CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24).
El viernes 10/01, el Juez federal Claudio Bonadío realizó el segundo allanamiento en las oficinas de la Secretaría de Derechos Humanos, cuyo titular es el kirchnerista, Martín Fresneda.
El objetivo de la medida impulsada por el magistrado fue incautar legajos y documentos en el marco de una denuncia contra el titular de ese organismo, el ultrakirchnerista Martín Fresneda, por presuntas irregularidades en el manejo de las indemnizaciones a ex presos políticos y a víctimas de militares y grupos paraestatales.
Fresneda fue denunciado por Julio 'Chiche' Aráoz por abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, en relación al manejo de los fondos públicos destinados al pago de reparaciones a ex detenidos por motivos políticos.
En diciembre del 2013, Fresneda se había comprometido a entregar al juzgado toda la documentación requerida por Bonadío, que está de turno y, por lo tanto, no se tomó vacaciones.
Tras considerar que el tiempo prudencial transcurrió Bonadío ordenó un nuevo allanamiento, que se concretó el viernes 10/01 en la oficina del organismo público ubicada en la calle 25 de Mayo 552.
Es por esta denuncia que el juez solicita los reclamos de los legajos de las personas que como Aráoz, podrían tener sus pagos suspendidos por no adherir al modelo kirchnerista.
Otro objetivo que persigue el juez es conocer el listado, con nombre y apellido, de todos los desaparecidos y muertos cuyos herederos cobraron la indemnización prevista en una ley sancionada en los noventa, durante la presidencia de Carlos Menem, que equivale a 100 veces el sueldo más alto de la administración pública nacional.
Esta medida también persigue conocer en profundidad diversos casos particulares los cuales se darían de manera irregular. Tal es el caso del cordobés Fernando Haymal, que fue fusilado por Montoneros bajo los cargos de traición y delación el 2/09/1975, pero ahora figura como “Víctima del Terrorismo de Estado” por lo que sus familiares cobrarían indemnización.
Respecto a los casos que se investigan a partir de la denuncia, Fresneda informó que "todos esos legajos fueron pagados durante los gobiernos de los ex presidentes Eduardo Duhalde, Carlos Menem y Fernando de la Rúa, siendo el propio denunciante funcionario público". El secretario añadió que las acusaciones de Aráoz "resultan injustas e infundadas, ya que el expediente está en trámite y dentro de los plazos normales. De hecho nunca se interpuso ningún recurso administrativo por mora, que es lo que hubiera correspondido en caso de retraso"