Finalmente parece que se firma la paz en Colombia, según dicen una paz con justicia, una paz que juzgue el accionar bélico de las partes en disputa y sancione de manera correspondiente "para que esto NO vuelva a pasar".
Uno entonces se pregunta: será Álvaro Uribe Vélez juzgado y condenado como padre de las CONVIVIR, de tantos grupos paramilitares responsables de miles y miles de asesinatos?
El hoy presidente Santos, será juzgado en su rol de Ministro de Defensa por el bombardeo extraterritorial realizado en territorio ecuatoriano donde perdió la vida Raúl Reyes junto a un grupo numeroso de personas? Será el presidente, luego ser encontrado culpable, extraditado a Ecuador para cumplir su condena en una cárcel común?
Entregarán las armas los grupos paramilitares todavía activos y serán asimismo juzgados y condenados?. Qué pasará con la cúpula dirigente del ejército genocida de Colombia?
O será la paz del olvido? Será la paz del falso-positivo?
Tranquilos todos, si hay juicios habrá culpables, los que NO irán a prisión, sin importar si decapitaron, mutilaron, asesinaron o desaparecieron.
Dar vuelta la página, uno se pregunta si en estos diálogos de paz, donde el pueblo no pudo decidir ni opinar, si estos diálogos podrán construir la paz sobre la injusticia y la impunidad. Las FARC iniciarían un proceso de desarme, con un ejército fascista y hambriento de sangre, con grupos paramilitares plenamente activos y... pequeño detalle, con tropas de ocupación gringas en las once bases militares construidas en la última década.
Si ya no hay conflicto, entonces lo lógico es que los gringos se vayan no?
Suena complicado el proceso, está claro que esta guerra que ha desangrado a Colombia era necesario pararla. Pero ya se sabe que la oligarquía colombiana, no es de confiar, y además pareciera que la sospechosa inclusión de un enviado de EEUU a la firma de esta paz, no fuera el mejor presagio.
Las cartas están echadas, toda la cautela y precaución que tomen los grupos rebeldes que decidan negociar será poca. Así como el presidente Santos, que de santo tiene muy poco.
ENZO
Colombia/Venezuela: Definiciones en la frontera
Constanza Vieira
IPS, BOGOTÁ, 24-9-2015
En el cubrimiento de la guerra colombiana -de origen social, pero cruzada por el narcotráfico y financiada por él-, se aprende que una “ruta de la droga” es una cadena de funcionarios corruptos, civiles o uniformados, que permiten pasar narcóticos por puestos de control o territorios que están bajo su responsabilidad.
Lo mismo aplica para el contrabando.
Según cifras venezolanas, 35 por ciento de la gasolina que produce Venezuela llega subrepticiamente a Colombia. Los márgenes de ganancia son fabulosos para los grandes contrabandistas.
El economista colombiano Santiago Montenegro escribió en estos días que Colombia era la que menos debía reaccionar ante esta situación, pues no se protesta ante un regalo gratis
Aunque no era tema de debate público, a más tardar en 2005 quedó claro que la ultra barata gasolina de la Venezuela del izquierdista presidente Hugo Chávez (1999-2013) estaba contribuyendo a financiar el paramilitarismo de ultraderecha en Colombia. El mandatario se abstuvo de actuar
Ahora viene un periodo de definiciones. Colombia y Venezuela tienen que combatir la corrupción fronteriza. Esta financia, en parte, las bandas criminales paramilitares colombianas, que persisten y amenazan los pactos de paz de Santos con la guerrilla, que deben culminar en seis meses
¿Por qué? Seguramente por gobernabilidad. Chávez necesitó, aducen conocedores de la situación interna de su gobierno, canjear la lealtad de altos mandos venezolanos a cambio de permitirles el contrabando de combustible y otros bienes
Durante los tensos años de gobierno colombiano de extrema derecha de Álvaro Uribe (2002-2010), las peleas entre este y Chávez eran frecuentes. Se llegó hasta la ruptura de relaciones y hubo vientos de guerra
Rafael Samudio Molina, un general colombiano retirado, se dirigió el 20 de julio de 2010 a la tropa a través de la Emisora del Ejército para afirmar que nunca las Fuerzas Armadas colombianas aceptarían una guerra en la frontera, mientras mantiene otra con un enemigo interno (la guerrilla) aliado ideológico, además, del gobierno de Caracas
“Ustedes sigan concentrados en la guerra contra el enemigo interno nuestro, que son las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia)”, exhortó el general, palabras más o menos
Pero incluso este calibre de los enfrentamientos no importaba a ese tercer país que constituyen los habitantes de la frontera común, con nexos siameses de familia y de supervivencia. Lo que temían en serio era que les cerraran la frontera
En la fronteriza ciudad colombiana de Cúcuta campean el desempleo y la pobreza. Los desplazados por la guerra, y muchos de los más pobres de Colombia, se agolparon en esa capital del departamento colombiano de Norte de Santander apenas el chavismo subió al poder
Según la jurisdicción especial de Justicia y Paz para paramilitares desmovilizados, desde 1996 se desarrollaba la ofensiva paramilitar, que dejó, solo en tierras del Norte de Santander, más de 11.000 asesinados, y más de 5.000 solo en Cúcuta. Numerosos cadáveres fueron desaparecidos en hornos crematorios para no afectar las estadísticas de seguridad de la Policía. La guerrilla se replegó
Al tiempo, a los sin tierra colombianos, incluidos los expulsados de sus fincas, se les hacía la boca agua ver las tierras sin cultivar en el país vecino, que desde los años 70 importa más víveres que produce
En ese “sueño venezolano” había estudio y salud gratis y, con suerte, vivienda y trabajo: aquello que no tenían en Colombia, incluida una vida en paz
Desde 2004, las campañas de cedulación (registro) en Venezuela comenzaron a regularizar a los extranjeros que iban encontrando. La voz se corrió como pólvora en Colombia: los regularizados superan el millón
En 2012, las filas de colombianos paupérrimos en el andén del consulado colombiano en la ciudad fronteriza venezolana de San Antonio del Táchira comenzaban temprano: a las 10 de la noche del día anterior, ya le daban la vuelta a la manzana. Diariamente, desde las ocho de la mañana, el consulado les proporcionaba una constancia, con fecha, de su presencia en Venezuela
En todo caso, una cosa era compartir cuando el petróleo estaba a más de 100 dólares el barril y otra cosa es ahora, cuando está en torno a 40
Argumentando que Venezuela no aguanta más, Nicolás Maduro, el sucesor de Chávez tras su fallecimiento, se atrevió, el 21 de agosto, a cerrar indefinidamente la frontera con Colombia, de 2.219 kilómetros de extensión continua
Cerró primero los pasos por Cúcuta, posteriormente Paraguachón, el paso fronterizo de la península de La Guajira, territorio wayúu (pueblo indígena binacional), y más tarde los pasos frente a las ciudades de Arauca y Arauquita, en el departamento colombiano de Arauca
Pero Maduro lo hizo mal
Unos 1.400 deportados colombianos fueron víctimas de desmanes por parte de militares venezolanos que atropellaron sus derechos, luego de que Maduro los estigmatizó como “paramilitares”
La crisis provocó el regreso a Colombia de más de 20.000 personas que, ahora, necesitan del gobierno colombiano “soluciones a largo plazo”, como ha urgido la Organización de las Naciones Unidas, conocedora del abandono estatal en Norte de Santander y La Guajira
Arauca, departamento petrolero colombiano, no se queda atrás. La gente pide “independizarse” de Venezuela, pues las carreteras colombianas están en mal estado
Sus nexos económicos, familiares y de estudios son con Cúcuta y a través de una magnífica autopista venezolana que los llevaba en cinco horas
La alternativa “para ir a Colombia”, como dicen en Arauca, es que el gobierno por fin invierta en carreteras. Estas atraviesan forzosamente zonas que hasta ahora han sido de guerra. Los gastos bélicos originaron un retraso de 30 años en infraestructura vial, según la Sociedad Colombiana de Ingenieros
Igual que a Cúcuta o a La Guajira, Colombia tampoco suministraba gasolina a Arauca. Los araucanos claman por abaratar los billetes aéreos y aumentar la frecuencia de los vuelos
Los abusos a los deportados produjeron una fuerte reacción del gobierno de Colombia, que incluyó –nuevamente- llamado a consultas de su embajador
El caso fue llevado por el presidente colombiano Juan Manuel Santos el lunes 21 a una cumbre en Quito con su homólogo venezolano, propiciada por la UNASUR (Unión de Naciones Suramericanas) y CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños), como primer pasó para la reconciliación
Los presentes en el palacio presidencial ecuatoriano aplaudieron el primer punto, que para los habitantes de frontera no significa nada: los dos países decidieron el retorno inmediato de los respectivos embajadores
El miércoles 23 se iniciaron en Caracas las reuniones a nivel de ministros, que negocian la “normalización progresiva” de la frontera: suena muy lejos y sin forma para quienes viven allí el día a día
Ahora viene un periodo de definiciones. Colombia y Venezuela tienen que combatir la corrupción fronteriza. Esta financia, en parte, las bandas criminales paramilitares colombianas, que persisten y amenazan los pactos de paz de Santos con la guerrilla, que deben culminar en seis meses
Maduro tiene que garantizar los suministros en su territorio y la única vena rota no es la frontera colombiana. Aún mayor es el megacontrabando por Brasil, Guyana y el mar Caribe. Deberían venir destituciones y encausamientos de figuras poderosas en el estado venezolano, incluidos oficiales de la Marina y la Aviación venezolanas
Mientras tanto, en Cúcuta han visto descargar vehículos grandes con mercancía venezolana. En La Fría, ciudad venezolana al noreste de San Cristóbal, capital del estado fronterizo venezolano de Táchira, volvieron las filas para comprar gasolina
El contrabando se recompone, y los nombres de los máximos beneficiados nada que se conocen. Mientras, los repatriados y deportados colombianos recibirán tres meses de ayuda estatal
Correspondencia de Prensa-Ernesto Herrera
VENEZUELA
Ana Elisa Osorio y Héctor Navarro denuncian corrupción en organismos públicos
Se desempeñaron como ministros durante el Gobierno de Hugo Chávez (1999-2013)
El documento introducido ante el Consejo Moral contiene investigaciones realizadas o recopiladas por el Comité de las que "se desprende el convencimiento de que nos encontramos ante un desfalco excepcional cometido por sectores del capital y élites de poder a costa del patrimonio nacional"
CARACAS.- EFE 22/9/15
Los exfuncionarios venezolanos Héctor Navarro y Ana Elisa Osorio, que se desempeñaron como ministros durante el gobierno de Hugo Chávez (1999-2013), presentaron ante el Consejo Moral Republicano de Venezuela varias denuncias sobre la supuesta corrupción en organismos estatales.
El movimiento chavista Marea Socialista (MS) informó sobre la presentación de la denuncia que se llevó a cabo el viernes por parte de Navarro y Osorio, en compañía del miembros de esta organización, ante el Consejo Moral que ejerce el Poder Ciudadano conformado por la Contraloría, la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía.
"Estamos aquí haciendo presencia para consignar una serie de documentos con denuncias que el pueblo de Venezuela conoce pero estamos formalizando, insistiendo en que la revolución implica decencia en la administración pública", dijo Navarro al medio chavista Aporrea, unas declaraciones difundidas por MS.
El exfuncionario, que a lo largo del mandato de Chávez se desempeñó como ministro de Educación, de Electricidad y como dirigente del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), dijo que este grupo de chavistas está proponiendo ayudar al Estado a aportar pruebas y nombres de los corruptos.
El grupo que presentó la denuncia ante el Consejo Moral Republicano conforma lo que sus miembros han denominado el "Comité Impulsor de la Plataforma por una Auditoría Pública y Ciudadana" que desde hace ya varios meses exige una investigación ante señalamientos hechos por ex funcionarios del mismo Gobierno.
El documento introducido ante el Consejo Moral contiene investigaciones realizadas o recopiladas por el Comité de las que "se desprende el convencimiento de que nos encontramos ante un desfalco excepcional cometido por sectores del capital y élites de poder a costa del patrimonio nacional".
El Comité basa algunas de sus investigaciones y denuncias en lo dicho por la ex ministra de Finanzas y ex presidenta del Banco Central de Venezuela, Edmée Betancourt, que en 2012 reveló que el organismo que entrega las divisas en el marco del control de cambio que opera en el país desde 2003, asignó 20.000 millones de dólares a empresas fantasmas.
Asimismo, echan mano de las afirmaciones del ex vicepresidente de Planificación, Jorge Giordani, que en una carta que difundió hace poco más de un año se refirió a la existencia de un sistema para la obtención de recursos "que venían siendo dilapidados a través de un mecanismo para la obtención de divisas".
Cabe recordar que en junio pasado, Giordani dijo durante une entrevista a Aporrea que algunas estimaciones que manejan, tanto él como Navarro, sostienen que salieron de Venezuela por vía de manejos corruptos entre 2004 y el 2012 "casi 215.000 millones de dólares" en el marco del control de cambio.
Por este desfalco, Giordani afirmó que exigió investigaciones al Estado hace más de un año. Hasta el momento, las autoridades del Poder Ciudadano de Venezuela no se han pronunciado sobre estas denuncias