La política de seguridad ciudadana y el accionar de las fuerzas de seguridad se han venido expresando a través del agravamiento de la criminalización de la pobreza y la juventud, que abarca desde el aumento de los casos de gatillo fácil, el empleo de torturas en las comisarías, hasta el empeoramiento de las condiciones de detención, a niveles infrahumanos, en las cárceles argentinas, hoy superpobladas de hombres y mujeres provenientes de los sectores populares
El avance de dicha política de selectividad penal aparece ilustrado por la tendencia a la militarización, a través del traslado de la gendarmería a los barrios carenciados y, recientemente, de la utilización del ejército para la represión interna, como sucedió recientemente en Santa Cruz
La criminalización naturaliza la asociación entre “pobreza” y “delito”, a través de la categorización de las poblaciones pobres como “clases peligrosas,” distinguiéndolas del resto de la sociedad y señalando sus núcleos habitacionales como mera fuente del delito. Sin embargo, esta correlación que se establece entre “inseguridad,” “delito” y “pobreza,” pone de manifiesto la emergencia de nuevas fronteras políticas y jurídicas y con ello, abre las puertas a la posibilidad de que, en nombre de la conservación del orden social, se instituyan zonas despojadas de derecho -zonas de no derecho o “estados de excepción”, en donde la autoestima y el respeto colectivo no cuentan, y en donde vuelve a primar una pura lógica de acción policial y la violación de los derechos más elementales
Entre los casos de secuestro y desaparición de jóvenes, se encuentra el de Luciano Arruga, quien desapareció el 31 de enero de 2009, secuestrado por la policía bonaerense en Lomas del Mirador, provincia de Buenos Aires. Su desaparición fue una represalia por su negativa a robar para los oficiales. Un peritaje con perros determinó que Arruga había estado en la comisaría 8ª de Lomas de Mirador y en uno de los patrulleros. Su caso es emblemático de lo que ocurre con decenas de jóvenes en el gran Buenos Aires. Rubén Carballo fue herido por la Policía Federal el 15 de noviembre de 2009 cuando asistía a un recital en el estadio de Vélez Sarsfield, y murió tras 23 días de agonía
Un caso en el cual se conjugan criminalización de la pobreza con “gatillo fácil” es el ocurrido en Bariloche, en la provincia de Río Negro, en julio de 2010. Un procedimiento de identificación por parte de la policía local derivó en el asesinato de Diego Bonefoi, de 15 años, hecho que produjo una reacción por parte de los barrios pobres. Barrios enteros del Alto Bariloche protestaron espontáneamente y fueron reprimidos con brutalidad. Producto de esta represión fueron asesinados por las fuerzas de seguridad otros dos jóvenes, Nicolás Carrasco (16 años) y Sergio cárdenas (28 años) y hubo numerosos heridos.
- Precariedad, corrupción y crímenes sociales
La precariedad de las relaciones sociales se ha venido manifestando no solo en el ámbito laboral, sino de diferentes formas, frente a la ausencia de control y regulación estatal que se advierte en las más diversas esferas y afecta notoriamente a la juventud y a los sectores más empobrecidos. En esta línea, son varios los hechos que conmovieron al país durante la década kirchnerista
Uno de los hechos que más conmovió a la sociedad argentina fue la muerte de 194 jóvenes en un incendio ocurrido en una disco (Cromañón) en la ciudad de Buenos Aires, en diciembre de 2004. Cromañón podría ser incluido en la larga lista de muertos producidos por la ampliación de las fronteras de la precariedad, con su trama oscura de complicidades, aquiescencias, corrupciones e impunidad, estatal y privada. Sin embargo, a esto hay que añadir un segundo elemento que marca su carácter único y explosivo: la presencia de los jóvenes, de muchos jóvenes, casi niños, como víctimas de esta maquinaria criminal. Por otro lado, el “efecto Cromañón” conllevó una primera desnaturalización de la precariedad social. Esto generó múltiples efectos, algunos de los cuales fueron expresándose en las protestas de estudiantes secundarios y de vecinos, que denuncian la precariedad como algo anormal e insoportable, a través de acciones directas, interpelando la responsabilidad del Estado como agente regulador y proveedor. Estas demandas pueden sintetizarse en la contundente frase “Que no se repita”, que instaló un nuevo umbral desde el cual pensar ciertos hechos, antes vividos como naturales o simplemente trágicos
En suma, más allá de la destitución del entonces intendente de la ciudad de Buenos Aires y del largo juicio que desembocó en la condena del exgerenciador de la disco, del líder de la banda Callejeros y exfuncionarios del gobierno porteño, el “efecto Cromañón” quedó trunco, pues si bien mostró cuál es el lugar que este tipo de sociedad reserva a la juventud, considerada como “población sobrante”, esto no conllevó replanteamiento alguno, operándose así un nuevo ocultamiento.
En 2012, otra tragedia develó la ampliación de las fronteras de la precariedad social y las complicidades políticas. Nos referimos al crimen social en la Estación de Once, ocurrido el 22 de febrero de 2011, que costó la vida de 52 personas, y tuvo 702 heridos. La política de vías férreas concesionadas a empresarios privados, iniciada por Carlos Menem, que provocó el despido de 80.000 trabajadores, la desaparición de decenas de pueblos y el saqueo del patrimonio nacional, se mantuvo sin variaciones durante la década kirchnerista
Distintas corporaciones se beneficiaron de las ganancias que producen los trenes de carga mientras que los millonarios subsidios estatales que tenían que ser destinados al mantenimiento y al funcionamiento eficiente y seguro de los trenes de pasajeros terminaron engordando los bolsillos de grupos amigos como los hermanos Cirigliano de TBA, cuya relación con el gobierno fue denunciada desde que se iniciaron los juicios al ex Secretario de Transporte Ricardo Jaime. A más de un año y medio de la masacre, y a pesar de los avances de la causa penal - que al agravar los procesamientos contra los ex funcionarios Jaime, Schiavi y Luna e incluir dentro de los procesados al ex interventor de la CNRT Antonio Sicaro reconoce la ineludible responsabilidad del Estado - el Poder Ejecutivo soslaya una y otra vez, mediante un agraviante silencio, toda referencia a las víctimas. Los rimbombantes anuncios sobre el mejoramiento de la infraestructura ferroviaria evitan toda mención a la tragedia. La tragedia de Once expresa de modo paradigmático un “modelo” cuya base fue impulsada por las reformas neoliberales de los años ’90, y que fue profundizada y consolidada, bajo diversas metodologías y alianzas, en los últimos diez años. No fue una fatalidad ni un accidente, sino un crimen social largamente anunciado