La primera huelga general en Argentina :
SIAMO TUTTI CONTENTI o es un empate ¿???
El paro se sintió fuerte y el Gobierno evalúa
cómo sigue la relación con los gremios
Clarín 7/4/17
Hubo un alto acatamiento por los piquetes y por la falta de transporte . En el oficialismo consideran que fue innecesario y dicen que seguirán negociando sector por sector.
El primer paro nacional en contra del gobierno de Mauricio Macri, a 16 meses de su llegada al poder, tuvo ayer una alta adhesión en todo el país, sostenido en el rol clave de los gremios del transporte. Como se preveía, no funcionaron colectivos, trenes, subtes ni aviones. Tampoco hubo bancos, mientras que la actividad comercial fue dispar. En los dos balances que se hicieron en la sede de la CGT -por la mañana, y a la tarde temprano cuando la medida ya llevaba 15 horas- se habló de un paro “contundente” y de “alto acatamiento” no sólo en el área metropolitana, también en otros grandes centros urbanos y en el interior. Sin embargo, pese a los reclamos de rectificación del rumbo económico que el Gobierno no se muestra dispuesto a hacer, el escenario inmediato tendrá tensiones pero está muy lejos de una escalada. El ánimo que prevalecía en la sede de la calle Azopardo, ya anticipado por algunos caciques sindicales, es abrir un compás de espera para seguir un diálogo que nunca se cortó. Juan Carlos Schmid, uno de los tres jefes cegetistas, habló de “un llamado de atención” al Gobierno y de “empezar a gestionar” incluso una reunión con el Presidente. “El Gobierno tendrá que tomar nota y sentarse a conversar temas de fondo”, sostuvo otro triunviro, Héctor Daer.
Unas horas más tarde, el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, sostuvo en conferencia de prensa que el paro era “innecesario, fuera del diagnóstico sobre los datos concretos” de la situación económica. “Hace siete meses que hay crecimiento del empleo”, remarcó, sin dejar de reiterar “la vocación de diálogo” del Gobierno. La indicación presidencial es seguir buscando acuerdos sector por sector, con aquellos “dispuestos” a dialogar, como pasó con los petroleros, la construcción, textiles y calzado. Para el Gobierno, se llegó a la medida de fuerza porque hay una CGT “frágil” empujada por los sectores más duros, algunos de cuyos dirigentes reportan al kirchnerismo. Con un gobierno envalentonado por la masiva marcha de apoyo del sábado pasado, Triaca descartó cambios en el sentido que reclama la CGT y aprovechó para abonar la estrategia de polarización electoral al emparentarlos con los K: “Este Gobierno no tiene en la agenda volver a (Axel) Kicillof y a (Guillermo) Moreno", definió.
Al igual que en los 5 paros generales que la CGT le hizo a Cristina Kirchner en su segundo mandato desde 2011, ante el activo rol de los gremios del transporte volvió la polémica sobre la adhesión voluntaria u obligada. “Con colectivos y trenes, la gente hubiera demostrado que prefería ir a trabajar”, decían en la Rosada, sin dejar de admitir que fue “un paro masivo”.
Los líderes de las dos CTA, Pablo Micheli y Hugo Yasky, que empujaron fuertemente a la CGT a declarar la huelga, evaluaron que fue “una jornada histórica” con “un 90 por ciento de acatamiento”.
Al paro se llegó tras un 2016 de tregua entre el Gobierno y la CGT, que incluyó la devolución de fondos millonarios adeudados a las obras sociales. Pero en ese primer año de Macri en el gobierno la economía se desplomó 2,3%. La pobreza alcanza al 32%, y la mitad de los chicos son pobres en el país. La inflación de 40% en 2016 pulverizó salarios, y CGT y gobierno discuten si se perdieron o no empleos, y se negocian aumentos -como los que dispararon el conflicto docente- con ofrecimientos que no recuperan las pérdidas por inflación. La producción industrial lleva 13 meses de caída, y en febrero industria y construcción, pilares del empleo, cayeron 6% y 3,4% respectivamente. En el Gobierno insisten que “lo peor ya pasó” y que el paro fue “extemporáneo” respecto de la situación actual. Y confían que las mejoras se verán en los próximos tres meses.
Aunque la CGT planeó una huelga para “quedarse en casa”, partidos de izquierda y agrupaciones sindicales clasistas armaron desde muy temprano piquetes en puentes y accesos a la Capital. Un corte en Panamericana y 197 fue desalojado por la Gendarmería, en un operativo supervisado en el lugar por el secretario de Seguridad, Eugenio Burzaco, con gas pimienta y carros hidrantes, en choques que terminaron con militantes heridos y detenidos
Venezuela
Muy bueno el análisis de Astarita, pero con una conclusión derrotista inadecuada.
Quizás la salida de Venezuela, a esta altura, no sea una Constituyente o similar, pero darse por vencido es admitir la entrega al imperio lisa y llana.
Prefiero un resumen que culmine en un llamado al pueblo venezolano a construir la herramienta con los sectores que han permanecido fieles al programa antiimperialista y democrático (que los hay, a pesar de todo).
Abrazos a todos los amigos de P.P.
J.C.I.
Venezuela: todos conspiran contra la clase obrera
La crisis política avanza con la descomposición del Estado en Venezuela. La ruptura de la institucionalidad es la evidencia de que la burguesía venezolana no encuentra una salida a la crisis del bonapartismo. El chavismo y la MUD están preparando un feroz ajuste y una profunda represión de la clase obrera venezolana. Claro, primero deben cerrar filas en la propia clase dominante y definir el aparato y la organización capaz de llevar todo esto a cabo.
Son conocidos los hechos sucedidos en Venezuela hace pocos días, cuando el Tribunal Supremo de Justicia emitió las sentencias 155 y 156, a través de las cuales el TSJ asumía las competencias de la Asamblea Nacional y se le otorgaban “poderes excepcionales” a Maduro para gobernar en temas relacionados a la delincuencia organizada, el terrorismo, la corrupción, y poder revisar el código penal y el código procesal. O sea, el Poder Supremo. El TSJ ya hace meses viene operando como un agente de Maduro, ya que ha declarado en desacato a la Asamblea por la asunción de 3 diputados “indígenas” pertenecientes a la MUD cuya elección había sido impugnada.
En el trasfondo de esta cuestión aparece la necesidad material del chavismo para afrontar los gastos de un Estado en quiebra. A lo largo de este año, Venezuela debe pagar unos 9.000 millones de dólares en deuda, de los cuales 3.000 vencen en el mes de abril. Por este motivo, y ante la crisis terminal que azota al país, el Gobierno viene recurriendo a una serie de medidas de ajuste a la clase obrera: inflación galopante, desabastecimiento, represión a la actividad sindical. Como eso no alcanza, el chavismo recure lisa y llanamente a la venta de activos estatales: la privatización. Ya en 2015, había acordado con la petrolera estatal rusa Rosneft la venta de un 35% de la empresa estatal Petromonagas a cambio 500 millones de dólares. A fines del año pasado, el gobierno le vendió el 49,9% de la empresa estadounidense CITGO, propiedad de PDVSA, a cambio de 1.500 millones. El 50,1% restante ya lo había hipotecado con bonistas de PDVSA por 3.400 millones de dólares al 8,5% con vencimiento en el 2020. En esta ocasión, el gobierno busca cerrar la venta del 10% de la empresa Petropiar a Rusia que compartiría acciones con PDVSA y… Chevron. La oposición ya había anunciado que iba a impedir el acuerdo y de hecho rechazó el contrato con Rusia del 2015. Es decir, estaba impidiendo la única forma que tiene el chavismo de sostener el Estado, acelerando su caída. Por este motivo, Rusia fue de los pocos países, junto a lo que queda de los bonapartismos latinoamericanos, que no cuestionaron la decisión de Maduro.
Como era de esperarse, la oposición denunció un “golpe de Estado” y pidió por la vuelta atrás del fallo del Poder Judicial. Pero lo más importante son los cuestionamientos al interior de chavismo. Principalmente, de la Fiscal General de la Nación, Luis Ortega Díaz, quien habló de una “ruptura constitucional” y solicitó al TSJ que revea su postura. Detrás de ella se encolumnaron personajes con peso significativo, como Cliver Alcalá, General retirado que había sido nombrado comandante del Ejército Nacional por Chávez en el 2012 y férreo opositor de Maduro, Miguel Rodríguez Torres, también militar y ex ministro del Interior enfrentado con el presidente, la ex asesora presidencial Eva Gollinger, Modesto Guerrero, uno de los intelectuales promotores del chavismo por el mundo, y unos 10 ex ministros de Chávez. Las voces críticas también se escucharon en algunos partidos que hasta hace poco se encontraban alineados ciegamente con Maduro, como es el caso del PCV, que habló de una lucha por el control y el poder en Venezuela, REDES, u organizaciones que rompieron con el PSUV, como Marea Socialista.
Con esta situación, Maduro debió dar marcha atrás, convocó a una mesa de revisión de las sentencias y llamó, como lo hizo en otras ocasiones, al presidente de la Asamblea Nacional Jorge Borges, del caprilista Primero Justicia, siendo uno de los sectores más dialoguistas de la oposición, aunque en este caso no concurrió a la mesa.
Si bien Maduro retrocedió, marcó la cancha y cumplió su objetivo. La revisión de las sentencias por parte del TSJ, si bien devolvió los fueros y competencias a la AN, mantiene el derecho de Maduro de firmar contratos de interés público con empresas privadas o Estados extranjeros sin pasar por la Asamblea Nacional. Lo que demuestra esta situación, es el nivel de descomposición del Estado donde aparece una pelea facciosa entre el Ejecutivo, la Justicia y la Asamblea Nacional, que se impugnan mutuamente. Esta situación no hace más que dar cuenta de la ausencia que tiene el Estado burgués de un comando que lo dirija y discipline al conjunto del personal político.
Todo esto se da también en un clima de búsqueda de Maduro por recomponer lazos con la periferia del PSUV y proscribir todo lo que aparece por izquierda del partido oficial. Así lo demuestra la resolución del TSJ de legalización de los partidos, que obliga a las organizaciones a recolectar el 0,5% del padrón en doce estados en un fin de semana, prohibiendo la doble afiliación. Es decir, Maduro busca recomponer el vínculo y disciplinar a la masa crítica del gobierno que ha tensado su relación con el PSUV, como es el caso de REDES o el PCV, que ya denunciaron la maniobra. El Gobierno también se encarga de atacar y proscribir todo aquello que pueda surgir como alternativa por izquierda, como es el caso de la proscripción del partido Marea Socialista, o los ataques al portal del Partido Socialista y Libertad de Chirino o al blog Aporrea, ambos denunciados a través de comunicados. Como vemos, el bonapartismo venezolano es capaz de todo con tal de sobrevivir. Principalmente, la represión a la clase obrera. En 2015 creó la Operación de Liberación del Pueblo (OLP) para intervenir en las barriadas más humildes del país. El resultado fue un baño de sangre, que contabilizó, en su primer año, 460 muertos por la fuerza de seguridad, que actualmente suben a 850 ejecuciones y 18 mil detenciones arbitrarias. Solo desde el mes de octubre, cuando Maduro anunció el reimpulso de la OLP, se contabilizan 80 muertos. La oposición no es ajena a esto, ya que en los estados que gobierna se produjeron dos muertes (Lara) y doce cuerpos aparecieron en fosas comunes en el Estado de Miranda, las tierras de Capriles. O sea, que tanto el oficialismo como la oposición participan en la represión de la clase obrera.
Las principales centrales sindicales apuestan al recambio democrático, apoyando al MUD y son incapaces de plantear una política de independencia de clase.
La situación entonces en Venezuela aparece como terminal. A la crisis económica, se le suma una crisis política que si no se ha profundizado es por dos factores. El primero es que las fuerzas armadas aún no han intervenido, ni a favor ni en contra, a pesar de los rumores que hablan tanto de lealtades como de conspiraciones a Maduro, lo que demuestra un grado de división interna. El segundo, y el más importante, es que la clase obrera no ha entrado a participar en la crisis aún. Su accionar aparece muy disgregado, con un fuerte peso de las formas de protestas más embrionarias, como los saqueos, llegando a protagonizar más del 700 el último año. Es también, la principal víctima de la represión y las políticas del Estado en su conjunto. Para eso, la clase obrera debe entrar en la arena política y disputar la salida de la crisis. Ante todo, hay que exigir que se levante la proscripción para los partidos de izquierda que se denominen “socialistas”, lo que incluye a Marea Socialista. En segundo, que se levante cualquier forma de proscripción encubierta a las organizaciones de la clase obrera y el desmantelamiento de las unidades represivas contra la clase obrera. Para conseguirlo, el primer paso es que todas las organizaciones golpeadas por el chavismo y todos los sindicatos que no quieran ser parte de la oposición deben llamar a la convocatoria de un congreso de trabadores ocupados y desocupados, para votar un plan de lucha para enfrentar el ajuste y una salida obrera a la crisis política. Si nos prometieron Socialismo. Socialismo queremos.
Razón y Revolución 6/4/17
ADIÓS A LAS MINAS
SE PROHÍBE LA MINERÍA METÁLICA EN EL SALVADOR
La semana pasada la Asamblea Legislativa salvadoreña aprobó la ley que prohíbe la minería de metales y el uso de químicos tóxicos, tales como cianuro y mercurio, en su territorio, con el voto unánime de los legisladores presentes.
El Salvador, la más pequeña de las repúblicas centroamericanas, cuyo territorio es solo la octava parte del Uruguay, se unió de esta manera a Costa Rica que prohibió esa minería en noviembre de 2010. Ninguna de las dos naciones precisó renunciar al uso de los metales para decidir que las actividades de exploración y extracción de esos materiales son inapropiadas para las características del país.
La ley salvadoreña se fundamenta en el Artículo 1° de la Constitución, que "reconoce a la persona humana como el origen y el fin de la actividad del Estado" y la obligación de este de "asegurar a los habitantes el goce de la salud" y el Artículo 117 que define como deber del Estado "proteger los recursos naturales, así como la diversidad e integridad del medio ambiente, para garantizar el desarrollo sostenible".
El texto aprobado señala, asimismo, que "las actividades de exploración y explotación de minería metálica, constituyen un atentado a la salud de los habitantes del país, acarrea severos riesgos para el ambiente, caracterizándose por poner en peligro bosques, suelos y recursos hídricos, por el drenaje ácido, metales pesados y desechos altamente tóxicos, como mercurio, cianuro y otros".
El camino hacia esa ley no estuvo exento de problemas, 29 proyectos de minería metálica presionaron e impulsaron la división de los salvadoreños prometiendo empleos, desarrollo, e incluso la improbable posibilidad de hacer una minería “verde”.
Cuando eso no dio resultado las mineras impulsaron juicios en ámbitos internacionales, los que hasta la fecha han perdido en todas las instancias.
La ley aprobada en El Salvador reconoce que la minería de metales en un territorio productivo es “un atentado a la salud de los habitantes” y que “acarrea severos riesgos para el ambiente” poniendo en peligro “bosques, suelos y recursos hídricos, por el drenaje ácido, metales pesados y desechos altamente tóxicos”.
Más cerca nuestro tenemos el caso de Brasil, donde aún se viven las consecuencias del desastre de la mina de hierro en Mariana (Minas Gerais) cuyos costos económicos se miden en miles de millones de dólares que las empresas mineras discuten; pero que generó además otros costos que el dinero no puede reparar y que afectó una superficie casi igual a la de nuestro país.
Aún así, el Uruguay, con un territorio que se reconoce capaz de producir alimentos de calidad y que cuenta con las ventajas de su clima, su suelo y su gente; hemos dejado abierta la puerta a la destrucción de nuestra base productiva por la posibilidad de la depredación minera de corto plazo.
Esa posibilidad ha sido alentada por las reformas del código de minería de 2011 y muy especialmente por la que denominamos Ley Aratirí de 2013 que dio a la explotación minera de gran porte ventajas que no tiene ninguna otra actividad económica nacional, salvo la que se hace en zonas francas.
Desde el Movimiento Uruguay Libre reiteramos el llamado a seguir el camino de la racionalidad, prohibiendo la minería metalífera a cielo abierto a ejemplo de Costa Rica y El Salvador, para asegurar la sostenibilidad de nuestro aparato productivo con la mejor calidad ambiental, pensando en el país de nuestros nietos.
URUGUAY LIBRE DE MEGAMINERÍA
Abril de 2017.