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Uruguay: Aprobaron investigar a Tenfield, el Pato Celeste, los hogares Beraca y la Iglesia Misión es Vida

Según informó el diputado Alejo Umpiérrez, la comisión investigadora sobre vínculo entre empresas y partidos políticos aprobó la inclusión de Tenfield y los hogares Beraca. Los dueños de Aire Fresco se negaron a concurrir

Montevideo Portal 22/12/17

La Comisión Investigadora que estudia el financiamiento de los partidos políticos y su vínculo con las empresas Cambio Nelson, Aire Fresco, FRIPUR, CUTCSA y La 10 definió agregar a los hogares Beraca, el empresario Gustavo Torena (Pato Celeste) y la empresa Tenfield, según informó a Montevideo Portal el presidente de la Comisión, Alejo Umpiérrez.

Umpiérrez explicó que también se resolvió suspender la actividad durante el mes de enero y duplicar las sesiones en febrero. Cuando se termine la indagatoria sobre las empresas que dieron surgimiento a la Comisión-aún quedan actuaciones en tres de ellas- se comenzará con Tenfield y Beraca.

Si bien aún no están definidas las personas que serán citadas, se buscará el testimonio del ex presidente de Nacional, Ricardo Alarcón y el ex presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, Sebastián Bauzá, dado que ambos realizaron declaraciones públicas sobre presiones por parte del gobierno a favor de la empresa.

La propuesta de investigar a Tenfield fue realizada por el secretario general del Partido Colorado Adrian Peña, y entre los puntos a investigar se encuentra un vuelo chárter a Venezuela pagado por Tenfield y en el que viajaron Raúl Sendic, José Mujica y el ex presidente de la Mutual de futbolistas, Enrique Saravia.

Otro de los puntos a analizar es la condonación de una deuda de 11 millones de dólares que Presidencia de la república otorgó a la empresa con la posición contraria de la Dirección General de Impositiva y el Ministerio del Economía.

Los hogares Beraca y la Iglesia Misión Vida

Por otra parte también quedó aprobada la investigación propuesta por el legislador Oscar Groba, sobre los hogares Beraca y la Iglesia Misión Vida. Para el legislador emepepista, hay una “clara ilegalidad” en el financiamiento de esta iglesia a partidos políticos. Hasta ahora, se conoce el caso de la senadora Verónica Alonso que admitió que recibió financiamiento de esa organización.

También se incluirá a los Hogares Beraca, que tiene varios convenios con organismos del Estado, a través de otras empresas, como una constructora, que está en Delta del Tigre, una empresa de catering, alojada en el Cerro, que vende servicio de fiestas y otros pequeños emprendimientos.

Los hogares Beraca también son acusados de utilizar a la población con la que trabajan a través de esos convenios estatales para repartir listas a favor del diputado Álvaro Dastugue.

Dueños de Aire Fresco se negaron a declarar

El diputado Umpiérrez informó  que los dueños de la empresa Aire Fresco, Carlos Decia y Omar Alaniz, decidieron no concurrir a la Comisión Investigadora, señalando que mientras el caso esté en manos de la justicia no aportarán información al ámbito parlamentario.

Pese a ello, la Comisión decidió seguir con su investigación y llamó a empresarios que tuvieron vínculos comerciales con la empresa Aire Fresco, investigada por su rol como mediadora entre el comercio entre el Venezuela y Uruguay.

 

Umpiérrez se excusó de dar los nombres de los citados para 2018 por este tema, señalando que no tienen ninguna vinculación con las maniobras que se investigan, pero se los llama para que den cuenta de la actividad de la empresa investigada.

CURIOSIDADES DE LAS COMISIONES INVESTIGADORAS

La comisión parlamentaria que investiga el espionaje en democracia no se enteró hasta ahora de las denuncias sobre el vil servicio que el líder socialista Vivían Trías le prestaba al régimen soviético

Correo de los Viernes 701-  22/12/17


Mucho ruido y pocas nueces. Ese podría ser el título sobre la actividad de la comisión investigadora parlamentaria que estudia el supuesto espionaje que las fuerzas de seguridad habrían llevado a cabo a sectores sindicales y políticos.

Los ministros responsables de esos servicios han concurrido, todos, a la comisión y han declarado que en ningún caso se impartieron instrucciones en ese sentido, por lo que queda claro que si algún militar o policía de la época desarrolló esas actividades lo hizo en forma clandestina. Sin embargo el presidente de la misma, el diputado comunista Gerardo Núñez, ha pedido prórroga del plazo disponible para profundizar la investigación.

Llama la atención que la comisión no haya incluido en su temario las recientes denuncias sobre la actividad clandestina y antipatriótica llevada a cabo por el ex diputado socialista Vivián Trías, que prestó colaboración a los servicios de inteligencia checoeslovacos durante la era soviética. Como se indica en una nota de Álvaro Diez de Medina la traición de Trías ha quedado casi en el olvido, dado que al oficialismo no le interesa revolver esa triste historia

Similares consideraciones podrían hacerse con respecto a la negativa que algunos empresarios amigos del gobierno han mantenido para no presentarse en otra de las comisiones investigadores, la que en este caso estudia el financiamiento de los partidos. Citados especialmente, los representantes de “Aire Fresco”, la empresa que el ex Presidente Mujica designó a dedo como intermediaria para administrar negocios por U$S 300 millones con Venezuela, los señores Oscar Alaniz y Carlos Decia, militantes del MPP, rechazaron la invitación de los legisladores, sosteniendo que su concurrencia no es necesaria en la medida en que el tema ya está siendo considerado por la Justicia. Aclaremos: el asunto está en la Justicia ante una denuncia de la oposición y pese al enojo del oficialismo

Similar ausentismo personificó el ex titular de la agencia de publicidad La Diez, Pablo Álvarez, quien debía dar explicaciones sobre los vínculos entre la campaña que hizo para Ancap y la financiación electoral de la lista de Sendic, la 711. Aparentemente el señor Álvarez estaba muy ocupado y no pudo concurrir al Parlamento...

Decimos ex titular de la agencia La Diez porque la empresa cerró. Al cesar el apoyo financiero de Ancap, que era muy importante, la empresa publicitaria resolvió terminar sus actividades. Curioso ¿no?

 

Nueva diferencia interna le impide al Frente Amplio aplicar su mayoría parlamentaria y el impuesto a los militares se posterga

 Búsqueda 21 Dic. 2017

El Frente Amplio logró saldar el proyecto de ley sobre los “cincuentones” después de una dura negociación interna. Los integrantes del oficialismo aprovechaban cada salida pública para destacar cómo había primado la unidad sobre las discrepancias. Pero la alegría duró poco.

Esta semana el líder del sector Liga Federal, Darío Pérez, puso en jaque otra vez la mayoría parlamentaria del oficialismo y, con su negativa a acompañar un impuesto a los militares retirados, frenó su aprobación este año.

La intención que tenía el Frente Amplio era que una vez resuelto el tema “cincuentones” la Cámara de Representantes se abocara de lleno en las reformas militares. Por un lado, las modificaciones a la “caja militar” que se trabaja en un grupo de trabajo junto a los senadores, y por otro, el impuesto, que se encaminaba a ser aprobado antes de fin de año.

El diputado del Nuevo Espacio, Jorge Pozzi, que formó parte del equipo negociador por el proyecto de los “cincuentones”, intentó acercar las partes y se comunicó por teléfono con Pérez. Sin embargo, el legislador de Maldonado se mostró intransigente y anunció que no acompañará el impuesto de ninguna manera, dijeron fuentes frenteamplistas.

La lista de ocasiones en que Darío Pérez se opuso a proyectos de su propio partido es larga. En el gobierno de José Mujica, la oposición del diputado por Maldonado al proyecto de ley que regula el mercado de marihuana casi lo hace naufragar. Pérez logró que incluyeran artículos en la propuesta vinculados a la educación en tema drogas y recién después aseguró el voto 50.

Con Tabaré Vázquez en el gobierno, Pérez mantuvo su conducta díscola. No acompañó algunos artículos de una Rendición de Cuentas porque impedían llenar las vacantes de soldados y disolvían la Policía Caminera. Cuestionó la ley de riego y hasta acompañó, a espaldas de su partido, el proyecto de ley sobre vivienda presentado por Unidad Popular.

Entre los diputados oficialistas existe malestar con Pérez, a quien acusan de marcar perfil. Varios han optado por no criticarlo para “no darle mayor protagonismo”. En la última reunión de la bancada de diputados frenteamplistas, martes 19, el tema ocupó solo los últimos minutos y fue para notificar a todos de la postura que había adoptado el rebelde, dijeron presentes en la reunión.

Pérez, en diversas comunicaciones con legisladores, transmitió que “se cansó” de acompañar propuestas con las que no está filosóficamente de acuerdo y que a partir de este momento votará de acuerdo a su conciencia. En declaraciones a El País publicadas ayer miércoles, Pérez dijo que “no hay marcha atrás”. “El día que tomé la resolución pensé, como decía el general (Liber) Seregni, en el día de mañana y en lo que podía venir”, dijo.

El Poder Ejecutivo envió dos proyectos al Parlamento que afectan a la seguridad social militar. Por un lado, luego de un largo proceso en el que participaron los ministros de Defensa, Economía y Trabajo, se acordó un texto para extender los años de trabajo de soldados, marineros y oficiales de las tres fuerzas y, al mismo tiempo, eliminar o reducir algunas prestaciones, entre ellas algunas pensiones para familiares.

El gobierno sostuvo que se buscó equilibrar los haberes de retiro con la situación de los policías. No obstante, desde las Fuerzas Armadas se respondió que si bien sus ingresos tras el retiro son más altos, los sueldos de los funcionarios de Interior en actividad son el doble en promedio.

Como la eventual reforma, que tiene tres categorías, llevará años en tener efectos reales, el Poder Ejecutivo envió otro proyecto para grabar por 18 meses las pensiones militares mayores de $ 50.000. Además de la negativa del oficialista Pérez a votarlo, las asociaciones militares y la oposición sostienen que se trata de un impuesto inconstitucional y confiscatorio