Desde Plataforma 2012 consideramos que el umbral de violencia política que una sociedad es capaz de tolerar es siempre una construcción social y cultural, muy ligada a los ciclos de su historia nacional y a sus devenires traumáticos. En nuestro país, el gran trauma social producido por la dictadura militar impactó sobre el modo en cómo la sociedad procesa, comprende y tolera la violencia política ejercida desde el aparato represivo estatal. Este es uno de los grandes legados de las organizaciones defensoras de derechos humanos, resumido en la fórmula del “Nunca más”, que con el correr de los años apuntaló un cierto consenso respecto de los límites de la violencia política desde arriba, a saber, el rechazo a toda forma de terrorismo de Estado y de la alternativa del asesinato o exterminio político de los ciudadanos.
Por otro lado, desde sus inicios, el gobierno de los Kirchner buscó hacerse eco de esta representación social –el rechazo a la represión abierta y selectiva contra militantes sociales o políticos-, retomando y apropiándose del paradigma de los derechos humanos. Sin embargo, pese a esta reiterada reivindicación discursiva, la década kirchnerista abre enormes cuestionamientos que colocan en el tapete la distancia entre el discurso oficial y los hechos y abren nuevos interrogantes acerca del umbral de violencia estatal que nuestra sociedad está dispuesta a tolerar y permitir.
Las formas de disciplinamiento y violencia política estatal han ido mutando y tienden a mostrar una realidad cada vez más alarmante:
Pese a la defensa del derecho de protesta, la criminalización de la protesta social se ha multiplicado y consolidado a través de un fuerte entramado legal, que encuentra prolongación en una serie de medidas sumamente preocupantes. En esta línea se colocan, por ejemplo, el nombramiento del general C. Milani a cargo de la Comandancia en jefe del Ejército, al que se suman el de Alejandro Marambio al frente del Servicio Penitenciario Federal y el de Granados en el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires; la propuesta de la baja de la edad de imputabilidad de los menores, el Plan de Espionaje X y la utilización del ejercito para la represión en la provincia de Santa Cruz, entre otros hechos, tienen un alto valor emblemático y simbólico.
La precariedad y el notorio deterioro de los transportes públicos (servicios ferroviarios, especialmente), potenciados por los negociados entre empresarios y agentes estatales, ha mostrado que la corrupción también mata y, por ende, termina por violar derechos humanos. La denuncia de la precarización laboral y los reclamos salariales–en los más diversos ámbitos- han derivado, en varios casos, en el asesinato de militantes
.La política de criminalización de la pobreza y el aumento de los casos de “gatillo fácil” hoy aparecen desplegados en la totalidad del territorio nacional, a lo cual se suman situaciones de “nuevo conflicto social”, ligados al avance del trabajo esclavo, la trata y el narcotráfico. Aunque no ha sido parte de este informe, no se puede obviar la importancia creciente de estas tres problemáticas, que cuentan con la participación necesaria de diferentes sectores de poder (político, económico, judicial, policial).
Incentivados y promovidos por políticas públicas nacionales, la megaminería, la expansión de la frontera de los agronegocios, el avance de la explotación de hidrocarburos no convencionales (fracking) generan concentración y despojo, avanzando sin consulta pública ni licencia social, segando el camino de territorios y cuerpos sacrificables.
Desde la lógica de esos modelos excluyentes, ya no son –como sucedía en los `90- los desocupados la “población sobrante” (para ellos el poder político prevé planes sociales masivos), sino otros cuerpos y comunidades, principalmente indígenas y campesinos, víctimas del racismo endémico, que hoy devienen un obstáculo, una piedra en el camino frente a la imperiosa expansión del capital.
Estos hechos, lejos de afianzar un paradigma de los derechos humanos, tal como ha venido afirmando los gobiernos del matrimonio Kirchner a lo largo de estos diez años, ilustran la permanencia y profundización de una política de violación de los derechos individuales y colectivos, cuyo responsable último es el Estado.
1 Ver nuestro documento de abril de 2013, http://www.plataforma2012.org.ar/index.php/16-actualidad/12-una-reforma-judicial-antipopular-y-antidemocraticaReforma Judicial (Volver)
2 Informe sobre Criminalización de la Protesta, Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, 2012.http://encuentromvyj.org/criminalizacion-de-la-protesta/ (volver)
3 Informe Definitivo del Relator Especial de los Pueblos Indígenas de la ONU, James Anaya, sobre la situación de los pueblos indígenas en Argentina, 2012. http://odhpi.org/wp-content/uploads/2013/01/INFORME-DEFINITIVO-ARGENTINA.pdf
4 Informe de la situación de los derechos humanos de los pueblos indígenas de la Patagonia, año 2013,http://odhpi.org/2013/04/2714/
5 http://www.plataforma2012.org.ar/index.php/16-actualidad/83-exterminio-qom
6 http://www.argenpress.info/2013/11/argentina-formosa-procesan-nuevamente.html
8 Informe sobre Criminalización de la Protesta, Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, 2012. http://encuentromvyj.files.wordpress.com/2012/03/informe-criminalizacion-de-la-protesta-organismos-ddhh-emvj-marzo-2012.pdf
10 http://www.plataforma2012.org.ar/index.php/documentos/pronunciamientos/37-repudio-represion-rawson
13 Cabe señalar que el fracking ha sido prohibido en Francia y en Bulgaria, así como en el estado de Vermont (USA) y en Quebec (Canadá); mientras que en otros lugares se aprobó una moratoria, como sucedió en Nueva York y en varias regiones de Europa, basada en el principio precautorio, pilar del derecho ambiental, también presente en nuestra legislación.
14 http://www.clarin.com/politica/Gobierno-justifico-represion-Neuquen-izquierda_0_983901947.html
15 La declaración continúa: http://www.permahabitante.com.ar/declaracion-2-encuentro-medicos-pueblos-fumigados.php
16 Recientemente se conformó una Comisión Veedora de los DDHH en el conflicto generado por la instalación de dicha planta de Monsanto.
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