A propósito del decreto del Ejecutivo y UPM
Recibimos y publicamos. Por Ignacio Stolkin.
Fuente: la diaria 30/3
A quien haya observado en los últimos tiempos la desesperación del gobierno por promover la instalación de una nueva planta de celulosa a orillas del río Negro -que traerá millones de dólares de pérdida al país- y conozca la existencia del acuerdo de inversiones Finlandia-Uruguay, no le llamará la atención la aparición del decreto presidencial del 20 de este mes dando no sólo libertad de acción a la Policía para disolver por la fuerza manifestaciones que puedan interrumpir el tráfico “normal” de caminos y carreteras, sino habilitando el llamado al Ejército si esta lo cree necesario. “De inmediato” daría aviso al juez. Nada se dice de para qué se le avisa.
Y es que el acuerdo (más bien, el contrato leonino) Uruguay-Finlandia fija la obligación de nuestro gobierno de dar “una total y constante protección y seguridad” a las inversiones finlandesas (artículo 2º inciso 2) y de compensar al inversor “pérdidas por causa de guerra u otros conflictos armados, estado de emergencia nacional, revuelta, insurrección o manifestaciones en el territorio de esta Parte Contratante” (artículo 6º inciso 1)
¡De más está decir en qué forma se obliga al Estado uruguayo a pagar!
Es claro que el apresuramiento por decretar la acción policial sin intervención judicial y de hacer mención al derecho de huelga (consagrado por el artículo 57 de la Constitución de la República) dejando su alcance a la libre interpretación de la autoridad es, justamente, demostrar a los inversores que somos un “país serio” (yo diría genuflexo) y que vamos a obedecer el acuerdo internacional y todas sus órdenes y prepotencias, incluso determinando cuál es el lugar del puerto de salida de sus productos, independientemente de que el tránsito o la belleza de nuestra capital esté en juego.
Llama la atención la intervención de la ministra Marina Arismendi, sugiriendo en forma subliminal que el conocido levantamiento de camioneros que condujo a la caída de Salvador Allende en Chile puede precipitar la caída del gobierno porque se puede interrumpir la salida de la producción de arroz. Y, en general, aceptando que se impida demostrar a cualquier grupo social. ¿Hubiera preferido la señora ministra que la Policía (acompañada del Ejército) hubiera “sacado del forro” a las 300.000 personas que interrumpieron el 8 de marzo ni más ni menos que nuestra principal avenida?
Pero si necesitamos una confirmación de a quién va dirigido este decreto, veremos que su primera aplicación fue la detención de dos trabajadores. ¿Dónde? Ni más ni menos que frente a una productora de celulosa a la que se otorgaron las mismas condiciones de inversión que a BOTNIA -hoy UPM-, sin que mediara ningún acuerdo o contrato comercial que obligara a nuestro país. Mejor no aplicar el dicho “más claro, echale agua”, porque de ese elemento hacen uso sin pagar un céntimo.
Y aquí no hago mención al problema de las pérdidas económicas -que alcanzarán los miles de millones de dólares-, porque eso ya es poco frente a las pérdidas de carácter moral que estamos sufriendo con este ataque a la libertad de nuestro pueblo y el abuso de autoridad de nuestro Poder Ejecutivo, que, en aras de favorecer intereses externos, ha llegado a quitar autoridad a la Dirección Nacional de Medio Ambiente, que a través del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente debe dar cuentas al Parlamento, instrumentando por decreto una secretaría sobre cambio climático que estará a la orden del presidente de la República y que podrá decidir, sin consulta alguna, sobre temas de importancia nacional, entre los cuales se encuentran las concesiones sobre la no adopción de medidas correctivas a métodos de producción que sean negativos para el medioambiente.
Es de hacer notar que eso ya lo había intentado el presidente José Mujica por la instalación de Aratirí, que finalmente no funcionó.
Organizaciones internacionales denuncian amenazas de muerte a defensores y defensoras de derechos humanos en Uruguay
Washington D.C. y Buenos Aires, 29 de marzo del 2017—
La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) denunciamos las amenazas de muerte hechas a autoridades estatales, personas operadoras de justicia y defensoras de derechos humanos, que trabajan por la justicia en casos ocurridos durante el régimen militar en Uruguay.
Estado debe adoptar medidas urgentes para garantizar la seguridad de los amenazados y las amenazadas, realizar una investigación efectiva para identificar a todos los responsables por este crimen, y tomar medidas para asegurar que no ocurran de nuevo hechos similares.
La amenaza de muerte fue dirigida a 13 individuos, incluyendo al ministro de Defensa de Uruguay Jorge Menéndez; el fiscal de la Corte Jorge Díaz; la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos y ex fiscal Mirtha Guianze, que presentó cargos en contra de varios violadores de derechos humanos, incluyendo el antiguo dictador Juan María Bordaberry y el general retirado Gregorio Álvarez; la ex ministra de Relaciones Exteriores y defensora de derechos humanos Belela Herrera; los abogados de derechos humanos que han representado a las víctimas de crímenes durante la dictadura: Juan Errandonea, Óscar López Goldaracena, Federico Álvarez Petraglia, Juan Fagúndez, Hebe Martínez Burlé y Pablo Chargoñia; el juez Frances Louis Joinet; el activista brasileño Jair Kirshke; y la investigadora italiana Francesca Lessa.
Dirigida en un correo electrónico, la amenaza exponía que “el suicidio del General Pedro Barneix no quedará impune”. El General Pedro Barneix fue nombrado por el Presidente Tabaré Vásquez para dirigir a un grupo que investigó el destino de personas que fueron desaparecidas de manera forzada durante la dictadura. Barneix se suicidó el 15 de septiembre del 2015, después de conocer que sería arrestado por la ejecución extrajudicial del militante de izquierda Aldo Perrini, en 1974. El mensaje también establecía que: “No serán aceptados más suicidios o persecuciones. Desde ahora en adelante, por cada suicidio, asesinaremos tres personas al azar de la siguiente lista”.
Además de estas amenazas, hace menos de un año, el Grupo de Investigación en Arqueología Forense del Uruguay (GIAF) de la Universidad de la República, quien desde el 2005 ha tenido un papel clave en localizar e identificar los restos de las víctimas de desaparición forzada en Uruguay, fue amenazado de manera similar y fueron víctimas de un ingreso forzoso en su laboratorio. Hasta la fecha, la investigación del robo y amenazas en contra del GIAF no ha producido ningún resultado tangible.
Jo-Marie Burt, asesora principal en WOLA, declaró que “amenazas como estas buscan intimidar a todos aquellos que persiguen la rendición de cuentas por graves violaciones a derechos humanos, y demuestra la persistencia de la impunidad institucionalizada en Uruguay. Su objetivo es asegurar que casos de violaciones a derechos humanos de la pasada dictadura permanezcan impunes. Esto contribuye en la erosión de la confianza ciudadana en las instituciones del Estado que administran e imparten justicia”
Por su parte, Viviana Krsticevic, directora ejecutiva de CEJIL, apuntó que, en el caso Gelman—CEJIL representó a las víctimas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos—Uruguay aún tiene pendiente cumplir con varias de las reparaciones ordenadas por este Tribunal, “incluyendo su deber de organizar la estructura del Estado para superar la impunidad que rodeaba los crímenes cometidos por Uruguay durante la última dictadura (1973-1984). Es fundamental que el Estado tome todas las medidas necesarias para que no vuelvan a ocurrir las amenazas a quienes ocupan un papel clave en la búsqueda de justicia en estas causas, y no queden impunes”.
WOLA y CEJIL expresamos nuestra solidaridad con las víctimas de las amenazas quienes, como defensores y defensoras de derechos humanos y oficiales de gobierno, llevan décadas luchado por la justicia y por acabar con la impunidad. Hacemos un llamado al Estado uruguayo para que enérgica y públicamente condene estas amenazas y se comprometa a asegurar la seguridad de los operadores y las operadoras de justicia y de las personas defensoras de derechos humanos. Para asegurar la protección, el Estado debe investigar a fondo las amenazas, identificar a los responsables y llevarlos ante la justicia.
La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) es una organización líder en investigación e incidencia que promueve los derechos humanos en las Américas. El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) es una organización que trabaja en la defensa y promoción de los derechos humanos en las Américas.
Uñac BASTA de advertencias, FUERA BarricK Gold YA!!!
San Juan / Nuevo derrame en Veladero de la minera Barrick Gold
29/03/2017
La multinacional admitió que sufrió la rotura de un caño. Aseguró que el líquido no es de solución cianurada, aunque no detalló qué clase de "material rico" se derramó. Advertencia del gobernador.
La minera canadiense Barrick Gold admitió ante el gobierno sanjuanino que sufrió un nuevo incidente, el cuarto de la compañía desde 2015, al producirse la rotura de un caño, lo que provocó un derrame de líquidos, informó hoy el subsecretario de Información Pública provincial, Osvaldo Lima.
El funcionario dijo que anoche la compañía multinacional indicó que "se desconectó un caño no con solución cianurada, sino con material rico", aunque no especificó a qué tipo de desecho se refirió la empresa.
Lima informó que "anoche se hicieron los trabajos de contención necesarios" y puntualizó que se están "pidiendo las imágenes de las cámaras de seguridad que nos dan la hora del incidente y qué trabajos se hicieron para remediar esa situación"
Mientras se aguardaba que el ministro de Minería, Alberto Hensel, brinde una conferencia de prensa en las próximas horas, una comisión de la Policía Minera partió esta mañana a la mina Veladero, ubicada en Iglesia, 350 kilómetros al noroeste de la ciudad de San Juan, a una altura de entre 4.000 y 4.850 metros sobre el nivel del mar.
El gobernador de San Juan, Sergio Uñac, dijo que la Barrick "no tenía margen de error después de los derrames anteriores", que "se tendrá que poner a la altura de las circunstancias" y que van a ser "inflexibles en las sanciones que correspondan", tras conocerse el nuevo derrame.
El 13 de enero último se produjo un derrame en otro yacimiento en San Juan a cargo de la empresa canadiense Barrick Gold, que admitió un "incidente" en Lama provocado por "deshielo".
En esa oportunidad, la organización Greenpeace y la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas reclamaron en un comunicado el "cierre definitivo de las operaciones en la zona Lama/Veladero" y advirtieron que "es el gobierno nacional el que debe ponerse los pantalones y defender nuestro ambiente"
La empresa canadiense informó entonces que el evento en Lama fue "a raíz del deshielo de uno de los inviernos más intensos de las últimas décadas en esa zona de la cordillera"
"El evento se originó por la crecida del río Turbio cuyo caudal y arrastre de sedimentos alcanzó la capacidad máxima de las piletas de sedimentación", explicó.
La empresa canadiense debió detener en septiembre último las actividades en la mina Veladero, donde se registró un derrame de agua cianurada, al igual que en el mismo mes de 2015.
(Fuente: Dyn) envió FACUNDO
Declaración de la Unidad Popular contra el decreto “antipiquetes”
Manifestamos nuestro más enérgico rechazo al decreto 76/017 que sancionó el gobierno seudoprogresista del Frente Amplio, el 20 de Marzo, y que permite a la policía dispersar cualquier manifestación popular que corte calles, sin orden judicial y con el argumento de garantizar la libre circulación.
Con este decreto se limita el derecho de reunión (art. 38 de la Constitución) y a la libre expresión (art. 7 sobre la libertad y específicamente la libertad de protesta). La Constitución establece que sólo se pueden limitar derechos y libertades a través de una ley fundada en el interés general (art. 7 inciso 2). Por lo tanto, el decreto es inconstitucional. Más grave aún es la posibilidad de recurrir a otros organismos públicos (art. 1 del decreto), donde por ejemplo podrían entrar las Fuerzas Armadas a pedido del Ministerio del Interior.
El artículo 4 del decreto establece que éste no se aplicaría en caso del ejercicio del derecho de huelga, pero el texto es demasiado vago, lo cual le da un margen de discrecionalidad al gobierno para reprimir las manifestaciones sindicales. Así pasó con trabajadores del SUTCRA, el 21/3, a quienes se detuvo por hacer una asamblea en una ruta.
En los hechos este decreto va contra la actividad sindical y otro tipo de manifestaciones populares en un momento donde persiste la crisis económica, con cierres de fábricas, se perdieron 50.000 puestos de trabajo en 2 años, se agrava la situación social del pueblo y se viene la Rendición de Cuentas, con ajuste fiscal y rebaja salarial.
Se profundiza con este decreto al estilo del “pachecato”, el espíritu represivo de la Ley de Procedimiento Policial de 2008, usada por la policía para “disuadir” una manifestación de trabajadores del transporte frente al Ministerio de Trabajo en 2011, o las amenazas (“disuasión”) en un piquete del FOICA, en el puerto de Montevideo en 2010. Este decreto busca “blanquear” este tipo de actuaciones con un sustento jurídico.
El gobierno quiere dar una señal de mano dura a UPM, con la que negocia la instalación de su segunda mega-planta contaminante de celulosa y a los monopolios imperialistas que potencialmente puedan hacerlo.
El gobierno pro imperialista del Frente Amplio se prepara para imponer su política antiobrera y antipopular con más represión. Hay sectores del FA que vienen acompañando el conjunto de esa política desde el 2005 y que se quieren distanciar de la cara represiva para no perder su base social, pero esta es inseparable de esa política económica y social, y estos sectores son también responsables de ella.
Desde la Unidad Popular llamamos al pueblo oriental a resistir con lucha este decreto represivo y desarrollar la lucha por todas sus reivindicaciones en el camino hacia un auténtico gobierno antiimperialista y popular.
UNIDAD POPULAR –AP 27/3/17
PROGRAMADE LA SEMANA DEL APARTHEID ISRAELÍ 2017
3 AL 7 DE ABRIL - MONTEVIDEO
LUNES 3, 19 hs. -AFFUR (Canelones 2033):
Video debate: "La historia sionista",de Ronen Berelovich.
MARTES 4, 19 hs. -AFFUR: Charla debate: Sobre los orígenes de la limpieza étnica de Palestina, a 100 años de la Declaración Balfour. Laura Lema.
MIÉRCOLES 5, 19 hs. -SAG(Durazno 972):
Video debate: "Hoja de ruta al Apartheid", de Ana Nogueira y Eron Davidson.
JUEVES 6, 19 hs. -SAG:
Charla-debate: Del 'proceso de paz' a la lucha contra el apartheid: el necesario cambio de paradigma. María Landi.
VIERNES 7, desde las 15 hs. -Plaza LIBERTAD: Exposiciónfotográfica sobre Palestina de las activistas españolas Sandra Barrilaro y Estela Vidal, y del colectivo RebelArte.
Música y materiales de difusión.
Coordinación x Palestina