los Guerra, Bono, Leguina, Rodríguez Ibarra…) quieren mano dura contra la movilización catalana que tan en crisis ha puesto al régimen del que son sus principales valedores. Pero la mano dura debe justificarse, aunque lo de menos sea la verdad. La excusa utilizada es la “fractura” de la sociedad catalana cuando en realidad estamos ante la quiebra del consenso constitucional.
Lo utilizó, por ejemplo, Felipe VI en su discurso del día 3 (“hoy la sociedad catalana está fracturada y enfrentada”), lo utilizan muchos dirigentes del PP, del PSOE y, claro está, de Ciudadanos. Independientemente de la veracidad de esta afirmación, la pregunta es ¿se puede “coser” mediante la represión esa “fractura” social? Cuando se defiende un referéndum legal y pactado lo que se está proponiendo es que se construya un nuevo consenso con la participación de todos los ciudadanos, dándoles directamente la palabra. La alternativa es darle derecho de veto a una supuesta minoría, alegando que es una “mayoría silenciosa”, incapaz de ejercer una ciudadanía que delega en las élites gobernantes cuestionadas por la mayoría. La pregunta sigue en pie: con la aplicación, por ejemplo, del artículo 155 (de facto ya aplicado), o con el estado de excepción ¿estaría menos “fracturada” la sociedad catalana? En todo caso, no parece ser la negación violenta del derecho a la autodeterminación lo que puede arreglar esa supuesta “fractura” social.
Finalmente, por motivos e intereses distintos, todos los actores en este drama han trazado la línea roja en la “Declaración Unilateral de Independencia” (DUI) que, de acuerdo con la Ley de transitoriedad aprobada por el Parlament de Catalunya debería proclamarse 48 horas después de comunicados oficialmente los resultados del referéndum. No hay que recordar que tanto el referéndum como la Ley de transitoriedad han sido declarados “inconstitucionales” y vaciados de todo poder jurídico por el Tribunal Constitucional.
¿Qué valor jurídico puede atribuir el gobierno Rajoy a lo que no da ninguno? Se trataría de un acto de rebeldía que le obligaría a detener y juzgar a los firmantes de la declaración por incitación a la ruptura del orden constitucional. Lo que al tratarse de la propia Generalitat y el Parlament le obligaría a intervenirlos.
Ciudadanos ha pedido, acompañado ahora por todos los “poderes fácticos” del régimen del 78, la aplicación preventiva de esa intervención utilizando el artículo 155 de la Constitución. Y la convocatoria de elecciones autonómicas en Catalunya. Pero a diferencia de Albert Rivera, Mariano Rajoy no tiene la seguridad ni de obtener una mayoría alternativa no soberanista en Catalunya ni de poder sobrevivir a la crisis constitucional que se abriría en todo el estado. El problema político catalán ya se ha trasladado a Madrid, amenazando al gobierno minoritario del PP. Pero ahora se proyectaría la “fractura” social al conjunto del Reino, como presagian las manifestaciones de este sábado.
El espacio político antes de esa “línea roja” ha sido ocupado por los llamamientos al “diálogo”, que cada actor también define de manera distinta según sus objetivos tácticos y sus intereses. Rajoy no puede apoyarse en él sin una desmovilización previa del movimiento popular soberanista catalán, porque cualquier “diálogo” supondría un cuestionamiento del régimen del 78. De manera directa con la propuesta de negociar un referéndum legal de Unidos Podemos, y a medio plazo de una reforma constitucional federalista del PSOE encapsulada en la comisión parlamentaria que ha tenido que aceptar Rajoy para cooptar a Pedro Sánchez para sus objetivos tácticos.
En el transcurso de una semana, “ganar tiempo” para el “diálogo” se ha convertido en la pesadilla de la crónica anunciada de una crisis constitucional y política sin precedentes. Puigdemont y su Govern están obligados por sus propias leyes, a menos que el Parlament reconozca al ser informado de los resultados del referéndum que la represión hizo imposible su pleno ejercicio y que, por lo tanto, este está aún pendiente. Y el gobierno Rajoy no podrá obviar la intervención y una nueva escalada represiva si, por el contrario, el Parlament considera que el referéndum, a pesar de la represión (que es su principal activo moral) es plenamente vinculante.
Fuera de este dilema, creemos, está la mayoría del movimiento soberanista popular en Catalunya y la mayoría de la opinión pública que se ha movilizado estos días a favor de una solución “legal” y “democrática”. Esa solución, y esa confluencia de intereses pasan, inevitablemente, por una alternativa de izquierdas en el conjunto del Reino, aunque no es la garantía de nada para la lucha por la autodeterminación catalana. Quizás sea una condición necesaria, pero no suficiente como la historia de la transición es un ejemplo repetido.
En esta tragicomedia, no deja de ser asombroso la parodia de interpretaciones legales retorcidas para satisfacer necesidades formales o tácticas: el PSC consigue retrasar el pleno del Parlament de Catalunya el lunes para proteger a sus diputados de los efectos de una DUI “inconstitucional”. Pero “Catalunya sí que es pot” obtiene su convocatoria el martes para que el President informe de la “situación política”.
A estas alturas lo único evidente es que el régimen del 78 se encuentra en un callejón sin salida, que puede prolongar su crisis mediante una lógica táctica en la que se sacrifican objetivos estratégicos con tal de dañar sustancialmente al adversario. Estamos ante una situación tan cambiante que lo que hoy puede ser un argumento bueno para continuar la lucha por la autodeterminación efectiva de Catalunya, mañana puede parecer una opción francamente mala para tal objetivo. Así que lo menos aconsejable es ofrecer líneas de actuación inamovibles.
Crónicas catalanas 6 O: CALMA TENSA
Alfons Bech |
Cuesta mucho ver la complejidad de la realidad cuando estás en medio del torbellino. Pero trataré de hacer un análisis lo más objetivo posible, más allá de mis propios sentimientos y emociones.
Creo que Catalunya está en una situación revolucionaria desde el 20 de Setiembre. El pueblo se echó a la calle masivamente ese día a defender sus instituciones, y no llegó a una situación de enfrentamiento por autocontrol. Ni los Mossos ni la policía nacional, ni la Guardia Civil estaban preparados para hacer frente a la masividad. Decenas de miles, de ciudadanas y ciudadanos que se agolparon a las puertas de las respectivas Consellerias cuando iban a registrar y detener a altos funcionarios del Govern. Al final, de madrugada, después de un día entero de rodear la Consellería de Economía, los líderes de ANC y Ómnium consiguieron a duras penas convencer a los manifestantes para que volvieran a sus casas. Sólo así pudo salir la Guardia Civil.
El Estado no pudo reaccionar en el momento adecuado. Y el pueblo catalán lo hizo con ausencia de violencia (sólo un cristal de un coche roto). Pero los que dirigen ese Estado monárquico, semifranquista, sí saben de odio y de venganza hacia los catalanes. Pusieron en marcha la maquinaria mediática, judicial y policial para ejercer una represión jamás vista desde tiempos de la dictadura franquista. Eso hicieron el 1 de Octubre y muchas de esas imágenes estremecieron al mundo.
No les importó lo que viera y dijera Europa, ni el mundo. El Estado español surgido del 78 es así. Entronca con la brutalidad fascista del golpe del 36. Entronca con las masacres de 1640 y 1714. Entronca con el genocidio y saqueo imperialista de las colonias después del “descubrimiento” de América. Es “su” ley. Es “su” orden. Todo pueblo que pretenda discutirlo o negociarlo es considerado traidor a “su” sacrosanta idea de “unidad de España”. El derecho a la autodeterminación reconocido por las Naciones Unidas es para los demás, no para España “Una, Grande y Libre”. Y quien intente ese “desafío” sólo puede esperar guerra. Europa aguantará, piensan, porque tampoco les interesa el desmembramiento de España por una revolución democrática en el Sur. Y lo cierto es que hasta ahora Europa ha mirado hacia el otro lado. ¿Reaccionarán los trabajadores y pueblos europeos?
No es un tema sólo del semifranquista PP. Es una Santa Alianza Reaccionaria. Jerifaltes supuestamente “socialistas” han firmado un documento pidiendo mano dura y “aplicación de la ley”. Alfonso Guerra, ex vicepresidente socialista, rivaliza con Aznar en exigir a Rajoy que “no le tiemble la mano” y escupiéndole que es un flojo. Bono, otro “socialista” ex ministro de defensa, pide la cárcel para Puigdemont. Y el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, se queda mudo.
Las huestes fascistas que siempre ha habido en España, hasta hoy tranquilas trabajando desde dentro del PP, ahora ya salen a las calles a decir “¡A por ellos!”. Cada discurso del joven falangista Albert Rivera, líder de Ciudadanos, es una arenga a aplastar la rebelión catalana. En los hechos la Santa Alianza Anticatalana, monárquica, va del PP, al PSOE y a Ciudadanos. Los socialistas catalanes se debaten entre la traición a Catalunya y el lloriqueo de pedir una mediación.
No es un tema sólo de los políticos. Ya ha empezado la “operación vaciado de empresas”. El Banco Sabadell ya ha cambiado su sede oficial de Catalunya a otra sede en Alicante, España. LaCaixa Bank, más importante aún, uno de los grandes de España, lo está decidiendo hoy en su consejo de administración. El Gobierno Rajoy está cambiando leyes para que bancos y empresas puedan hacer ese cambio decidiéndolo pocas personas, los consejos de administración, en lugar de las asambleas de accionistas donde participan muchos sectores populares en el caso de Caixa Bank. Otra ley para favorecer a los bancos y su falta de transparencia.
El argumento de los líderes de estos bancos es que si no lo hacen “quedarían sin cobertura” del Banco Central Europeo, cosa que muchos expertos discuten. En realidad facilitan las “salidas exprés” para meter miedo. Y los más ricos burgueses y banqueros catalanes aprovechan la ocasión. Jamás han estado a favor de una República catalana. Con la monarquía les ha ido de maravillas. Sobre todo cuando el Gobierno español rescató a la banca y lo estamos pagando todos con recortes a la Sanidad, a la Educación, a los Servicios públicos, a las Inversiones productivas. España está endeudada por la mayor estafa social jamás realizada. Pero rescatar a los bancos con 50.000 millones de euros era “legal”.
La huelga general, llamada “paro de país”, del martes 3 demostró la potencialidad del movimiento revolucionario. En unos pocos días se han movilizado millones. Unos tres millones el domingo. Pero el martes a los ya movilizados se sumaron los que, sin ser independentistas, ya no quieren vivir bajo un régimen que reprime tan brutalmente.
Las movilizaciones siguen. Se constituyen Comités de Defensa del Referéndum -CDR. Pues de eso es lo que se trata. Puigdemont contestó al Rey Borbón: “así no”. Todos los partidos españolistas se han escandalizado porque Puigdemont, con exquisitos modales, pero pide diálogo, le recrimina que no haya dicho ni mu sobre los 900 heridos por la Guardia Civil y Policía y porque… ¡habla ya de igual a igual al Rey! “¡Qué atrevimiento!” dice la vicepresidenta Sáez de Santamaría, del ala más dura.
Varias iniciativas se han puesto en marcha para entablar un diálogo entre Govern y Gobierno español. Ya nadie se atreve a mencionar la palabra “negociación”. Pero Rajoy sigue en sus trece: “no hay diálogo con los que se saltan la ley y quieren romper la unidad de España”. Ni las iniciativas de Suiza, ni de las de Arzobispos y Vaticano, ni las de los Juristas donde también están los sindicatos CCOO y UGT… y seguro que hay muchas más, han podido hasta ahora hacer razonar a quienes dirigen el Estado español. Puigdemont parece que estaría dispuesto a no proponer ya la declaración de independencia el próximo lunes…si el Estado se aviene a celebrar otro referéndum con más garantías. Si no, el que se ha podido celebrar es el válido. Eso es lo que grita la gente al final del día 1 y siguientes: “Hemos votado”. El pueblo catalán no va a aceptar un paso atrás.
Pero empieza a haber defecciones a un lado y otro. Un conseller del Govern, el de Empresas y Cultura, ha pedido en un artículo en el diario ARA unos meses para poder negociar una salida. La posición de los sindicatos en la huelga fue muy tibia. No salió por ellos sino por la gente, por la juventud y hasta por la buena disposición de empresarios. Pero todo esto está provocando mucho debate interno. También mandos intermedios de la policía nacional han sacado un escrito muy crítico con sus mandos y los responsables políticos del operativo del 1 de octubre, denunciando que los “llevaron al matadero” y que no entienden nada de lo que pasa en Catalunya, pidiendo perdón por las cargas policiales de algunos compañeros.
La tensión que provoca la represión y amenazas de suspensión de la autonomía ante lo que pueda ser este pleno del Parlament del lunes 9 polariza la sociedad catalana desde el punto de vista político. Aún no ha habido una fractura social, pero puede haberla. De hecho el PP y Ciudadanos, junto con algunos líderes “socialistas” la están promoviendo difundiendo falsedades y mentiras sobre los catalanes y llamando a parar “el golpe de Estado” de una declaración de independencia.
El domingo habrá una manifestación en Barcelona contra la independencia promovida por una plataforma que recoge sectores diversos, pero cuyo cemento es el anticatalanismo. Los fascistas se apuntarán a ella, pero los discursos finales correrán a cargo de una cineasta y un exministro “socialista”, catalanes. La consigna de las organizaciones soberanistas es no ir a contramanifestarse por miedo a caer en provocaciones que justifiquen la instauración del Estado de excepción por “tumultos”. Al otro extremo también hay acciones y reuniones preparatorias de esos comités de defensa unitarios por barrios y pueblos.
Ayer en Sant Boi del Llobregat hubo una de esas concentraciones de los comités, silenciosa, contra el arreglo de una vieja caserna militar para acoger a más policías. También hay asambleas obreras de sindicalistas favorables a la independencia. En algunas ciudades los socialistas son sacadas de muchos gobiernos municipales al realizarse alianzas entre los demás partidos. En otras los socialistas apoyaron la celebración del referéndum. En Terrassa, ciudad obrera importante donde ha habido una de las movilizaciones mayores en esta huelga general, el alcalde socialista ya ha anunciado que dimitirá y se irá del partido si el PSOE apoya la aplicación del artículo 155 de suspensión de la autonomía.
Todo va cada vez más rápido y se prepara la tormenta. El tiempo para la mediación se agota. El lunes 9 puede ser otro día decisivo. Seguiremos informando
¿UNIDAD NACIONAL O DE LA CLASE OBRERA?
Sobre el referéndum catalán y la crisis política española
Razón y Revolución 4/10/17
En medio de una crisis política cada vez más profunda, las divisiones en el seno de la burguesía española llevaron a una parte de la catalana a impulsar un referéndum independentista. Se trata de un reclamo que no es nuevo, pero ha cobrado más relevancia a partir de 2010, con el avance de la crisis económica. El actual jefe de la Generalitat, Carles Puigdemont, ganó las elecciones de 2015 con la consigna de “autodeterminación nacional”. Así, presentó en septiembre ante el parlamento, una convocatoria a referéndum para aprobarse a través de una “vía exprés” o “de lectura única”. Esto es, un recurso extraordinario que el parlamento catalán puso en marcha en julio, que permite acortar los plazos del debate y restringe la presentación de enmiendas.
Cataluña concentra uno de los sectores industriales más importantes de España. Representa el 20 por ciento de las exportaciones del país y el 20 por ciento de los ingresos fiscales[1]
El crecimiento interanual del PBI alcanza el 3 por ciento, casi en sintonía con el 3,1 por ciento del total del país. El desempleo se encuentra actualmente en el 13 por ciento, mientras que el promedio total del país alcanza los 17 por ciento. En suma, la región es uno de los principales sostenes del capitalismo español.
Sin embargo, Cataluña no puede existir por sí misma. El 50 por ciento de las exportaciones de la región tiene como destino el resto de España y el 30 por ciento Europa. Esto divide a la burguesía catalana. El reclamo independentista está motorizado por un grupo de cámaras patronales entre las que se destacan empresas metalúrgicas, comerciales, aseguradoras, constructoras, cementeras, madereras, alimenticias, carpinteras, panaderas y gráficas. Entre ellas, el peso más importante es de la FemCat, la cual forma parte del lobby del gobierno catalán y participa activamente en el financiamiento de campañas independentistas, como la de Artur Mas en 2014. A estos se suman los apoyos de Sol Daurella (dueña de Coca-Cola European Partners, Sicav Surfup y accionista del Banco Santander, Ebro Foods y Acciona), la familia Bagó y el Cercle Catalá de Negocis, representante de las pequeñas y medianas empresas catalanas.
Dentro de la oposición, podemos encontrar a la Asociación Española de Banca (AEB) y la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA), la farmacéutica Almirall, Pronovias, Freixenet y la asociación empresarial Empresaris de Catalunya. La mayor preocupación de estos últimos reside en la pérdida del mercado español y los costos aduaneros para el comercio con el resto de Europa.
El avance del independentismo y la sanción de forma casi unilateral del referéndum, profundizó la crisis política. Rajoy respondió con detenciones del personal político del gobierno catalán; apertura de causas penales contra Carles Puigdemont y la presidenta del Parlamento, Carme Forcadell; corte a la financiación estatal automática y la cacería de urnas y boletas. Por último, ordenó cerrar los colegios electorales para que no se realizara el referéndum. Acto seguido, el gobierno catalán incitó la toma de los establecimientos para garantizar la apertura. Esto llevó al desalojo y represión por parte de la Guardia Civil y la Policía.
La burguesía española se estaba jugando todo para evitar el referéndum, que implica la descomposición de la nación. Tanto el PSOE como Ciudadanos, en línea con el PP, lo condenaron por tratarse de una maniobra “ilegal”, pero se despegaron de la represión que el Estado llevó adelante impedir el voto.
PODEMOS, por su parte, apoyó el referéndum y encolumnó a toda la izquierda tras de sí. El partido de Iglesias celebró una “Asamblea por la convivencia” para posicionarse frente a la cuestión catalana. Allí participaron Izquierda Unida (IU), el Partido Demócrata Europeo Catalán (PDeCAT), Izquierda Republicana de Cataluña (ERC), el Partido Nacionalista Vasco (PNV), Equo, Mès, Compromís, En Comú Podem (ECP) y En Marea. El encuentro concluyó con un documento donde los firmantes llaman “defensa de la democracia frente al PP”. Lo que no dice Iglesias, es que en este conflicto la clase obrera catalana no tiene nada por ganar
Los resultados
Según los datos del gobierno catalán, el “si´” se impuso con el 90 por ciento de los votos (2.020.144), mientras que el 7,8 por ciento (176.566) se inclinó por “no”. El voto en blanco registró un 2 por ciento (45.586) y un 0,89 por ciento (20.129) de nulos. Aunque el número de votos positivos es importante, el dato más interesante surge al observar la participación: solo el 30 por ciento de la población catalana fue a votar. No se hizo ningún control en el referéndum, por lo que hay lugares donde las personas votaron más de una vez. Como muestra basta un botón: Paloi, en Gerona, tiene menos de quinientos habitantes. Sin embargo, una radio local informó que el conteo de votos fue de 1.001[2]. Esto disminuye bastante la representatividad de la cifra dentro de Cataluña.
Sin embargo, no se puede negar la existencia de una profunda división en torno a este problema. Si comparamos estas cifras con estudios previos, se puede ver que en el mes de julio de este año, existía un rechazo a la ruptura por el 49,4 por ciento y un voto afirmativo por el 41,1 por ciento. Tres meses atrás, el mismo estudio mostraba que el 44,3 por ciento de la población se inclinaba por el “No” mientras que el 41,1 por ciento se inclinaba por el “Sí”[3]. Es decir, el “No” creció casi 5 puntos porcentuales.
Una fracción importante de la clase obrera, acaudillada por el nacionalismo, apoyó el reclamo independentista. Esto no es extraño si observamos en qué lugares obtuvo el actual gobierno mayor caudal de votos en las elecciones 2015: Tarragona (14,95%), Girona (13,13%) y Barcelona (13,03%). Se trata de las provincias con la tasa más alta de desempleo de la región[4]. Si observamos además, la situación de los trabajadores ocupados, el panorama no mejora: la capacidad de compra viene en retroceso y ya acumula un 5,8 por ciento menos desde 2011.
Tal como sucedió con el Brexit y con Trump en Estados Unidos, el nacionalismo aparece para encauzar el descontento de una fracción de la clase obrera ocupada y desocupada. Un avance de este proceso no significa un panorama mejor para los trabajadores. Liberarse del Estado español solo dejará a Cataluña a merced de los capitales alemanes. A ellos deberán supeditarse para sobrevivir a la competencia capitalista. Con esta perspectiva, los trabajadores de la región no pueden esperar más que desempleo y un nuevo espiral de degradación de la vida. Un panorama aún peor aparece para los trabajadores extranjeros, ya que como se sabe, son los más vapuleados en el mercado de trabajo. Sin ir más lejos, Cataluña dispone de 51.192 obreros migrantes que puede explotar bajo cláusulas más flexibles si el proceso de independentista avanza[5]
La izquierda, furgón de cola del nacionalismo
La izquierda española no fue la única en sucumbir ante el pedido de autodeterminación nacional de una parte de la burguesía catalana. La izquierda argentina se sumó, sin mayor lucidez, al reclamo por la autodeterminación del pueblo catalán, dejando que el particularismo se imponga sobre la unidad más general de la clase.
Izquierda Socialista es tal vez, la expresión más profunda de la claudicación ante el nacionalismo. La organización se pronunció en una defensa abierta de los derechos democráticos del pueblo sobre su futuro. El gesto le valió el agradecimiento de la presidenta del parlamento catalán, Carme Forcadell.[6]
El PTS por su parte, afirmó que la lucha por la autodeterminación tiene que estar acompañada de la discusión de “medidas como el reparto de horas de trabajo sin disminución salarial, el aumento del salario mínimo, el fin de la precariedad laboral, el no pago de la deuda, una educación pública totalmente gratuita y sostenida con impuestos a las grandes fortunas o la nacionalización de la banca y las grandes empresas”.[7] Es decir, unir los intereses a los de la burguesía nacional y luchar por reivindicaciones sindicales.
El PO merece un punto aparte. El partido sostiene que estaríamos frente a un conflicto entre el “pueblo catalán” y el Estado español, por lo tanto, correspondería luchar por la autodeterminación independiente del nacionalismo y la burguesía catalana.[8] Esto significa luchar por la liberación nacional para establecer una República Socialista Ibérica. En una línea similar se pronunció el Nuevo MAS.[9] Sin embargo, ninguno muestra porqué la clase obrera catalana sufre una opresión distinta a la de las otras regiones, como para justificar la independencia.
Es evidente que España no tiene completamente resuelta su cuestión nacional. Sin embargo, la solución no es la lucha por la autodeterminación. El separatismo o independentismo, es contrario a los intereses de la lucha socialista, ya que se impulsa la fragmentación de la clase.
Por una salida socialista
Cuando el conjunto de la izquierda debería estar mostrando que la clase obrera catalana no tiene nada para ganar con el referéndum, abandona la partida y se encolumna detrás del nacionalismo. Se buscan fórmulas para endulzar la entrega, pero todo se hace para no decir a los obreros catalanes lo que ellos, hoy por hoy, no quieren escuchar. Seguidismo de la conciencia atrasada, en lugar de plantarse y decir NO a la independencia.
El Estado español ya descargó la crisis sobre las espaldas de los trabajadores, a través de diversos planes de ajuste y recorte salarial. Lo seguirá haciendo a medida que la crisis avance. La falta de organización y el descontento creciente expone a la clase obrera a salidas desesperadas, como el nacionalismo catalán. La propia clase que empuja a la desesperación a miles de obreros es la que los reprime. La clase obrera catalana tiene reclamos genuinos: empleo, salarios, salud, educación. En fin, una vida mejor. Eso que el nacionalismo le promete pero no le va a dar. Para conseguirlo, tiene que dejar de mirar a sus explotadores y sumarse al resto de su clase. Ahí están sus aliados.
La tarea de los revolucionarios no es alentar a la conciliación de clases, en nombre de particularismos inútiles y reaccionarios. Es unir a la clase obrera, en todas sus expresiones, contra sus explotadores en una perspectiva revolucionaria. El proletariado no tiene patria y debería saberlo. Los partidos considerados de izquierda deberían llamar a un gran congreso de obreros de toda España para deliberar sobre las salidas a la crisis. La clase obrera no necesita nuevos seudo-estados nacionales ni revoluciones burguesas trasnochadas, sino el Socialismo. Antes que nada, Rajoy debe sacar sus tropas de Cataluña y se debe investigar a fondo a los responsables de la represión del domingo. Eso, sin perjuicio de la denuncia al nacionalismo catalán, que inmola a los trabajadores para su proyecto de capitalismo propio.
No a la independencia de Cataluña
Por la unidad de la clase obrera española
Por una Europa Socialista
Notas
Rebelión De Ricos
>Boris Kagarlitsky
El conflicto entre el gobierno de España y el liderazgo de la autonomía catalana se convirtió en la principal noticia de principios de octubre. En Barcelona, ??el gobierno está formado por partidos nacionalistas que declaran independencia. Madrid no hace concesiones, envía sus unidades policiales a Cataluña. Las autoridades regionales celebran un referéndum sobre la independencia, el gobierno central no lo reconoce y trata de interrumpirlo. Las autoridades locales responden a la convocatoria de huelga general y declaraciones de que la provincia se separará de España y se convertirá en una república independiente.
Esa, en forma concisa, es la secuencia de los acontecimientos. Pero, ¿qué hay detrás de estos hechos? ¿Cuáles son los intereses y motivos de las partes involucradas en este conflicto?
Cataluña se compara a menudo con Kosovo, Donbass e incluso Crimea (allí, como recordamos, las autoridades, antes de unirse a Rusia, se separaron de Ucrania). Otra comparación más correcta que se hace, es con Escocia, que también tenía nacionalistas en el poder, y luego aprobó un referéndum sobre la independencia, y sin embargo terminó en victoria para los partidarios de la unidad estatal de Gran Bretaña. Por último, muchos recuerdan las palabras de Antonov-Ovseyenko, quien estuvo en España durante la guerra civil de los años treinta y llamó Cataluña "la Ucrania de España"
La situación de Cataluña y Escocia es realmente similar en dos aspectos. Para empezar, aquí y allá tenemos un alboroto de los ricos contra los pobres. Las regiones más desarrolladas con un alto nivel de vida no quieren dar parte de sus fondos para apoyar a las provincias menos prósperas y atrasadas. "Basta de a Andalucía", dicen en Barcelona. "Basta de alimentar a Belfast", dicen en Glasgow y Edimburgo. La burocracia local sueña con controlar los flujos financieros. La renuencia a compartir con los vecinos está justificada por las pretensiones culturales y raciales. "Somos verdaderos europeos, no provincianos como los ingleses", dicen en Glasgow. "Somos verdaderos europeos, los descendientes elimpios, y no los descendientes sucios de los árabes, como los españoles", dicen en Barcelona
La prensa catalana está llena de delirio racista sobre los sucios y perezosos españoles que tratan de vivir a expensas de la ardua Cataluña. Y todo esto lo leemos en publicaciones relativamente "decentes". Por supuesto, no se tiene en cuenta que una parte significativa si no la mayor parte de los productos de Cataluña son producidos por migrantes de la misma Andalucía que trabajan en fábricas y sirven a la infraestructura de Barcelona
El desplazamiento de la lengua española de la esfera de la cultura y la educación comenzó ya hace 10 años y todo se desarrolla en un escenario dolorosamente familiar. Las posiciones burocráticas en la autonomía están ocupadas exclusivamente por representantes de la "nación titular", independientemente del nivel de competencia. Barcelona, desde el cosmopolita centro cultural del mundo español se convierte en una provincia sombría. La inesperada aspiración de Escocia y Cataluña a la independencia tiene una razón subyacente, menos pública, aunque no menos significativa. En ambas regiones, los programas de la Unión Europea han sido bloqueados durante muchos años, con el objetivo de crear un nuevo sistema de instituciones separadas del Estado regional y directamente cerrados a la burocracia de Bruselas. Esta es la esencia del programa "Europa de las Regiones". En cada condado de Escocia se llevaron a cabo los programas de la UE. Nada de esto pasa en Inglaterra o Irlanda del Norte. Bruselas consistentemente y conscientemente cultivó el factor escocés como un contrapeso a Gran Bretaña, que tradicionalmente se opuso a los eurócratas
Por supuesto, como cualquier nacionalismo de una nación pequeña, la ideología de la independencia escocesa y catalana apela a diversas injusticias del pasado, representando a su nación o territorio únicamente como una víctima. En Escocia esto es extremadamente equivocado, ya que la última opresión seria de los escoceses se remonta a mediados del siglo XVIII, y los principales opresores no fueron los ingleses, sino otros escoceses, los habitantes de las tierras bajas que quemaron y robaron a los habitantes de las montañas, en que se arruinó tanto que la gente sólo tenía dos opciones - alistarse en el ejército real o dedicarse a producir una bebida casera local, (que se conoció en todo el mundo como whisky escocés). En los dos siglos siguientes, los escoceses se convirtieron en la población más privilegiada del Imperio Británico, constituyendo una parte desproporcionadamente grande de su élite militar y civil, formando cuadros clave de la administración colonial en la India y África.
Cataluña está mejor, porque la desgracia que el régimen franquista ha creado tras la derrota de la República española sigue siendo recordada por muchos. La lengua catalana fue entonces esencialmente prohibida, la cultura nacional sistemáticamente erradicada. Lo que, sin embargo, no impidió a Barcelona desarrollarse con éxito y seguir siendo el centro económico más importante del país. Sin embargo, durante la Guerra Civil, Cataluña no era nacionalista ni separatista. Por el contrario, la Barcelona roja fue el centro más importante del movimiento republicano de toda España. Y la lucha que se desarrolló en estas partes entre los franquistas y los izquierdistas no tenía nada que ver con lo que está sucediendo aquí hoy. Es significativo que la ideología de la independencia comenzó a difundirse seriamente no después de la caída del franquismo, sino tres décadas más tarde, cuando sucesivos gobiernos de izquierda y derecha en Madrid hicieron todo lo posible por reparar a los catalanes, otorgándoles todo tipo de derechos y privilegios. Es significativo que en los años setenta y noventa, si bien los problemas de superación del franquismo eran todavía serios, la demanda de independencia no fue presentada por los catalanes, sino por los vascos. Que ahora claramente han templado sus reivindicaciones nacionales (exactamente la misma situación en Irlanda del Norte, donde la cuestión de la independencia ha pasado claramente a segundo plano)
La transformación de la discriminación nacional de la experiencia real en un mito político es el factor más importante que conduce al surgimiento del nacionalismo. Aquellos que son discriminados están luchando por su abolición. Y los nacionalistas transforman los agravios del pasado en capital simbólico para justificar sus ambiciones.
Aquí, sin embargo, la similitud de la historia escocesa y catalana termina. Londres siguió celebrando un referéndum, que los partidarios de la unidad ganaron - sobre todo gracias a la posición del Partido Laborista local, que incluso sacrificando parte de su popularidad, consistentemente se opuso al nacionalismo. Si Madrid en vez de prohibiciones y amenazas contra Barcelona comenzase a movilizar a una mayoría hispana en la región, lograría el mismo resultado. Pero el gobierno extremadamente conservador y reaccionario de España claramente no quería la movilización de la clase obrera de Cataluña. Decidió recurrir a la violencia policial, desmoralizando en Cataluña a los defensores de la unidad con España, que no apoyan la violencia en absoluto
Por desgracia, todas estas circunstancias, en su mayor parte, no llaman la atención de las publicaciones de izquierda, admirando los choques de las protestas de os nacionalistas catalanes contra la policía española
La rebelión catalana, al igual que el separatismo escocés, es el levantamiento de los ricos contra los pobres, la protesta de una sociedad liberal contra los restos de un estado social redistributivo. La clase media en las regiones centrales de Barcelona, ??muy ruidosas, no es lo mismo que la población de los barrios pobres de trabajadores, donde no conocen la lengua catalana y no asocian ninguna perspectiva con la independencia. Es significativo que la "huelga general" declarada por los partidos nacionalistas no afectara en absoluto a la industria. La clase obrera no sólo no apoyó el alboroto de la intelectualidad pequeñoburguesa, sino que también se dio cuenta de que esta revuelta no se dirige principalmente contra la monarquía española, como creen algunos izquierdistas ingenuos, sino contra los principios de la solidaridad social, contra los restos del Estado social
Con los trabajadores de habla hispana no se puede contar, ¡son los "invasores"! Si buscamos comparaciones, lo que sucede es similar al tiempo del colapso de la URSS, y Cataluña está dominada por las mismas ilusiones monstruosas que fueron sembradas por los nacionalistas en el momento del colapso de la Unión Soviética. Sin embargo, lo que está sucediendo tiene una base más profunda situada en el ámbito de la economía política. No es casual que el triunfo del neoliberalismo estuviera acompañado por la crisis de los estados y federaciones nacionales, el surgimiento y el florecimiento de todo tipo de separatismo, incluso exóticos. Y en este sentido, no hay diferencia entre los círculos gobernantes de Madrid y Barcelona. Representan los mismos intereses de clase, cada uno en su propio nivel. La desintegración de las federaciones y la crisis de las instituciones estatales están por todas partes estrechamente ligadas a la política de austeridad perseguida tanto por Madrid como por Barcelona, ??es la continuación de la lógica general de desolidarización, privatización y fragmentación, característica del neoliberalismo. Fue esta lógica económica política la que sirvió de base al colapso de la URSS, Checoslovaquia y Yugoslavia. Esta lógica presupone no sólo un rechazo de la solidaridad sobre el principio de clase y un rechazo de los valores humanistas comunes, sino también su sustitución por la nacionalidad étnica. Es el nacionalismo étnico el que resulta ser un "sustituto" ideal de la solidaridad de clase o cívica, ya que conserva el sentido necesario de "comunidad" para las personas, reduciéndolo al tamaño de una familia numerosa imaginaria
Aproximadamente lo mismo se observó en Europa a comienzos del siglo XX, cuando Rosa Luxemburgo advirtió a otros izquierdistas sobre los peligros de coquetear con el nacionalismo pequeñoburgués de las naciones pequeñas. En la mayoría de los nuevos estados formados sobre la base de imperios desintegrados, se establecieron regímenes reaccionarios y semi-fascistas (la única excepción feliz fue Checoslovaquia, que pronto fue despedazada felizmente por vecinos, no sólo Alemania, sino también Polonia y Hungría). Parecería ser que las lecciones de la primera mitad del siglo XX deberían bastar para sacar las conclusiones necesarias. Pero, por desgracia, la izquierda europea moderna, que se desarrolla en el contexto de la desindustrialización y el declive de la solidaridad de clase, es en sí misma un producto del neoliberalismo y está completamente imbuida del espíritu del romanticismo pequeñoburgués. Y por lo tanto, a decir abiertamente que el nacionalismo de las minorías no es menos hostil a la labor del pueblo trabajador que cualquier otro nacionalismo, la izquierda no se atreve.
Sin embargo, hay buenas noticias. El éxito de Jeremy Corbin y su renovado al Partido Laborista en Escocia, devuelve la agenda de clases a la región, una vez considerada la columna vertebral del movimiento obrero. Dondequiera que aparezca una alternativa real, sustancial, de izquierda, la demagogia nacionalista pierde rápidamente atractivo entre las masas. El desarrollo del nacionalismo de la pequeña ciudad (como, de hecho, de otros tipos de nacionalismo) es en todas partes inversamente proporcional a la fuerza e influencia de la izquierda. Donde fracasan los partidarios de las transformaciones sociales, su lugar está ocupado por los predicadores de la exclusividad nacional. Por el contrario, el aumento de las fuerzas de izquierda inevitablemente conduce al declive de las organizaciones nacionalistas.
Esto no significa que la cuestión nacional no tenga importancia y que los intereses regionales no se tengan en cuenta. Pero izquierdistas y nacionalistas tienen enfoques incompatibles y diametralmente opuestos. Los primeros se basan en una unión equitativa de los pueblos, y los segundos en su oposición y división. Los primeros comprenden que es la gran economía integrada basada en la redistribución de los recursos en interés de la mayoría que crea las mejores perspectivas para un desarrollo democrático y exitoso, mientras que otros requieren la libertad únicamente para lo "propio", negando no sólo el principio de igualdad sino también las tareas objetivas del progreso socioeconómico
Por desgracia, en España y Cataluña, la izquierda no se atreve a hablar de ello abiertamente, incluso si se dan cuenta de que para ellos el crecimiento del nacionalismo es un peligro mortal. La corrección política bloquea la conciencia y anula la discusión significativa. Pero antes o después tendremos que admitir que, si queremos cambios progresistas en Cataluña, no debemos separarlo de España, sino luchar por cambios en todo el país
Fuente: Rabkor
http://rabkor.ru/columns/editorial-columns/2017/10/06/bunt-bogatih/
Envió Fernando Moyano