Diciembre de 2013
En el análisis de la década de los gobiernos de Néstor y Cristina F. de Kirchner tanto el oficialismo como quienes colaboran en la elaboración de la fundamentación de sus políticas y acciones, tienden a colocar el tema de los derechos humanos en un lugar central. Ciertamente, el gobierno nacional se autodefine como “el gobierno de los derechos humanos”, promocionando con ello la idea de que su política en este campo ha sido y es inobjetable. Esta idea ha tenido tanta pregnancia en una parte de nuestra sociedad que aun muchos de los que disienten con el conjunto de la política del gobierno nacional tienden a naturalizar este enunciado
Desde Plataforma 2012 consideramos que este enunciado debe ser cuestionado en la medida en que se contradice con dimensiones y aspectos muy importantes de la realidad
Por un lado, desde Plataforma 2012 consideramos que la política iniciada en 2003 por el gobierno de Néstor Kirchner, vinculada al juzgamiento de los responsables de violaciones de derechos humanos y delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar, no debe ser leída de modo exclusivo como producto de la acción de un gobierno determinado, sino también como el resultado de la historia y la acumulación de luchas de un amplio abanico de organizaciones y movimientos de defensa de los derechos humanos. Asimismo, creemos que en el campo de los derechos humanos hoy en día existen elementos importantes que dan cuenta de la persistencia de la impunidad
Por otro lado, a pesar de su obturación y denegación por parte del oficialismo, en la última década los gobiernos del matrimonio Kirchner fortalecieron el entramado legal que sostiene la recurrente y creciente violación de los derechos humanos en el país mediante las políticas de criminalización de las luchas sociales. De este modo, durante los últimos diez años se ha ido consolidando una política de judicialización de la protesta y de la pobreza, así como la tendencia a la represión de los movimientos sociales y comunidades indígenas, que ha dejado como saldo un elevado número de muertos en manos de las fuerzas represivas del Estado.
Por último, no podemos dejar de mencionar dos inflexiones que revelan de manera directa la fractura misma de la política de derechos humanos y muestran su contradicción con el discurso oficial, como es el caso de las dos leyes antiterroristas promovidas por el ejecutivo y votadas por el oficialismo en 2006 y 2011, y la designación del general César Milani al mando del ejército, sobre quien pesan graves acusaciones por la violación de derechos humanos bajo la última dictadura militar
En el siguiente documento nos proponemos desarrollar algunas de estas cuestiones fundamentales que ponen en evidencia las preocupantes violaciones de derechos humanos verificadas en la última década en el país
I- UN RECORRIDO POR LA DÉCADA
Los logros de la sociedad argentina en materia de derechos humanos reconocen una larga historia en contextos muy disímiles y que fueron creando las condiciones para que el país sea reconocido internacionalmente como un ejemplo en la materia. Así, los juicios a los responsables de delitos de lesa humanidad cuentan ya con una larga historia en la Argentina. En este sentido, es necesario tener en cuenta que el momento histórico en que se realizaron los primeros juicios a las Juntas Militares, bajo el gobierno de Raúl Alfonsín, los protagonistas de la represión seguían ocupando sus posiciones en las fuerzas armadas. El enunciado mismo de los juicios, por los “excesos en la lucha contra la represión”, ilustraba el estado de la cuestión
Asimismo, para analizar los hechos ocurridos en relación al juzgamiento de los culpables de las violaciones de derechos humanos durante la última dictadura militar es imprescindible reconocer el papel relevante del conjunto del movimiento en defensa de los derechos humanos que, iniciado durante el período de la dictadura por las Madres de Plaza de Mayo, mantuvo su vigencia a lo largo de todos los gobiernos constitucionales al tiempo que fue incorporando nuevos temas y nuevas generaciones de militantes. Gracias a las luchas de las diversas organizaciones en defensa de los derechos humanos, y a pesar del objetivo que tenían tanto las leyes de punto final y obediencia debida, sancionadas en 1987 durante el gobierno de Alfonsín como los indultos otorgados por Menem (1990 y 1991), la exigencia de justicia por las violaciones de los derechos humanos durante la última dictadura militar continuó teniendo plena vigencia durante todos estos años
Como ejemplo, basta señalar que al cumplirse 20 años del último golpe de Estado militar se produjo una gran reactivación del movimiento de derechos humanos, y surgieron en todo el país las agrupaciones de Hijos de desaparecidos, que a través de la metodología conocida como “escrache” mantuvieron vigente en la agenda pública la denuncia de la impunidad de los represores en libertad.
Posteriormente, durante el breve gobierno de la Alianza fueron derogadas las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, pero su efecto fue nulo debido a que no podía tener aplicación retroactiva. En cambio, el amplio movimiento de derechos humanos continuó exigiendo la anulación de dichas leyes, para poder realizar los juicios a los responsables de delitos de lesa humanidad. En ese contexto, la declaración de estado de sitio por parte del entonces presidente Fernando De La Rúa detonó la rebelión popular del 19 y 20 de diciembre de 2001
Esta rebelión, que liberó una enorme energía social contestataria que recorrió la Argentina, cuestionó las instituciones del sistema a través de la consigna “Que se vayan todos” y abrió el escenario a una crisis de representación y gobernabilidad que, entre otras cosas, amenazó con la propia estabilidad institucional y generó una honda preocupación en los sectores dominantes. Como dato sobresaliente de este contexto, el asesinato de los jóvenes piqueteros Darío Santillán y Maximiliano Kosteki, el 26 de junio de 2002, por parte de las fuerzas de seguridad del Estado, volvió a colocar en el centro de la agenda pública el tema de derechos humanos y la memoria de “la gran represión” de los años ´70. Todo esto produjo una respuesta social que puso nuevamente en cuestión la estabilidad del sistema institucional y obligó al entonces presidente interino Eduardo Duhalde a adelantar las elecciones generales.
Después de febriles negociaciones, en 2003, bajo el gobierno de Néstor Kirchner, fue aprobado por unanimidad en el Congreso Nacional el proyecto de ley que anulaba las leyes de impunidad (encabezado por la entonces diputada Patricia Walsh). Esta ley implicó un cuestionamiento a las instituciones formales, ya que la anulación permitió actuar sobre hechos previos, generando una situación inédita en el campo de lo legislativo. El protagonismo social de numerosas organizaciones populares impuso la legalidad de aquello que había sido legitimado durante muchos años de protesta y movilización social y que las leyes de Obediencia Debida y Punto Final habían pretendido cancelar.
La anulación de estas leyes permitió la realización de los juicios contra los responsables de violaciones de derechos humanos. Estos juicios tienen una enorme importancia histórica y simbólica, porque implican el reconocimiento por parte del Estado del genocidio perpetrado, algo que estuvo ausente durante los primeros juicios, realizados bajo el gobierno del entonces presidente Alfonsín.
Es necesario señalar, no obstante, que los juicios iniciados durante la etapa kirchnerista presentan enormes falencias. Enumeremos dos de ellas:
- Por la magnitud de la represión hubiera sido necesario implementar las medidas que garantizaran que el objetivo de justicia se hiciera realidad mucho más rápida y ampliamente. Tal como señalan numerosos organismos de DDHH independientes, las causas siguen siendo en su inmensa mayoría fragmentadas, parcializadas. Mientras algunos casos se repiten en varios juicios y los mismos testigos tienen que recorrer juzgados una y otra vez, son miles los casos que no llegan a juicio oral.
Organismos de DDHH independientes vienen sosteniendo desde hace tiempo la necesidad de que los juicios sean por campo de concentración y por circuito represivo, incluyendo a todos los represores y por todos los detenidos desaparecidos. Después de 10 años de demanda persistente se ha logrado que algunos juicios se realicen por un número amplio de casos y de represores (ESMA, La Perla en Córdoba, Jefatura y Arsenal en Tucumán).
- El gobierno no abrió todos los archivos de la dictadura. Sólo fue dada a conocer una parte del archivo del Batallón 601. Esta apertura hubiera permitido contar con información fundamental, por ejemplo, datos sobre el destino de niños apropiados, nombres de represores que revistaban en aquella época, permitiendo conocer cuáles siguen en actividad y en qué función
A raíz de la información que tomó estado público sobre el archivo del batallón 601, por ejemplo, pudieron conocerse las actividades de inteligencia de Gerardo Martínez, Secretario General de la UOCRA. Recientemente, el Ministerio de Defensa informó del “descubrimiento” de un nuevo archivo que se haría público el 24 de marzo próximo. Esto vendría a demostrar lo que numerosas organizaciones de DDHH vienen denunciando desde hace tiempo: que los archivos existen, y que es posible acceder a ellos.
Durante la los gobiernos del matrimonio Kirchner, comienza a desarrollarse una política de incorporación al Estado de dirigentes y organizaciones de DDHH (puestos, cargos oficiales, entre otros). Lo fundamental de esta “incorporación” es que se traduce en una falta de independencia de las organizaciones y personalidades referentes en la materia con respecto al gobierno: exige no sólo apoyo al oficialismo, sino el silencio respecto de temas relativos a violaciones actuales de los DDHH, cuando la denuncia de las violaciones a los DDHH ha sido y debería seguir siendo la razón de ser de dichos organismos. Asimismo, la subordinación de diferentes organizaciones y personalidades al gobierno se profundizó, acompañada, en algunos casos, con acuerdos económicos espurios (tal como ha sido el caso de la cooperativa “Sueños Compartidos”).
Al mismo tiempo, muchas organizaciones y espacios de DDHH que mantuvieron su independencia respecto del gobierno nacional, sufrieron intentos de fracturas o divisiones. Por último, fechas históricas como el 24 de marzo, día que moviliza al conjunto de las organizaciones de derechos humanos y fuerzas políticas y sociales, han sido motivo de conflictos y disputas absurdas y aberrantes (en algunos casos hubo incluso hasta situaciones de agresión física), a causa del intento de apropiación de las organizaciones oficialistas, quienes han tratado de impedir el ingreso a la Plaza de Mayo de las organizaciones históricas de defensa de los derechos humanos, no alineadas con el gobierno.
La persistencia de la impunidad
La desaparición de Jorge Julio López, testigo en el juicio contra el represor Miguel Etchecolatz, el 18 de septiembre de 2006, fue un punto de inflexión que dio por tierra con la ilusión del Nunca Más y aparece por ende como un ejemplo paradigmático de la persistencia de impunidad
En este punto no hay dudas: el gobierno tenía la responsabilidad de impulsar las medidas necesarias para lograr la aparición con vida de Julio López, así como la búsqueda y sanción de los responsables de su secuestro y de todas las agresiones, amenazas y secuestros posteriores. Sin embargo, la presidenta Cristina Kirchner jamás mencionó el nombre de Julio López. Por su parte, su ministro Aníbal Fernández presuponía, al igual que Hebe Bonafini, que se trataba de una “desaparición voluntaria”
Hubo otros hechos también muy graves: así, en circunstancias que indican claramente un crimen político, en marzo de 2010, fue asesinada en la provincia de Santa Fe Silvia Suppo, querellante y testigo en la “Causa Brussa” (2009). Quedaron impunes también secuestros transitorios y amenazas a querellantes y testigos. Por último, el “suicidio” del prefecto Héctor Febres, torturador y responsable de crímenes de lesa humanidad, ocurrido en 2007 mientras se hallaba en prisión preventiva en la Prefectura Zona Delta, aún no fue esclarecido