El año 2016 fue un período de malas noticias para la democracia venezolana. Luego de dos graves decisiones (Aprobar un decreto, bajo el nombre “Estado de Excepción y Emergencia Económica” para sustituir por la vía de los hechos a la Constitución; y luego suspender de manera ilegal e indefinida las elecciones a gobernadores regionales), Provea decidió calificar al gobierno de Nicolás Maduro como una dictadura
Dos sentencias emitidas por el Tribunal Supremo de Justicia, máxima corte del país, intentó a finales de marzo de 2017 profundizar alejamiento actual de la democracia. Las polémicas sentencias se deciden como consecuencia de la presión regional por el proceso de aplicación de la Carta Democrática Interamericana al país. El 21 de marzo la Asamblea Nacional aprobó un acuerdo para respaldar la iniciativa del Secretario General de la OEA, el doctor Luis Almagro, luego que diferentes sectores de la sociedad venezolana habían apoyado la continuidad del proceso de sanciones diplomáticas por parte organismo debido al quiebre de la institucionalidad democrática. La primera sentencia del TSJ, bajo el número 155, anulaba el acto parlamentario
calificándolo del delito de traición a la patria y afirmando que debido a su situación de presunto “desacato”, los actuales diputados no gozaban de inmunidad parlamentaria. Además, la sentencia ordenaba al presidente revisar y modificar diferentes normativas, entre las cuales nombraba la legislación antiterrorista, para que fueran aplicadas a quienes fueran acusados como “traidores de la patria
El 29 de marzo, el TSJ aprueba la sentencia número 156, en la que decidía que las competencias de la Asamblea Nacional serían “ejercidas directamente por esta Sala o por el órgano que ella disponga”
El presidente de la Asamblea Nacional, el diputado Julio Borges, calificó la decisión como un “golpe de Estado” realizado por una dictadura, mientras diferentes sectores de la sociedad venezolana y la comunidad internacional rechazaban las decisiones, las cuales comparaban con la decisión de disolver el parlamento de Alberto Fujimori en Perú. Precisamente el gobierno de este país retiró, “de manera definitiva”, a su embajador del país mientras que el gobierno argentino expresó su preocupación y alentaba el diálogo político; Panamá hacía un llamado al respeto del orden constitucional y el respeto a la separación de poderes y el gobierno de Estados Unidos rechazaba la usurpación de poderes de un ente electo democráticamente.
Por su parte el Secretario General de la OEA calificó la situación como un “autogolpe”, mientras que la Unión Europea expresó que la Corte venezolana ponía en tela de juicio los poderes constitucionales de la Asamblea Nacional. Entes y organizaciones de derechos humanos también opinaron sobre el hecho: CEJIL condenaba la erosión de competencias de la Asamblea Nacional, La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos del Perú solicitaba la aplicación de la Carta Democrática Interamericana; El Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas pedía mantener la separación de poderes; a la par de otras declaraciones de Human Rights Foundation, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, A lo interno de Venezuela las reacciones fueron igual de contundentes. 45 ONG venezolanas afirmaron que la decisión profundizaba la ruptura del orden democrático; El Foro por la Vida denunció “golpe a la soberanía popular”; Fedecámaras indicó que había grave deterioro de los principios constitucionales; La Unidad de Acción Sindical recordaba que la soberanía residía en el pueblo; El Consejo de Facultad de la Universidad de Carabobo describió como crisis nacional; La Unidad de Acción Sindical apreció el agravamiento de la crisis institucional y el Partido Socialismo y Libertad argumentó la restricción de las libertades democráticas, entre otros.
Los acontecimientos tomaron un giro diferente cuando la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, al opinar sobre las sentencias expresó el 31 de marzo: “Se evidencian varias violaciones del orden constitucional y desconocimiento del modelo de Estado consagrado en nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, lo que constituye una ruptura del orden constitucional”.
El presidente Nicolás Maduro calificó dicha conclusión como un “impasse”, convocando a un organismo sin competencias para dirimir conflictos entre los poderes, el Consejo de Defensa de la Nación (CODENA), para resolverlo. La decisión de este ente fue “exhortar” al Tribunal Supremo de Justicia a revisar las sentencias, procedimiento irregular que confirmó la ausencia de independencia de los poderes en Venezuela. 51 organizaciones de derechos humanos volvieron a pronunciarse para rechazar que esta actuación de CODENA haya resuelto la situación de quiebre democrático en el país, realizando 6 recomendaciones entre las que se incluían la renuncia de los magistrados de la Sala Constitucional del TSJ.
El 01 de abril la Asamblea Nacional realizó una sesión de calle en Caracas, en la que su presidente, diputado Julio Borges, afirmó que la situación de Golpe de Estado permanecía. Esta actividad finalizó con una movilización, de alrededor 20.000 personas, quienes intentaron llegar a la sede de la Defensoría del Pueblo, protesta impedida por la Guardia Nacional Bolivariana quien impidió el paso y lanzó bombas lacrimógenas contra los manifestantes. Otras acciones de protesta se registraron en diferentes partes del país.
El 01 de abril también se reunieron los cancilleres de los países miembros de Mercosur, aprobando una declaración suscrita por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay basada en el Tratado de Asunción y sus protocolos. Allí se reconoció la ruptura del orden democrático, exhortando al Estado venezolano a respetar la separación de poderes, el estado derecho, los Derechos Humanos, las garantías individuales, así como a garantizar las libertades fundamentales y la liberación de los presos políticos.
Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) | N° 37, 4 de abril | 2016 |
El Defensor del Pueblo en Venezuela tiene que renunciar
Más de 100 organizaciones de derechos humanos, sociales y 19 colegios de abogados de Venezuela, solicitaron la renuncia del Defensor del Pueblo Tarek William Saab por haber apoyado el golpe de Estado al Parlamento, así como incumplir su rol en la defensa de todas las personas, sin discriminación
Las personas, organizaciones de derechos humanos y de sociedad civil en general, que suscribimos esta comunicación expresamos nuestra indignación por las declaraciones emitidas por el defensor Tarek William Saab el día miércoles 29 de marzo de 2017, en las cuales expresó su apoyo a la sentencia número 155 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, mediante la cual se le retiraba la inmunidad parlamentaria a los diputados y diputadas de la Asamblea Nacional, se atribuye al Presidente de la República la facultad para revisar leyes y determinar discrecionalmente la aplicación de delitos militares; y de reconsiderar la pertinencia de la participación de Venezuela en instancias internacionales.
Ese día, 29 de marzo, usted, como presidente del llamado “Consejo Moral Republicano” (CMR), leyó un comunicado donde afirmaba que este órgano del Poder Ciudadano “manifiesta su firme apoyo a esta sentencia”, alegando que la misma, a su juicio, “evalúa apropiadamente elementos que ponen en riesgo la soberanía e independencia del país” Hoy sabemos que de los tres entes que integran el CMR, uno de ellos está en desacuerdo con dicha sentencia. El viernes 31 de marzo la Fiscal General de la República la calificó, junto al dictamen 156 del mismo tribunal, como la “ruptura del hilo constitucional”, en medio de un amplio rechazo de ambas sentencias por parte de la comunidad nacional e internacional.
El apoyo expresado por usted a la referida sentencia, no solo es fraudulento al ser presentado como una posición institucional, pese a no haber sido producto de un consenso entre los integrantes del Consejo Moral Republicano, sino que constituye un menosprecio de la institución parlamentaria, de la que usted mismo fue en algún momento parte, en abierta violación de la Constitución y del Estado de Derecho.
Como es del conocimiento público la institución a su cargo no cumple plenamente con lo establecido en los “Principios de París”, que norman la actuación de las defensorías del pueblo en todo el mundo. Debido a la ausencia de autonomía e independencia en el funcionamiento de la Defensoría, tanto durante la gestión de Gabriela del Mar Ramírez como la suya, el Subcomité de Acreditaciones de la Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (GANHRI), en octubre de 2016 tomó la decisión de rebajar la calificación de la Defensoría del Pueblo venezolana a categoría B. A finales del 2014, este organismo le había dado un año para que, en sus propias palabras, usted hablara “alto y claro” sobre las violaciones de derechos humanos en nuestro país y señalara con claridad las responsabilidades del Estado.
En marzo del 2017, durante la presentación de su informe anual ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, el Alto Comisionado Zeid Ra´ad al Hussein dedicó unos minutos para hablar sobre la preocupante situación de Venezuela, recordando la falta de independencia de la Defensoría del Pueblo en nuestro país. No solamente usted no tomó las medidas para corregir esta situación, atendiendo debidamente y sin discriminación a las víctimas de violaciones de derechos humanos en el país, sino que, como lo demuestra su apoyo a una decisión que fue calificada por la Fiscal General y por la mayor parte de la sociedad democrática venezolana como “Golpe de Estado”, reincide en actuaciones cada vez más graves e inaceptables dentro del papel que debería desempeñar un Defensor del Pueblo en un contexto de crisis social, política y económica
Por contraste, las organizaciones de derechos humanos tenemos como referente el valiente papel que desempeñó el primer Defensor del Pueblo en Perú, Jorge Santistevan de Noriega, ante la ausencia de democracia en ese país bajo la dictadura de Alberto Fujimori.
Conforme a lo establecido en el artículo 280 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) usted tiene entre sus atribuciones “la promoción, defensa y vigilancia de los derechos y garantías establecidos en esta Constitución y en los tratados internacionales sobre derechos humanos”. En este caso usted se aparta de esas obligaciones inherentes a su cargo al igual que en numerosas ocasiones omite pronunciarse ante graves casos de violaciones a los derechos humanos como en el caso los restos hallados en las instalaciones de la Penitenciaría General de Venezuela (PGV).
Por lo expuesto anteriormente, quienes suscribimos la presente comunicación le solicitamos formalmente que presente su renuncia al cargo como Defensor del Pueblo, permitiendo que una persona independiente y respetuosa de la Constitución, el Estado de Derecho y los principios democráticos, asuma el cargo; una persona que, en lugar de defender sin pudor al gobierno, se coloque al lado de las víctimas de las graves violaciones a derechos humanos que ocurren diariamente, cuyas manifestaciones más evidentes son el aumento de la pobreza, el hambre, la falta de acceso a medicinas y a la atención en salud en general, así como la pérdida de vidas producto de la violencia, incluyendo las causadas por las Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP) y la impunidad.
Su renuncia y sustitución por un Defensor del Pueblo consciente del papel que debe jugar, especialmente en momentos de crisis política y de derechos humanos, permitiría que la Defensoría del Pueblo venezolana pueda ser evaluada favorablemente, no sólo por los organismos internacionales con competencia en derechos humanos, sino por quienes más necesitan de una institución autónoma e independiente que esté a su lado: la población en general y las víctimas de violaciones de derechos humanos.
Tiempos de turbulencias y lucha política y social en Venezuela
Editorial #19 de Marea Socialista:
Equipo Operativo Nacional
El recule casi instantáneo del intento del TSJ de cortar de un tajo el hilo constitucional, abrió una nueva coyuntura en el país. Este intento antidemocrático no fue el único ni el primero. Y, lamentablemente, tampoco será el último[1]
En este caso el presidente Maduro y la mayoría de la cúpula del PSUV chocaron de frente con su propia debilidad. Ésta se basa en el repudio popular masivo hacia su gobierno, construido por tres años de contrarreformas políticas y contrarrevolución económica. Y tuvieron que recular, por ahora, con el intento de eliminar otros derechos y garantías de la Constitución. Pero es bueno tener en claro que este retroceso es parcial, ya que se mantienen en pie, en las resoluciones cuestionadas (155 y 156 del TSJ [2]), los numerales que facultan al Ejecutivo a tomar decisiones inconstitucionales y entreguistas sobre los recursos de hidrocarburos y mineros y otras medidas económicas tan entreguistas al Capital Financiero internacional como las anteriores. Y que todavía está vigente la estructura que limita duramente los derechos políticos de la constitución expresada en el Estado de Excepción permanente que vive nuestro país, entre otras limitaciones.
La correcta actitud, en este caso, de la Fiscal General, Luisa Ortega Díaz, al declarar que las Sentencias del TSJ rompían el hilo constitucional, mostraron al mundo, la grave deriva totalitaria que, como política de Estado ha emprendido el gobierno del presidente Maduro. Hecho esto con el sórdido acompañamiento de un Tribunal Supremo de Justicia dócil, complaciente y cómplice. Pero más todavía, dejaron a la vista una fractura política en el chavismo oficial hasta hoy oculta. Sale así a la superficie el malestar social hacia el gobierno de una parte sustantiva y mayoritaria de la base del PSUV y del proceso que hasta ahora era contenido por el miedo y las amenazas. Un dato marginal pero importante de lo que decimos es la participación de Redes, partido del GPP recientemente ilegalizado con la maniobra de la renovación de los partidos políticos, en el rechazo a las sentencias y en apoyo a la decisión de la Fiscal que convocó Marea Socialista en conjunto con la Plataforma en Defensa de la Constitución. Esa visibilización de la fractura en el chavismo cupular y el reforzamiento del que se da en la base, es en realidad la principal novedad política de la coyuntura que empieza.
La ofensiva totalitaria del gobierno, frenada parcialmente por el momento, es la consecuencia directa de la necesidad de una transformación contrarrevolucionaria, bonapartista, del sistema político de la Constitución Bolivariana para aplicar el plan económico de entrega que tiene como símbolo el Arco Minero del Orinoco, pero que se extiende a toda la actividad económica descrita en los lamentables 15 motores y en las Zonas Económicas Especiales. Así los actores económicos estrella de este momento son, junto con las transnacionales mineras, petroleras y financieras, los miembros locales del gran capital como los Vollmer y los Cisneros entre muchos otros. Esta entrega y sus consecuencias antipopulares y antinacionales, en hambre, miseria y entrega de soberanía, sólo se puede sostener sobre la base de un sistema político totalitario y represivo que para legitimarse necesita a la cúpula corrupta de la MUD como rueda de auxilio del plan de entrega.
El otro hecho novedoso que dejó este intento de autogolpe, o más precisamente como diría Carlos Marx en el 18 Brumario de Luis Bonaparte, un nuevo “golpe en miniatura”, por ahora frenado, es que poniendo al gobierno a la defensiva, se abre un periodo, de duración incierta, donde lo dominante será la inestabilidad y crisis política, los intentos de contraofensiva autoritaria y represiva del gobierno, y lo más importante, la posibilidad de desarrollar la lucha política por recuperar los derechos, libertades y garantías vulnerados. Además, de la manifestación social en las calles por detener el ataque al salario, la alimentación, la salud y todas las conquistas socio económicas que nuestro pueblo obtuvo en la época anterior.
Entramos en un nuevo interregno, donde la debilidad de la cúpula madurista la llevará por su propio agotamiento a contestar con una represión indiscriminada pero a la defensiva y donde progresivamente se ha comenzado a perder el miedo a la soberbia criminal de esa cúpula.
Las dudas sobre la probable respuesta de nuestro pueblo deben dejarse a un lado. Debemos confiar en un pueblo maltratado, agobiado y angustiado por tres años continuos de hambre creciente, miseria y ataques a su nivel de vida y de derechos, pero al que debemos estimular, develándole la debilidad, traición y manipulación del gobierno. Darle chance a que este demuestre que no fue derrotado por los usurpadores y traidores de lo positivo del legado de Chávez.
Al tiempo que se escribe este texto se están desarrollando acciones de calle de la MUD que son violentamente reprimidas. Sostenemos que se deben respetar los legítimos derechos a la protesta a la movilización y a las exigencias de todos los sectores sociales y políticos. Y esto sin condiciones. Sin embargo estamos en la obligación de alertar a los sectores populares que apoyan a esa dirección política:
Afirmamos que la cúpula de la MUD, por su parte, actuará como hasta ahora. Facilitando por acción u omisión las acciones del gobierno. Está en su naturaleza, en su esencia neoliberal y entreguista, la insistencia en el apoyo a la injerencista Carta Democrática, que refleja su desprecio encubierto por una salida verdaderamente democrática a la crisis actual.
La dirigencia de la MUD, aunque afirma luchar contra el gobierno, es un aparato adaptado al régimen autoritario, rentista y clientelar que viene construyendo el ejecutivo. Su ausencia de programa y propuestas políticas para detener la crisis económica y para la reconstrucción de un proyecto nacional, así como la participación directa en la jornada de relegitimación de partidos (en la que solo ganan las grandes maquinarias, ampliamente financiadas) y la aceptación a las condiciones antidemocráticas establecidas por el CNE, demuestran su adaptación y vocación de disputa en el reparto estatal de la renta petrolera.
En esta nueva coyuntura estos viejos politiqueros, buscarán ganar la calle pero lo harán con un doble objetivo: a) recuperar el caudal de apoyo electoral que perdieron durante 2016 por su pusilánime respuesta a los atropellos del gobierno y su capitulación en las mesas de dialogo; b) sostener un esquema electorero del que solo ellos, además del PSUV sean parte, dejando por fuera a aquellas organizaciones que como Marea Socialista y muchos otros estamos por una verdadera recuperación democrática. Este esquema que no toma en cuenta a una parte importante de la población que no se siente representada por ninguna de las cúpulas.
Por eso tanto sus marchas, movilizaciones, declaraciones y discurso pseudo democráticos son funcionales a la instauración de un nuevo régimen político más autoritario que el de la IV república y similar al que quiere imponer el gobierno.
Las tareas que preveíamos para el 2017 en el Editorial #18 se han acelerado con el intento anticonstitucional del TSJ y su recule parcial. Ratificando en primer lugar la lucha contra los intentos totalitarios y nuestro reclamo por la plena vigencia de los derechos democráticos.
Reclamamos, también, el retiro total de las sentencias 155 y 156. La eliminación de los decretos de Estado de Emergencia que no son otra cosa que Estados de excepción antidemocráticos. La plena libertad y derecho a la legalidad y constitución de todos los partidos políticos ratificando de facto la vigencia de los partidos que participaron de las elecciones de 2015 y facilitando la inscripción de los nuevos.
Exigimos la restitución completa de la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. No solo en los derechos políticos sino también en los derechos económicos y sociales vulnerados.
Para enfrentar de manera autónoma a las viejas cúpulas del PSUV y la MUD y con una política a favor del pueblo que vive de su trabajo convocamos a todos los sectores con los que venimos trabajando a dar pasos urgentes en la puesta en pie de la nueva referencia política que necesitamos, democrática, plural, anticapitalista, ecologista, feminista…
Frenado por ahora el impulso totalitario, vienen tiempos turbulentos, pero lo verdaderamente importante es que estos también son tiempos de lucha política y social, potenciales para la victoria del pueblo en lucha
[1]Editorial #18 Marea Socialista
https://www.aporrea.org/actualidad/n306246.html
[2] TSJ http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/marzo/
197364-156-29317-2017-17-0325.HTML
Organizaciones de DD.HH. solicitarán en Naciones Unidas
que no se criminalice la protesta social en Ecuador
Este jueves 6 de abril de 2017, a las 05:00, hora Ecuador, la Federación Internacional de Derechos Humanos (Fidh) con sus filiales en Ecuador, Acción Ecológica, la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (Cedhu) y la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) participarán en la pre-sesión de sociedad civil, antesala para el Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en la ciudad de Ginebra - Suiza, donde el Estado ecuatoriano será evaluado por los Estados partes con el fin de mejorar la situación de derechos humanos en el país. Las organizaciones filiales de la FIDH presentaron sendos informes sobre la situación de respeto, protección y ejercicio de varios de los derechos humanos en el ecuador
Elsie Monge, directora Ejecutiva de Cedhu y vicepresidenta de la Fidh para Latinoamérica, expondrá ante los diplomáticos de más de 47 países, temas como la problemática del femicidio y la violencia contra niñas y mujeres; desaparición involuntaria de personas y graves violaciones a los derechos humanos; criminalización de la protesta social; la situación de las y los defensores de derechos humanos; y violaciones del derecho a la libertad de asociación. Además, las tres organizaciones mantendrán reuniones de cabildeo con los Estados partes del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidaspara el Examen Periódico Universal que se realizará este 1 de mayo
El proceso de Examen Periódico Universal ocurre cada cuatro años y es la oportunidad para evaluar los avances y retrocesos en materia de derechos humanos en el país. A puertas de iniciar un nuevo gobierno en Ecuador, las recomendaciones que reciba serán un insumo fundamental en su agenda de políticas públicas
Consideramos que esta participación es de suma importancia en el contexto de conflictividad social, agudizada por los resultados electorales del 2 de abril en el Ecuador. En este sentido, las organizaciones firmantes esperan que en el marco de este examen se respeten en el territorio del país las garantías de no criminalización de la protesta social y la generación de un entorno propicio para la defensa y exigibilidad de derechos, en especial a favor de las personas que se encuentran reclamando por la transparencia del proceso eleccionario
Finalmente, recordamos al Estado ecuatoriano que todas las personas deben ser protegidas y no perseguidas, hostigadas o criminalizadas por defender sus derechos nivel nacional e internacional. También, las organizaciones firmantes nos ratificamos en nuestro trabajo y compromiso por la defensa de los derechos humanos y de la naturaleza, independientemente de quienes ocupen los cargos de elección popular. De esta manera, continuaremos interpelando al Estado ecuatoriano por el respeto pleno de los derechos de todas y todos.
Contacto de prensa:
Luisana Aguilar – Cedhu 0999240129 / Jessica Matute – Inredh 0998287754 /Ivonne Yánez – Acción Ecológica 0995919470
PERÚ / Marcha por los 25 años del autogolpe de Alberto Fujimori
Este 5 de abril se cumplen 25 años del autogolpe de Estado ejercido por el expresidente Alberto Fujimori. Movilización es una expresión de rechazo al autoritarismo y recuerda la ruptura del orden democrático.
Servindi, 4 de abril, 2017.- Diversas organizaciones civiles y colectivos convocan a la ciudadanía a participar de la movilización “25 años del golpe. Reconstruyamos el país”, con la finalidad recordar lo que significó el autogolpe ejercido por el encarcelado expresidente Alberto Fujimori.
La marcha se realizará el miércoles 5 de abril, fecha en la que se cumplirá 25 años del autogolpe. El punto de concentración será a las 5:00 p.m. en la plaza San Martín.
La manifestación contará además con expresiones artísticas. Los participantes realizarán serigrafía, performance y música, acompaños por los sikuris. La jornada también fomentará prácticas de solidaridad, ya que se recolectará donaciones para las personas damnificadas por los huaicos.
Esta movilización es organizada por la Coordinadora Contra la Impunidad - CCI, plataforma que reúne a diversas organizaciones y colectivos con el fin de reafirmar lo que significa el primer cuarto de siglo después del golpe de estado perpetrado por el exmandatario.
A 25 años del autogolpe
El domingo 5 de abril de 1992, Alberto Fujimori decidió ejecutar un autogolpe de Estado. A través de un mensaje televisivo se dirigió a la Nación, anunciando la disolución del Congreso y la intervención del Poder Judicial, el Consejo Nacional de la Magistratura, el Tribunal de Garantías Constitucionales y el Ministerio Público.
Para muchos especialistas y ciudadanos, esta acción representó la ruptura del orden democrático, generando la era de uno de los gobiernos más corruptos de la historia de Perú.