Víctor Álvarez | Viernes, 21/10/2016 | APORREA

¿Qué va a pasar en Venezuela? Esta es la pregunta que se hace el ciudadano de a pie, el funcionario público, el empresario nacional, el inversionista extranjero, los ministros del gobierno, los diputados a la Asamblea Nacional y hasta el propio Presidente de la República.

La crisis económica que se manifiesta a través de la escasez de alimentos y medicinas, la especulación e inflación; el desempleo y empobrecimiento generalizado de la población como consecuencia inevitable de una pésima gestión de gobierno, genera un creciente malestar social. Las tensiones en el liderazgo opositor han impedido amalgamar el malestar social para convertirlo en una poderosa fuerza transformadora, capaz de impulsar los cambios políticos que se requieren para superar la crisis económica y social.

Si el descontento social no se expresa en una contundente crisis política que le quite el margen de maniobra que mantiene con vida al Gobierno, la actual inercia continuará. Inicialmente se creyó que el fulminante triunfo de la Oposición en las parlamentarias del 6-D sería el detonante de un conflicto de poderes que inmovilizaría al Gobierno y lo obligaría a negociar. Pero en el pulso de la confrontación de poderes, el Gobierno le ha doblado el brazo a la AN, la cual prácticamente ha quedado anulada al ser declarada en desacato por el TSJ, sin que pueda hacer valer los mandatos de la Constitución que la habilitan para controlar los actos del Poder Ejecutivo.

Las torpezas tácticas de la Oposición han prologado la esperanza de vida de un Gobierno que parecía tener los días contados si se activaba a tiempo el Referendo Revocatorio (RR). Sin embargo, la MUD perdió un valioso tiempo mientras decidía entre Enmienda Constitucional, Asamblea Nacional Constituyente, Renuncia de Maduro y RR. Con ese retraso dio una excusa perfecta al oficialismo para demorar el revocatorio para el 2017, con las consecuencias que ya todos conocemos.

Al tanto de que las salas constitucional y electoral del TSJ fueron colonizadas por el oficialismo, y que ante cualquier consulta para dirimir las controversias entre el Ejecutivo y el Legislativo el TSJ siempre se pronunciaría a favor del Gobierno, aun así la dirigencia de la MUD ha pisado ingenuamente todas las conchas de mango que con más audacia y malicia le ha tirado el oficialismo.

La MUD: estrategia sin táctica

El peor error táctico de la MUD fue incorporar a los diputados del estado Amazonas, cuya elección fue invalidada por el TSJ. Convirtió en un punto de honor la juramentación de los diputados de Amazonas, cuando lo estratégico era preservar la AN que ya había sido sentenciada por el Gobierno a comienzos del año. En lugar de incorporarse a la AN, estos han debido recorrer el mundo para denunciar la arbitrariedad cometida en contra de la representación indígena en el Parlamento. Pero su reincorporación sirvió de pretexto para declarar a la AN en desacato y anularla para efectos prácticos, ya que ahora el Gobierno puede actuar sin pasar por el control parlamentario. A su vez, el TSJ tiene una razón adicional para declarar inconstitucionales las decisiones de la mayoría opositora en la AN.

A pesar de que la Oposición logró el control de la AN con una abrumadora mayoría, no fue capaz de evitar la aplanadora con la que una y otra vez le ha pasado por encima un Gobierno precario con bajísimo respaldo popular. Ni siquiera pudo impedir el tiro de gracia que significó la decisión del TSJ de declararla en desacato y disolverla en la práctica. Con tantos errores tácticos, la MUD desaprovecho la mayoría parlamentaria para acumular más fuerzas a través de la reinstitucionalización del CNE, el BCV, la CGR y otros entes del Estado. Las torpezas cometidas por algunos factores de la MUD en su desesperación por revocar el mandato de Nicolás Maduro le ha costado muy caro a toda la Oposición y ha defraudado las expectativas de diálogo y entendimiento que tenía el electorado cuando les dio el control de la AN por abrumadora mayoría.

Escenarios ante la crisis

Movilizar el descontento para calentar la calle y provocar la caída del Gobierno, tal como se intentó con las guarimbas del 2014, desencadenaría una represión masiva e indiscriminada. Y en ese escenario la Oposición lleva las de perder, ya que el Gobierno cuenta con el apoyo militar y policial como fuerzas represivas del Estado.

Descartado un escenario violento que desemboque en una salida militarista y dictatorial, la solución negociada a la actual crisis nacional está condicionada por parte de la Oposición a la libertad de los presos políticos, el retorno de los exiliados, el cese de las persecuciones y la represión, la autonomía de los poderes públicos y el reconocimiento de la AN para la renovación del CNE y la reinstitucionalización del Estado. Aquí el juego está trancado a pesar de la mediación de los ex presidentes Rodríguez Zapatero, Martín Torrijos y Leonel Fernández.

Ante la barrida que sufrirían el chavismo en las elecciones de gobernadores y alcaldes si estas se realizan después del RR, otro escenario que se maneja es el de la renuncia de Maduro para convocar una mega-elección de presidente, gobernadores y alcaldes, de tal forma que el oficialismo pueda aprovechar la plataforma del gobierno central, antes de que esta caiga en manos de la Oposición. Este escenario fue adelantado por Juan Barreto, ex alcalde metropolitano y coordinador nacional de REDES, quien aseguró que se está negociando la renuncia de Maduro para evitar la desaparición del chavismo:

"al presidente le han recomendado que renuncie para que no se mida, porque si se mide podría perder hipotéticamente el Revocatorio y de perderlo con 80% podría sepultar al chavismo"

Otro escenario se refiere a la aplicación de la Carta Democrática de la OEA, lo cual implica que el Secretario General o un Estado miembro soliciten nuevamente la convocatoria del Consejo Permanente para verificar la "alteración del orden constitucional que afecte gravemente su orden democrático". Los estados miembros tendrían que pronunciarse en la Asamblea General o en la consulta a los cancilleres para determinar si finalmente se aplicará la suspensión de Venezuela en la OEA, lo cual terminaría en su aislamiento internacional. Luego de los cambios de gobierno en Argentina y Brasil, Venezuela prácticamente ha sido anulada en el Mercosur desde donde sopla viento a favor de la aplicación de la Carta Democrática, cuestión que obligaría a Maduro a sentarse en la mesa de negociación para acordar al menos un Gobierno de Coalición.

Suspendido el Revocatorio: ¿y ahora qué?

José Ignacio Hernández G. | 21 de octubre, 2016 /Prodavinci

“¿Por qué continúas predicando, si sabes que no puedes cambiar a los malvados?”,
le preguntaron a un rabino. “Para no cambiar yo”, fue su respuesta.
Norman Manea

 Por donde menos se espera salta la liebre, señala el dicho. Y la liebre saltó.

¿Qué puede decirse de los todavía confusos acontecimientos que la tarde del 20 de octubre de 2016 suspendieron el Referendo Revocatorio? ¿Y después de eso, qué puede hacerse?

Un fraude a la Constitución

En el intercambio que ayer pude hacer en Prodavinci sobre lo que estaba sucediendo, muchos me respondían que no tenía sentido explicar por qué era inconstitucional lo que estaba pasando. Algunos de esos comentarios, por insólito que parezca, venían de abogados.

En el mismo momento en que el ciudadano renuncia a razonar por qué se está defendiendo la Constitución, está renunciando, también, a la defensa de la Constitución.

Por eso, hay que explicar por qué lo sucedido ayer es un fraude a la Constitución. Un fraude muy mal montado, pues sus artífices dejaron una cantidad notable de evidencias. Veamos.

El primer acto del fraude fue la sentencia de la Sala Electoral que “interpretó” que el 20% debía cumplirse por estados. Ahora entendemos por qué la Sala aclaró lo obvio: bastó la suspensión del 20% en algunos estados, para que el CNE suspendiera todo el procedimiento.

Segundo acto del fraude: varios Gobernadores del sector oficial, casi simultáneamente, anuncian sentencias de Tribunales Penales que habrían anulado el revocatorio. En concreto, se trataron de varias decisiones de Carabobo, Aragua, Bolívar y Apure, por lo menos. Presumamos la buena fe. ¿Qué probabilidad hay de que distintos Tribunales, sin ponerse de acuerdo, decidan dictar decisiones similares en el mismo momento? Ninguna. Lo que sucedió fue, simplemente, un plan coordinado de manera muy tosca: varios Tribunales ejecutaron un plan concebido para suspender el revocatorio.

Tercer acto. Los Tribunales que suspendieron el revocatorio son Tribunales Penales. Aquí la liebre saltó, como se esperaba, pero no saltó de donde se esperaba. No fue así el Tribunal Supremo de Justicia ni el CNE los que suspendieron el revocatorio: fueron Tribunales Penales. Pero hay un detalle: los Tribunales Penales no tienen competencia para suspender o afectar procedimientos electorales, como el procedimiento de recolección del 1% y el procedimiento del 20%. Basta leer el artículo 35 del Código Orgánico Procesal Penal para darse cuenta de eso. Aquí los artífices del fraude dejaron más de una evidencia que, por razones de espacio, no puedo detallar.

Cuarto acto. El CNE decide, sobre las ocho de la noche del 20 de octubre, que debía acatar las sentencias de las cuales había sido notificado. Eso es muy sospechoso. Me explico. Para notificar sentencias de Tribunales, deben cumplirse ciertos trámites: hay que sacar copias, sellar oficios, y lo más importante: hay que llevar físicamente esas copias a quien es notificado, que en este caso es el CNE. ¿Todo eso se hizo en tan poco tiempo? ¿Cómo pudo haber sido el CNE notificado de esas sentencias, cuando nadie —ni siquiera los supuestos responsables de los delitos penales investigados— conocía con exactitud de las sentencias?

Tanta celeridad genera sospechas.

Si a todo esto le sumamos un viaje presidencial que “coincidió” con todos estos acontecimientos, sólo nos queda recordar a Ernesto Sabato: las causalidades no existen.

Simplemente, lo que sucedió es un fraude a la Constitución: varios órganos del Poder Público se pusieron de acuerdo para crear la apariencia de una decisión jurídica válida y legítima que, en el fondo, desconoce a la democracia y a la Constitución. Pero el fraude es tan claro que el esfuerzo resultó inútil: las decisiones de ayer, ni siquiera, tienen la más mínima apariencia de ser decisiones legítimas dictadas en el marco de la Constitución.

¿Se suspendió el revocatorio o se anuló el revocatorio?

En teoría el revocatorio está suspendido: hasta que los Tribunales Penales no dispongan lo contrario, el CNE no retomará el revocatorio. Sin embargo, esa suspensión no será sólo temporal en la práctica. Allí está el caso de Amazonas. La suspensión durará indefinidamente, al menos, hasta tanto no cambien las actuales condiciones.

Con lo cual, por ahora, no hay procedimiento revocatorio.

¿Y ahora qué?

Para tratar de explicar qué puede pasar ahora, es preciso exponer, en términos sencillos, cuál es la utilidad del Derecho Constitucional.

Una de las muchas funciones que cumple el Derecho Constitucional es permitir que los conflictos políticos sean resueltos de manera pacífica. Para ello existen instituciones. Por ejemplo: en vez de caerle a golpes a su vecino por los ruidos molestos, usted acude a la Alcaldía. Estas instituciones funcionan, especialmente, frente al Estado. Si un órgano del Poder Público abusa, ya no es necesario —como sucedía antes— iniciar una guerra civil: bastará con acudir a mecanismos institucionales para, por ejemplo, lograr de un Tribunal la nulidad del acto abusivo.

Pero esto funciona sí, y sólo sí, las instituciones actúan bajo el Estado de Derecho, con suficientes pesos y contrapesos como para asegurar que, en un momento dado, el conflicto pueda canalizarse por vías institucionales. Al día de hoy, todos las vías institucionales que dependen de los Poderes Públicos, y a las cuales se ha acudido para solucionar la crisis por la que atraviesa Venezuela, han sido cerradas. La última vía institucional que quedaba —el referendo— fue “suspendido” en un fraude a la Constitución.

Obviamente, que se cierren esas vías institucionales no significa que el conflicto político se acaba. Todo lo contrario: ese conflicto persistirá. Pues el CNE y los Tribunales pueden suspender los actos jurídicos del referendo. Pero no pueden suspender la crisis política, ni mucho menos pueden suspender el derecho ciudadano a solicitar la revocatoria del mandato.

¿Y qué hacer cuando todas las vías institucionales que dependen de los Poderes Públicos se cierran? La respuesta está en la Constitución.

No me refiero aquí, solamente, a la Constitución de 1999: me refiero a la Constitución histórica, o sea, a toda la tradición constitucional venezolana que arrancó formalmente hace más de doscientos años. Quienes diseñaron la Constitución de 1811 previeron que algo como lo que hoy pasa en Venezuela podía suceder. Y por ello, venezolanos como Juan Germán Roscio se encargaron de acotar que sólo es legítima la autoridad que se ejerce dentro de la Constitución. Fuera de ella, la autoridad es ilegítima, con lo cual, no hay deber de obediencia ciudadana y, además, todo ciudadano deberá restablecer la Constitución. Palabras más, palabras menos, eso fue lo que los venezolanos que sancionaron esa Constitución hicieron a partir del 19 de abril de 1810.

¿Qué quiere decir todo esto? Que la responsabilidad de restablecer la Constitución y lograr una solución pacífica, ahora, recae en el soberano, o sea, en los ciudadanos que conforman al pueblo.

Esto no quiere decir que ya no hay Constitución, como algunos parecen señalar. Lo repito: la Constitución no existe cuando la Sala Constitucional, el CNE o unos Tribunales así lo digan. La Constitución existe cuando cada ciudadano decide sujetar su conducta a la Constitución y actuar, en consecuencia, para restablecerla. Eso sí: no por cualquier medio. Como dijo Martin Luther King Jr., la oscuridad no puede acabar con la oscuridad: sólo la luz puede hacerlo.

No podemos restablecer la Constitución violando los principios superiores sobre los cuales se ha fundado nuestra tradición constitucional.

Por ello, es falso que todas las vías institucionales se acabaron y que, en lo jurídico, ya no hay nada que hacer. Si eso fuera así, lo que vendría es, simplemente, la barbarie, el desorden o, como lo dijo Miranda, el bochinche. En realidad, sí hay una vía constitucional. De hecho, queda en vigor la más importante de todas las vías institucionales: la soberanía popular.

¿Y ahora qué? La respuesta es sencilla, pero su ejecutoria es compleja: ahora hay que restablecer la vigencia de la Constitución, haciendo valer los principios superiores que, desde 1811, han regido nuestro destino como país. ¿Y cómo hacer eso? Corresponde a las fuerzas organizadas de la sociedad conducir el proceso que, basado en esos propios principios constitucionales, logre tal cometido.

El reto no es fácil, ciertamente. Pero no será la primera vez que los venezolanos lo logren.