Desencuentros
Marcos Rey Brecha 22/1/16
Cuando fue designada por el presidente Tabaré Vázquez en marzo de 2015 para continuar la labor que llevó adelante Graciela Jorge, directora de la secretaría durante el gobierno de José Mujica, todavía seguían apareciendo documentos estatales clave para las causas judiciales que no estaban inventariados o que su procedencia no había sido debidamente registrada. Así sucedió, por ejemplo, con algunos documentos QUE PRESENTARON DENUNCIANTES URUGUAYOS EN LA CAUSA SOBRE EL PLAN CÓNDOR EN ROMA.
Wschebor, integrante del equipo de historiadores de la Universidad de la República (UdelaR) que viene trabajando en convenio con la secretaría desde 2007, asumió el cargo con la idea DE FORTALECER EL ARCHIVO,tarea en la que está especializada. Así, llevó a cabo un minucioso inventario –celebrado por varios actores vinculados al tema– de la documentación recogida en los últimos años sobre desapariciones forzadas, asesinatos políticos y violaciones a los derechos humanos durante la dictadura.
Al frente de un equipo de 14 PROFESIONALES,la licenciada en historia también fortaleció la unidad de recepción y seguimiento de las denuncias. Sólo en 2015 recibieron alrededor de cien denuncias sobre hechos, lugares y personas vinculadas al terrorismo de Estado, aunque hasta ahora el equipo sólo pudo analizar la mitad. Y pese a las limitaciones que impone la ley de protección de datos personales, Wschebor buscó impulsar mecanismos de desclasificación de los archivos que fueran relevantes para el seguimiento de las causas judiciales y la tramitación de las reparaciones.
CHOQUE
Sin embargo, la historiadora chocó con el Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia que formalizó el presidente Tabaré Vázquez por decreto en mayo de 2015. El grupo, coordinado por la diputada Macarena Gelman, está integrado también por el ex diputado Felipe Michelini y referentes de organizaciones sociales y religiosas. A diferencia de la secretaría, que tiene un carácter más técnico, el grupo, con peso político, busca manejarse con la mayor autonomía posible del Poder Ejecutivo
El decreto de Vázquez delimitó las competencias al establecer que la secretaría que dirige Wschebor pasaría a constituir el “soporte administrativo y funcional” del grupo que coordina Gelman. Y dispuso también que el grupo definiera los “planes de trabajo y líneas de acción” de la secretaría, que fue creada inicialmente para darle seguimiento a las denuncias recopiladas en el informe de la Comisión para la Paz
Durante el año pasado el grupo se abocó a delinear un plan de trabajo que tuvo el visto bueno de Vázquez y que será presentado públicamente a mediados de febrero. Incluirá un cronograma de ejecución a tres años –con una convocatoria pública para recabar testimonios–, así como una evaluación para ajustar las acciones durante el último año de esta administración, confirmó Gelman . Consultada acerca de la inminente renuncia de Wschebor, prefirió no realizar declaraciones
De todas formas, de acuerdo a las consultas hechas por este semanario, la superposición del grupo y la secretaría, y ciertas diferencias de criterios en el manejo de algunos documentos, precipitaron los desencuentros
Aunque tanto Gelman como Wschebor pertenecen al sector frenteamplista Ir, y que las dos estructuras que lideran compartieron oficinas en el mismo edificio de la galería Caubarrere, la relación entre sus integrantes no fue fluida. “No hay superposición de tareas, porque el decreto es muy claro. Ahora se abre una etapa nueva con el plan de trabajo que creamos en el grupo, y que tiene objetivos muy ambiciosos que comenzaremos a ejecutar fuerte desde este año. Acá está la clave del asunto. No en si una persona está o no en una determinada posición”, señaló Felipe Michelini
El ex diputado rechazó también que existan diferencias en el manejo de los documentos: “La apertura de la documentación que llevó adelante tanto Wschebor como el Grupo de Trabajo fue muy importante. No veo ninguna diferencia sustantiva. Ni es posible que la haya de acuerdo a los cometidos establecidos en el marco legal”.
destaques, envio y titulo de
PIRINCHO
Grupo de trabajo sobre desaparecidos confía en tener resultados pronto pese a renuncia de la jerarca a cargo de los archivos históricos
Evalúan hacer un llamado para nombrar al nuevo director de Derechos Humanos para el Pasado Reciente
Búsqueda 28/1/16
Pese a que el difícil relacionamiento entre los dos equipos encargados de buscar información sobre los desaparecidos durante la última dictadura provocó la primera renuncia, el Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia confía en que algunas de sus líneas de investigación comiencen a dar “resultados”.
A su vez, el Grupo evalúa proponer al presidente Tabaré Vázquez que el cargo de director de la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente sea provisto a través de un llamado público, informaron a fuentes vinculadas al organismo.
Hasta que se designe nuevo director, por la renuncia de la historiadora Isabel Wschebor, que había sido designada en marzo pasado, el cargo será ocupado de forma interina, indicaron las fuentes.
La diputada Gelman confirmó que la renuncia de Wschebor fue presentada este mes al prosecretario de la Presidencia, Juan Andrés Roballo, y que habrá una encargatura interina; “después se verá”.
La primera reunión del año del Grupo, que prevé presentar su plan de trabajo para tres años en febrero, está acordada para el miércoles 3.
El ex diputado Felipe Michelini, que también integra el Grupo de Trabajo, coincidió con Gelman en que la renuncia de Wschebor no guarda relación con supuestas diferencias en cómo aplicar la ley de acceso a la información y la ley de protección de datos, dos de las normas que regulan el trabajo de ambos organismos.
Sin embargo, otras fuentes indicaron que a menudo se produjeron diferentes enfoques de cómo trabajar con los documentos, aún dentro de la propia oficina ubicada en el tercer piso de la Galería Caubarrere.
Consultada respecto a la forma de elegir al nuevo director, Gelman se limitó a declarar que “por el momento no se ha evaluado el tema, ya que amerita definiciones ajustadas a las necesidades del Plan de Trabajo”.
Desaparecidos y otras “obligaciones”
El 19 de mayo, el presidente, en acuerdo con el Consejo de Ministros, creó el Grupo de Trabajo en base a “las obligaciones del Estado uruguayo” de “dar luz” y ofrecer la verdad histórica a las víctimas del terrorismo de Estado y a la sociedad.
La ingeniería dispuesta por Vázquez para la investigación y reparación representó un cambio en la aplicada por su antecesor José Mujica.
Mujica otorgó funciones directrices a la bibliotecóloga y ex militante tupamara Graciela Jorge, a quien puso a cargo de la Secretaría que funcionó en el Palacio Estévez. Vázquez, en cambio, optó por una dirección colegiada a cargo de siete personalidades que designó en mayo en el Grupo de Trabajo, mientras que atribuyó a la Secretaría la tarea de “constituir el soporte funcional y administrativo”. Quedó en manos del Grupo definir “planes de trabajo y líneas de acción.
Lo que antes estaba en manos de Jorge, ahora pasó a ser responsabilidad de las siete personalidades honorarias que no tienen calidad de funcionarios: Gelman, Michelini, el pastor Ademar Olivera, el historiador Mario Cayota, la mae umbandista Susana Andrade, el ex presidente del Comité Central Israelita Pedro Sclofsky y la representante de Familiares de Desaparecidos, Emilia Carlevaro
Cuando el PIT-CNT y la organización de ex presos Crysol hicieron saber al presidente su interés en participar en el Grupo de Trabajo, la respuesta fue que “no se quería funcionar en forma de asamblea” para que el grupo fuera ejecutivo.
Sin embargo, explicaron fuentes que trabajan en el área de los derechos humanos, la experiencia demostró que a pesar de la letra del decreto, en la praxis las relaciones entre Wschebor y el Grupo no fueron buenas, porque desde el principio funcionaron a velocidades diferentes: una colegiada y honoraria y la otra unipersonal y con diferente ritmo de trabajo, sobre todo en materia de manejo de archivos.
Efecto zanahoria
Otro factor que influyó para que crecieran las diferencias, indicaron allegados a la Secretaría, fue que la organización Familiares cuestionó el trabajo del profesor de arqueología José López Mazz y que este renunció a su cargo justo cuando estaba cerca de comenzar a excavar en unos galpones del Servicio de Material y Armamento (SMA) lindero al ex batallón de infantería Nº 13, en el barrio Gruta de Lourdes. Se especula que allí podrían existir re-enterramiento clandestinos luego de la llamada operación Zanahoria.
La salida de López más los cambios en Presidencia contribuyeron a que las excavaciones se detuvieran, por orden del juez Pedro Salazar, tras el hallazgo de un explosivo.
Gelman, sin embargo, dijo que el hecho de que no haya excavaciones no significa que se detuviera la investigación y citó como ejemplo el avance en el proceso de digitalización de documentos impulsado por Wschebor y el convenio con el Equipo Argentino de Antropología Forense, “cuyos resultados se comenzarán a ver”