¿La Tierra para el que la trabaja o para las S.A.?
Editorial periódico La Verdad 107 marzo 2017
Los gobiernos seudo progresistas del Frente Amplio han sido responsables no solo de una extranjerización y concentración de la tierra histórica, sino de facilitar su propiedad a través de las S.A.
Según un trabajo detallado, publicado en el suplemento Campo, del semanario Búsqueda del 23/3/17, basado en cifras oficiales, unas 90 empresas, en su mayoría S.A, fueron autorizadas, durante estos 10 años(bajo los gobiernos de Tabaré y Mujica) a ser propietarias nada menos que de 5,7 millones de hectáreas.
Esta barbaridad la realizaron reglamentando la Ley 18.092, del año 2007, que tenía supuestamente como objetivo justamente prohibirle a las S.A., la titularidad del derecho de propiedad de inmuebles y explotaciones agropecuarias. El decreto reglamentario estableció el régimen de excepciones a la obligatoriedad de identificar a los propietarios de dichas explotaciones, sobre la base de que “sean proyectos prioritarios para el desarrollo productivo del país”.
En el listado de las principales empresas autorizadas aparecen, Union Agriculture Group(UAG) con 320.000 has., Stora Enzo con 308.000, Agronegocios del Plata con 156.994, Guanaré(Forestal Atlántico Sur) con 118.000 has., Forestal Oriental(UPM) con 115.709has., a las que se suman las de Uruwood subsidiaria de la antedicha, con 115.000 has. Eufores adquirida por Arauco y Stora Enzo (Montes del Plata) joint venture con 369.000 has. Con decenas de miles de hectáreas figuran MSU, Pérez Companc, Hudson Investiments, Inglebay, Louis Dreyfus, Soros, Bulgheroni y Weyerhaeuser.
Todos son monopolios de los países imperialistas y asociados a ellos, que tienen sus inversiones fundamentalmente en los monocultivos forestales y sojeros, depredadores y contaminantes, aunque abarcan también la explotación de la ganadería, la lechería y también la minería, y cuya instalación en nuestro país se ha incrementado explosivamente, junto a la profundización de la dependencia y la cada vez mayor sujeción a la división internacional del trabajo imperialista, que han promovido a rajatabla los gobiernos del Frente Amplio.
En esta política, que ha venido expulsando a miles de pequeños y medianos productores del campo, que mantiene a la lechería en una larga crisis, afectando a miles de tamberos y a la industria láctea, estos gobiernos entreguistas han tenido el apoyo político de la derecha tradicional, y han sido sostenidos a nivel social por la mayoría oportunista de la dirección del PIT-CNT, que maniata las luchas y apoya abiertamente las plantas de celulosa, como en su momento a Aratirí, la Regasificadora, etc.
La ocupación de tierra en Bella Unión
Vaya desde estas páginas nuestro saludo y solidaridad con la justa lucha que han emprendido trabajadores cañeros de Bella Unión, Artigas, nucleados en UTAA, con la ocupación de una fracción de tierra que lleva 50 días y la huelga de hambre en Montevideo. Denuncian valientemente la crisis social que se está viviendo en esa zona del país, donde se siguen súper explotando a los trabajadores y cerrando fuentes de trabajo.
Esto demuestra una vez más la necesidad de una verdadera Reforma Agraria, con expropiación de los latifundios de más de 2.500 has, que reparta la tierra a los campesinos pobres, asalariados agrícolas y todo el que quiera trabajarla, que promueva la cooperativización y que instale también grandes explotaciones estatales, para impulsar un nuevo desarrollo agropecuario. Esto podría generar decenas de miles de puestos de trabajos estables y dignos en el campo, garantizar la soberanía alimentaria y proveer de materias primas a la industria nacional. La Reforma Agraria es parte fundamental del programa revolucionario, para romper la dependencia del imperialismo y marchar al socialismo.
El gobierno del FA en problemas
El tercer gobierno del FA enfrenta desde el 2015 los efectos de la crisis económica internacional en la región y el país. Hubo un pobre crecimiento del PBI, del 1,5% en el 2016, pero con sectores fundamentales de la economía, como la industria manufacturera, la construcción y el comercio, en recesión.
Esto lo ha llevado a un déficit fiscal del 4%, a un aumento de la desocupación y el trabajo no registrado (alrededor de 300.000 trabajadores según recientes cifras oficiales) a un salto en la deuda externa, al ajuste fiscal, a los tarifazos y a la rebaja de salarios.
Al mismo tiempo tiene una situación política cada vez más complicada por las luchas obreras y populares que a pesar del oportunismo, y la dispersión y carencias de los sectores clasistas entre los que nos contamos, se ha abierto paso estos años y se puede incrementar en este año, como lo demostró la histórica marcha del 8/3, por el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, donde las reivindicaciones por los derechos de la mujer y contra la violencia doméstica y los feminicidios, se unieron claramente con reivindicaciones sociales y duros cuestionamientos al gobierno y al sistema explotador.
Luchas como las que están protagonizando estos días los obreros del Molino de Dolores por su reapertura, los obreros gráficos de la Impresora Polo, los trabajadores camioneros del SUTCRA por salarios y condiciones de trabajo. Luchas que se vienen en el sector público cuando se plantee la Rendición de Cuentas con el Presupuesto que quedó pendiente.
Está complicado también por la acción de la derecha tradicional que apoya la política de Astori en general, pero lo picanea por derecha por más “seguridad”, más apertura al exterior etc., y lo viene golpeando por la corrupción y el despilfarro de ANCAP, realiza interpelaciones permanentes e impulsa comisiones investigadoras que lo exponen ante el pueblo y le generan cada vez más contradicciones en una interna en la que ya juegan también las candidaturas y alineamientos para las elecciones del 2019.
Muestra de ello es la pérdida del diputado 50, y la polémica pública entre Darío Pérez y De los Santos de Maldonado, cuando cerró el Cambio Nelson, que además de una mini crisis financiera con importantes derivaciones, comprometió al BCU que “no sabía nada” y se expusieron incluso los vínculos de sectores del FA con su dueño, Francisco Sanabria, secretario del Partido Colorado en Maldonado, fugado a Miami.
Complicado también por la persistencia de la Unidad Popular-AP, que aparece ya como fuerza de izquierda consecuente y factor político nacional en un proceso que lleva ya 11 años, y que avanza a su 7° Encuentro Nacional de Militantes el 13/5.
Hacia un 1° de Mayo clasista contra el gobierno y el oportunismo
En estas condiciones marchamos a un nuevo 1° de Mayo, con la necesidad de la mayor unificación posible de las luchas obreras y populares, para evitar que el gobierno descargue la crisis sobre las espaldas de los trabajadores y el pueblo, y para enfrentar también esta amenaza represiva surgida a partir del decreto que posibilita la represión policial, sin participación judicial de los cortes de calles y rutas. Decreto que supuestamente no se aplicaría a las luchas sindicales pero que al otro día de su promulgación debuta con la detención policial de trabajadores camioneros por un piquete frente a Montes del Plata, en Colonia.
Para unificar las luchas y abrir una nueva situación en el movimiento sindical, en la perspectiva de doblarle el brazo al gobierno del oportunismo y poder derrotar su política de entrega, el ajuste y la rebaja salarial, es fundamental fortalecer el clasismo y sus agrupamientos en cada sindicato y avanzar en la coordinación y unidad de acción de las corrientes clasistas que persistimos pero estamos dispersos.
¡Por la Unidad de los que luchan!
Ricardo Cohen
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NdeR: en nota siguientedonde se reproduce, también en forma completa el estudio de la revista Campo del semanario Búsqueda.
Concentración de la propiedad de la tierra bate records
En contra de su prédica ideológica, el Frente Amplio ampara la mayor concentración y extranjerización de la propiedad de la tierra que se registra en la historia del país
.Correo de los Viernes 664-31/3
Cuando hizo su campaña electoral en 2004, el actual presidente Dr. Tabaré Vázquez prometió que iban a temblar hasta las raíces de los árboles, dando cuenta de que un gobierno del Frente Amplio significaría un cambio radical, sobre todo en materia económica.
En su prédica histórica, el Frente postuló la nacionalización de la banca, la reforma agraria, el no pago de la deuda externa y la ruptura con el Fondo Monetario Internacional.
Nada de eso se hizo –por suerte para el país– y se ratificaron las orientaciones económicas que históricamente tuvo el país.
Pero en algunos casos hay situaciones extremas. Eso es lo que ocurre con la concentración de la propiedad de la tierra, que ha alcanzado un registro record, según un reciente estudio de la revista Campo que se publica con el semanario Búsqueda.
En la actualidad y como consecuencia de la forestación y la extensión de las actividades agrícolas, 90 empresas son propietarias de predios que abarcan 5.700.000 hectáreas, equivalentes a los territorios de los departamentos de Tacuarembó, Salto, Paysandú, Durazno y San José.
Una ley del año 2007 intentó prohibir que las sociedades anónimas fueran propietarias, pero a la vez se estableció un régimen de excepciones al que se ha acudido reitera y abusivamente.
Según Campo, la nómina de excepciones es realmente enorme.
Reproducimos acá el listado.
Entre las empresas que figuran en los registros oficiales con mayor extensión de tierras autorizadas por el gobierno se encuentran Union Agriculture Group (UAG) con unas 320.000 hectáreas, Stora Enso con 308.000 hectáreas, Agronegocios del Plata con 156.994 hectáreas, Guanaré (Forestal Atlántico Sur) con 111.800 hectáreas, Forestal Oriental (UPM) con 115.709 hectáreas, y de ese mismo grupo figura la subsidiaria Uruwood con 115.000 hectáreas y Eufores, una empresa adquirida en 2009 por el joint venture conformado por Arauco y Stora Enso, que tiene 369.000 hectáreas.
Otras firmas autorizadas fueron Forestal Cono Sur con 83.600 hectáreas, Colonvade con 72.000 y la agrícola argentina MSU (Manuel Santos Uribelarrea) con 22.264 hectáreas.
En el caso de UAG figuran varias sociedades anónimas como Boisy, Rafilur, Madalux, Nogatir y Vadolmar, con unas 65.000 hectáreas en conjunto.
Otras autorizaciones fueron concedidas a la minera Aratirí (9.000 hectáreas), Del Carmen y Santa Margarita, de la familia argentina Pérez Companc, con 24.911 hectáreas, distribuidas en los departamentos de Río Negro, Soriano y Tacuarembó.
El capital accionario nominativo de esas sociedades anónimas pertenece a Hudson Investment Holding, constituido en las Islas Caimán, según consta en la autorización otorgada por los Ministerios de Ganadería y Economía en 2011.
Otras firmas exceptuadas fueron la semillera Hinkely con 4.688 hectáreas y la danesa Ingleby, que cuenta con algo más de 25.000 hectáreas destinadas a la producción de granos y carne, entre otros productos, y que opera en diferentes países.
Un grupo de sociedades de la empresa Calyx Agro, creada por la compañía Louis Dreyfus, entre otros accionistas, figura en los registros con 62.964 hectáreas, al igual que Forestal Atlántico Sur con 55.000 hectáreas, Frigorífico Modelo con 24.674 hectáreas, Ginker con 68.148 hectáreas y Adecoagro, que tiene al magnate George Soros entre sus accionistas, con 42.000 hectáreas.
El grupo de empresas que son propiedad del inversor argentino Alejandro Bulgheroni recibieron las autorizaciones correspondientes: Nuevo Manantial y Estancias del Lago con 26.400 hectáreas, Agroland con 1.674 hectáreas y Gamorel con 567 hectáreas. Esos emprendimientos comprenden la producción de energía eólica, un megatambo, aceite de oliva, vinos, forestación y arándanos.
En el listado figura además la estatal Alcoholes del Uruguay, que recibió aprobación del Ejecutivo para ser propietaria de un total de 11.440 hectáreas y la Sociedad de Padres Salesianos con 4.930 hectáreas.
RMK Timberland, un fondo de inversión forestal originario de Georgia, Estados Unidos, obtuvo autorizaciones para las sociedades con las que opera en Uruguay: Taurión con 24.797 hectáreas, Monte Fresnos con 4.500 hectáreas y Ponte Tresa con 1.293 hectáreas.
Una de las primeras autorizaciones a ser exceptuada de la ley en cuestión fue la empresa forestal estadounidense Weyerhaeuser, que en los registros oficiales figura con 31.433 hectáreas. Otras sociedades vinculadas al mismo grupo inversor fueron exceptuadas: Los Piques con 11.000 hectáreas y Vandora con 4.967 hectáreas.
Como se ve, tanto la vieja prédica frenteamplista como la propia ley del año 2007 –que tenía el objetivo de limitar la concentración de la propiedad– han quedado por el camino.