por Claudio Paolillo
búsqueda nº 1745
"Este es un proceso profesional. Este es un proceso que, a diferencia de algunos que se han realizado en el pasado, recorre todas las etapas que debe recorrer un proceso de este tipo. Y por eso tenemos que sentirnos muy tranquilos de que se va a ver coronado por el éxito. Las cosas que empiezan bien, por lo general siempre se desarrollan y culminan bien. Y a la inversa en caso contrario"
Con esa categórica afirmación, el entonces ministro de Economía y actual vicepresidente de la República, Danilo Astori, concluía una conferencia de prensa a la que había convocado en la sede del Ministerio el 12 de febrero de 2007 para informar a la sociedad sobre la firma, ese día, del contrato entre el Estado uruguayo y la Sociedad Aeronáutica Oriental-Leadgate, por el cual la aerolínea PLUNA pasaba a ser mixta, con un control accionario de inversores privados (75%) y una participación minoritaria de directores estatales (25%).
Casi ocho años después, los tres principales directores privados de la ya desaparecida PLUNA, Matías Campiani, Arturo Álvarez Demalde y Sebastián Hirsch, pasaron la Navidad en la cárcel, procesados por una jueza penal por haber cometido "un delito continuado de estafa especialmente agravado". A la vez, un escribano del Estado fue enjuiciado por el delito de "certificación falsa por un funcionario público" y dos altos jerarcas del gobierno mantienen pendientes pedidos de procesamiento sin prisión por el delito de "abuso de funciones".
Aquel 12 de febrero de 2007, Campiani, Álvarez Demalde y Hirsch compartieron la mesa con el entonces presidente Tabaré Vázquez, quien con su presencia avaló la suscripción del acuerdo con Leadgate para operar PLUNA. El convenio fue suscrito entonces por los tres hoy procesados (representados por un apoderado), los ministros Astori y Luis Lazo (que, como subsecretario, ejercía un interinato por ausencia momentánea del ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi), Carlos Bouzas (presidente de PLUNA Ente Autónomo y presidente del Directorio de PLUNA SA), Carlos Galcerán (vicepresidente del Directorio de PLUNA SA) y María Esther Mallo de Mendoza (secretaria general de PLUNA Ente Autónomo).
El sábado 21, el presidente José Mujica, acompañado por Astori, leyó una breve declaración ante el desencadenamiento de los hechos judiciales que ya provocaron la renuncia del ministro de Economía, Fernando Lorenzo. El presidente hizo allí dos afirmaciones que vale la pena comentar.
En primer lugar, luego de elogiar en toda la línea a Lorenzo y al otro implicado, el presidente del BROU, Fernando Calloia, Mujica afirmó que "la Justicia resolverá si se cometieron errores instrumentales". Pues el Poder Judicial no existe para resolver sobre "errores instrumentales" de funcionarios públicos o privados. El Poder Judicial existe para establecer si determinadas conductas están dentro o fuera de la ley y, en caso de que estén fuera de la ley, para decidir si configuran delitos previstos en los códigos respectivos
En segundo lugar, el presidente creyó del caso asegurar al pueblo uruguayo que su gobierno respetará "las decisiones que tome la Justicia, íntegramente". Fue un recordatorio completamente innecesario. En una sociedad donde rige el Estado de derecho, sus integrantes no esperan otra cosa de los coyunturales miembros del Poder Ejecutivo sino que respeten "íntegramente" las decisiones de los jueces.
¿Qué otra alternativa tienen? ¿Dar un golpe de Estado? ¿Para qué se recuerda lo que es, simplemente, un deber insoslayablemente obvio?
El fiscal Juan Gómez ha pedido el procesamiento sin prisión de Lorenzo y de Calloia —que, llamativamente, hasta ahora no ha seguido los pasos del ex ministro— luego de considerar que incurrieron en ilegalidades al conceder el Estado un aval de millones de dólares a una empresa fantasma que, supuestamente, compraría los aviones de la ex PLUNA, cosa que jamás hizo. El fiscal dice que Lorenzo abusó de su "poder funcional" y reclamó a Calloia que el BROU emitiera un aval ilegal a pocas horas del remate de octubre de 2012, donde un ignoto personaje de la empresa fantasma ofertaría U$S 137 millones por los siete aviones de la ex PLUNA. Y dice que Calloia aceptó "esta situación irregular" e "instruyó a personal subordinado a efectos de conceder indebidamente el cuestionado aval"
El fiscal también dice que no tiene siquiera "indicios" de que Lorenzo o Calloia hayan tenido alguna "intención de enriquecimiento personal" o que hayan procurado "provechos indebidos" al obrar como lo hicieron. No hay elementos para decir lo contrario, por lo que va de suyo que hay que asumir que así fue. Sin embargo, la corrupción no es solo meterse plata ajena en el bolsillo. Un gobernante puede corromperse, también, cuando se saltea la ley para conseguir un propósito, aunque proclame que lo hace con las más nobles finalidades
La jueza Adriana de los Santos no pudo pronunciarse sobre la solicitud del fiscal porque tanto Lorenzo como Calloia consideran que el delito de "abuso innominado de funciones" es inconstitucional y, por tanto, derivó esta situación a la Suprema Corte de Justicia para que se expida. Cuando estaba en la oposición y jerarcas y funcionarios de los gobiernos anteriores eran procesados con y sin prisión por este mismo delito, el hoy gobernante Frente Amplio no exhibía mayor preocupación por la presunta inconstitucionalidad de esta figura penal.
Hay lecciones para aprender de este caso. Una, muy importante, es el papel ineludible de una prensa libre en la democracia. Si los periodistas no hubieran informado a la población que el BROU había concedido un aval de modo irregular, si no hubieran fotografiado a casi todos los personajes de esta insólita trama negociando en un almuerzo y si no hubieran desenmascarado a la empresa fantasma y a su testaferro que mezclaba sus nombres para despistar con la complicidad de un escribano público, la justicia hubiera tenido, probablemente, muchos más problemas para llegar a sus conclusiones.
Y hay preguntas que emergen de la vista fiscal y del fallo de la jueza. La más importante de todas es: ¿quién trajo a Leadgate para que se hiciera cargo de PLUNA? ¿Quién infundió tanta tranquilidad en Astori como para vaticinar, en 2007, que no había ninguna duda acerca de que este proceso sería "coronado por el éxito"?
Tanto el fiscal Gómez como la jueza De los Santos recuerdan en sus dictámenes que el gobierno frenteamplista le pagó un millón de dólares al bróker Paul Elberse para que consiguiera un socio para PLUNA. Elberse consiguió a Campiani y compañía. Al fiscal —y a los senadores blancos que pusieron en marcha este proceso judicial— les llamó la atención "la inexistencia de puja entre los eventuales oferentes (para asociarse a PLUNA) e incluso las vinculaciones familiares de algunos interesados, refiriéndose al padre de Matías Campiani"
¿Quién es Elberse? Elberse es el mismo que durante el último tramo del gobierno colorado presidido por el ex presidente Jorge Batlle fue nombrado director y gerente general del Nuevo Banco Comercial, luego de la espantosa crisis del 2002, que había fundido al Banco Comercial. Elberse fue despedido en el 2004 por el entonces ministro de Economía, Isaac Alfie, luego de comprobar éste que Elberse se había votado bonos, para él y para otros gerentes, que le permitían a él cobrar un millón de dólares anuales, en un banco que había reprogramado los depósitos a seis años, pagando 2% de interés anual.
Y no sólo eso. Bajo la conducción de Elberse en el NBC, su Directorio estuvo integrado por el padre de Matías Campiani y el gerente de Riesgos del NBC era Javier Liberman
¿Quién es Javier Liberman? El mismo que fue designado el 30 de julio de 2012 por el Poder Ejecutivo como fiduciario del Fideicomiso de Administración creado por el gobierno para adquirir los activos de PLUNA S.A. (los siete aviones) "con la finalidad de preservar el valor de los activos, viabilizar opciones de mantenimiento del servicio de transporte y preservar fuentes de trabajo".
El entonces diputado Rossi fustigó duramente en 2004 la gestión de Elberse. Pero, curiosamente, tres años después, como ministro de Transporte y Obras Públicas, aceptó la sugerencia de Elberse para asociar a PLUNA. Quien no era confiable en 2004, pasó a ser una garantía en 2007. Rossi, cabe recordar, es el único actor relevante del gobierno de Tabaré Vázquez que ha dicho que la asociación del Estado con Leadgate no fue una equivocación
Da la sensación de que esto recién empieza
Tormenta perfecta
por Daniel Gianelli
Búsqueda MONTEVIDEO, 26 DE DICIEMBRE DE 2013
El pedido fiscal de procesamiento del renunciante ministro de Economía, Fernando Lorenzo, y del presidente del Banco República, Fernando Calloia, fue para el Frente Amplio la culminación de un año terrible, en el que la improvisación, la acumulación de desprolijidades, disputas internas y errores políticos —el "caso PLUNA" no es más que uno de ellos— no han podido ser disimuladas
Como no lo pueden ser los fallos de institucionalidad contra leyes impuestas por una mayoría sorda a todo tipo de críticas y objeciones, el rotundo fracaso de la estrategia presidencial seguida con Argentina, la constatación del desastre educativo y la percepción de que sigue perdiéndose la lucha contra la delincuencia o la batalla por la limpieza de Montevideo. Son, más allá de lo que indiquen las encuestas, expresiones de mala gestión que golpean hoy a la coalición oficialista.
Errores que se ocultaron —y justificaron— mientras se pudo, y que fueron reconocidos recién cuando hechos públicos los volvieron innegables. Con un costo hasta ahora para la sociedad de más de U$S 300 millones, la sensación de desastre en el "caso PLUNA" es tal, que la mejor defensa que el oficialismo ha podido esgrimir en defensa de sus correligionarios Lorenzo y Calloia es que procuraron "lo mejor" para el país y que nada procuraron ni obtuvieron en beneficio propio.
Ok. Pero es una pobre defensa. Porque aun siendo así, no puede eximirse a ambos jerarcas de sus responsabilidades políticas en la concesión de un aval, en tiempo récord y salteándose todos los protocolos que debió seguir el BROU. Un aval otorgado a un ignoto personero —que ni siquiera se identificó correctamente cuando tuvo que hacerlo— de una no menos desconocida aerolínea española, para participar en una parodia de compra de siete aviones que siguen en Carrasco ocasionando más costos al Estado. Todo lo cual tuvo tras bambalinas, a pedido del propio gobierno, la participación de un empresario cuya intervención nunca sería gratis.
Ahora bien, el pedido de procesamiento del fiscal no es más que un pedido de procesamiento sobre el cual tendrá que resolver la Justicia. Y procesamiento no supone culpabilidad, sino indicio de culpabilidad. En este, como en todo caso, corresponde la presunción de inocencia.
"Abuso de funciones" invocó el fiscal Juan Gómez para solicitar el procesamiento del presidente del BROU y del ex titular de Economía. Un delito que, por su amplitud e imprecisión conceptual, suele decirse que tanto sirve para un lavado como para un fregado o un zurcido.
Es obvio que un aval como el requerido no se da en diez minutos y que en su tramitación burocrática debieron seguirse instrucciones superiores. Del presidente del BROU, ni que hablar. ¿Y de más arriba? ¿Cuánto más arriba? El presidente de la República, que en vuelo a Lima anticipó que la subasta duraría cinco minutos, ¿era ajeno a lo que estaba pasando? ¿No sabía nada de lo que se tramaba?
¿Por qué sorprenderse ante tanta desprolijidad en la tramitación y adjudicación del aval? ¿Por qué sorprenderse si al fin y al cabo estamos ante un gobierno cuyo presidente cree, como en los viejos tiempos, que lo político está sobre lo jurídico?
¿Cómo explicar la indemnidad que se le concedió al principal de Leadgate, acuerdo firmado en el estudio jurídico del abogado de este, al aceptarse su total desvinculación de la aerolínea? ¿Es solo una suspicacia que luego el Ministerio de Economía contrate al mismo abogado para redactar el proyecto de ley de creación del fideicomiso que pretendió alterar el orden de precedencia que establece la ley concursal? ¿Nadie en el gobierno previó ni imaginó que se arriesgaba, como finalmente ocurrió, un fallo de inconstitucionalidad de la Suprema Corte? ¿Ingenuidad política? ¿Soberbia?
Pero una cosa es lo que se considere evidente y otra lo que la Justicia pueda probar. Porque no puede aceptarse la extensión de esa nueva tesis esgrimida por algunos fiscales y magistrados según la cual la responsabilidad penal de un indagado se prueba solo por el hecho de que dada su posición institucional no podía ignorar los hechos que se investigan.
Resulta una ironía del destino ver y oír ahora a legisladores y militantes frentistas agraviarse ante la acusación del fiscal contra Lorenzo y Calloia por "abuso de funciones". Verles cuestionar una figura penal de definición imprecisa, cuando solo unos años atrás celebraron y explotaron políticamente todo lo que pudieron el procesamiento de Enrique Braga o el del ex ministro Benito Stern acusados del mismo delito.
Resulta una ironía ver cómo, esos mismos legisladores que hace apenas un par de años se oponían a eliminar el delito de "abuso de funciones", quieren agendar una fecha próxima para borrarlo del Código Penal y beneficiar a sus correligionarios. ¿Que estarían diciendo si desde la oposición tuvieran que juzgar a "un gobierno de derecha" responsable de un caso como el de PLUNA?
Si algo quedó claro en la reciente interpelación del senador blanco Carlos Moreira a los ministros de Economía y de Transporte y Obras Públicas, fue la pobre defensa de la operación y de los interpelados que hicieron los senadores oficialistas. No obstante lo cual igual les salvaron de un voto de censura de la oposición. "Una obligada y débil defensa", fue el titular de la cobertura noticiosa que de la interpelación hizo el semanario "Brecha", cuya crónica no pasó por alto la ausencia en la sesión de las senadoras Lucía Topolansky y Constanza Moreira
Aún así, la explotación política de una minoría militante acrítica o prendida a los privilegios del poder, organiza una acción de solidaridad con el ministro de Economía mediante una caravana hacia el balneario donde este se encuentra tras su renuncia y comparecencia judicial.
La situación requiere un poco de cordura. La sola idea de armar una caravana para ir a testimoniar adhesión al ex ministro en momentos en que el caso está radicado en el Poder Judicial entraña una forma de presión sobre uno de los poderes del Estado, propia de mentes poco democráticas
Es cierto que con el diario del lunes, viendo los resultados del día anterior, es fácil concluir que el acuerdo con Leadgate era extremadamente riesgoso para el interés público desde su inicio en 2007. Así lo advirtió entonces la oposición. Porque al garantizar el gobierno de Tabaré Vázquez la compra de los siete aviones canadienses habilitó a los inversores privados a desarrollar una estrategia empresarial en la que cabía minimizar los riesgos de gestión. Si se lograban buenos resultados la ganancia sería suya y si les iba mal las pérdidas quedarían para el Estado. Así fue.
Dicho acuerdo tenía todos los riesgos de enfrentar al gobierno a una "tormenta perfecta". El fracaso del proyecto Leadgate y el conjunto de decisiones tomadas por la "administración Mujica", aunque procuraban evitarla, no hicieron otra cosa que precipitar una "tormenta perfecta".
Habrá que ver si esto tendrá o no "costos políticos" para el oficialismo. Pero en cualquier caso dejó su huella. Como la dejó la desastrosa administración de los casinos municipales durante la segunda administración Arana. Una "farra" que les salió cara a los contribuyentes montevideanos, que solo se explica por una inercia oficial que pretendía evitar un conflicto con Adeom que dañara la imagen política del Frente Amplio. Pero la experiencia indica que todo va sumando