A la opinión pública:
PUNTOS EN CUESTIÓN DEL CONTRATO PETROLERO ENTRE ANCAP Y LA FRANCESA TOTAL
– Una definición general de los hidrocarburos que se buscan que incluye a los no convencionales, con lo cual se abre la posibilidad de utilizar el FRACKING, única tecnología para explotarlos
– Se habilita en los posibles litigios recurrir al arbitraje según las reglas de la Cámara de Comercio Internacional, lo cual contraría las disposiciones del Código de Minería de nuestro país
Por decisión judicial, ANCAP entregó a Uruguay Libre una copia del contrato firmado con “TOTAL E&P URUGUAY” para la exploración y explotación de hidrocarburos en la denominada Área 14 de nuestra plataforma continental.
Constatamos que este contrato mantiene la inclusión de hidrocarburos no convencionales como posibles objetos de explotación, algo ya visto en contratos anteriores como el firmado con la empresa estadounidense Schuepbach. Se abre así la posibilidad de utilizar el fracturamiento hidráulico (‘fracking’), única tecnología disponible para su eventual explotación.
El contrato incluye además, en la Cláusula 29, una disposición contraria al Código de Minería (Decreto Ley 14252) del Uruguay pues, específicamente, habilita la resolución de controversias en un tribunal de acuerdo con las reglas de la Cámara de Comercio Internacional (CCI), lo que sería causa de nulidad del contrato.
El Artículo 19 de nuestro Código de Minería (Decreto Ley 14252) dice textualmente:
“La actividad minera, cualesquiera sea su modalidad, y todas las controversias, reclamaciones y peticiones, referidas a la misma, quedan sometidas, sin excepción alguna, a la legislación y jurisdicción de la República Oriental del Uruguay. Todo pacto o convenio en contrario es nulo. Esta disposición es de orden público y será incluida obligatoriamente en todos los contratos que otorguen derechos mineros”.
Este contrato, firmado en octubre de 2012, es posterior a las acciones judiciales de nuestro movimiento para acceder al firmado en 2009 con Schuepbach para la exploración y explotación de hidrocarburos en la Cuenca Norte del país. En el mismo se advierte alguna mejora respecto a los anteriores, ya que en ese la obtención de los permisos ambiéntales es responsabilidad de ANCAP y en este sólo se obliga a “asistir y cooperar” con el contratista en su obtención. (Punto 7.3.5)
Desde Uruguay Libre, junto con otras organizaciones sociales, propugnamos la sanción de una ley nacional que prohíba el ‘fracking’ en el país y, por esa razón, seguiremos atentos a los compromisos que han sido asumidos por el gobierno nacional con empresas petroleras extranjeras interesadas en la posible explotación de nuestros recursos.
Contactos: Raúl Viñas 099 648685 / Víctor L. Bacchetta 098 93531
URUGUAY LIBRE DE MEGAMINERÍA
28 de setiembre de 2016
Eurolat emite informe que permite avanzar en la
prohibición al fracking en América Latina
Declaración Pública
Reunidas en Montevideo, las organizaciones de la sociedad civil de ocho países del continente que componemos la Alianza Latinoamericana Frente al Fracking (ALFF), reafirmamos nuestra lucha en contra de esta técnica de explotación de hidrocarburos no convencionales. Esto es lo que le transmitimos a los parlamentarios de América Latina y Europa, que se encuentran en la reunión plenaria del Parlamento Euro Latinoamericano.
Consideramos que el informe aprobado por esta instancia es un reconocimiento trascendental de los altos riesgos que conlleva utilizar el fracking (fractura hidráulica) y sus impactos al territorio y la vida. Celebramos que hayan hecho eco de nuestras propuestas al considerar derechos importantes como la autonomía y consentimiento de los pueblos indígenas, y la aplicación del principio precautorio. Desafortunadamente, este no incluyó un fuerte llamado a la prohibición de esta dañina técnica, lo que sería coherente de acuerdo a los derechos que el informe manifiesta reconocer: autonomía, libre determinación, consulta de los pueblos indígenas y principio precautorio...
A partir de nuestra investigación Última Frontera: Políticas públicas, impactos y resistencias al fracking en América Latina, instamos a nuestros gobiernos a la prohibición de esta técnica con base en los impactos ya comprobables en nuestros países
El fracking ha avanzado sobre comunidades indígenas, campesinas, barrios urbanos e incluso Áreas Naturales Protegidas ocasionando el desplazamiento de personas y de actividades productivas como la ganadería y agricultura, cuya convivencia con esta práctica es imposible. En paralelo, se multiplican las denuncias y daños ocasionados por el acaparamiento y contaminación por desechos tóxicos del agua, aire y tierra, pérdidas de sustancias radioactivas en los pozos y mal manejo de los residuos.
A pesar de estos impactos, el fracking avanza a ciegas en América Latina. Se está desarrollando sin que existan estudios integrales de largo plazo sobre los graves e irreversibles daños que esta técnica puede ocasionar en la salud de las personas y el ambiente. Por su parte, los gobiernos optan por omitir estas evidencias ampliamente documentadas por científicos y académicos en varios países del mundo.
Ante esto, organizaciones sociales, pueblos indígenas, campesinos y vecinales, entre otras, desarrollamos estrategias para generar información y promover el debate en torno a esta técnica. Esto ha posibilitado diversas acciones públicas, así como la movilización de distintas comunidades y la declaración de centenas de municipios y comunidades “libres de fracking”. Asimismo, se han dictado resoluciones judiciales que suspenden la ejecución de contratos petroleros o licitaciones para la realización de operaciones de fracking en Brasil y Argentina.
Nuestra exigencia por la prohibición del fracking no es un fin en sí mismo. Queremos contribuir a instalar la discusión sobre un urgente cambio en el modelo energético de nuestras regiones, hacia uno que sea sostenible y socialmente más justo. Consideramos que en las formas de producción, distribución y consumo de la energía se refleja el sistema de relaciones sociales injusto y profundamente desigual presente en nuestras regiones. Es ese el arreglo social, político y económico que la persistencia del fracking, entre otros factores, reproduce. Es eso lo que queremos cambiar.
Al mismo tiempo instamos a nuestros gobiernos a fortalecer una política de diversificación energética y de reducción-racionalización del consumo de energía priorizando inversión pública a estos fines, que contemple el impulso a las energías renovables justas y respetuosas de los derechos de las comunidades, y desincentive la extracción de combustibles fósiles. Tales políticas deben ser coherentes con los derechos humanos, como el derecho de acceso a la información, a la participación, a la autodeterminación, la consulta, el consentimiento previo, libre e informado de los pueblos indígenas y campesinos, entre otros.
No al fracking. Ni en América Latina ni en ningún lugar del mundo.
Alianza Latinoamericana Frente al Fracking
Montevideo, 21 de septiembre de 2016
(OPSur)