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Se caía de maduro
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"Fujimorazo": el Tribunal Supremo de Justicia se declaró representante de los 30.000.000 de venezolanos.
Con una sencilla y quirúrgica medida se obtienen varias cosas importantes: menos blablá + simple llegar a la sanción de las leyes y + ahorro en dietas de legisladores.
Antes de Fujimori en Perú, en Uruguay, el 27 de junio de 1973, otro presidente que había llegado por las urnas disolvió las Cámaras legislativas.
Lo demás ya se sabe (eeeh... huuum...: ¿se sabe?).
Ese presidente, Bordaberry, dijo en la ocasión:
Afirmo nuestra profunda vocación democrática y nuestra adhesión sin reticencias al sistema de organización política y social que rige la convivencia de los uruguayos.
Este paso no va a limitar las libertades ni los derechos de la persona humana.
Para ello y para su vigilancia estamos nosotros mismos...
Espero que al leer la palabra presidencial todos hayan exhalado un suspiro de alivio.
¡Continuar!
Juan del Sur
@juandelsur2
CEJIL | Condenamos que el Tribunal Superior de Justicia de Venezuela deje Asamblea General sin competencias
30/83/17
El Tribunal Superior de Justicia venezolano le quita las facultades democráticas al Parlamento, rompiendo con esta decisión la separación de poderes.
San José y Washington D.C., 30 de marzo del 2017.- Desde el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) expresamos nuestra preocupación por la decisión del Tribunal Superior de Justicia venezolano de arrogarse facultades legislativas rompiendo con esta decisión la separación de poderes.
El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) venezolano decidió —en una sentencia del pasado 29 de marzo de 2017— que la “Sala Constitucional garantizará que las competencias parlamentarias sean ejercidas directamente por [dicha] Sala o por el órgano que ella disponga”. Dos días antes de esta sentencia, el TSJ realizó un pronunciamiento declarando inconstitucional el respaldo a la Carta Democrática Interamericana, por parte de la Asamblea General, y estableciendo que sus miembros incurrieron en el delito de traición a la patria, despojándolos de su inmunidad parlamentaria.
El fallo del 29 de marzo es contrario al espíritu de la Carta Democrática Interamericana que consagra expresamente en el artículo 3 como elementos fundamentales de la democracia representativa, entre otros, “el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas, […] y la separación e independencia de los poderes públicos”.
Desde CEJIL exhortamos al Estado venezolano a garantizar el cumplimiento de los derechos humanos y a restablecer el Estado de derecho en el país.
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional
Repudiamos sentencias del TSJ que profundizan la
restricción a las libertades democráticas
Partido Socialismo y Libertad (PSL)
En los últimos dos días el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) dio nuevos zarpazos antidemocráticos, profundizando la restricción a las libertades democráticas que el gobierno de Nicolás Maduro viene realizando, amparado por el TSJ, el cual viene siendo controlado por el propio gobierno de Maduro.
Con estas decisiones del TSJ, el gobierno en los hechos, disuelve la Asamblea Nacional en la medida en que formaliza la eliminación de sus atribuciones constitucionales y levanta la inmunidad a los parlamentarios, dejándolos sin el fuero correspondiente y a merced de las decisiones arbitrarias del gobierno y el TSJ.
El Partido Socialismo y Libertad (PSL) repudia categóricamente todas estas acciones que evidencian que el gobierno de Maduro se constituye en un régimen semidictatorial. Un gobierno autoritario basado en el respaldo de las Fuerzas Armadas, los organismos de seguridad, y apoyado por amplios sectores empresariales, los banqueros, las transnacionales petroleras y la burocracia sindical.
El PSL rechaza este nuevo ataque a las libertades desde una consecuente posición de izquierda y de defensa de los derechos de los trabajadores. No reconocemos a este gobierno como un gobierno socialista. Maduro viene gobernando hambreando al pueblo trabajador y haciendo acuerdos con el empresariado y las transnacionales.
Tampoco confiamos ni apoyamos a la MUD. Nuestro repudio a la disolución de hecho de la Asamblea Nacional no es un apoyo político a la MUD sino un rechazo a una acción antidemocrática contra la voluntad del pueblo expresada en las elecciones del 6D. De ninguna manera sembramos esperanzas en la MUD, la oposición patronal y proimperialista, quienes también son responsables de los males que aquejan a todos los venezolanos. Ellos sólo quieren ser los sucesores de Maduro en Miraflores, apropiarse de la renta petrolera y seguir con el ajuste a los trabajadores.
Estas medidas del TSJ son continuación de las restricciones antidemocráticas del gobierno de Maduro, el cual viene instrumentando las llamadas OLHP, un operativo criminal con el cual se han perpetrado varias masacres de personas inocentes y sin antecedentes penales. Se conformó el Comando Antigolpe, el cual procedió a detener a varios diputados y dirigentes políticos de la oposición burguesa agrupada en la MUD. El gobierno se niega a realizar elecciones regionales y de alcaldes, así como elecciones sindicales, siendo el caso más emblemático el de la federación sindical petrolera, Futpv. Y el pasado año hizo malabares para evitar que se activara el referendo revocatorio, solicitado por un importante sector de la población.
Mientras el gobierno de Maduro muestra su cara más antidemocrática, avanza en acuerdos económicos con el empresariado en el marco del Consejo Nacional de Economía Productiva, y más recientemente, en la Expo Feria Venezuela Potencia 2017, donde otorgó más de 45 millones de dólares a empresas nacionales y transnacionales. Por otra parte, entrega el Arco Minero del Orinoco, y paga puntualmente la deuda externa a la banca internacional. Este año se apresta a pagar 17 mil millones de dólares, y en el 2016 pago 18 mil millones.
Es evidente que el gobierno, con este avance totalitario busca allanar el camino para seguir aplicando el brutal paquete de ajuste con el cual se hace pagar al pueblo trabajador el costo de la crisis, y continuar entregando nuestras riquezas minera y petrolera a las transnacionales a través de la empresas mixtas.
Asimismo, el gobierno pretende perpetuarse en el poder. No es de extrañar que se esté preparando declarar el estado de conmoción nacional para suspender todas las elecciones, inclusive las presidenciales del 2018, y tomar acciones más drásticas contra los diputados, contra el conjunto del movimiento de masas y los sectores que se movilicen por sus derechos, y contra los que disientan o se opongan al gobierno.
Nuestra organización rechaza todo tipo de injerencia de la OEA, en asuntos que deben ser resueltos por los venezolanos. Nos oponemos a la implantación de la Carta Democrática, porque esta representa la injerencia de fuerzas e intereses imperiales respecto a nuestra soberanía, así su llamado sea la justa realización de elecciones.
Rechazamos a este represivo y hambreador gobierno, que sólo ha sembrado miseria en el pueblo trabajador y se ufana de la entrega de nuestros recursos petroleros y del Arco Minero del Orinoco. Hay que salir ya de este gobierno.
En ese sentido, la salida estratégica es un Gobierno de los Trabajadores y el Pueblo que revierta la debacle social y política que vivimos. En ese camino debemos luchar en defensa de las libertades reclamando una inmediata convocatoria a elecciones de una Asamblea Constituyente Libre y Soberana donde el pueblo trabajador pueda decidir todo.
El PSL llama a la Plataforma en Defensa de la Constitución, a la Plataforma del Pueblo en Lucha y del Chavismo Crítico, a Marea Socialista, y a todos los sectores democráticos, a los sindicatos, organizaciones populares, campesinas y estudiantiles a movilizarnos y pronunciarnos unificadamente en contra de estas medidas, antes que se terminen de liquidar todas las libertades democráticas.
31 de marzo 2017
Transparencia Venezuela | Siete magistrados dejan sin Estado de Derecho a más de 31 millones de venezolanos al poner en manos del Presidente Maduro todos los poderes públicos
Mar 30, 2017
Transparencia Venezuela hace un llamado a los representantes de los poderes públicos que fueron despojados de sus funciones por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia a defender la democracia, la separación de poderes, el respeto del Estado de Derecho y la vigencia plena de la Constitución. De no hacerlo y obedecer o ejecutar algún acto que viole o menoscabe los derechos garantizados por la Constitución, no sólo serán cómplices de la ruptura del orden democrático, sino que incurrirán en responsabilidad penal, civil y administrativa, según el caso.
Caracas, 30 de marzo de 2017. Siete magistrados de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (SC-TSJ), 5 de ellos designados en procesos viciados de irregularidad, acabaron con la separación de poderes —condición sine qua non de la democracia— al entregar al presidente Nicolás Maduro la potestad de tomar medidas civiles, económicas, militares, penales, administrativas, políticas, jurídicas y sociales que estime pertinentes y necesarias, sin consulta de ningún otro Poder, para “evitar un supuesto estado de conmoción”.
Los autores materiales
Los magistrados Juan José Mendoza Jover, Arcadio Delgado Rosales, Carmen Zuleta de Merchán, Calixto Ortega Ríos, Luis Fernando Damiani Bustillos, Lourdes Benicia Suárez Anderson y Federico Sebastián Fuenmayor Gallo (en suplencia de Gladys Gutiérrez) firmaron en ponencia conjunta, la sentencia 155 de la Sala Constitucional del TSJ, que entrega todo el poder al Presidente de la República y declara traidores de la Patria a los diputados por solicitar la activación de la Carta Democrática.
Estos magistrados se convirtieron en incondicionales aliados de los intereses del gobierno nacional y, finalmente han acabado con la democracia, sostenida en el Estado de Derecho y en la separación de los Poderes. Llama la atención que la magistrada Gladys Gutiérrez, por más de 4 años presidenta del TSJ y miembro de esta sala, no haya tomado parte en una sentencia tan crucial como ésta.
Estos siete magistrados coronaron a Nicolás Maduro como el Jerarca de Venezuela, traspasaron a él la soberanía nacional y le entregaron las funciones de todo el Poder Público Nacional.
Transparencia Venezuela
CIDH | Condenamos decisiones del Tribunal Supremo de Justicia y la alteración del orden constitucional y democrático en Venezuela
31 de marzo de 2017
Washington, DC – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena las decisiones adoptadas por el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela. Estas nuevas decisiones constituyen una usurpación de las funciones del Poder Legislativo por parte de los Poderes Judicial y Ejecutivo, así como una anulación de facto del voto popular mediante el cual fueron elegidos los diputados de la Asamblea Nacional.
El 28 y 29 de marzo de 2017 la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) emitió dos decisiones a través de las cuales levanta las inmunidades parlamentarias a los diputados de la Asamblea Nacional, establece que sus actos constituyen traición a la patria, otorga al Poder Ejecutivo amplísimos poderes discrecionales, y, por otra parte, arrogándose las competencias del Poder Legislativo, decidió que dichas competencias serán ejercidas directamente por la Sala Constitucional o por el órgano que dicha sala disponga. Además establecen otras afectaciones al funcionamiento de un Poder Legislativo independiente en Venezuela.
La Comisión condena categóricamente esta grave injerencia del Poder Judicial en la Asamblea Nacional y urge al Estado venezolano a restablecer la independencia y separación de poderes del Estado. La CIDH expresa su absoluta preocupación ante decisiones mediante las cuales el Tribunal Supremo de Justicia ha asumido funciones y decisiones sobre asuntos políticos y legislativos que son ajenos a la función judicial, afectando el rol de la Asamblea Nacional y su representación popular. Estas dos decisiones presentan un riesgo para la vigencia de los derechos humanos y de principios democráticos básicos, por la concentración de poder en el Ejecutivo y el Judicial y la vulneración del principio de separación de poderes en un sistema democrático. Anteriormente, en septiembre de 2016, la CIDH había condenado la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela mediante la cual dicho tribunal declaró nulas y carentes de vigencia y eficacia jurídica todas las decisiones de la Asamblea Nacional, a la cual declaró en desacato.
La Comisión Interamericana condena el uso del derecho penal -del delito tipificado como traición a la patria-, como un medio para silenciar, intimidar y criminalizar la crítica al Gobierno realizada por los diputados de la Asamblea Nacional.
Adicionalmente, la Comisión observa que la primera decisión del Tribunal Supremo de Justicia dota al Presidente de la República de poderes discrecionales, que través de un lenguaje amplio y ambiguo permite la adopción de medidas de toda índole. Esta situación tiene la potencialidad de generar limitaciones a los derechos humanos.
La CIDH ha establecido reiteradamente que existe una relación directa entre el ejercicio de los derechos políticos y el concepto de democracia como forma de organización del Estado. La Comisión le ha expresado y reitera a Venezuela la necesidad de garantizar a la ciudadanía y a los grupos políticos organizados el derecho a la participación política y a libertad de expresión sin temor a represalias, permitiendo y fomentando un debate público plural, amplio y robusto.
La relación entre derechos humanos, derechos políticos y democracia ha quedado plasmada en la Carta Democrática Interamericana, donde se señala que son “elementos esenciales de la democracia representativa, entre otros, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes públicos”.
La CIDH urge al gobierno venezolano a respetar la separación de poderes, el principio de representación popular y las competencias que la constitución confiere a cada órgano, garantía indispensable de un régimen democrático y del Estado de Derecho. En particular, la Comisión urge al Estado a cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, respetar y garantizar el funcionamiento independiente de los poderes públicos y a la participación en la vida política en el país de todos los sectores.
La CIDH se pone a disposición para colaborar con el Estado de Venezuela en el marco de su mandato y funciones a fin de respetar el orden constitucional y democrático en el país. En este sentido, la CIDH reitera la solicitud de anuencia del Estado de Venezuela para realizar una visita de observación, que la Comisión viene solicitando desde el año 2004.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.
Foro por la Vida | Denunciamos golpe a la soberania popular
31 Mar 2017
Las organizaciones no- gubernamentales de derechos humanos que suscribimos el presente pronunciamiento, integrantes de la coalición “Foro por la Vida” rechazamos categóricamente las sentencias N° 155 del 28 de marzo de 2017 y 156 del 29 de marzo de 2017 emitidas por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (SC-TSJ) . Estas decisiones desconocen el mandato constitucional de los diputados libremente elegidos en votación popular y golpean las garantías constitucionales relativas a la separación y autonomía de los poderes públicos.
Las referidas sentencias de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (en adelante TSJ) confirman la preocupación manifestada por los distintos órganos internacionales de protección de derechos humanos ante la ausencia de institucionalidad democrática, separación de los poderes y ruptura de las garantías democráticas básicas La actuación del TSJ confirma la ausencia de una institucionalidad democrática en el país.
La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en su sentencia número 156, dá un golpe certero a los restos de soberanía popular que quedan en el ordenamiento político e institucional venezolano al abolir de facto las competencias de la Asamblea Nacional (en adelante AN). Las sentencia usa como pretexto un supuesto desacato a fallos anteriores del propio tribunal; con este nuevo fallo queda abolida de hecho la voluntad del pueblo venezolano que libremente eligió a la Asamblea Nacional como órgano del Poder Público de Elección Popular.
El TSJ con su sentencias 155 y 156 destruye el Estado de Derecho al otorgar al Ejecutivo atribuciones que son exclusivamente de la Asamblea Nacional contempladas en el artículo 187 de la Constitución; declara la “omisión institucional parlamentaria” y decidió que ” mientras persista la situación de desacato y de invalidez de las actuaciones de la Asamblea Nacional, esta Sala Constitucional garantizará que las competencias parlamentarias sean ejercidas directamente por esta Sala o por el órgano que ella disponga, para velar por el Estado de Derecho”.
Estas sentencias de facto constituyen la consumación de la disolución o cierre jurídico de las competencias constitucionales de la AN, lo cual es una ruptura del orden constitucional que afecta gravemente el funcionamiento de la democracia. Configura un secuestro de la soberanía popular representativa de la AN que es la esencia de una democracia: el respeto a la voluntad popular.
Con estas sentencias la Sala Constitucional de Tribunal Supremo de Justicia transgrede y da la espalda a sus atribuciones constitucionales y a los compromisos internacionales asumidos en la Carta de la Organización de Estados Americanos y en los distintos instrumentos de protección de derechos humanos.
De acuerdo a la Fiscal General de República, Luisa Ortega Díaz, “estas sentencias tienen varias violaciones del orden constitucional ydesconocimiento del modelo de Estado consagrado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela,. Lo que constituye una ruptura del orden constitucional”.
El Foro por la Vida recuerda que estos principios y normas constitucionales son transgredidos precisamente por el órgano llamado a ser su intérprete y garante de su supremacía y efectividad. Por ello señalamos que toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos nulos; de igual modo la Constitución no pierde su vigencia si dejare de observarse por acto de fuerza.
Por más que desde el poder recrudezca la conducta criminalizadora y estigmatizante, destinada a silenciar la crítica y el debate democrático, seguiremos firmemente cumpliendo el deber y el derecho de todo ciudadano a exigir la plena vigencia del orden constitucional y el respeto íntegro e indivisible de todos los derechos humanos garantizados en la constitución y en los instrumentos internacionales.
La grave situación social derivada del rápido empobrecimiento de la población, la crisis de los servicios de salud publica, las altas tasas de violencia criminal, el deterioro de la educación pública y la desnutrición no pueden enfrentarse efectivamente sin plenas garantías para las libertades y derechos humanos.
Ante tan delicada situación que afecta la vigencia de la institucionalidad republicana establecida en la Constitución, las organizaciones del Foro por la Vida reafirman la importancia del estricto apego a las normas del derecho internacional de los derechos humanos como mecanismo para alcanzar la justicia y dignidad para todas las personas.
Exigimos que se reestablezcan inmediata y plenamente los derechos y libertades de la personas que habitan en el territorio venezolano y ello implica ceñirse con estricto apego a lo establecido en el derecho internacional de los derechos humanos y las garantías establecidas en la Constitución venezolana.
Requerimos a las altas autoridades del gobierno nacional el cese de la violencia institucional en contra del Poder Legislativo y que se respeten los mecanismos instititucionales para avanzar en la resolución de la grave crisis política nacional.
Agradecemos la solidaridad expresada por diversos gobiernos, personalidades y organizaciones de derechos humanos que igualmente rechazaron estas sentencias y reclaman la recuperación de la institucionalidad democrática en Venezuela
Acción solidaria
Accion Ciudadana contra el SIDA (ACCSI)
Caritas Los Teques
Centro de DDHH de la UCV
Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello
Cofavic
Comisión de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal Venezolana
Comisión de Justicia y Paz de la Conver
Coprodeh
Espacio Público
Observatorio Venezolano de Derechos Humanos de las mujeres
Servicio Jesuita a Refugiados
Vicaria de Dd.hh de Caracas
BOLIVARIANA
INDISCIPLINA PARTIDARIA,
la columna de Hoenir Sarthou en Voces 29/3/17
Venezuela se ha convertido en un problema para quienes se proclaman “de izquierda”
Como ejemplo, basta ver el abanico de posturas existente en el oficialismo uruguayo, así como en fuerzas que se consideran más a la izquierda que el Frente Amplio. Hay desde quienes apoyan la postura agresivamente intervencionista adoptada por Luis Almagro como Secretario General de la OEA, hasta quienes consideran que cualquier crítica al gobierno venezolano es un acto desleal de apoyo al imperialismo.
¿Quién tiene razón? En caso de que alguien la tenga.
El análisis de este asunto requiere responder no una sino dos preguntas.
La primera es si el gobierno de Maduro ha transgredido sus propias reglas, es decir las garantías constitucionales que el mismo chavismo promovió en su momento, y si tiene o no válidamente cuestionada su legitimidad democrática.
Si la respuesta a esta primera pregunta es “sí”, se abre otra interrogante: ¿qué actitud deberíamos asumir ante eso como uruguayos y en particular cómo debería actuar nuestro gobierno?
Esta segunda pregunta es importante porque la respuesta no puede ser dada desde la pura abstracción. Por un lado, porque es claro que cualquier intervención que se produzca, ya sea política, económica o incluso de fuerza (no es la primera vez que se incentivan conflictos fronterizos en la zona), no será hecha por la mano de Dios, sino por intereses y gobiernos muy deseosos de intervenir, directamente o a través de organismos internacionales, en su propio beneficio
Y, por otro lado, porque opinamos y actuamos desde un país chico de Sudamérica, para el que el principio de “no intervención” debería ser una regla sagrada.
Sobre la primera pregunta (si el gobierno de Maduro ha transgredido sus propias reglas y tiene válidamente cuestionada su legitimidad democrática), mal que nos pese a muchos, sólo puede darse una respuesta afirmativa. La crisis económica, la corrupción, el desorden administrativo y el desabastecimiento de productos esenciales han erosionado el apoyo popular inmenso que Maduro heredó de Chávez.
La fractura política del país, la manipulación y luego la desconsideración del poder ejecutivo hacia los otros poderes del Estado, el encarcelamiento de líderes opositores y finalmente la suspensión de las elecciones son la prueba del desgaste del gobierno, que no posee ya la capacidad de hegemonizar en grado suficiente ni siquiera a los sectores populares de la población venezolana. Cada vez más recostado en el ejército y en el núcleo duro de sus militantes, funcionarios y prebendarios, el gobierno de Maduro ha perdido esa condición de marea popular, tal vez no muy escrupulosa en las formas pero sin duda mayoritaria, que caracterizó al chavismo de Chávez.
Más allá del debate constitucional sobre la suspensión de las elecciones, esa suspensión es un símbolo claro de lo que está pasando en Venezuela.
Si algo caracterizó a Chávez y a la segunda ola de gobiernos de intención revolucionaria en América Latina (Venezuela, Ecuador, Bolivia) es que sus pretensiones revolucionarias de “socialismo bolivariano” no se fundaron en los fusiles ni en focos insurreccionales. Nacieron, vivieron, intentaron cambiar la ecuación de poder y cambiaron sus respectivas constituciones a golpes de urna, en base a apoyos populares masivos verificables en sucesivas elecciones. Si algo caracterizó al chavismo de Chávez fue la confianza absoluta en su capacidad de enfrentar elecciones y plebiscitos
Por alguna razón, el chavismo no produjo material teórico sobre este punto (como sí lo hizo el castrismo con la guerra de guerrillas y la teoría del foco), pero a estas alturas es evidente que la capacidad de legitimarse popularmente mediante instancias electorales y plebiscitarias, no rehuyéndolas nunca y sometiéndose a ellas con considerable honestidad, fue parte sustancial de la concepción de Hugo Chávez Frías, para quien el ejército y el aparato estatal no podían sustituir al calor popular en que fundaba su liderazgo y el futuro de su régimen.
Hoy vemos a Maduro en la posición opuesta. Aunque intenta seguir las políticas sociales populares del chavismo, ha perdido la legendaria confianza de Chávez en las expresiones políticas de su pueblo. Por eso rehúye una elección en la que casi seguramente saldría derrotado. No saber soportar una derrota, y -como lo hizo mil veces el peronismo- conformar un movimiento opositor que seguramente llevaría de nuevo al chavismo al poder en poco tiempo, es la prueba de la debilidad e incapacidad política de Maduro y de los cuadros que lo rodean. Incapacidad para entender y promover el funcionamiento democrático, pero también para entender la premisa estratégica y política sobre la que se edificó el chavismo: un gobierno popular no puede temer a las elecciones.
Esa incomprensión probablemente lleve a la ruina a Maduro y a su gobierno, pero sobre todo compromete el futuro de la tradición política chavista.
¿Esa debilidad democrática del gobierno de Maduro justifica la intervención externa y la actitud de Almagro que la promueve?
Por cierto que no. Sea cual sea la situación política de Venezuela, sólo los venezolanos tienen legitimidad para buscar alternativas y luchar para imponerlas. Detrás de la idea de que los organismos internacionales, como la OEA, tienen facultades para supervisar el carácter democrático de los Estados que la integran late una noción muy peligrosa: la de que la democracia y las garantías institucionales pueden ser impuestas a presión o por la fuerza. Una noción que encierra una contradicción básica.
¿Qué legitimidad democrática tiene un organismo como la OEA para decirles a los gobiernos qué deben hacer?
¿Qué autoridad democrática, otorgada por qué pueblo, tiene el Sr. Almagro para discutir de igual a igual con cualquier presidente? Y más aún: ¿qué autoridad moral y política tienen los gobiernos de los Estados que respaldan a Almagro en su gestión contra el gobierno de Venezuela? ¿La tienen los EEUU, que han invadido y bombardeado a países enteros, siguen enredados en guerras inadmisibles y espían hasta a sus socios? ¿La tienen Estados fallidos, incapaces de asegurar la vida de sus habitantes, como México? ¿La tiene Brasil, presidido por un suplente acusado de delitos peores que la presidente a la que sustituye?
El principio de no intervención en los asuntos internos de los Estados, principio clásico del derecho internacional, no es una formalidad del pasado. Está hoy en discusión justamente porque es un freno a la idea de que las decisiones políticas pueden ser impuestas o supervisadas por organismos tecnocráticos carentes de todo respaldo y control popular, organismos, en todo caso, dominados por los Estados más fuertes y, lo que es aún peor, por los intereses financieros y corporativos que controlan a su vez a los gobiernos de esos Estados.
En el caso de Uruguay, muy especialmente, nos va la vida en ese principio. Porque carecemos del poder económico, el territorio y la población como para resistir por la vía de los hechos el poder de las corporaciones y de los organismos internacionales que operan para ellas.
¿Por qué el caso de Venezuela inquieta a la OEA y al Sr. Almagro, que nada dicen sobre las guerras y el espionaje de los EEUU, ni sobre las masacres impunes en México, ni sobre el carnaval político en medio del cual se destituyó a Dilma Rousseff y se instaló a Temer?
La respuesta es obvia: a pesar de todos los pesares, los poderes e intereses que están detrás de organismos como la OEA no se mueven con comodidad en la Venezuela de Maduro. Al menos no con tanta comodidad como en los EEUU de Obama y Hillary (no sabemos todavía qué pasará con Trump) en el México de Peña Nieto, en el Brasil de Temer, o en la Argentina de Macri.
Sumarnos a la cruzada de Almagro y de la OEA no favorece a los venezolanos, por más que los venezolanos tengan todo el derecho a estar hartos de Maduro. Pero, sobre todo, sumarnos a esa cruzada equivale a trenzar una cuerda con la que un día podríamos ser ahorcados.