POSTALINAS

Perú: ¡A las calles por que se vayan todos!

El presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) tuvo y tiene la misión de conservar la Constitución fujimorista para profundizar el modelo económico e incrementar los privilegios y ganancias de las empresas transnacionales que saquean el país, pero dada su tendente debilidad e incapacidad, tuvo problemas para hacerlo. Así transcurrió su año y medio de gobierno, respaldado por la oligarquía empresarial y mayoritariamente rechazado por el pueblo y los trabajadores.

Si la huelga magisterial zarandeó como quiso a PPK, hoy, tras negociar la vacancia con el fujimorismo, PPK ha quedado más debilitado. Las masas han salido a las calles para hacerse respetar como pueblo y para lograr desde ahí lo que no se pudo hacer desde el Congreso.

El indulto a Alberto Fujimori es el sello de un pacto, que desde hace tiempo se venía cocinando, pacto que va más allá de liberar al asesino y ladrón. El fujimorismo será el sostén político que necesita PPK para gobernar y cumplir los compromisos con los grupos de poder que están tras el trono. El nombramiento del ex general PNP Vicente Romero como ministro del interior (repartidor de almanaques de Keiko Fujimori), es el primer paso. El gabinete de "reconciliación nacional" que anuncia casi desde la clandestinidad PPK, aunque no lo integre formalmente el fujimorismo, lo decidirán con ellos.

La vacancia de PPK en la presidencia pedida por el FRENTE AMPLIO, era una de las formas de evitar, desde el Congreso, que se concretara esa santa alianza de la corrupción. La bancada de Nuevo Perú*, escindida del Frente Amplio y dirigida por Verónica Mendoza no apoyo la vacancia, lo que le permitió a PPK seguir en palacio y llevar adelante el acuerdo pactado con Fujimori.

La constatación de la existencia de un acuerdo de PPK con el fujimorismo para cogobernar ha desatado una serie de justas protestas a nivel nacional. La demanda que se vaya PPK, ha sido ampliada por ¡QUE SE VAYAN TODOS!, la "gobernabilidad" por ¡NUEVAS ELECCIONES! La impunidad neoliberal por ¡TODOS LOS CORRUPTOS A LA CÁRCEL! Contra el continuismo neoliberal convocatoria a ¡ELECCIONES CONSTITUYENTES, PARA UNA NUEVA CONSTITUCIÓN!

La ruta está marcada: Todos, hoy, mañana y siempre a las calles, que de la organización y movilización depende el futuro del país.

Diciembre 2017

Enrique Fernández Chacón "Cochero", Uníos en el Frente Amplio

*El Frente Amplio aprobó no votar por Keiko ni PPK en la segunda vuelta en las últimas elecciones. Verónica Mendoza que estuvo en la reunión no abrió la boca pero al día siguiente emitió un video llamando a votar por PPK. Ahora PPK sigue en Palacio gracias a que su bancada y ella misma no apoyaron la moción de vacancia contra PPK.

Uruguay 2018: Otro tarifazo contra los trabajadores

Se prepara un ataque a las jubilaciones

El gobierno del FA comienza este 2018 con un nuevo ajuste fiscal que significará para los trabajadores una nueva pérdida del poder de compra de nuestros salarios. Desde el primero de enero han aumentado todas las tarifas públicas. Subió la garrafa de gas un 15%, las naftas un 10%, el teléfono un 6,5 igual que OSE, y UTE aumentó un 3,2%. A esto se suma el incremento del 10% en el boleto para quienes lo pagamos al contado, y una estampida de precios en los artículos de primera necesidad.

Sumado a lo anterior, ha comenzado, como en toda la región, un ataque contra los jubilados. Frente a la gran estafa de las AFAPS el gobierno se vio obligado, ante los reclamos y protestas de los “cincuentones”, a habilitar el pase de sus futuras jubilaciones al BPS. Para ello implementó una ley que si bien  establece la posibilidad de salir del régimen AFAPS, al mismo tiempo se nos está robando un 10% de nuestras jubilaciones.

El ataque al salario la Seguridad Social y los jubilados

En noviembre del año pasado el Fondo Monetario Internacional estuvo reunido con Danilo Astori y las autoridades del gobierno del FA. El FMI elogió el ajuste fiscal que lleva adelante. Pero le dijo que hay que continuar con el recorte, que se debe eliminar el ajuste de salarios por la inflación y que solo se deben fijar “aumentos” si los trabajadores aumentamos la producción.

El otro deber que dejó el organismo internacional, es la aplicación del aumento en la edad para jubilarnos, que la intentan llevar a 65 años e inclusive subir a más de 30 años los aportes necesarios para poder jubilarnos.

El verso de todos los gobiernos de la región, como Macri en Argentina y Temer en Brasil, es el mismo discurso que comienza a usar el gobierno en nuestro país. Ellos afirman que habría mayor expectativa de vida, la gente vive más, y  entonces la Seguridad Social se desfinancia. La solución dictada por FMI, y aplicada por los gobiernos sumisos, es aumentar de 60 a 65 años la edad de retiro, que para muchos trabajadores significará en los hechos la imposibilidad de jubilarse.

Este discurso de mentiras y engaños sobre la Seguridad Social, intenta ocultar la corrupción y robo de los dineros del BPS que se llevan adelante por medio de las AFAPS. El propio Ministro de Trabajo, Ernesto Murro, afirmó que sus ganancias son solo “comparables con la de los narcotraficantes”. La estafa que significan estos fondos de pensión privados y esa sangría que sufre todo el estado por el pago de la fraudulenta deuda externa, son las verdaderas razones que explican no solo los problemas del BPS, sino de todo el Estado.

Medidas neoliberales y la falsa izquierda

Esta situación de ajuste permanente, privatizaciones y corrupción en el gobierno del FA, fue una sorpresa para la gran mayoría de los trabajadores. Es que en el imaginario popular se pensaba que con la expulsión de Colorados y Blancos del gobierno en el 2005, se había asestando un golpe a las políticas neoliberales. Pero bastaron los primeros nubarrones en la economía para que el gobierno del FA pusiera al desnudo su verdadero carácter de clase, y mostrara que su gobierno capitalista era un gobierno al servicio de los ricos y los poderosos.

La aplicación de las políticas de recorte y ajuste del gobierno, le ha valido elogios del FMI e inclusive de la “oposición”, de la vieja derecha de Blancos, Colorados, Novick y el partido Independiente. Y mucho más aún, cuando en el parlamento ven que puede naufragar alguna ley de ajuste, desde la “oposición” siempre ha surgido algún aliado que levanta la mano y permite seguir adelante con esta política contraria a los intereses de los trabajadores.

Recuperar los sindicatos para la lucha y los trabajadores

Este avance del ajuste y el recorte, como el aplicado en la educación pública, en las empresas del estado con las tercerizaciones y privatizaciones, la nueva embestida contra los jubilados y los despidos producidos en las empresas privadas; han pasado con facilidad porque la máxima conducción sindical ha mantenido aislados los conflictos por sector, y ha mantenido la negociación en forma permanente llevando así a un callejón sin salida a cada conflicto.

Es que la máxima dirección del PIT-CNT no tiene independencia política del gobierno y por el contrario está totalmente atada a él y no lo quiere enfrentar en forma seria. Esta dirección ha convertido los sindicatos en cómodas oficinas, fomentando un sindicalismo de negociación permanente y hace uso de los dineros sindicales a su antojo. Esto los ha convertido en una casta privilegiada separada de hecho de los trabajadores que lo único que defiende son sus intereses.

Esto plantea una tarea necesaria que es la recuperación de los sindicatos para los trabajadores. Los mismos deben de terminar de ser clubes sociales, hay que convertirlos en una herramienta de lucha. El método para decidir y llevar adelante la lucha debe ser el de la democracia obrera con asambleas multitudinarias. Basta de decisiones de cúpulas!! Pase de los sindicatos a manos de los trabajadores, fuera la casta privilegiada de las organizaciones obreras.

En los sectores de tercerizados, en Antel y otros, han surgido delegados de base que se oponen a esta burocracia y sus políticas traidoras. Por ahora el proceso no ha logrado dar un salto pero muestran el camino a seguir: asambleas de base y lucha para enfrentar al gobierno y las patronales. Rodear de solidaridad estos sectores y apoyar sus reclamos para que triunfen, son una necesidad para mostrar el camino a seguir.

El partido revolucionario y socialista

La crisis del FA ha abierto un debate de enorme importancia sobre el tipo de organización a construir. En la década del 70 muchos planteamos que un frente con los patrones y generales “patriotas” sería un grave error. Hoy estamos viviendo las consecuencias de este frente de conciliación de clases, que estableció un gobierno al servicio de los grandes capitalistas. Esta experiencia acumulada nos debe servir para no cometer nuevamente los mismos errores.

Esta profunda crisis del FA plantea nuevamente la posibilidad de la construcción de un partido obrero, socialista revolucionario e internacionalista. Un partido sin patrones, sin burócratas sindicales, ni generales patriotas. Pero no queremos un partido para que sus dirigentes se hagan ricos con los sueldos parlamentarios. Queremos parlamentarios obreros que usen su banca al servicio de la lucha y ganen el mismo salario que gana un trabajador. El resto debe ser destinado a los fondos de huelga, a las luchas y a la construcción del partido.

Pero fundamentalmente queremos un partido totalmente opuesto a los demás, donde su eje son las elecciones y los cargos. Debemos construir un partido que esté junto a las luchas obreras y estudiantiles, junto a las mujeres que se han puesto de pie por sus derechos. Y desde esas peleas cotidianas debemos explicar una y otra vez que no habrá salida de fondo para los trabajadores sino unificamos todas esas peleas en una gran lucha que liquide este sistema capitalista y comience la construcción del socialismo en Uruguay como parte de la instauración del socialismo en todo el mundo. Desde IST y la LIT-CI te convocamos a ser parte de esta construcción.

Izquierda Socialista de los Trabajadores

Un repaso por lo que dejó la comisión investigadora

sobre el espionaje en democracia

la diaria, 02/ene/2018

Los tranquilos días de enero son ideales para hacer evaluaciones de muchas de las cosas que pasaron el año pasado. El diputado del Frente Amplio (FA) Gerardo Núñez también hizo un balance; en su caso, de la investigación que lleva adelante la comisión que preside en la Cámara de Representantes, con uno de los nombres más largos que haya tenido una comisión parlamentaria: “Sobre los posibles actos de inteligencia de Estado, violatorios de la normativa legal y constitucional, llevados a cabo por personal policial o militar desde 1985 hasta la fecha”. Pero aun más extenso es el “archivo Berrutti”, la principal fuente de estudio de la comisión, que alberga cerca de tres millones de documentos. El archivo se denomina así, metonímicamente, porque fue encontrado en 2007 durante la gestión de la entonces ministra de Defensa Nacional, Azucena Berrutti, en una dependencia de su cartera. La comisión investigadora se creó en noviembre de 2016 e iba a funcionar hasta diciembre de 2017, pero se extendió por un semestre más.

“El balance es que en nuestro país claramente existió una práctica que se dio por lo menos desde 1968, que estuvo al servicio de la represión y el terrorismo de Estado. Además, una vez conquistada la democracia, las agencias de inteligencia siguieron operando prácticamente con el mismo formato con el que operaban en la dictadura”, señaló Núñez a la diaria. Además, resaltó que tanto las dependencias de inteligencia militar como policial ya en dictadura comenzaron a organizar un repliegue –luego de que el régimen perdiera el plebiscito constitucional de 1980– con el objetivo “de que se pudiera proteger la impunidad, persiguiendo a aquellos sectores sociales y partidos políticos que tienen una impronta por la defensa de los derechos humanos y contra el terrorismo de Estado”.

Entre ceja y ceja

El trabajo de la comisión investigadora tiene gira en torno a dos pilares. El primero es el análisis de los documentos y el segundo son los testimonios de los diversos responsables de las dependencias policiales y militares que comparecieron ante la comisión. El balance que Núñez hace de los testimonios no es tan contundente como el de los documentos. Lo calificó de “dispar”, ya que las declaraciones oscilaron entre quienes reconocieron de forma explícita el espionaje –unos pocos– y quienes ni siquiera se dignaron a darse una vuelta por el Palacio Legislativo –varios–. En el medio de ambos polos están los que asistieron pero aseguraron no saber nada –la mayoría–. Entre los elementos importantes para el análisis que destacó Núñez está el testimonio de Máximo Costa Rocha, ex jefe de la Dirección General de Información e Inteligencia del ministerio del Interior, quien reconoció que el gobierno del presidente Julio María Sanguinetti tenía interés en dar “seguimiento” al proceso que finalizó en el referéndum para derogar la ley de caducidad, el 16 de abril de 1989, que al final fue rechazado.

El presidente de la comisión investigadora subrayó que cuando se define que determinado asunto es de interés para un gobierno desde el punto de vista de la inteligencia militar o policial, “se transforma en una directiva operativa”. “Seguramente utilizaron fuentes abiertas, pero como se ha visto en el ‘archivo Berrutti’, también hay fuentes cerradas, sobre todo de inteligencia militar. Y hay menciones a labores que estaba haciendo inteligencia policial que también tenían que ver con fuentes cerradas; es decir, recolección de información que pasa por encima de aspectos constituciones, legales y normativos”, señaló Núñez, y acotó que no sabe si fue Sanguinetti quien dio la orden de “interesarse” por el proceso del referéndum, “pero está claro que su gobierno promovió este tipo de prácticas”. “En el ‘archivo Berrutti’ hay cientos de documentos de inteligencia militar que están focalizados en el trabajo del voto verde, la recolección de firmas y los procesos de discusión dentro de los partidos. Ahí se involucraba al FA, al Partido Nacional y al Partido Colorado. Tenían interés en conocer cómo se iban posicionando los distintos sectores dentro de cada uno de los partidos para armar su estrategia de contraofensiva sobre esta situación”, aseguró Núñez.

Por ejemplo, un documento del “archivo Berruti” de abril de 1987 –pocos meses después de que empezara la recolección de firmas para establecer la consulta popular– tiene como asunto “referéndum”, con el sello del Servicio de Información de las Fuerzas Armadas, y dice: “Se establece que por intermedio del movimiento sindical se llevan juntadas 75.000 firmas en Montevideo, cifra que se estiraría a 80.000 el primero de mayo”.

Además, Núñez citó un documento en el que un agente solicita a la dirección de inteligencia militar hojas para diagramar un volante, que tenía como idea central que, con o sin referéndum, no se iba a condenar a “los héroes de la patria”, refiriéndose a los militares.

“Ahí hay un claro ejemplo de cómo la inteligencia tuvo un rol de contrainteligencia. Fue una tarea que operó en el plano propagandístico y psicológico. Es decir, no fue solamente la recolección de información, sino que con ella operaban para generar un sentido y un estado de ánimo social”, aseguró el diputado, y agregó que a veces el espionaje servía para hacer “chantajes”: “Recolectaban tal información de tal dirigente de un partido y eso después, tal vez, se ponía a jugar para trabar determinados proyectos políticos”.

Entre los testimonios relevantes, Núñez también destacó el del contralmirante (r) Óscar Otero, quien estuvo al frente de la Dirección General de Información de Defensa entre mayo de 1995 y abril de 1996, durante el segundo gobierno de Sanguinetti. El militar retirado fue el más explícito, al reconocer no sólo el espionaje sino también que este se hacía “por costumbre”. Entre los documentos fechados en el período en el que Otero estuvo en el cargo se puede encontrar desde la lista de dirigentes del FA –con sus números de teléfono incluidos– que se reunieron con Fidel Castro cuando el líder cubano llegó a nuestro país en visita oficial, hasta infiltraciones en el Partido Colorado y en diversas asociaciones, como la de Maestros, Empleados Bancarios y Funcionarios de Pluna.

Así las cosas, como hay testimonios que involucran a los dos gobiernos de Sanguinetti, Núñez quiere citar al ex presidente colorado para que dé su testimonio ante la comisión, pero todavía no lo discutieron en la interna de la bancada del FA. No obstante, el diputado lo conversó informalmente con varios de sus compañeros y todos están de acuerdo. “Yo soy partidario de que tiene que participar y, seguramente, otros ex presidentes también, para que nos digan por qué se generaron este tipo de acciones, si existieron las directivas concretas, quién las dio y por qué motivos”, indicó el diputado.

la diaria se había contactado en setiembre con Sanguinetti, quien aseguró que su gobierno “nunca jamás” ordenó un espionaje “de nadie ni de nada”. Agregó que “cosas que pueden haber ocurrido ahí adentro habrán escapado a toda idea de contralor o de conducción política”, y que si hubiera tenido noticias sobre el espionaje “hubiera actuado”. Por último, señaló que está dispuesto a comparecer ante la comisión, pero que no cree posible que pueda agregar nada más de lo que le dijo a este medio.

Lista de invitados 2018

La comisión investigadora extendió su trabajo hasta el 30 de junio de 2018, debido a que todavía está analizando el gran volumen de documentos del “archivo Berrutti”, e hizo un pedido al Ministerio del Interior para que se proporcionen todos los archivos de inteligencia policial, de forma de complementar la información. Además, todavía falta que comparezcan ante la comisión varios de los directores de inteligencia policial. Luego invitarán a los ex encargados de las direcciones de inteligencia de cada fuerza del ámbito militar, es decir, la Fuerza Aérea, la Armada Nacional y el Ejército; se trata de una veintena de personas. Por último, Núñez no descartó que también inviten a más personas del ámbito civil

Arranquen sin mí

Juan A Zerpa, Daniel Legnani, Mario Aguerrondo y Francisco Wins, ex directores de inteligencia militar entre 1985 y 1999, no asistieron a la comisión en la fecha en que se los invitó. Núñez explicó que no fueron citados de vuelta ya que “por el tono de la respuesta” demostraron que “no tenían interés”. Por eso la Cámara de Representantes aprobó una declaración en la que cuestionó a los cuatro militares, ya que entendieron que su ausencia “constituye un impedimento formal para el análisis y la investigación”. “Esta actitud pretende desconocer al Parlamento y el cometido encomendado” a la comisión, “queriendo amputar la posibilidad de que el pueblo uruguayo conozca las razones de por qué se desarrolló Espionaje Militar en Democracia”, sentenció la declaración. En cambio, hasta el momento todos los ex jefes de inteligencia policial que fueron citados dieron respuestas positivas, indicó Núñez