La criminalización de las luchas sociales no es algo que ocurre solo en Argentina o en otros países de América Latina, ya que ésta forma parte de una estrategia global de disciplinamiento y búsqueda de gobernabilidad en la dinámica de la acumulación del capital, marcada por la ampliación de las brechas de la desigualdad y por fuertes procesos de exclusión
Algo que es necesario enfatizar es que el proceso de criminalización incluye tanto los procesos de reproducción ampliada del capital (sobreexplotación de la fuerza laboral y precarización), como los nuevos procesos de acumulación por desposesión (avance y expropiación del territorio y de los bienes naturales)
Durante la década del gobierno del matrimonio Kirchner, la criminalización de las luchas sociales se ha venido expresando en un sostenido avance del proceso de judicialización de los conflictos, visible en la ampliación, multiplicación y forzamiento de las figuras penales, en el número de encarcelamientos y procesamientos a dirigentes y militantes sociales, sindicales y estudiantiles, en la estigmatización mediática y social de las poblaciones y grupos movilizados (que apunta a la deslegitimación de los reclamos frente a la sociedad) y en el incremento de las fuerzas represivas y la creación especial de cuerpos de élite (sobre todo, en las provincias), orientados a la represión de la protesta social. A esto hay que agregar que, en los últimos años, existe una tendencia a la tercerización de la represión (Hospital Francés, Casino de Bs As, Indec, asesinato de Mariano Ferreyra, Parque Indoamericano, ciudad de Rawson, entre otros casos), a través de la utilización de barras bravas, sindicatos (la UOCRA, sobre todo), guardias blancas y sicarios contratados especialmente por latifundistas y propietarios sojeros (en el caso de diferentes provincias, como en Chaco, Formosa y Santiago del Estero).
Por otro lado, en los últimos diez años, con la expansión de la frontera extractiva que exige concentración de tierras y ocupación de territorios, la criminalización se ha ampliado a las comunidades indígenas y campesinas, así como a nuevos grupos y asambleas socio-ambientales y organizaciones territoriales. En esta línea, existe una relación directa entre extractivismo, política de concentración de la tierra y deterioro de los derechos. En otros términos, la profundización del extractivisimo en todas sus variantes (expansión del agronegocios, megaminería a cielo abierto, expansión de la frontera hidrocarburífera, megaempremprendimientos turísticos y residenciales, mega-represas, entre otros) se expresa también en una exacerbación de las asimetrías propias de la dinámica entre lo local (sostenido por comunidades originarias, por asambleas multisectoriales y militantes políticos y sociales) y lo global (las empresas multinacionales, avaladas por el poder regional y nacional). Como consecuencia de ello, la creciente territorialización de los conflictos ha derivado tanto en el desplazamiento de comunidades originarias y campesinas como en una mayor persecución de dirigentes y militantes territoriales y ambientales, en un marco de militarización creciente y de salidas represivas.
Desde Plataforma 2012 consideramos falaz adjudicar la responsabilidad exclusiva de la represión a los gobiernos provinciales, no sólo porque esto se revela como contradictorio con la fuerte concentración de poder del actual gobierno nacional (un gobierno “unitario” en su estilo de conducción política), sino también porque dicha represión está ligada a la implementación de modelos de (mal)desarrollo, de carácter excluyente, que son sostenidos activamente a nivel nacional desde políticas de Estado. Así, la represión y la política de criminalización dan cuenta de la estructura de alianzas políticas que el gobierno nacional alienta y promueve, con los gobernadores y con los grandes actores económicos.
La década de gobierno del matrimonio Kirchner deja un saldo de militantes asesinados con motivo de la represión de la protesta social, en demanda de tierra y vivienda, contra la tercerización, por salarios dignos, por los derechos de los pueblos originarios.
La nómina de los asesinados desde 2003 con motivo de la protesta social en defensa de derechos y del avasallamiento de las poblaciones originarias es la siguiente:
Marcelo Cuellar y Cristian Ibáñez (Jujuy, 2003)- Sandra Cabrera (2004, Rosario), Martín Cisneros (2004) C.A.B.A - Esteban Armella (2004)- Carlos Fuentealba (2007) y Lázaro Duarte (2008) (Neuquén)- Juan Carlos Erazo ( 2008, Mendoza)- Javier Chocobar (2009, Tucumán)- Nicolás Carrasco y Sergio cárdenas (2010, Bariloche)- Facundo Vargas (2010, Mendoza) - Mariano Ferreyra (2010)- Roberto López y Mario López (2010, Formosa)- Bernardo Salgueiro, Rosemary Chura Puña y Emilio Canaviri Álvarez (2010, Indoamericano) – Juan Velázquez, Félix Reyes y Ariel Farfán (2011, Jujuy)- Mártires López (2011, Chaco)- Cristian Ferreyra (2011, Santiago del Estero) – Diego Jáuregui (2011, Avellaneda)- Geremias Trasante, Claudio Damián Suárez y Adrián Leonel Rodríguez (2012, Rosario, Santa Fe)- Noemí Condorí (2012, Escobar)- Miguel Galván (2012, Santiago del Estero) – Celestina Jara y su nieta de ocho meses (2012, Formosa)- Imer Flores (2013, Chaco)- Juan Manuel Asijak de 16 años (2013, Formosa). Continúa desaparecido Daniel Solano, de 27 años, trabajador de Río Negro, secuestrado el 5 de noviembre de 2011
Por otro lado, una serie de hechos a lo largo de estos años evidencian la política de criminalización y judicialización, entre ellos:
-Judicialización de la protesta social, a través del procesamiento de militantes populares, que ha incluido desde las organizaciones de desocupados, sindicatos, comunidades indígenas, organizaciones de derechos humanos, asambleas y grupos ambientalistas, partidos políticos, organizaciones territoriales, estudiantiles, entre otros.
-Según el Informe de Criminalización del Espacio Memoria, Verdad y Justicia, actualmente existen en nuestro país más de 4000 personas criminalizadas y judicializadas, y el número de víctimas asesinadas por luchar desde el año 2001 asciende a más de 70. -“Sobre un total de 2198 casos que cuentan con fecha de judicialización se puede observar el incremento de esta medida represiva a partir del año 2003, siendo el pico más alto registrado en los años 2009 y 2010 ascendiendo al 47,1% del total de los casos en esos dos años”(2)
-La judicialización ha apelado a las siguientes figuras penales: Detención y/o procesamiento de los manifestantes ante un corte de ruta (a esos fines, se invoca el art. 194 del Código Penal); Imputación de usurpación (pueblos originarios), Imputación del delito de sedición (en estos casos se invoca el art. 230 del Código Penal); Imputación del delito de intimidación pública; Imputación del delito de resistencia o desobediencia a la autoridad; Imputación del delito de coacción o extorsión; Imputación del delito de daños, e incluso imputación de homicidio, entre otros.
El arrinconamiento y despojo de los Pueblos Originarios y Campesinos
Tanto las provincias del norte argentino como de la región patagónica viven una realidad de exclusión y racismo, que cae sobre los cuerpos siempre sacrificables de pueblos originarios y se extiende a las organizaciones campesinas. Basta con recorrer el informe presentado en 2012 por James Anaya, el relator especial de las Naciones Unidas, sobre los pueblos indígenas en Argentina(3) para advertir la gravedad de la situación: las conclusiones subrayan el impacto ambiental y cultural, la falta de cumplimiento del convenio 169 de la OIT (que exige la consulta previa, libre e informada ante cualquier proyecto extractivo en territorios indígenas), el incumplimiento de la ley 26160, que ordena relevar los territorios indígenas y suspende los desalojos (los cuales continúan y de modo violento); la dificultad en el acceso a la justicia, lo cual se traduce por el fallo sistemático de los tribunales provinciales a favor de las corporaciones transnacionales y de los grandes propietarios privados; en fin, la criminalización y represión de la protesta.
Solo contabilizar las denuncias recogidas por James Anaya genera escalofríos. Por hacer una mención incompleta: hay 20 comunidades con conflictos en Neuquén, vinculados a la explotación petrolera y minera; 23 sobre 24 reclamos en Río Negro están ligados al problema de tierras, a latifundistas, al impacto ambiental y la minería; de 15 en Formosa, 10 están vinculados al reclamo de tierras y a la criminalización; de 56 reclamos de pueblos originarios en Jujuy, 47 están ligados al problema de tierras, al impacto ambiental y la falta de consulta a las comunidades relacionadas con la minería (sobre todo, el litio); de 50 reclamos en la provincia de Salta, 42 están ligados a conflictos por la tierra, la persecución, la criminalización, el impacto ambiental, la falta de consulta…
Asimismo, tal como afirma el Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas (ODHPI), la criminalización de los pueblos originarios no se da tanto en el ejercicio del legítimo derecho de protesta, sino cuando se hace uso de derechos reconocidos jurídicamente (reclamo de tierras y territorios, cuyos derechos se hayan amparados por la normativa nacional y provincial existente). El informe del ODHPI destaca, solo para el caso de Neuquén, 42 juicios penales (25 de ellos por el delito de usurpación), que criminalizan a 241 personas mapuches (4)
La criminalización incluye figuras penales tales como el delito de Usurpación y el delito de desobediencia a orden judicial o impedimento de acto judicial.
Por otro lado, el informe citado más arriba sobre criminalización de la protesta según sector, que hizo un relevamiento sobre 2198 casos, entre 2001 y 2012, señala que el 31,4% del total corresponde a los pueblos originarios, esto es, casi un tercio del total, equiparando éste al sector de las luchas sindicales. Si ya sorprende por su magnitud, mucho más impacta si tenemos en cuenta que en Argentina hay menor cantidad de protestas de pueblos originarios en relación a las luchas sindicales (que son cotidianas), con lo cual pareciera desprenderse que una gran cantidad de las protestas de los pueblos originarios terminan por ser criminalizadas.
Pero si en el sur del país la situación de los pueblos originarios da cuenta de la reducción de la cuestión indígena a una cuestión penal, en el norte del país, la situación de los pueblos originarios aparece directamente ligada a la muerte violenta: desde asesinatos directos por parte de las fuerzas de seguridad y de los terratenientes, hasta “extraños” accidentes de tránsito, o aparentes delitos comunes, hoy suman casi dos decenas el número de muertes de miembros de las comunidades originarias.
Un caso paradigmático es el hostigamiento y represión sistemática de la comunidad Qom. Por ejemplo, en noviembre de 2010, luego de 5 meses de lucha cortando la ruta, la policía de la Provincia reprimió la protesta y asesinó al miembro Qom, Roberto López, por un tiro por la espalda, en la colonia La Primavera. Ese mismo mes murió Mario López, dirigente del Pueblo Pilagá de colonia Alberdi (Formosa), atropellado intencionalmente por un automóvil conducido por personal policial. Este hecho colocaba en la mira al gobernador Gildo Insfrán. Sin embargo, un día después del asesinato la presidenta Cristina Kirchner se mostró en la inauguración de una obra pública con el gobernador Insfrán, a través de una teleconferencia.
Ante esta situación el dirigente de la Comunidad, Félix Díaz, viajó a Buenos Aires y tuvo una reunión con el Ministro del Interior Florencio Randazzo quien prometió retirar a las fuerzas de seguridad, realizar un censo sobre la situación de la comunidad y empezar a estudiar la situación de las tierras objeto de reclamo. Estas promesas nunca se cumplieron. Por el contrario, se saturó la región con efectivos de la gendarmería nacional, que, según denuncian los pobladores, en lugar de defenderlos, efectúan un control constante de todos sus movimientos. A tal extremo llegó el incumplimiento de las promesas efectuadas por el gobierno nacional que el cacique Félix Díaz retornó a Buenos Aires para reunirse nuevamente con el Ministro del Interior, y ante la negativa de éste a recibirlo inició una huelga de hambre durante varias semanas. Debió levantar la medida sin lograr que ningún funcionario lo recibiera, a excepción del Subsecretario de Derechos Humanos. Vale la pena recordar también la posterior maniobra realizada por el gobierno nacional para desalojar a los Qom en 2011, durante el acampe en la Avenida 9 de Julio de la Ciudad de Buenos Aires, para impedir la visibilización de sus demandas y el despliegue de manifestaciones de solidaridad.
El hostigamiento a la comunidad Qom y a la familia de Félix Díaz continuó en 2012 y 2013. Así, en junio de 2012 una patota atacó con armas blancas a Abelardo Díaz, hijo de Félix Díaz, que terminó en el hospital local con lesiones varias. En mayo de 2013 fueron golpeados brutalmente dos jóvenes Qom de la comunidad Potae Napocna Navogoh ubicada en Formosa y terminaron hospitalizados. Además, el domingo 5, un niño QOM de 6 años murió al ser aplastado por un camión de basura, cerca de un basural ilegal que la comunidad venía denunciando que se erradicara. En agosto, se sumó el asesinato de la joven qom, Juana Gómez, de 15 años, que se agrega a las numerosas muertes y agresiones físicas con graves secuelas que vienen sufriendo los miembros de dicha comunidad(5)
Recientemente (noviembre de 2013) la justicia formoseña volvió a procesar a Félix Díaz y otros tres miembros de la Comunidad La Primavera. En dicha causa armada no sólo se imputa a éstos por usurpación, por los delitos de instigación a cometer delitos, atentado a la autoridad a mano armada y lesiones graves y leves, sino que también se los está intentando imputar por abuso sexual y homicidio(6)
Otra de las muertes ocurridas “por accidente” en el período es la del dirigente indígena y campesino de Chaco, Mártires López, Presidente de la Federación Nacional Campesina quien, luego de sufrir un “accidente” de moto, quedó en coma y finalmente murió en Junio de 2011. Frente a los elementos que señalan el carácter intencional del hecho, a dos años de su muerte, la Fiscalía de la Cámara Segunda en lo Criminal de la ciudad de Resistencia resolvió la reapertura de la causa que investiga las circunstancias en que ocurrió el accidente de tránsito donde Mártires López perdió la vida. Como consecuencia de esa decisión, el fiscal de Investigación Nº 1 de General San Martín, José Ricardo Sorabella, quien había enviado el expediente a archivo, se apartó de la causa