Nuestra historia, es una historia de lucha permanente llena en algunas oportunidades de triunfos que a mediano y largo plazo se han convertido en traiciones, traiciones que nos han conducido a una realidad que obligatoriamente replantea la necesidad imperiosa de continuar la lucha por la emancipación de nuestras tierras llenas de gracia, riquezas y de un pueblo soñador y amante de la libertad. Cuando esa causa emancipadora se dé, producto de las luchas de los de abajo en ese proceso prolongado para ir construyendo poco a poco la descolonización, América Latina dejara de ser la neocolonia de ese imperio llamado capital, que ha de librarnos de esa deuda externa impagable, de la dominación ideológica eurocentrista del llamado capitalismo y socialismo, de la dependencia tecnológica y científica, del militarismo imperial, del servilismo, la entrega y traición de los gobiernos de turno que hemos tenido, de los partidos políticos controladores del pensamiento, las protestas y luchas sociales y de otras variables que han conducido a tener sociedades esclavas dentro de la llamada razón colonial

¿CUAL SOBERANÍA, CUAL ASAMBLEA,

CUAL PODER CONSTITUYENTE?

En Venezuela, ninguna Constituyente, ni Constitución ha resuelto los profundos problemas económicos y sociales del pueblo

Ebert Cardoza Sáez Profesor de la Escuela de Historia (ULA)) REVISTA RUPTURA CONTINENTAL mayo 2017

En Venezuela, el gobierno de Maduro pretende reeditar una especie de golpe de Estado como el del 18 Brumario en Francia el 9 de noviembre de 1799. Sin embargo, la diferencia es obvia, ni Maduro es Napoleón quien venía investido de poderes y triunfos militares, ni la Venezuela del siglo XXI es la Francia de la Revolución jacobina. En aquella oportunidad, convencidos de que salvaban la República, los soldados dispersaron a los diputados, disolvieron la Asamblea y confiaron el ejecutivo a tres cónsules provisionales: Bonaparte, Sieyés y Roger Ducos

En realidad, Napoleón era el amo del poder. La Dictadura mostraba su verdadero rostro militar e iba a restaurar el poder absoluto de un hombre, con ansias de convertirse en Emperador de Europa. Tal como está planteada, ni la constituyente propuesta sería originaria, sino derivada del poder constituido, quien controla al CNE, al TSJ y demás poderes –formales- del Estado, ni el poder constituyente podrá “transformar el Estado, ni creará un nuevo ordenamiento jurídico, ni redactará una nueva carta magna. Ciertamente, una Asamblea Nacional Constituyente convocada por el presidente de la república es constitucional, más no originaria, sino derivada del poder constituido. Tal como si en 1810 el Capitán General Vicente Emparan hubiese convocado al Congreso Constituyente de 1811, pero además hubiese firmado el Acta de independencia del 5 de julio de 1811

Cuando el Estado es monárquico, la soberanía reside en el Rey, pero en cuando el Estado es republicano, la soberanía reside en el pueblo- en teoría-, pero quien la ejerce es el presidente, en representación del pueblo. Es decir, el “pueblo” jamás ha ejercido su soberanía de manera directa, sino a través del sufragio, siendo el voto como símbolo paradigmático y única herramienta para ejercer el pueblo su soberanía. Pero luego de su ejercicio democrático, el “pueblo” como sujeto histórico queda dependiendo de una persona, bien sea rey, presidente, caudillo, líder, quienes le usurpan al pueblo su voluntad y poder de decisión en las diversas materias relativas al Estado, la economía, la política y cualesquier otro asunto de alto interés nacional.

EL 347

El artículo 347 -de la aún vigente constitución del 99-, es claro: El pueblo de Venezuela es el depositario del poder constituyente originario. En ejercicio de dicho poder, puede convocar una Asamblea Nacional Constituyente con el objeto de transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva constitución. Sin embargo, en esta oportunidad, según los voceros del oficialismo, la convocatoria no consultará al “soberano”, como tampoco la Asamblea Nacional Constituyente será para “transformar al Estado”, ni para “crear un nuevo ordenamiento jurídico”, ni para “redactar una nueva constitución”. Entonces dónde queda la soberanía popular, el poder constituyente originario y toda esa paja inventada para crear la ilusión de “participación y protagonismo”. Entonces, ¿cuál sería la verdadera intención del presidente para la “iniciativa” de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente Comunal?

Primer supuesto: evitar cualquier tipo de elecciones o retrasar el cronograma pautado para las regionales y cualquier otra forma de elección que implique medir fuerzas. Segundo supuesto: Utilizar la constituyente como distracción para evadir los inmensos problemas económicos y sociales prevalecientes y padecidos por el pueblo en general

Tercera hipótesis: El gobierno, antes de enfrentar una nueva derrota electoral como la de la reforma constitucional propuesta por Chávez, o como la de la Asamblea Nacional en diciembre de 2006, prefiere llevar el conflicto al terreno de la violencia generalizada – ¿guerra civil?- para entonces suspender cualquier tipo de elección o justificar la declaratoria de Estado de conmoción, Estado de excepción, toque de queda u otra medida de coerción del Estado para frenar cualquier estallido social, lo cual estaría abonando el terreno para una eventual intervención militar extranjera, donde los mercaderes de la guerra han comenzado a hacer sus apuestas

UNA CONSTITUYENTE DERRIBADA

En Venezuela ninguna Constituyente, ni Constitución ha resuelto los profundos problemas económicos y sociales del pueblo. En realidad, una constituyente derivada no resolverá el problema de la deuda externa contraída con los dueños del capital financiero internacional, como tampoco acabará cual varita mágica con las más de 18.000 bandas criminales, mucho menos evitará la creciente militarización de la sociedad, ni llevará a la cárcel a quienes se han enriquecido en nombre de la “revolución” y el “socialismo”, como tampoco extirpará cuál guillotina a la corrupción que ha permeado todo el tejido político-económico-social. Una constituyente no ayudará a detener la hambruna, ni el creciente desabastecimiento, producto de la dependencia agroalimentaria disfrazada de “soberanía”. Una nueva constitución no es la palanca fundamental para activar y desarrollar el aparato productivo, como si el desarrollo agrícola dependiera de un papel que “aguanta todo”

En realidad, el poder constituyente originario –es decir, el pueblo necesita con urgencia es un salario digno, pero ni siquiera se ha cumplido, desde su promulgación, con el artículo 91 de la constitución bolivariana que reza que el salario mínimo deberá adecuarse al costo de la canasta básica

Una nueva constituyente secuestrada por el poder constituido sólo serviría para agudizar la crisis económica y social, terminaría de secuestrar la soberanía popular, para continuar con la entrega de nuestros recursos al capital industrial y financiero, en detrimento de las condiciones materiales de vida de la masa trabajadora. A pesar de haberse realizado numerosas consultas electorales, tanto en la IV como en la V república, al pueblo nunca se la ha consultado sobre quiénes y cuáles empresas contratarán con el Estado y cómo se repartirán las comisiones y dividendos los gobernadores y alcaldes, tampoco se le ha consultó al pueblo sobre el “techo de la deuda” , ni sobre hipotecar o no al país, al pueblo no se le consultará sobre si quiere ir o no a una posible guerra planteada entre Colombia y Venezuela, como tampoco a los estadounidenses tampoco se les consultará sobre si quieren ir o no a la próxima guerra nuclear. No. Al pueblo venezolano, colombiano o estadounidense, chino, ruso, japonés, etc., sólo se le consulta sobre quién será su próximo verdugo, pero luego su verdugo no le consultará sobre las medidas a tomar y aplicar contra su propia voluntad.

 La historia está de llena de demagogos y verdugos, pero sobre todo de millones de víctimas de un sistema basado en la violencia y la farsa democrática. Si con la Asamblea Nacional Constituyente de 1999 y su “mejor constitución del mundo” nos han llevado a este estado de barbarie, con la próxima constituyente nos sumergirán en el más vil salvajismo. En 1999 nació la farsa de la “democracia participativa y protagónica”, sustituta de la “democracia representativa”, ambas diseñadas para hacer creer que el pueblo es dueño de su destino, cuando en realidad es sólo un espectador de su tragedia. Si con la constitución del 99´ se ha violado sistemáticamente la soberanía popular, con la próxima constituyente podríamos ir hacia la disolución definitiva de la república

Edgardo Lander: “Si no evitamos la Constituyente ilegítima nos encontraremos con un orden completamente autoritario”

Segunda entrega

Carlos Carcione /Aporrea.org |  01/06/2017

 En el n°  anterior 1775 de posta , reproducimos la primera entrega de este trabajo

En ella  se hablaba especialmente de las causas y peligros de la violencia y la represión que se está desarrollando. En esta segunda parte de la entrevista aborda con Lander, los objetivos del movimiento en defensa de la constitución y contra toda violencia, le preguntamos si es posible detener la Constituyente y sobre el debate que recorre la izquierda en relación a la situación venezolana.

En la rueda de prensa donde fuiste vocero de la autoconvocatoria de un sector de personalidades y organizaciones que se asumen no representados ni por el PSUV ni la MUD,  anunciaron una serie de iniciativas. Según tu opinión cuál es la puntualización que esa lucha tiene que ir adoptando

En esta extrema polarización que se ve en los medios, los diversos grupos y personas que nos hemos autoncovocado compartimos que esa polarización no representa a todo el país, ni siquiera a la mayoría del país. Pero esa otra postura, que no es simplemente una posición intermedia, una cosa blandengue, que no es un centro político, sino que es amplio sector muy diverso de la sociedad. Que inclusive en relación al proyecto de sociedad podemos tener muchas diferencias, pero hoy tenemos claro que para poder debatir sobre esas diferencias y expresar que país queremos, tenemos que sobrevivir. Si nos matamos todos entre sí ahí termina el debate. Entonces cómo darle expresión pública y capacidad política a ese enorme descontento. Como construir discursos alternativos que apunten a  mostrar una luz que muestre que son posibles otras formas de encontrar las soluciones. Otras formas en las cuales se desmonte esta dinámica que se ha desatado de exterminio del otro, hacia unas formas de un mínimo de convivencia que permita expresas las diferencias. Creo que por ello y acá hablo en los términos de lo que ha sido la experiencia en la Plataforma Ciudadana en Defensa de la Constitución, para nosotros ha sido central la idea de que la Constitución constituye hoy las únicas reglas del juego con las cuales contamos

No se trata de una defensa de la Constitución como si fuese un texto sagrado ni inamovible, yo personalmente soy de la idea que la constitución que corresponde un país petrolero rentista donde todo el mundo tiene derechos y no tiene obligaciones, pero en este momento no tenemos ni el espacio ni el oxígeno ni es el momento adecuado para abrir debate sobre estas cosas. Primero tenemos que desmontar la escalada de violencia y en otro momento podemos abrir discusiones sobre lo que hay que cambiar o lo que hay que preservar.

Insistimos en esta idea de las reglas del juego. Las reglas del juego que votamos los venezolanos cuando nos dimos la Constituyente del ‘99. Una elección universal, directa y secreta con representación proporcional de las minorías, donde hubo un referéndum donde se le preguntó al pueblo si quería una Constituyente y posteriormente a los trabajos de aquella ANC otro referéndum en el que el 72% de la población aprobó la Constitución, son unas reglas del juego legítimas y las reglas del juego con las cuales contamos.

El cambio de estas reglas de juego, de donde venga provoca más violencia. Cuándo Julio Borges presidente de la Asamblea Nacional, declara que Maduro había abandonado el cargo, cuando hasta el día anterior lo acusaban de abusar del cargo, eso obviamente no respeta la Constitución y muestra una disposición a violarla. El gobierno por su parte ha venido desmontando la Constitución desde el momento en que perdiendo las elecciones parlamentarias decidió nombrar un TSJ amañado

Entonces hay una estrecha relación, inseparable relación entre los niveles de violencia que siendo alimentados estos dos extremos y las formas en que la Constitución ha venido siendo atacada por estos dos extremos. Para nosotros, como Plataforma en Defensa de la Constitución, la idea de desmontar la escalada de violencia y la idea de la defensa de la Constitución son absolutamente inseparables. Porque estas son las reglas del juego con la que tenemos que buscar las formas de ir resolviendo los severos problemas que hoy enfrenta la sociedad venezolana.

 Y esto pasa inevitablemente por el reconocimiento de la separación de poderes, por el reconocimiento de tener un calendario electoral claro. Hay razones para pensar , qué sentido tiene que nos anuncien que el 10 de diciembre va a haber elección a gobernadores si ya va estar en funcionamiento una Asamblea Constituyente que al ser plenipotenciaria podría decir para que va a haber elecciones si la nueva estructura del Estado no tiene gobernadores.

Hay aquí una situación de simplemente tirarle una patada a la mesa que hace que aquí no vaya a haber elecciones más nunca. Porque no sabemos si en una Asamblea Constituyente totalmente controlada por la cúpula PSUV – Gobierno, que diseño autoritario de país se van a inventar. Eso nos coloca en una situación compleja, estamos en un momento muy crítico en el que si no le logra evitar que una elección tramposa de Asamblea Constituyente ilegítima se lleve a cabo, nos encontraremos con un nuevo país, con un orden autoritario donde la posibilidad de plantear democráticamente opciones va a estar absolutamente negada

Eso hace que en los próximos meses sean absolutamente crítica, en el que la búsqueda de salidas no violentas pase por el rechazo de esta propuesta, precisamente porque tiene mecanismos tramposos, en los cuales no hay democracia, no hay posibilidad de expresión de la voluntad del pueblo venezolano por el mecanismo absolutamente manipulado de esta ingeniería electoral,  lejos de abrir las puertas a posibilidades no violentas de procesamiento de las diferencias, estaremos en una situación donde cualquier cosa vale. Estamos en unas semanas históricamente críticas. En un punto de no retorno, podríamos amanecer en pocas semanas con un orden constitucional manipulado, autoritario, con una nueva estructura de Estado totalmente controlado por arriba. Si simplemente constitucionalizan lo que ya han hecho se constitucionaliza un orden autoritario.

Cuáles son las condiciones que tu vez que te harían decir que es posible impedir esta Constituyente

Yo creo que es fundamentalmente un asunto que está en el tema de la legitimidad. Una pugna por la legitimidad. El gobierno pretendía con este llamamiento un poco revigorizar el imaginario chavista popular. Es decir una Constitución que es feminista, que es ecológica, que es indígena que es de las comunas, etcétera, como tratar de recuperar el espíritu de lo desde abajo. Ese es un cuento que algún impacto tiene, pero no tiene capacidad para construir la legitimidad que requiere. Entonces en la medida en que esto va apareciendo, tanto por los procedimientos, la metodología y la dimensión de como se está haciendo como por el país que anuncian, esto no convence. Entonces cómo construir un clima de opinión de acción que contribuya a deslegitimar de tal manera que las fracturas que sabemos que existen del gobierno, no en el Alto gobierno por supuesto, pero si en otros niveles, y las fracturas que sabemos que existen al interior de las fuerzas armadas, se hagan más visibles y que por la vía desgajamientos, el gobierno llegue a la conclusión de que no puede seguir adelante

Y ese es un escenario que yo no descarto. La tarea es darle esa sensación de urgencia para contribuir a crear el clima de opinión y de fisuras al interior de este aparato que avancen en la deslegitimación de este proceso, de manera tal que el gobierno reconozca que está caminando hacia una situación de no retorno que sea interpretado como el cierre de la Santamaría y que la única cuestión social que quede es la violencia. Esto no quiere decir que al amplio espectro que comparte estas preocupaciones tenga opiniones compartida con respecto al país, al Arco Minero, a cómo construir un modelo distinto del rentismo, nos queda mucho que debatir y diferenciarnos. Pero esta situación suficientemente severa, de definición de para dónde va el país a muy corto plazo, que requiere que todos los esfuerzos de convergencia, aun entre quienes estamos enfrentados políticamente, porque este no es solo un reto político, es un reto ético de sobrevivencia en Venezuela hoy. Y planteado en términos éticos yo creo que apela a una sensibilidad ampliamente extendida a la sociedad venezolana

Que le dices a las voces de izquierda que han cuestionado tus críticas al gobierno

Desde el punto de vista de quienes apostamos, en el inicio del proceso a que era posible la transformación venezolana, por el amplio proceso de movilización y organización popular en los primeros años del chavismo. Y de quienes estamos convencidos que estamos en una profunda crisis civilizatoria que requiere en primer lugar ir más allá del capitalismo. Pero incorporando hoy todas aquellas miradas que las corrientes ortodoxas del socialismo dejaron fuera. Por ejemplo el tema de la diversidad cultural de los pueblos del mundo, las perspectivas feministas con todas las implicaciones que tiene, todo lo que tiene que ver con los límites del Planeta y las implicaciones de esta guerra permanente que la modernidad ha construido en contra el resto de la naturaleza de la cual los humanos somos parte

Quienes estamos convencidos de esa necesidad como urgencia de transformación ante la crisis civilizatoria, no podemos ver lo que ocurre hoy en el país simplemente con las herramientas y las miradas de la guerra fría. No podemos ver simplemente al gobierno sólo porque se declara de izquierda, revolucionario o lo que sea y como estaría enfrentado a los Estados Unidos, simplemente por eso debería tener nuestro apoyo como reclama mucha de la izquierda internacional que mira de esa forma al Proceso Venezolano.

 Es indispensable tener la posibilidad de diferenciarse del proyecto imperial de aplastamiento de los imaginarios de la transformación; de esos imaginarios, de esa capacidad organizativa que se generó en el movimiento popular durante los primeros años. Pero por otra parte igualmente es necesario enfrentarse de forma radical y evitar la legitimación de un discurso supuestamente de izquierda, supuestamente socialista, supuestamente revolucionario, para llevar a cabo políticas que son absolutamente autoritarias y que en ese espectro que ha conformado lo que históricamente se ha entendido desde la Revolución Francesa como izquierda y derecha, son claramente posturas de derecha.

ALIANZA POR LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN EXIGE EL CESE A LA REPRESIÓN

La Alianza por la Libertad de Expresión, integrada por representantes de las universidades, gremios y organizaciones no gubernamentales, que se ocupan de velar y resguardar el derecho a la libertad de expresión y la libertad de prensa en Venezuela, alerta sobre el recrudecimiento de las violaciones al derecho a la libertad de expresión durante los últimos 60 días manifestaciones públicas. Las protestas son en rechazo a la ruptura del orden democrático, tras las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela y recientes actuaciones del Ejecutivo de impulsar de forma ilegítima una asamblea nacional constituyente.

En Venezuela tenemos un contexto de inestabilidad institucional derivado del condicionamiento a la labor parlamentaria, a través de la vía judicial, que tuvo su máxima expresión en la usurpación de las atribuciones de la Asamblea Nacional mediante las sentencias 155 y 156, con fechas 28 y 29 de marzo de 2017, de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Además de la prolongación sucesiva del estado de excepción y emergencia económica, por parte del Ejecutivo Nacional, lo que debilita aún más la garantía de los derechos fundamentales.

Desde el 28 de marzo se han registrado más de 160 casos que violentaron el derecho a la libertad de expresión y a la búsqueda o difusión de información. Estos hechos afectaron a más 200 personas entre periodistas, reporteros gráficos, camarógrafos, medios de comunicación, y trabajadores de medios.

Como Alianza por la Libertad de Expresión, rechazamos las constantes agresiones físicas contra periodistas e infociudadanos, el robo de equipos, el hostigamiento contra la prensa extranjera, desalojos hostiles de zonas de cobertura, las amenazas y detenciones arbitrarias, los bloqueos de sitios web, las acciones de vigilancia policial y persecución a través de redes sociales y, más recientemente, la confiscación de pasaportes para aplicar de facto una prohibición de salida del país

Como organizaciones de la sociedad civil, alertamos sobre la constante amenaza al ejercicio efectivo de derechos a la asociación y protesta pacífica. La represión estatal ha escalado en intensidad y formas, por el uso excesivo e indiscriminado de bombas lacrimógenas vencidas, el lanzamiento de estas bombas al cuerpo de los manifestantes a pocos metros de distancia, ataque a zonas residenciales, la detención arbitraria de manifestantes, unas 2815 personas fueron arrestadas y de ellos, 1240 todavía continúan detenidas y procesadas ante tribunales civiles y militares. Según el último balance del Ministerio Público, 55 personas resultaron asesinadas durante hechos de violencia suscitados en el contexto de manifestaciones y unas 1000 personas lesionadas.

Las medidas ejecutivas y judiciales, en contra de lo establecido en la Constitución, fortalecen una mayor militarización de la sociedad de cara a criminalizar tanto a las voces críticas como a los mensajeros de la información necesaria para el debate. El resultado es una sociedad desinformada e inhibida gracias a la violencia institucional materializada tanto en el discurso y la acción de funcionarios, cuerpos de seguridad, civiles y militares (Guardia Nacional Bolivariana y Policía Nacional Bolivariana), como por grupos de civiles armados que fungen como equipos de choque en la convocatoria de manifestaciones, y actúan bajo la omisión cómplice del Estado.

En respeto a los Artículos 57 y 58 de la Constitución, la Alianza por la Libertad de Expresión exige a las autoridades del Estado:

· Garantizar la seguridad de los periodistas e infociudadanos en la búsqueda y difusión de información y condenar enérgicamente la violencia contra los comunicadores durante la cobertura de calle, tanto por cuerpos de seguridad como por grupos violentos.
· 
Cesar el discurso violento y agraviante sistemático contra la labor de los periodistas y medios de comunicación que afecta negativamente las garantías de la libertad de expresión y el derecho a la información.

· Cesar la represión indiscriminada contra protestas pacíficas en tanto constituye modalidades violatorias de garantías fundamentales (delitos que no prescriben), además de evidenciar ensañamiento contra sectores de la población por razones políticas.
· 
Respetar y cumplir, de manera inmediata, las obligaciones internacionales en libertad de expresión e información, e implementar las recomendaciones, resoluciones y decisiones tanto de Naciones Unidas como de la Organización de Estados Americanos en esta materia.

· Hacer efectivas las medidas de protección que dictó el Ministerio Público a favor de los periodistas para que puedan hacer su labor sin riesgos ni amenazas.

· Garantizar el acceso a una justicia imparcial y el establecimiento efectivo de procesos judiciales que rompan con el círculo de impunidad que rodea a los delitos y violaciones cometidas contra periodistas y trabajadores de la prensa en el ejercicio de sus funciones informativas.

· Garantizar, sin demoras, los principios de pluralidad y diversidad en los medios de comunicación y plataformas digitales, para evitar las órdenes de bloqueos y censura, y se respete el derecho a la información.

· Abstenerse de usar grupos organizados para criminalizar y vigilar la expresión de los ciudadanos que manifiestan expresiones de disidencia a través de las redes sociales
· Cesar de manera inmediata las presiones y acciones desde diversas instancias públicas, contra los medios de comunicación y proveedores de servicios radioeléctricos y de Internet, que derivan en censura y afectan el derecho de los ciudadanos a estar informados de manera pertinente, adecuada y oportuna.
· Cesar la difusión de información falsa por parte de altos funcionarios del gobierno, sobre todo en relación a hipótesis sobre asesinatos de manifestantes, declaraciones que afectan las investigaciones de los órganos competentes, y promueve mayor desinformación.

· Garantizar en todos los medios impresos y audiovisuales controlados por el ejecutivo espacios para la libre expresión de las diversas corrientes de opinión, conforme al precepto constitucional pluralista

Caracas 31 de mayo de 2017

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