También han sido numerosos los casos de represión de la protesta sindical durante los últimos años
El asesinato de Carlos Fuentealba en Neuquén en 2007 en el marco de una lucha nacional contra la política educativa, la represión en Fate, Ate Neuquén, las patotas paraestatales, como el caso del INDEC, el Hospital Francés, el Casino de Buenos Aires y los chóferes de la línea 60. Hechos de represión seguidos, en muchos casos, de procesamientos de dirigentes sindicales y trabajadores.
Desde la intervención al INDEC en el año 2007 se mantienen los desplazamientos y despidos de empleados y la existencia dentro del mismo de patotas paraestatales que hostigan a los trabajadores que reclaman por sus derechos y denuncian la manipulación que hace el gobierno de las estadísticas.
Una situación emblemática de represión al movimiento obrero fue la de la empresa Kraft, (ex fábrica Terrabusi) en septiembre de 2009. A partir de un conflicto por las condiciones de una guardería (se trata de una fábrica en la que la mayoría de los trabajadores son mujeres), la empresa despidió a numerosos trabajadores y trabajadoras, lo que determinó medidas de lucha del personal, que contaron con amplia solidaridad de movimientos sociales y políticos. La Policía Bonaerense reprimió violentamente a los trabajadores que ocupaban la planta, haciendo funcionar la fábrica como una prisión en la cual las leyes argentinas no regían. Asimismo, se produjeron detenciones masivas (más de 65 trabajadores). Hasta el día de hoy siguen procesados numerosos dirigentes obreros, mientras los responsables políticos y materiales de la represión siguen impunes.
Es importante subrayar que fue a partir de esos hechos que se hizo pública la actividad planificada y sistemática del Proyecto X de Gendarmería, de infiltración y espionaje a organizaciones de trabajadores, militantes sociales, de DDHH y políticos.
Asimismo, un aspecto importante ha sido el aumento de las protestas que denuncian la precarización laboral. En octubre de 2010, en una manifestación de trabajadores tercerizados donde se exigía el pase a la planta permanente en la Línea Roca de ferrocarriles, fue asesinado el joven Mariano Ferreyra y fue herida gravemente Elsa Rodríguez, producto de la represión de una patota perteneciente a la Unión Ferroviaria protegida y garantizada en su ejecución y retirada por la policía. La movilización popular de repudio logró llevar a juicio al dirigente sindical Pedraza, un emblema del modelo del sindicalismo empresarial, crecido al amparo del Estado, con sus fronteras porosas entre mafia patoteril, disciplinamiento interno y vínculos privilegiados con el gobierno. Finalmente Pedraza fue juzgado y condenado en primera instancia a 15 años de prisión. La querella exige perpetua. Los funcionarios estatales responsables políticos del asesinato fueron absueltos.
Algunas de estas protestas han culminado con una militarización de los territorios. Por ejemplo, en febrero de 2006, en la provincia de Santa Cruz, frente a la movilización popular que exigía la liberación de Mario Navarro, delegado de los trabajadores petroleros de Las Heras, la Policía de la Provincia reprimió ferozmente a las 4000 personas (el pueblo tiene 15000 habitantes) que se encontraban manifestándose fuera de la Alcaldía, produciéndose escenas de desesperación. En medio de la confusión fue asesinado el agente de policía Sayago. Este hecho fue utilizado para desplegar una fuerza especial de gendarmería nacional de más de 400 efectivos y comenzar una caza de brujas contra los trabajadores en lucha y vecinos solidarios con ellos. Así se detuvo a 17 personas, las cuales denunciaron que fueron brutalmente torturadas
A tal extremo llegaron los vejámenes que cuando la policía con asiento en Las Heras transporta a los detenidos a la Alcaldía de Puerto Deseado, el Comisario a cargo denuncia penalmente que los detenidos fueron torturados. De los 17 imputados, 6 estuvieron presos durante 3 años sin que existiera ninguna prueba en su contra. Durante los primeros tiempos los presos eran trasladados periódicamente entre un pueblo y otro de la Zona Norte de la Provincia para evitar que la población se manifestara. Actualmente se está realizando el juicio y se espera la sentencia para el 12 de diciembre de este año. Las querellas y el fiscal han pedido cadena perpetua para 5 trabajadores y coacción agravada para 6, a pesar de que no cuentan con ninguna prueba concreta que incrimine a los trabajadores
Por su parte, la causa donde la justicia debería investigar las torturas fue cajoneada. A esto agreguemos que también en Santa Cruz el recurso a la represión por parte de la UOCRA a los docentes de 28 de noviembre, realizada en abril de 2009.
El 26 de abril de 2013 la Policía Metropolitana dependiente de la CABA reprimió violentamente a trabajadores y pacientes del Hospital Borda cuando estos intentaron impedir la demolición de un taller protegido. La represión en un hospital psiquiátrico es un hecho que no reconoce antecedentes. Los responsables siguen impunes, mientras se procesa a los trabajadores que fueron reprimidos
Vale la pena señalar que la demolición del taller está inscripta en un proyecto de creación de un Centro Cívico en Barracas, en el predio del hospital y que fue acordado por el Pro y el kirchnerismo, en el marco de los “negocios inmobiliarios” que comparten(7)
Por último, quisiéramos consignar que existen numerosos informes y textos sobre las organizaciones de desocupados, cuyo pico de criminalización se estableció entre 1997 y 2005. Cierto es que, a partir de 2005, las organizaciones de desocupados fueron perdiendo centralidad, por diferentes motivos que no cabe analizar aquí, y en pos de una mayor complejidad del espacio de las luchas sociales (corrimiento de las fronteras del conflicto hacia las luchas socio-ambientales, incremento del conflicto sindical, y conflictos por la tierra y vivienda). Sin embargo, como consigna el informe sobre criminalización ya citado anteriormente, sobre un total de 2238 casos relevados que cuentan con identificación de sector criminalizado, se observa que los sectores desocupados ocupan el 11,4%, muy cerca de las organizaciones partidarias (11,5%) y detrás de las protestas sindicales (31.6%)y de los pueblos originarios (31,4%)(8)
Un caso paradigmático de persecución y criminalización recurrente es el de la Unión de Trabajadores de Desocupados, de Gral. Mosconi, Salta, y muy especialmente de uno de sus dirigentes históricos, José Pepino Fernández, sobre quien pesan una cincuentena de causas. En noviembre de este año, Fernández se encontraba declarando en el juzgado en lo civil y comercial de Tartagal, nuevamente procesado, ahora “por entorpecer la extracción de maderas en las yungas mosconenses”, hoy saqueadas por parte de los madereros de la zona, autorizados por el gobierno salteño, pese a la ley de preservación del bosque nativo, actualmente vigente.
Otra situación emblemática respecto de criminalización de la protesta de desocupados que quisiéramos destacar, es la ocurrida el 30 de agosto de 2012, cuando fueron detenidas 68 personas (incluidos niños y adolescentes) que se encontraban manifestando en Panamericana a la altura de la Ruta 197, en reclamo de mayor inclusión y mejoras en los planes Argentina Trabaja. Inmediatamente fueron trasladadas y demoradas en la Unidad de Procedimientos especiales Judiciales ubicado en CAMPO DE MAYO, donde funcionara el ex centro clandestino de detención durante la última dictadura militar. El procedimiento fue dirigido personalmente por el Secretario de Seguridad de la Nación Sergio Berni. Este hecho significo una grave violación de las libertades democráticas más básicas y fue una afrenta a la memoria colectiva del pueblo argentino.
Las luchas socioambientales: megaminería, fracking y agronegocios
Hemos dicho que el proceso de criminalización abarca no sólo la protesta sindical y de los desocupados, sino también los procesos de acumulación por desposesión, vinculados al avance y concentración del territorio y la expropiación de los bienes naturales. En esta línea, el proceso de expansión de las fronteras del capital a través de la megaminería, los agronegocios, las mega-represas hidroeléctricas, los megaemprendimientos turísticos y residenciales y, más recientemente, la explotación de los hidrocarburos no convencionales con la metodología del fracking, ha traído como resultado un fuerte aumento de la conflictividad. Dicha conflictividad coloca en el centro demandas ligadas al cuidado del ambiente, la defensa del territorio y los bienes comunes.
La criminalización de la protesta ambiental tuvo una inflexión en el caso de la Asamblea de Gualeguaychú, que mantuvo un largo corte en el puente internacional del río Uruguay. Luego de que en 2006 el entonces presidente Néstor Kirchner declarara que los reclamos de Gualeguaychú contra la pastera Botnia, situada en el costado uruguayo, constituían una “causa nacional”, en 2010, el gobierno nacional pidió la indagatoria de diez miembros de la asamblea por una quincena de delitos, que incluían desde homicidio culposo, amenazas, amenazas agravadas, daños a bienes públicos, entorpecimiento del funcionamiento de los transportes, sedición, atentado y resistencia contra la autoridad y encubrimiento.
La criminalización de la protesta contra la megaminería arrancó en Esquel (2003), localidad en la cual se realizó una consulta popular que rechazó la posibilidad de implantación de una empresa minera en su territorio. En esa ocasión, varios miembros de la Asamblea de Esquel fueron querellados por la empresa minera por “violación de secretos empresariales”, aunque luego dicha acusación fue desestimada por la Justicia.
En los últimos tiempos, las protestas contra la megaminería han conocido diferentes formas de criminalización y represión:
Recordemos que en enero de 2012(9) la pueblada de la localidad de Famatina (La Rioja) colocó de modo transitorio la cuestión de la megaminería en la agenda nacional. A raíz de ello, en febrero de ese mismo año, la presidenta Cristina F. de Kirchner anunció la apertura de un debate público sobre minería, aunque en realidad deberíamos hablar de un debate anunciado que nunca tuvo lugar, ya que inmediatamente después se creó OFEMI (Organismo Federal de Estados Mineros, compuesto por las diferentes provincias promineras), a espaldas de la sociedad, con el fin de bloquear cualquier discusión real sobre el tema, que incluyera, por ejemplo, la modificación de las leyes mineras sancionadas en los `90
Pero, lejos de abrir un “debate serio y responsable”, la creación de OFEMI puso en evidencia las intenciones de los gobiernos nacional y provinciales de renovar sus apoyos al modelo extractivo y clausurar de este modo rápidamente cualquier posibilidad de una discusión de fondo sobre la espinosa cuestión de la megaminería. Así, ésta se insertó en un escenario marcado por una gran conflictividad social y una escalada represiva en el noroeste argentino, cuyo epicentro fue Tinogasta (Catamarca), donde hubo fuertes episodios represivos, y luego se trasladó a Andalgalá, donde entre febrero y marzo de 2012 se implantó un virtual e inédito estado de sitio, sostenido por sectores promineros, que no dejaron ingresar a la localidad a periodistas, organizaciones de DDHH (Serpaj) y diferentes personas que iban a manifestar su solidaridad.
Así, en 2012 la oleada represiva tuvo su récord en la provincia de Catamarca, donde hubo 7 represiones en 7 meses (incluyendo, además de Tinogasta, Andalgalá, Belén y Santa María), pero se extendió a Amaicha del Valle (Tucumán), e incluyó varias detenciones y procesamientos. El posterior alineamiento entre poder político, poder económico y poder mediático volvió a enclaustrar la cuestión de la megaminería en la lógica criminalizadora de las provincias, donde la territorialización de los conflictos apunta a configurar una situación de fuerte asimetría entre las poblaciones y las grandes empresas, aliadas a los gobiernos provinciales.
Como contracara del realineamiento estratégico entre los diversos poderes, y el aumento de la criminalización y represión de las luchas socio-ambientales, observamos una importante estigmatización del ambientalismo y un mayor cierre de los canales de expresión. El “ambientalismo” aparece como una figura demonizada no sólo desde el discurso empresarial sino desde los diversos oficialismos (provinciales y nacionales). Los ambientalistas aparecen descalificados como “fundamentalistas”, cuando no –como es el caso en Catamarca, La Rioja y San Juan-, imputados como “foráneos”, como si éstos no fueran ciudadanos argentinos con plenos derechos, sea cual fuere el territorio provincial en el cual se encuentren. Esto se evidenció en el desalojo violento del campamento de Cerro Negro, en julio de 2012, que derivó en la expulsión de la provincia de Catamarca de activistas que realizaban un acampe, imputados como “ambientalistas”, “hippies” y “foráneos”.
Dos últimas inflexiones marcadas por la represión se destacan en este escenario: una, en Chubut, ocurrida el 27 de noviembre de 2012, contra una manifestación de vecinos autoconvocados, en frente a la legislatura provincial, en Rawson, movilizados en contra de la derogación de la ley 5001 (que prohíbe la megaminería con uso de cianuro en esa provincia)(10)
Dicha represión causó numerosos heridos, varios de ellos hospitalizados. Por otro lado, se trató de una represión tercerizada, que utilizó las patotas del sindicato de la construcción (UOCRA), dirigido por Gerardo Martínez, quien fuera agente de inteligencia del Batallón 601 y oficial del Destacamento 201 de Campo de Mayo. Otra, en La Rioja, donde hubo un episodio represivo en marzo de 2013, en contra de los pobladores de Famatina, en ocasión de la realización de un acto oficial donde supuestamente participaría el gobernador de esa provincia.
Así, respecto de la megaminería y en nombre de un discurso seudofederalista, asistimos a una mayor consolidación de provincias “feudos”, cuyos gobiernos, aliados estratégicos del gobierno nacional, muestran el gran desfase existente entre la realidad incontestable de los hechos y la sobreactuación de una épica progresista en clave nacional y popular.
Otras de las caras del modelo extractivo está vinculada a la explotación de los hidrocarburos no convencionales
En julio de 2012, desde Plataforma(11) argumentamos que la anunciada “recuperación” de YPF presentaba numerosos problemas, ya que la ley no proponía cambio del marco regulatorio ni política de nacionalización de los hidrocarburos ni tampoco asistíamos a una verdadera estatización de la empresa. Lamentablemente, el escandaloso acuerdo firmado entre YPF y Chevron refrenda este diagnóstico, confrontándonos con una nueva estafa realizada por el gobierno nacional a la sociedad argentina. El acuerdo con Chevron, cuyo contenido no es público –ni siquiera para los legisladores de la provincia del Neuquén- interna a la Argentina de modo ciego e incontrolado por una senda cercada por enormes riesgos sociales y ambientales, a través de la explotación masiva y a gran escala de los hidrocarburos no convencionales con la metodología del fracking (12)
Tamaña prepotencia fue consumada no sólo sin llamado a audiencia pública y sin que el acuerdo haya pasado por la comisión de medio ambiente, sino también en el marco de una flagrante violación del Convenio 169 de la OIT, que exige el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades Mapuches sobre lo que pueda ocurrir en sus territorios. En este sentido, cabe señalar que en el sur de nuestro país, en Gelay Ko (Neuquén), así como en la zona del yacimiento de Vaca Muerta, son varias las comunidades mapuches que se encuentran ante la amenaza y violencia del despojo de sus tierras, debido al avance de la explotación de los hidrocarburos no convencionales. Así, cuando en diferentes partes del mundo existe un descreimiento cada vez más fundado de parte de las sociedades locales ante este tipo de extracción, el oficialismo nacional y neuquino desestima el reclamo democrático de las poblaciones locales, provenientes tanto de las comunidades mapuches como de las multisectoriales y asambleas de autoconvocados(13)
Por otro lado, YPF eligió como socio la empresa que tiene la mayor condena ambiental de la historia, prófugo de la justicia ecuatoriana, responsable de la contaminación de 500 mil hectáreas de la Amazonia y de la grave violación de derechos de los pueblos indígenas.
Finalmente, el 28 de agosto de este año, durante horas el gobierno del Neuquén reprimió una amplia movilización en repudio a la aprobación del acuerdo entre esa provincia e YPF, que habilitaba el convenio con Chevron, ocurrida frente a la legislatura provincial, y convocada por una multisectorial de organizaciones sociales, pueblos originarios, partidos políticos, organizaciones estudiantiles y sindicales, en simultáneo con un paro provincial de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA). Como producto de la represión, se registraron 28 heridos, entre ellos, dos con bala de fuego. La acción fue defendida por el gobierno neuquino que calificó de “violentos” a los manifestantes y minimizó la envergadura de la movilización, mientras que el secretario de la Presidencia, Oscar Parrilli, sostuvo que la protesta contra el acuerdo YPF-Chevron fue armada para “generar caos y desorden", y agradeció al gobernador Sapag por poner “la cara y el pecho”.(14)
Así, de diversos modos, el gobierno apostó claramente a la profundización del modelo extractivista, con las consecuencias que eso conlleva (represión, criminalización y judicialización, destrucción de territorios, pérdida de soberanía, entre otros).
Por último, uno de los temas más obturados y negados por el gobierno y los grandes actores económicos en lo que respecta a la violación de derechos humanos tiene que ver con el modelo de agronegocios. La expansión de la frontera de los agronegocios, al servicio del monocultivo de la soja transgénica, con utilización de agrotóxicos, desplaza a poblaciones enteras de su entorno, arrasa con los bosques, reduce la biodiversidad e implica la degradación de los suelos y produce un fuerte impacto socio-sanitario.
Así, en lo que respecta a la violación de derechos humanos, esto presenta dos tipos de impactos diferentes:
-Primero, en la zona de expansión de la frontera de explotación (por ejemplo, en provincias como Salta, Chaco, Santiago del Estero, entre otras), ésta se manifiesta de modo brutal, a través de la expulsión y desplazamiento de poblaciones y, en el límite, en el asesinato encubierto bajo la forma de accidentes o de ataques “tercerizados” a miembros y dirigentes de poblaciones campesinas e indígenas
Una parte importante de los nombres que componen la lista de muertos que hemos detallado en la página 9 de este documento está vinculada a la expansión de la frontera sojera
En 2010, el gobierno nacional, lejos de pensar en colocar controles a la sojización y plantear una transición hacia una matriz productiva más diversificada, optó por redoblar la apuesta: así, a través de la aprobación del PEA (Programa Estratégico Agroalimentario), propone como objetivo para el año 2020 producir 157 millones de toneladas de granos, incrementando en un 60% la producción ya existente, para erigir a Argentina en líder mundial en el sector, a sabiendas de que este proceso generará un mayor acaparamiento de tierras, más desmontes, más expulsión de poblaciones campesino-indígenas y más criminalización y represión de la protesta
Segundo, pese al persistente silenciamiento del tema, ya existen claras evidencias del impacto socio-sanitario del modelo sojero, producto del uso de agrotóxicos. En este sentido, es de destacar el rol pionero que el movimiento de Madres del Barrio Ituzaingó, de la ciudad de Córdoba, ha tenido en el tema, a través de las denuncias que iniciaron a partir de 2002, vinculadas al uso de plaguicidas y su impacto en la salud.
Esta tarea hoy ha sido asumida también por un conjunto de organizaciones de afectados y profesionales, entre ellos, la Red de Médicos de Pueblos Fumigados, la cual ha venido realizando informes detallados sobre el impacto de las fumigaciones sobre la salud humana. Así, en su declaración del Segundo Encuentro de la Red de Médicos de Pueblos Fumigados, realizada en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario en 2011, da cuenta de la gravedad de la situación:
“Que es muy importante la agresión a la salud en las poblaciones de localidades sometidas a fumigaciones constantes en la Argentina, y que la situación se agrava día a día, detectándose con mucha mayor frecuencia, enfermedades severas como cánceres, abortos espontáneos, trastornos de la fertilidad y nacimientos de hijos con malformaciones congénitas”, “Que distintos trastornos, como los respiratorios, endócrinos, neurológicos, hematológicos y psíquicos, son mucho más frecuentes en las poblaciones sistemáticamente fumigadas como consecuencia del actual modelo de producción agroindustrial” “Que, valiéndonos de un conjunto suficientemente fuerte de datos, que no pueden ser negados al analizarse con objetividad la situación sanitaria de nuestros pueblos, la información científica explica la causalidad biológica de las manifestaciones clínicas que observamos en nuestros pacientes, y las revisiones sistemáticas de los estudios clínicos y epidemiológicos de observación, generan evidencia, suficientemente sólida y consistente”(15)
-Por último, respecto de este tema cabe mencionar que en 2012 el gobierno profundizó su alianza privilegiada con los grandes actores económicos del modelo sojero, entre ellos, con Monsanto, al autorizar la construcción de dos plantas experimentales en Córdoba. Por esa misma razón, a fines de septiembre de 2013, en el barrio Malvinas Argentinas, de la ciudad de Córdoba, diferentes organizaciones sociales y vecinos encararon una protesta, a través de un corte y acampe en el predio, impidiendo el avance de la construcción. Los vecinos denuncian que la empresa no cuenta con licencia social y exigen una consulta pública que garantice su derecho a decidir sobre el emplazamiento de dicha planta. Durante esta protesta, que ya lleva dos meses, hubo un intento de desalojo violento que incluyó detenidos y envió al hospital a Sofía Gatica, una de las conocidas Madres del Barrio Ituzaingó(16). Asimismo, la empresa Monsanto envió una carta documento a la Asamblea de Autoconvocados del Bloqueo en Malvinas Argentinas, intimándolos a abandonar el corte. Las amenazas recibidas posteriormente, sumado al grave ataque que Sofía Gatica sufrió el 22 de noviembre pasado, ponen en evidencia la existencia de una acción orquestada para violentar a una sus protagonistas y a quienes participan en la protesta contra Monsanto. Finalmente, cuando estábamos cerrando este documento, el 28 de noviembre pasado, tuvo lugar una nueva represión a vecinos y asambleístas, por medio de una patota de la UOCRA, que dejó un saldo de 20 heridos.
La Protesta en reclamo por tierra y Vivienda
El acceso a la vivienda es también uno de los derechos básicos consagrados por nuestra constitución y otras de las grandes deudas para con los sectores más vulnerables, luego de años de retórica progresista. En este sentido, los diferentes gobiernos (nacional, provinciales, municipales) suelen considerar que un “boom inmobiliario” es un proceso benéfico en sí mismo, que favorece al conjunto de la sociedad porque genera empleo, riqueza y oferta de viviendas. Sin embargo, detrás de este supuesto están en juego poderosos intereses y se ocultan grandes falencias que están haciendo colapsar las ciudades y perjudican sobre todo a los sectores más vulnerables.
La contracara del boom inmobiliario es la dificultad cada vez mayor de acceso a la vivienda por parte de los sectores populares y clases medias, así como del hacinamiento en villas, barrios, hoteles e inquilinatos de los carenciados.
Así, desde Plataforma 2012 consideramos que existe una relación directa entre urbanización descontrolada, especulación inmobiliaria y conflictividad creciente (17) Dicho modelo especulativo que implica socializar costos y privatizar beneficios ha generado el aumento exponencial de la población en villas, convertidas hoy en el blanco de las “políticas de seguridad” del ejecutivo nacional y municipal. Por ejemplo, solo en la ciudad de Buenos Aires, en los últimos diez años, la población en asentamientos aumentó un 50%. Por otro lado, las formas dominantes de la apropiación del territorio (agronegocios, megaminería, concentración de tierras, vinculada a los desarrollos inmobiliarios como megaemprendimientos turísticos y residenciales), son fenómenos que están en el origen de la expulsión y desplazamiento de poblaciones vulnerables hacia las ciudades. Dichas poblaciones migran al cinturón urbano de las ciudades, en busca de soluciones a la falta de tierra y vivienda.
La prueba más contundente de la falta de vivienda para los sectores populares fue el conflicto desencadenado por la ocupación del predio del Parque Indoamericano. En diciembre de 2010, aproximadamente 1500 familias realizaron un acampe en el llamado “Parque Indoamericano”, reclamando por tierra y vivienda. El gobierno nacional y el gobierno de la ciudad en un operativo conjunto de la Policía Federal y la Policía Metropolitana, desalojaron el lugar mediante una feroz represión que dejó un saldo de tres personas muertas por las fuerzas de seguridad. Mientras los responsables de ese operativo fueron absueltos, dirigentes barriales de la zona están procesados.
Asimismo, en julio de 2011, una toma de tierras realizada en Libertador General San Martín (Jujuy), por la Corriente Clasista y Combativa, culminó en un desalojo y represión, a cargo de la policía de Jujuy, y en connivencia con el gobierno provincial y la empresa Ledesma. En esa ocasión, más de 700 familias fueron desalojadas de un terreno de 12 hectáreas, por reclamar el inmediato cumplimiento de un acta firmada 7 años atrás, donde el Ingenio Ledesma se comprometía a ceder esas tierras para la construcción de viviendas populares. Gases lacrimógenos, balas de plomo y de goma, perdigones de acero, alrededor de 25 detenidos y detenidas, más de 30 heridos y 3 muertos.