Deslinde 31/7/17

La cifra presentada por la portavoz del CNE Tibisay Lucena como el total alcanzado -8.089.320 votos, 41,54% del padrón electoral- ante la convocatoria a la ANC, es una mentira teñida con la sangre de los más de cien hijos de trabajadores caídos en el rechazo al fraude montado por Nicolás Maduro. Éste es el ocultamiento de la verdad más grande y cínica jamás expresado por gobierno alguno en Venezuela, -solo comparable a los trazas de Gómez, Pérez Jiménez en el plebiscito del año 57 y la actitud de CAP ante el Caracazo, juntos- al intentar quebrar la voluntad del pueblo.

Tibisay Lucena, Nicolás Maduro y los demás portavoces del gobierno, pretende cegar los ojos, la voz y las mentes de los venezolanos. Las mayorías se abstuvieron –entre las que nos contamos- y muchos salimos a las calles a verificar la cantidad de gente que acudió a los centros de votación. Todos vimos las calles y los centros de votación vacíos, escuálidas colas y sus caras largas, por no poder influir y convencer como en el pasado a las mayorías. Simplemente, el gobierno no cumplió con sus objetivos. Los centros electorales que en el pasado estaban concurridos, el 30J estaban vacíos.

Expertos en la mentira, el gobierno pretende tapar con un dedo el repudio del que hoy goza, producto de las colas del hambre, la miseria, los asesinatos, la represión del pueblo y el quiebre las empresas más importantes del país. La de hoy es una nueva mentira del gobierno, todos lo sabemos perfectamente porque lo vimos. Fueron escasos sus votos

Minimizar la fortaleza y voluntad de los trabajadores ante el chantaje del gobierno pretendiendo que los empleados públicos, los trabajadores y operarios del Metro de Ccs, en PDVSA sus trabajadores, así como en las empresas básicas, Corpoelec, las Hidrológicas y en las universidades del país, extorsionándolos con la permanencia en el trabajo, bolsas de comida, obligándolos a mostrar el carnet de la patria, o porque ya cuentas con la firmó del contrato colectivo; sabemos que en su mayoría no acudieron el 30J a sufragar a favor de la ANC. Más fuerte han sido las penurias y el hambre vivida, el exilio obligado de familiares, el llamado de su consciencia y la convicción de que es necesario dar término a este gobierno de ladrones y su constituyente. 

La abstención se impuso, en casi un 87,6%. A las tres de la tarde, solo habían alcanzado 1.795.144 sufragios. ¿Cómo sumaron los 8 millones, en solo tres horas? 

Las encuestadoras, más reconocidas del país, casi coincidentes solo dan un aproximado de los votos del gobierno: 2.483.073 sufragios. Para desmontar la mentira, una periodista de El Universal, ofreció una sencilla cuenta, sobre la mentira del CNE. 

Veamos: 8.000.000/24.000 mesas= 333.000 votantes por mesa. ¿El gobierno logró alcanzar esta cantidad de personas en cada mesa? Es indudable que NO. Mínimo 2 minutos para votar por persona, son equivalentes a 11.100 horas seguidas. Bueno, ya sabemos que no es cierto.

Pero veamos otras cifras. El padrón electoral es de 19.805.002 votantes. Si la participación -según las cifras del gobierno fueron de 8.089.320 sufragios-, restando la abstención alcanzó a 11.715.682 personas. ¿Qué lectura hace usted de esto? Pero ya sabemos que fue menor.

Los trabajadores, los estudiantes y los sectores populares sacan cuentas en todo el país, y ven con claridad el hurto de la información que hace el gobierno. Las barriadas de Caracas, Pto. Ordaz, Barquisimeto, Mérida, Valencia y otras eran, impensables el rechazo al gobierno, pues se proclamaban “territorio chavista”. Hoy esa no es la realidad. Maduro es un ser impopular.

A pesar del llamado de ministros, funcionarios y todos los que solicitaron la prolongación del proceso a últimas horas, del 30J, no pudieron arrancar de sus aposentos a los votantes. Hoy vemos como cínicamente se presentan sus voceros –Tibisay Lucena y los hermanos Rodríguez- dando una versión en la que se niega, lo que todos vimos en las calles: Pequeñas colas y la abstención masiva.

Datos de las empresas básicas que nos llegan por un cuadro elaborado por compañeros confirman las siguientes informaciones. SIDOR, de un total de 14.088 trabajadores, votó el 41%; en FMO de 6.845 trabajadores, votó el 3%; Briquetera del Orinoco, de 1.056 trabajadores votó el 7%; en el Complejo Siderúrgico Nac, con 546 trabajadores, votó el 0%; en Briqven de 401 trabajadores, votó el 7%; en Briqcar con 397 trabajadores, votó el 12%; Consigua con 366 trabajadores, votó el 33%; Copal con 189 trabajadores, votó el 38%, Refractarios con 168 trabajadores, votó el 20%; Tubos sin costura con 63 trabajadores, votó el 16%; Siderúrgina Nac. con 34 trabajadores, votó el 44%; y de la CSV con 21 trabajadores, votó el 71%. Esto muestra altos niveles de abstención en Guayana.

Siempre hemos dicho que los medios privados son una cosa y los periodistas otra. Unos son dueños de los medios y los otros sus empleados. Sin embargo, el gobierno identifica a los periodistas como sus enemigos, los golpea, los maltrata y les impide su trabajo.

Así, que no permitió tomar fotos, ni entrevistar a los votantes. La tarea era no dejar evidencias del rechazo popular. Sin embargo, Maduro hoy ofrece sanciones a los canales Televen y Venevisión, por no cubrir las elecciones. No es que eso nos moleste, pero, todos deberían ser sancionados, por no dar cobertura a los conflictos laborales y la tragedia que viven los trabajadores en los hospitales o en las colas por comida, o las muertes de infantes en los hospitales por falta de medicinas o por hambre, sino es el caso de sus madres. La situación es peor un si se trata de los canales del gobierno. Nunca dicen nada. Todos son sucursales de la tierra de Disney.

La noche del 30J, los militares fueron los primeros en declarar. Se trataba de ser la avanzada en el fraude. Expresar “que el país está en calma y en paz”, y que “la ANC, representa un momento de tranquilidad para el país”. Ya la ANC, dará cabida al debate del extractivismo minero en el Arco del Orinoco y en PDVSA, donde los militares, tendrán participación con la empresa C.A. Militar de Industrias Mineral, Petrolíferas y de Gas, CAMIMPEG. Aquí el respaldo fue total, de los ministros de Interior y Defensa. Para ellos todo está bien y por ahí viene la paz.

Sin embargo, mientras Nicolás Maduro y Tibisay Lucena dan cuerpo al circo del fraude electoral, los cuerpos de Seguridad del Estado dan muerte a 13 personas. El parte es el siguiente: cinco en Mérida, dos en Lara, uno en Sucre, y cinco en Táchira. Cifra aún por confirmar, pues se denuncian más casos, y la represión en los estados de Mérida, Táchira y Lara continua. En Ejidos, -Mérida- la represión comenzó días antes de las elecciones y se denuncian persecución y torturas a jóvenes y allanamientos a sus residencias. En Barquisimeto el sector Cardenalito, ha sido tomado por efectivos de la GNB y PNB, disparando a las residencias. En la 54, Las Trinitarias, La Sucre y Cabudare los cuerpos represivos agreden a los vecinos, más aun si son jóvenes.

Esta es parte de la dinámica del teatro montado por el gobierno que ahora pretende imponer en una cadena continua, los fraudulentos resultados de la ANC. Entramos en un momento de agónica monotonía del gobierno. Imponernos sus resultados cuando son evidente minoría. Ya esto lo conocíamos desde antes de las elecciones y fue denunciados desde los resultados electorales de diciembre del 2015, una vez se realizaron las elecciones parlamentarias.

Nadie puede abrigar esperanzas en las deliberaciones de la ANC. Nadie puede esperar que se resuelvan los problemas más apremiantes de los trabajadores. Para el gobierno privan los intereses creados con los empresarios nacionales e internacionales en la Comisión Nacional de Economía Productiva, la explotación de Arco Minero del Orinoco y las empresas Mixtas petroleras, en sus acuerdos capitalistas, antes que los bienes de los trabajadores. Forjar un estado y leyes al servicio de esos intereses.

El país, entra en una situación donde una fraudulenta ANC, "va a legislar, crear y reformar leyes" apoyadas por las fuerzas represivas del estado y demás instituciones

Las masas no tienen otro camino que seguir en la movilización. Hay que denunciar y detener la represión y los asesinatos. Surge la necesidad de buscar encuentros y la unidad de los dirigentes y organizaciones sindicales y populares

Evaluar la situación entre todos y replantear la movilización como herramienta de lucha y sus objetivos. El gobierno dará curso a su novela vendiendo la ANC, pero ésta no es otra cosa que una "tabla de salvación", en la que no está descartado  su naufragio, de ser embestida por las masas. Los sectores populares debemos perfilar con autonomía e independencia una política, con tales objetivos. Este gobierno debe salir y los trabajadores debemos sacarlos. 

Lo que la izquierda debe aprender de los 

fracasos de Maduro en Venezuela

(Salvo excepciones que confirman la regla, amplios sectores del anarquismo internacional siguen guardando silencio sobre Venezuela. Por ello, seguimos publicando opiniones de otros sectores sobre lo que pasa en el país)

Asa Cusack El Libertario 3/8/17

Yo, como otros progresistas, estaba tan inspirado en la revolución bolivariana que pasé por alto los abusos del chavismo. Pero la ceguera intencional ya no es una opción.
¡Es un golpe! ¡Que el mundo sepa! "Estas palabras de la ministra de Medio Ambiente de Venezuela, Ana Elisa Osorio, durante el derrocamiento de Hugo Chávez en 2002 marcaron el comienzo de mi relación amorosa con la política latinoamericana, que parecía ofrecer una salida diferente a la política que ocurría en toda Europa en ese momento. Pero 15 años y mucha experiencia de primera mano más tarde, la catástrofe económica y democrática que envuelve a Venezuela me ha obligado a reevaluar mi posición.

Y no estoy solo. Fue inspirador ver (ver el documental Chávez: Dentro del Golpe) cómo Osorio, ministro de Planificación y Finanzas Jorge Giordani, y por supuesto Chávez defendió la mayoría pobre de Venezuela contra una elite oligárquica y antidemocrática respaldada por el villano George W Bush. Esta mayoría fue tan favorable que lograron no sólo revertir el golpe, sino también enfrentar un paro paralizante de tres meses, liderado por la misma elite no representativa y menos representativa menos de un año después. Y el progreso que defendían era innegable.


Bajo Chávez todos los indicadores obvios se movieron en la dirección correcta. La pobreza se redujo a la mitad. La extrema pobreza casi desapareció. El desempleo cayó drásticamente. La desigualdad se redujo al fin. La ingesta calórica aumentó. El analfabetismo fue erradicado. Millones lograron el acceso a servicios médicos gratuitos por primera vez. Y la inclusión política se vio impulsada por las campañas de inscripción de votantes, con un efecto secundario en la participación en las elecciones.

Pero el cambio más significativo fue menos tangible, ya que Chávez trató de alejar el ideal nacional de la apariencia bruta y conspicua del capitalismo de consumo occidental hacia una mayor confianza en la cultura, el carácter y la capacidad locales. En el exterior, Chávez promovió relaciones más fuertes entre los países en desarrollo para frenar la influencia de las principales potencias e instituciones financieras internacionales. Luchó contra la proliferación de acuerdos de libre comercio neoliberales que priorizaban los intereses corporativos sobre el bienestar social y el control democrático. Y hablaba rutinariamente para aquellos países más débiles sometidos a los violentos caprichos de los fuertes.

Sin embargo, cuando viví e hice investigación en Venezuela en 2010, las grietas habían empezado a mostrarse. Chávez había respondido al golpe de Estado y a la huelga petrolera radicalizando su revolución, pero este nuevo socialismo del siglo XXI produjo resultados mixtos, en el mejor de los casos.

La inversión masiva en cooperativas e industrias estatales produjo poco retorno, y la economía creció cada vez más dependiente de las exportaciones de petróleo. La nacionalización de las empresas privadas ya no parecía aplicarse sólo a las industrias "estratégicas", sino que se utilizaba para disciplinar a un sector privado hostil.

Un mercado negro para la moneda extranjera había surgido para cumplir con la demanda insatisfecha, haciendo extremadamente provechoso conseguir los dólares baratos vendidos por el Estado. Los alimentos clave a veces eran escasos. Los nuevos canales de participación popular en la toma de decisiones sufrieron corrupción financiera y desorden administrativo, al tiempo que hicieron poco para profundizar la democracia. La renovación de la licencia de radiodifusión del canal de televisión vinculado a la oposición RCTV había sido rechazada selectivamente. Un juez fue encarcelado por liberar a un prisionero políticamente sensible. Y en el curso de mi propia investigación, escuché tanto sobre como fuera del expediente acerca de la incompetencia generalizada, el derroche, la corrupción y la hipocresía entre la nueva élite estatal chavista.

A pesar de todo esto, todavía estaba contento de ver a Maduro ganar las elecciones de 2013 después de la muerte de Chávez, por una sencilla razón: la oposición. Los principales líderes de la fragmentada Mesa Redonda de Unidad Democrática -Leopoldo López , Henrique Capriles y María Corina Machado- fueron todos muy involucrados con los acontecimientos del golpe de Estado de 2002, aunque generalmente representados como los "buenos" del conflicto venezolano.

López y Machado en particular han pasado 18 años tratando de derribar al gobierno venezolano, independientemente de su legitimidad democrática y sin plataforma política más allá de la "derrota del chavismo". También han tratado de marginar a Capriles, el único que ha logrado algo de comprensión de por qué Chávez ganó en 1998.

Pero bajo Maduro el gobierno ha perdido tanto su legitimidad como el apoyo de muchos que una vez respaldaron a Chávez. El colapso económico, intensificado por la caída de los precios del petróleo desde 2014, ha sido catastrófico, y de maneras que se entienden bien . Maduro también ha prohibido arbitrariamente a su principal rival, Capriles, de ocupar cargos políticos, además de encarcelar, liberar parcialmente, y de repente esta semana re-detener a los líderes de la oposición López y Antonio Ledezma.

Precisamente para estas situaciones, la Constitución de 1999 permite a los ciudadanos eliminar a un presidente que no cumple con los requisitos mediante un referéndum que podría provocar nuevas elecciones. Desde el año 2016 esta opción ha sido abierta a la oposición, pero se demoró por exigencias procesales onerosas y luego se suspendió completamente debido a las acusaciones de fraude durante la recolección de firmas.

Alternativamente, las próximas elecciones presidenciales regulares deberían tener lugar en 2018. Pero en lugar de enfrentar a cualquiera de ellos, Maduro ha invocado unilateralmente una Asamblea Constituyente para reescribir la misma constitución que sustenta la revolución bolivariana casi desde el primer día. Es un movimiento notablemente desesperado para un hombre elegido simplemente por el legado de Chávez.

Para muchos académicos de izquierda, que apoyan ampliamente los objetivos del chavismo, este deslizamiento democrático ha sido causa de muchas angustias. Pero como siempre, en Venezuela, también hay conflicto. El liderazgo de la Asociación de Estudios Latinoamericanos emitió una declaración en la que instaba al gobierno a respetar la Constitución de 1999, sólo para recibir una respuesta de docenas de sus 12.000 miembros. Para algunos, el proyecto de Chávez ha fracasado , mientras que para otros los problemas de Venezuela "no son el resultado de demasiado socialismo, sino demasiado poco". Algunos sostienen que "la izquierda internacional ni siquiera necesita tomar una posición" sobre la validez de la Asamblea Constitucional, ya que es un asunto interno, mientras que otros lo ven como "el mayor error de cálculo de la presidencia de Maduro".

Una forma de argumentar es recurrir a los mismos defensores sinceros del interés nacional que originalmente inspiraron mi fascinación por Venezuela, y su veredicto es condenatorio. La misma Ana Elisa Osorio vista combatiendo el golpe contra Chávez en 2002 es ahora parte del movimiento del Chavismo Crítico. Ella encuentra que el "autoritarismo" de Maduro lo hace "indigno del nombre chavista". Su camarada en esa lucha, Giordani, duró un año en el gobierno de Maduro antes de dejar de denunciar la incompetencia, la ineficacia y la irresponsabilidad. A los ojos de Giordani, la Asamblea Constituyente es sólo el acto "pomposo y espurio" de un "socialismo practicado sólo en su forma más costosa y dolorosa: la represión de cualquiera que se opone o piensa de manera diferente sobre los oscuros planes del gobierno de mantener el estado poder".

Pero ¿qué pasa con Chávez? ¿Sembró las semillas de la caída de Maduro? ¿Y sus buenas intenciones me ciegan a mí y a otros sobre los peligrosos fallos en su gobierno? ¿Pensé que la centralización del poder era un precio que valía la pena pagar? ¿He olvidado que los precios del petróleo también caen? ¿Dejé de lado los abusos que habría denunciado con un gobierno más derechista? A pesar de mis mejores esfuerzos, sospecho que lo hice.

Si es cierto que "la izquierda exterior de Venezuela puede ayudar a reconstruir el movimiento al participar en una contabilidad honesta de lo que salió mal", entonces admitir y aprender de nuestros propios fracasos es un primer paso necesario.

Las muertes de no combatientes son siempre responsabilidad moral del bando que ataca

El 16 hubo una consulta electoral en Venezuela promovida por la oposición, el 30 elecciones convocadas por el gobierno.
        
Cuántos votaron en cada caso es un tema absurdo. De qué va cada cosa,  qué se pretende, o las garantías formales, más absurdo todavía. Las discusiones que pueden darse ahora serán de un cinismo repudiable si no se empieza por un punto que también está marcado en cifras:los muertos.

Solución política para esta disputa, por el momento no se ve. Por supuesto que no vamos a plantear una "solución" armada.

Van 120 muertos desde que comenzaron las protestas.
Y es tal la catadura moral de ambos bandos que ninguno de ellos se ha planteado la responsabilidad que  A Él le toca en todo esto.

       
It takes two to tango. Es obvio que ambos bandos son responsables por estas muertes. Salvo en las masacres contra gente encerrada e inerme como por ejemplo de la matanza de Salsipuedes, en cualquier otro caso, guerra, revolución o enfrentamiento que sea, los "buenos" también son responsables.

Después vendrá la discusión sobre la guerra justa, o sí esos muertos fueron para evitar males mayores, y todo eso. Limitarse en este caso a plantear así la cosas y evadir la cuestión de si esas muertes son evitables, cargar toda la responsabilidad al otro bando y lavarse las manos, es cinismo.

Otra cuestión es la medida de la responsabilidad de cada bando en comparación con el otro, que puede dar para mucho. Pero hablar de eso sin preguntar si cada uno de los bandos pudo buscar un camino diferente, es inaceptable.

Y por horroroso que sea, no puedo dejar de lado la verdadera comparación de "resultados electorales" entre ambas jornadas, de la que nadie habla. Hubo un muerto y tres heridos, por lo que sé, el 16. No sé qué pasó con los heridos. Hubo entre diez y quince muertos el 30, policías y civiles. Una proporción como de diez a uno, y no afilo el lápiz en cálculos más finos porque sería un asco hacerlo.

Primero aclararé lo que pienso del gobierno de Maduro y de esta convocatoria a la Constituyente, para que nadie se confunda. Luego haré algunas consideraciones éticas en general. Luego otras de carácter táctico y político que me plantearía en cualquier caso. Y luego diré lo que pienso de esta situación concreta.

Yo estoy en contra del gobierno de Maduro, creo que es un gobierno capitalista, pro-capitalista y represivo (y yo le agrego el término "bonapartista" que puede estar muy en mi código). No es el único en el mundo que tiene esas características, y no a todos hay que tratarlos de la misma manera. Esta Constituyente me parece un error.

En abstracto, el camino de una constituyente comunal podría ser un gran avance político. Pero es obvio que acá es vertical y extemporáneo. Las comunas del poder popular no se crean por decreto, y además ese paso debió darlo el gobierno chavista cuando estaba en su momento de fuerza y respaldo popular, ahora es espantosamente tarde y no va a resultar. Ahora bien, esa convocatoria a las elecciones para la Constituyente ha sido responsabilidad del gobierno. Lo que siguió es otra cosa.

Cuando el otro movió, mi movida es mi completa responsabilidad, y las consecuencias también. Si no tengo otra opción es una cosa, pero si tengo varias, debo responder por esas consecuencias. Tal vez pueda decir en algún caso que "no sabía", no en este caso. Y si la cosa se me escapó de las manos, igual soy responsable.

Paso ahora a los aspectos políticos y tácticos.

En la democracia liberal burguesa y con el gobierno que sea, las elecciones siempre son un fraude, siempre son elecciones limitadas y condicionadas, siempre corre con ventaja el caballo del comisario. Eso no quiere decir que haya que descartar la participación política en todos los casos. Muchas veces el camino más eficiente para denunciar el fraude es participando, pero haciéndolo bien. Participar no siempre quiere decir validar el fraude, si no sabés cómo,? es tu problema.

También es cierto que sabotear las elecciones es una opción política perfectamente válida; ahora, bien, cómo lo hago es otra cosa. Hay dos casos en que claramente sería correcto no participar. Una, cuando el fraude o el contexto represivo es tan extremo que no nos deja ninguna posibilidad de denunciarlo desde adentro. Son situaciones realmente extremas. Aquí, en dictadura, hubo un plebiscito trucho en el 80 en que participamos votando NO, y unas elecciones internas truchas en el 82 en que participamos votando en blanco. Fueron opciones políticas correctas y útiles, en condiciones muy difíciles.

La otra situación en que me parece evidente que no hay que participar en elecciones, es si estamos en plena insurrección armada. Pero plena insurrección armada es plena insurrección armada, con las responsabilidades y las condiciones que corresponde en estos casos. Se puede llegar a la decisión de tomar las armas, pero si se toman las armas se toman las armas, y se toma, entonces, la responsabilidad de cada acción armada. No se manda la gente a morir "a la buena de Dios". También es cierto que hay levantamientos insurreccionales espontáneos que escapan al control de una dirección política. Pero si pasan los meses y se acumulan las muertes, la dirección política que sea, si es que existe y sirve para algo, tiene que hacer algo.

Lo que ocurre en Venezuela hoy, y especial esas 120 muertes, es responsabilidad del gobierno y de la oposición, it takes two to tango. Si vamos al caso, más del gobierno que de la oposición porque por algo el gobierno es gobierno. Eso en términos generales.

Pero en este caso concreto los muertos del domingo 30 son una responsabilidad total? de la oposición, 100%

Sabotear un acto electoral es una opción válida. Protestar es una opción válida. Incluso prender fuego a las urnas puede ser una opción válida, en Venezuela no sé cómo sería, aquí en Uruguay contando con un cuarto secreto y un sobre de votación de papel grueso, yo pensaría -llegado el caso- en usar una solución de fósforo blanco en sulfuro de carbono.

¡Una cosa es prender fuego a las urnas y otra cosa es prende fuego a los votantes! ¡Las acciones que se hagan tienen que ser acciones responsables!

¿Existía o no la opción de protesta pasiva y sin violencia, sin muertes? ¿Sería políticamente "débil" una forma pacífica de sabotaje, y "mejor" posar para la foto con consecuencias mortales para otros, incluyendo gente que no tiene nada que ver?

Esta es mi conclusión, gente. El gobierno de Venezuela es una mierda. La oposición mucho más mierda todavía. Los socialistas debemos denunciar al gobierno, pero no podemos aceptar ni por un momento una confusión con estos otros criminales

FERNANDO MOYANO

Las mordazas ideológicas que nos silencian

La reticencia del progresismo para denunciar la represión en Venezuela muestra los límites de nuestra convivencia democrática

LA NACIÓN MIÉRCOLES 02 DE AGOSTO DE 2017

Norma Morandini -Directora del Observatorio de Derechos Humanos del Senado

Qué fuerza poderosa de autoengaño la de la ideología, en cuyo nombre se justifican las muertes, las prisiones y el terror de los tiranos! Pasó con los crímenes de Stalin, negados por buena parte de la intelectualidad de izquierda durante años.

Pasó igual con la revolución cubana: fue doloroso reconocer la mentira detrás de la promesa del hombre nuevo. Y vuelve a suceder ahora con el silencio de los que se autodefinen "progresistas" y no denuncian las violaciones de los derechos humanos en la Venezuela de Maduro .

Para entender tantas mordazas hoy me es más útil la literatura que la política. "Pedir perdón exige más valentía que empuñar un arma, que accionar una bomba", piensa el etarra en la soledad de su prisión, frente al papel en el que debe escribir una carta a una de las víctimas de ETA, la organización que integró. Ése es el dramático dilema al que el escritor vasco Fernando Aramburu somete a uno de sus personajes, el ya no tan joven guerrillero al que los años en la cárcel le han dado el tiempo suficiente para repasar su vida. No le faltó coraje para reconocer íntimamente "las atrocidades" que cometió cuando era "un joven crédulo de sangre caliente". Para liberarlo de esos remordimientos, la hermana lo insta a escribir una carta de perdón a la viuda de un modesto empresario asesinado por ETA. Sin embargo, su temor mayor es que se haga público el texto, en el que finalmente esboza unas líneas de perdón a la mujer, otrora amiga de su familia. Tal vez porque los remordimientos son íntimos y los que justifican la violencia política en nombre de la patria no pueden mostrarse humanos, ya que fueron entrenados para matar. Eso plantea el escritor vasco en su novela Patria para desentrañar una verdad ineludible, el sufrimiento, los dolores y desencuentros que dejan la violencia guerrillera y los regímenes totalitarios.

Patria es una novela portentosa que bien puede leerse en clave argentina. Tanto por la violencia de los años 70 como por las consecuencias que nos dejó ese tiempo de odio y confrontación. Pero si entre las víctimas es mucho más fácil reconocernos iguales en el sufrimiento ante las muertes y los secuestros de familiares que han dejado lugares vacíos en tantas mesas familiares de nuestro país, perturba la virulencia y el impudor de los que invocan nuestros muertos para imponer una visión política antidemocrática que justifica las torturas y las prisiones de los gobiernos que les son afines ideológicamente. Así sucede con las organizaciones de derechos humanos de nuestro país que nada han dicho del régimen de Nicolás Maduro, que ha violado todos los derechos de la democracia.

Igualmente incomprensible es la reacción en España de los sectores de Podemos que el mes pasado criticaron la conmemoración de la alcaldía de Madrid por los veinte años del asesinato de Miguel Ángel Blanco, un concejal del Partido Popular de Ermua, pequeña población del País Vasco. El joven, de 29 años, fue secuestrado por un comando de la ETA para exigir que los etarras presos fueran trasladados a prisiones vascas. Apareció muerto dos días después con dos tiros en la nuca. El asesinato del edil generó tal repudio masivo en toda España que marcó el inicio del fin de ETA.

Sin embargo, aún sobrevive una concepción política que tolera la prepotencia de Maduro y se fastidia con el pacifismo de los que trabajan contra la intolerancia. Silencios e intolerancias se justifican con el mismo argumento: "No hacerle el juego a la derecha". El ex juez Baltasar Garzón, que juzgó a Pinochet, calificó de "golpista" a Leopoldo López, en consonancia con muchos intelectuales de izquierda en nuestro continente que responsabilizan a la oposición por la violencia en el país bolivariano sin que hayan aprendido la dramática lección sudamericana: el que viola los derechos humanos es el Estado que debe protegerlos.

Por eso, perturba que se invoque la más bella filosofía, la de los derechos humanos, que nos hace iguales y define la naturaleza de lo humano en la dignidad, y no puedan reconocer el sufrimiento ajeno, despojado de la ideología. Confieso que me intriga semejante contrasentido. Con nuestros muertos se hacen discursos, se levantan monumentos, se ponen placas recordatorias. Los otros, los que no nos pertenecen, son tan sólo un número o una desconfianza. No ignoro que la tenebrosa historia del siglo XX está llena de esos contrasentidos. 

Los intelectuales de izquierda a los que mi generación veneró ocultaron, también, los gulags y los crímenes del régimen comunista "para no hacerle el juego al capitalismo". Una astucia ideológica -que debe resultar muy cómoda- para no dudar y sufrir el dolor de la decepción. Del mismo modo, confunden quién es preso político. No el que comete delitos en democracia con justificativos políticos, sino el que es encarcelado por acciones que no son delitos en una sociedad democrática, como son la libertad de palabra y opinión. Presos políticos son Leopoldo López y Antonio Ledezma, detenidos otra vez en una cárcel militar.

Preso político fue el disidente chino Li Xiao Bo, encarcelado precisamente por pedir libertades democráticas. Sin embargo, ninguna organización defensora de los derechos humanos levantó la voz para reclamar por el premio Nobel de la Paz Li Xiao Bo, condenado a 11 años de prisión por el delito de opinión. Debía quedar libre en 2020. Murió el mes pasado en la prisión.

En la Argentina apenas nos separan cuatro décadas de los tiempos en que cada muerte se vengaba con otro cadáver en una espiral de violencia que nos destruyó como país y cuyas consecuencias se perpetúan. El dolor por las ausencias, las cárceles, el exilio o simplemente por el terror que nos maniató como sociedad sirvió para que los argentinos valoráramos la democracia constitucional que nació bajo el mejor auspicio, el fin de la impunidad, los juicios que condenaron el terrorismo de Estado y el mayor consenso al que jamás haya llegado antes nuestro país, el Nunca Más a la violencia política. En la medida en que nos fuimos alejando de ese pasado, se fueron rehabilitando los sectores de la izquierda que comenzaron a participar en el espacio público, el de los debates, la opinión y la participación política. Fue en la década pasada, con la instrumentación del dolor y la utilización política de los derechos humanos, cuando muchos desnudaron su índole antidemocrática. No sólo porque no critican al régimen de Maduro, sino también porque no respetan las ideas ajenas ni dudan de las propias.

Consolidar la democracia constitucional lleva tiempo. Ahora lo sabemos. Nos resta encarnar los valores de respeto y de convivencia. Al final, de lo que se trata es de "hacerle el juego a la democracia", la irónica expresión del abogado Emilio García Méndez, quien junto con otros intelectuales y académicos ha puesto en debate la nueva agenda de los derechos humanos, ya sin el maniqueísmo de los que se apropiaron de la memoria ni las descalificaciones personales que atentan contra todo debate intelectual honesto. No se trata del remordimiento del guerrillero de la ETA, ya que entre nosotros ningún sector se ha responsabilizado de la violencia pasada. El tiempo actual requiere otras valentías, como por ejemplo atreverse a enfrentar en el espacio polarizado de la opinión toda forma de humillación y denigración de las diferencias. Además de que seamos capaces de poner en duda las que creemos nuestras certezas. "El valor de la democracia sólo es posible si tenemos el valor de enfrentarnos al odio", se lee en un pequeño gran libro: Contra el odio, escrito por Carolin Emcke, una de las intelectuales más interesantes de Alemania.

Recibir a los venezolanos que huyen del hambre y la opresión, conmovernos ante las imágenes de los que deben pasar horas en una fila para recibir un pedazo de pan, condenar el autoritarismo donde se manifieste es, también, una forma de hacerle el juego a nuestra herida democracia para erradicar el odio ideológico, que no es compatible con las ideas humanistas de los derechos humanos ni la pluralidad de la democracia.

Sólo nosotros podemos refundar Venezuela

RAZÓN y REVOLUCIÓN 3/8/17

El domingo 30 de julio, se produjo la elección de asambleístas para conformar una Asamblea Constituyente impulsada por el gobierno de Maduro. Allí, se eligieron 545 miembros de la asamblea, de los cuales 346 fueron elegidos de forma tradicional, es decir territorial, 8 por sección indígena, y 173 por sectores: estudiantes (24), campesinos y pescadores (8), empresarios (5), trabajadores (79), comuneros (24), y pensionados (28). La Asamblea Constituyente, funcionará en forma paralela a la Asamblea Nacional, y girará sobre una serie de temas que han sido planteados de manera sumamente vaga por el chavismo, como la pacificación del país y la lucha contra el terrorismo (¿se refiere el gobierno a luchar contra las protestas opositoras? ¿A luchar contra las organizaciones sociales armadas?), el fortalecimiento del sistema económico “post petrolero”, donde reconoce y consolida la propiedad privada, y la defensa de la “soberanía nacional” (o sea, fortalecer las Fuerzas Armadas)

Además del apoyo de las organizaciones sociales nucleadas en el Gran Polo Patriótico y la central de trabajadores oficialista, el Gobierno contó con el aval de FEDEINDUSTRIA, una organización patronal, que considera esta Asamblea como el “espacio para impulsar el desarrollo del aparato productivo”. Es decir, la propia burguesía reconoce la posibilidad de hacer negocios a partir de la realización de la Asamblea. Lo cierto, es que ante un contexto de descomposición estatal, Maduro busca reconstruir al Estado mediante una Asamblea Constituyente, a la que convocó a participar a la oposición y a los empresarios. También, busca relegitimar su gobierno apelando a la recomposición de su base social, a lo que debe sumársele la proscripción a Marea Socialista y al PSL.

Para estas elecciones, Maduro incorporó el “Carnet de la Patria” como elemento que corrobore la identidad. Al poseer un código QR, puede chequearse individualmente quienes fueron a participar de la elección constituyente. Se trató entonces, de una maniobra que permitió el vil clientelismo por parte del chavismo.

Por su parte, la oposición rechazó esta convocatoria por considerarla un fraude y reclamó la convocatoria a elecciones para “cambiar” de gobierno. En las últimas semanas, la MUD ha convocado a una serie de acciones. En primer lugar, el 16 de julio, realizó una consulta nacional contra el gobierno, obviamente desconocida por este, en la que se jactó de haber conseguido 7 millones de votos, similares a los que había conseguido en las elecciones legislativas pasadas. En segundo lugar, emitió un acuerdo titulado “Compromiso Unitario para la Gobernabilidad”, donde convocaba a un gobierno de “unidad y reconstrucción nacional, amplio, pluralista, e incluyente”, buscando sellar una alianza estable con los sectores movilizados. También convocaba a funcionarios actuales y del pasado a que colaboren en un hipotético gobierno de unidad.

O sea, desarmar a Maduro para contener la crisis con un gobierno de “unidad”. En tercer lugar, convocó a un “paro cívico” el 26 y el 27 de julio, apoyado por el Frente Unitario Sindical, conformado por petroleros de la FUTPV, Coalición Nacional Sindical y los sindicatos CTV y UNT. La patronal no chavista también se sumó a partir de FEDECAMARAS y CONINDUSTRIA, que reclamaban la anulación de la Asamblea Nacional Constituyente y la convocatoria a elecciones. Los datos de los organizadores, estimaron una adhesión de más del 90% de la fuerza laboral, principalmente en el sector privado, y en las ramas del comercio y el transporte. En cuarto lugar, convocó a una “Toma de Venezuela” el viernes 28, con manifestaciones y piquetes, que se extendió hasta el mismo domingo, con el objetivo de impedir la Constituyente.

A pesar de esta situación, la consulta por la asamblea terminó realizándose. Las cifras publicadas por el gobierno, arrojaban un total de 8.089.320, lo que significaba el 41,53% del padrón, representando una recuperación de votos por parte del gobierno, pero detrás de Chávez que, antes de su muerte, había conseguido el 55,11%. De todas formas, los números oficiales son poco creíbles

 Resulta difícil creer que, en la mayor crisis política del régimen, Maduro haya recuperado popularidad en cuestión semanas. Aún así, si tomamos este dato como válido, al menos el 60% de la población rechaza al gobierno. La oposición, por su parte, denunció un fraude, sostuvo que solo votaron cerca de 2 millones de personas y acusa al gobierno de haber inventado 6 millones de votos.

El proceso también fue desconocido por Colombia, Panamá, Perú, Argentina, Brasil, México, Costa Rica, Suiza, España, Estados Unidos, la OEA, y el Parlamento Europeo, y reconocido por Rusia y Bolivia. El gobierno de Trump le impuso sanciones a Maduro, congelando sus activos, le prohibió viajes y transacciones comerciales

El MERCOSUR, anunció que comenzará a tratar de nuevo su expulsión del bloque. Es decir, lo que según el gobierno venía a poner fin a la crisis política que vive Venezuela, no hizo más que profundizarla. Primero, porque el propio gobierno reconoce que por lo menos un 60% de la población inscripta en el padrón, cerca de 10 millones de personas, lo rechaza, incluyendo la mitad de los beneficiarios sociales.

En segundo lugar, porque se agudiza la descomposición del Estado, con resultados no reconocidos ni interna, ni internacionalmente, y alcanzando el bochorno de que sesionen dos asambleas diferentes en la Asamblea Nacional. A su vez, por el artículo 349 de la Constitución sancionada por el chavismo en 1999, ningún otro Poder gubernamental podrá impedir o desconocer las decisiones que tome la Asamblea Constituyente. Por este motivo, Diosdado Cabello, uno de los asambleístas elegidos, ya anunció que irán por la fiscal Luisa Ortega Díaz, y que la Constituyente puede asumir las funciones de la Asamblea Nacional. Puede también posponer las elecciones regionales, estipuladas para el 10 de diciembre, e incluso las elecciones presidenciales. Es decir, se afianza la pelea faccional hacia el interior del propio Estado, incluso pudiendo abrir una grieta en el propio gobierno. Por último, se otorgará impulso a una Comisión por la Verdad, Justicia y Paz, presidida por la ex canciller, Delcy Rodríguez, para estudiar la aplicación de penas “alternativas” a quienes estén implicados en delitos de violencia política. O sea, abre la posibilidad a un endurecimiento de las penas contra todo aquel que luche contra el gobierno. En definitiva, estamos ante un intento de autogolpe, que llama a la movilización.

Por su parte, la izquierda, al igual que la MUD, ha considerado que la Asamblea Constituyente es fraudulenta. La LTS (PTS), considerando que esta convocatoria no tenía nada que ver con un “verdadero proceso democrático radical” y por lo tanto no servía como “un canal para las expresiones de las aspiraciones democráticas”, llamó a no participar de la Asamblea ni del paro del 26 y 27, porque considera que “solo un gobierno propio de los trabajadores, en alianza con los sectores populares y campesinos pobres”, puede desarrollar un plan económico de emergencia (indexación del salario, control de precios) y una Asamblea Constituyente Libre y Soberana.

El PSL, junto a corrientes sindicales, como C-CURA, y sindicatos, como Sitrasalud Capital y Sinatra UCV, consideró que la Asamblea Constituyente no responde a los verdaderos intereses de la clase obrera. A diferencia de la LTS, sí reconocen un fuerte componente obrero en las movilizaciones opositoras, por lo que llamaron a participar de la huelga del 26 y 27, y propusieron la abstención. De todas formas, priman las consignas sindicales, sosteniendo como salida la necesidad de medidas mínimas como salario digno, salud y educación gratuita, o nacionalistas, como “petróleo 100% venezolano”

Como se sabe, una elección “amañada” la gana el gobierno y una “libre” probablemente le entregue el poder a la MUD. De ganar, la oposición no haría algo muy diferente que Maduro y, seguramente, mantendría las restricciones a la actividad política y sindical, solo que esta vez bajo la acusación de “chavista” a los opositores.

La crisis en Venezuela se acrecienta cada vez más, provocando a su paso una descomposición social y estatal galopante. La reacción de Maduro puede verse en números: al menos 120 muertos en más de 100 días de protesta. El chavismo ya ha dado muestras de que no le tiembla el pulso para disparar contra los trabajadores. Pero cada paso por recomponer su hegemonía, no hace más que profundizar su descomposición. Como dijimos en su momento, no sería descabellado pensar que Venezuela acabe como Siria en el mediano plazo.

Sin embargo, si hay algo que ha demostrado la clase obrera venezolana durante todos estos años, es su voluntad de lucha, aunque lo ha hecho con el programa equivocado. Bajo el chavismo, primero, y hoy, dividida entre Maduro, la MUD y en formas muy embrionarias de protestas, como los saqueos. Esa voluntad de lucha debe ser organizada y direccionada correctamente. Todos quieren “refundar” Venezuela. Pues nosotros también. Ellos, en realidad, piensan simplemente en darle aire al sistema social que nos llevó hasta acá. Nosotros debemos construir otro: el Socialismo. El real.

Mientras la burguesía mantenga su fuerza social y política, la crisis va a resolverse dentro de sus propios parámetros. Por eso, hay que imponer un combate en términos de clase. ¿Cómo?

En primer lugar, deben crearse comités de autodefensa obrera, contra el oficialismo y contra la MUD. Por el pleno derecho a la huelga y a las manifestaciones obreras. En segundo, hay que luchar por el fin de la proscripción de los partidos de izquierda en Venezuela. No nos importa la suerte de los escuálidos, pero sí la de los verdaderos luchadores obreros que son los únicos que pueden garantizar un rumbo revolucionario a la crisis. En tercero, hay que confeccionar un plan de salida socialista a la crisis: por la estatización (sin indemnización) de todas las empresas y las tierras privadas, por el control de todos los servicios públicos por parte de la clase obrera, por un plan de obras públicas diseñado y votado por los trabajadores. ¿Quién va a protagonizar la lucha por estos puntos?

Un organismo propio. Una Asamblea Nacional de Trabajadores Ocupados y Desocupados, en el que se congreguen todos los sectores en lucha, los sindicatos, los colectivos, los estudiantes, y todos los que se reclamen socialistas. De allí saldrá un programa y una dirección para la lucha. La construcción de este bloque de poder es indispensable para que la clase obrera que puso a la burguesía venezolana (y latinoamericana) en vilo, la que hizo que se vuelva a hablar de Socialismo, no sea víctima de una derrota histórica que, sin dudas, arrastrará a sus camaradas del continente. Por eso, el Socialismo es la primera y más urgente medida que la clase obrera debe tomar en Venezuela.

¡Por una Asamblea Nacional de Trabajadores Ocupados y Desocupados!

Por Asambleas de trabajadores ocupados y desocupados en cada fábrica, en cada ciudad, pueblo, en cada escuela, hospital, que tome en sus manos la resolución los problemas de la vida cotidiana

Por el armamento de los trabajadores

Por la construcción del Socialismo en Venezuela